Expediente DF

Prudente adicionar leyes

2005-05-05T17:38:00.000-05:00

(2005-05-04)

Lo que vemos cada día en este país no tiene desperdicio. La vida cotidiana nos permite constatar el estancamiento político, lejos del tan proclamado cambio.
No existen formas de ulteriores de avance, por más que en algunos rubros como la transparencia, nos permitan un aterrizaje menos traumático con la realidad.
Y los hechos ocurridos ayer finalmente nos demuestran algo que hace ya algún tiempo comenté en este espacio: la justicia en México es única y exclusiva para quienes ostentan el poder político y económico.
Para nadie más, como algunas ocasiones dijo el ex secretario de seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero.
Porque resulta que la Procuraduría General de la República se convirtió en juez y parte al determinar que en el caso del desacato a una orden judicial por parte del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, si hay responsabilidad penal, si hay tipicidad del delito, pero como no hay sanción establecida expresamente en el Código Penal, no ejercitará la acción penal, que es consignar el expediente ante un juez para solicitar la orden de aprehensión.
Es decir, el Ministerio Público asumió la premisa jurídica de que no hay delito sin pena.
Sin embargo, este asunto de administrar la justicia, de decidir si se le sigue un proceso penal al funcionario inculpado, correspondía determinarlo al juez, no al Ministerio Público, cuya función es la de investigar y presentar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Poder Judicial; y será este, por medio de los jueces, el que después de hacer el análisis jurídico, determine si procede o no otorgar la orden de aprehensión.
En este enredo político, lo único que está completamente claro es la responsabilidad jurídica, pues el Ministerio Público ha determinado que hubo una violación o delito.
Ahora hablemos de otra cosa. Esta decisión demuestra también el estado en el cual se encuentra actualmente la ley, con respecto de los actos de abuso de autoridad de quienes ejercen el poder público. Es decir, que estos señores tienen total impunidad y los ciudadanos de a pie, todos, estamos a merced de la voluntad de los personajes a quienes elegimos para precisamente velar por los intereses de todos nosotros, puesto que son empleados nuestros, sean los dueños de El Encino, los constructores o cualquiera otro ciudadano que pague puntualmente sus impuestos.
Por esto mismo, es necesario, urgente y prudente, que dada esta laguna jurídica en la ley (pero salvada por la jurisprudencia, de lo que hablaremos mañana), los legisladores hagan lo que les corresponde para subsanarla, porque de otra forma cualquiera otro funcionario público, del nivel que sea, va a continuar con la violación a los derechos de los ciudadanos, con una impunidad total, pues hoy tiene un costoso y claro ejemplo de privilegio.
Por otro lado, es de vital importancia hacer notar que tanto Andrés Manuel López Obrador como la Procuraduría General de la República y el propio presidente Vicente Fox, montaron un verdadero espectáculo de algo que desde el principio debió resolverse en los tribunales y en total acatamiento a las leyes, aunque estas tengan lagunas jurídicas.
Si algo debe privilegiarse en nuestro país es el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Finalmente, también, de acuerdo con la decisión tomada ayer por la PGR, quienes comentamos sobre la evidente responsabilidad penal de López Obrador, estuvimos en lo cierto, al contrario de muchos que, sin sustento jurídico y sólo por el sentimiento o el interés particular, clamaron a los cuatro vientos la inocencia de quien ayer mismo, reconociendo su culpabilidad, recibió la decisión con aplausos.
Porque tampoco es cierto lo que dijo López Obrador, al manifestar que fue un triunfo de los ciudadanos que se manifestaron en contra de la ilegalidad y que reencauzaron la política por el camino de la democracia.
Lo que logró fue, como lo dijimos al principio de este comentario, una demostración de poder, al utilizar la fuerza y sacar a las calles a un sector de la población, apoyado por el poder del dinero que ejerce desde el Gobierno del Distrito Federal.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Decidió jurídicamente, no exoneró

2005-04-18T10:16:00.000-05:00

(2005-04-18)

La decisión tomada el pasado viernes en el Tribunal Electoral del Distrito Federal fue, a todas luces, moralmente impropia, porque permitió a Santiago Creel y al Partido Acción Nacional quedar impunes tras presuntamente haber cometido el abuso de gastar más dinero del legalmente permitido durante la campaña electoral de 2000, a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Como usted recordará, el 15 de diciembre, luego de un par de aplazamientos, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal tomó la decisión de no sancionarlos debido a que la consejera electoral Rosa María Mirón Lince, quien previamente había dado su voto a favor del dictamen sancionador, decidió retractarse.
De esa forma el PAN y su candidato —hoy secretario de Gobernación y aspirante a la Presidencia de la República— se salvaron de pagar una multa de 4.5 millones de pesos, además del aviso que el IEDF debía dar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para hacer el seguimiento a los delitos de carácter electoral a que ha lugar.
El problema al que se enfrentó el Partido de la Revolución Democrática fue la negativa por parte de cuatro de los cinco magistrados electorales a reconocerle interés jurídico en el reclamo presentado.
El PRD promovió un recurso con el fin de que cualquiera de las dos instancias electorales del Distrito Federal complementaran el proceso sancionador, que a decir de varios juristas y el propio presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF, Eduardo Huchim May, quedó inconcluso, y aunque fuera con una amonestación pública, debió terminarse.
Sin embargo, al concluir su proceso con evidentes muestras de irregularidad en tal instancia, las cosas quedaron ahí porque el Partido Alianza Social, que interpuso la queja para practicar la investigación y posterior dictamen de sanción por 4.5 millones de pesos, desapareció y con él su interés jurídico en el caso.
El PRD entonces quiso entrar a la brega jurídica como tercero perjudicado. Sin embargo, los magistrados electorales le pusieron un alto, como lo explicó Juan Martínez Veloz: “El partido hoy apelante al no haber sido directamente denunciante o quejoso en el procedimiento administrativo sancionador, ni el partido afectado por una sanción administrativa no le asiste el interés jurídico para interponer el recurso de apelación”.
Todo porque no existe en nuestra ley electoral la figura del agente del Ministerio Público para este tipo de delitos, motivo por el cual las irregularidades cometidas durante los procesos comiciales sólo son perseguibles a petición de parte y no de oficio —es decir, por obligación— como el caso de los homicidios y otro tipo de crímenes marcados en el Código Penal.
El magistrado ponente del caso, Raciel Garrido Maldonado, tras un largo debate jurídico propuso regresar el expediente al Instituto Electoral del Distrito Federal para que esta entidad fijara una sanción, es decir, completara el proceso, tras considerar que sí hubo exceso en los gastos de campaña de Santiago Creel.
En una parte de su intervención, Garrido fue muy claro en su postura: “La disyuntiva que hoy enfrentamos es: admitir el recurso interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática y obligar al Consejo General del Distrito Federal a pronunciarse expresamente respecto de la responsabilidad que se le imputa al PAN por haber rebasado los topes de campaña en el proceso electoral del año 2000 o bien, cerrar los ojos y tolerar la omisión en que incurrió dicha autoridad electoral”.
De otra parte, lo decidido el pasado viernes fue un asunto jurídico, contemplado en las leyes y, apegados al Estado de derecho, los magistrados Estuardo Mario Bermúdez, Rodolfo Terrazas, Juan Martínez Veloz y el magistrado presidente Hermilo Herrerón, decidieron que de acuerdo con su forma de entender las reglas del juego, el PRD no tuvo ninguna afectación en el caso, sobre todo porque no fue él quien promovió la queja por rebase de topes contra el Partido Acción Nacional (PAN).
Pero es muy importante hacer notar que la valoración jurídica de los magistrados no fue en el sentido de que Santiago Creel y su partido no rebasaron el tope de gastos de campaña, como han querido sentar el presidente local del PAN, Carlos Gelista, y demás militantes panistas.
Este caso aún no está cerrado, pues el PRD tiene derecho aún, y lo va a hacer, de impugnar las instancias anteriores ante el Tribunal Electoral de la Federación.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Blanco y negro

2005-04-15T13:26:00.000-05:00

(2005-04-15)

Quiero iniciar mi comentario con una pregunta para los lectores: ¿De qué color miran las cosas? ¿En blanco o en negro?
Porque si usted todavía tiene capacidad de verlas de otro color diferente al blanco o negro, quiere decir que aún está sano y no ha sido infectado con el virus de la polarización actual en el país, pero muy especialmente en esta ciudad de México.
Porque en este asunto del desafuero tanto una parte como la otra estiraron la liga de una manera irracional, y sólo han logrado que el país esté a punto de la ingobernabilidad y prácticamente estancado en asuntos que debieran ser de capital importancia para su futuro no sólo inmediato.
Un día de estos comí con algunos amigos, varios de los cuales tenemos también otros amigos en común, muchos de ellos militantes de la izquierda, que hoy, se han vuelto en contra de quienes de una u otra forma hemos criticado a López Obrador.
Esos amigos que no recuerdan que la labor del periodista es el análisis y la crítica para dar a los lectores y radioescuchas elementos para formar opinión.
Esos amigos que tampoco tienen en la mente la cantidad de ocasiones que hemos criticado la manera de hacer política del actual gobierno federal, de la forma ilegal como Vicente Fox llegó al poder con dinero presuntamente del extranjero, de la cantidad de ocasiones cuando censuramos la utilización de dinero de PEMEX para la campaña de Labastida y muchas otras opiniones desaprobando las actuaciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Es decir, sólo ven en blanco o negro. En una palabra, se encuentran en un virtual estado de guerra donde si uno no está con la posición de ellos en este momento, está contra ellos.
Este grado de polarización se nota no sólo entre los periodistas, sino también en las propias familias que han llegado al grado de la ruptura, lo que habla de un completo estado de intolerancia social que, si no es conducido de una forma mesurada por los diferentes líderes sociales y de opinión, puede generar un verdadero caos social.
Un ejemplo de este grado de intolerancia fue visto ayer en la sesión de pleno en la Cámara de Diputados, cuando el diputado panista Francisco Isaías Lemus, escupió al perredista y presidente de la sección Instructora Horacio Duarte, por una presumible provocación.
No puedo calificar si fue o no provocación porque no pude observar las escenas… pero lo que se ve es que las cosas se continúan polarizando en el ambiente político, cuando son precisamente estos actores quienes deben mostrar cordura, y los cuales tienen el deber de utilizar la política como instrumento para dirimir diferencias, empero son los primeros en manifestar una total intolerancia con quienes piensan diferente.
Por el bien de todos, es necesario que veamos las cosas en su real color, que no nos apasionemos y que así como tenemos el derecho de pensar, también seamos tolerantes con quienes de la misma forma tienen derecho a tener sus propias ideas y expresarlas, no importa que lo hagan en forma diferente a la nuestra, escuchémoslos, aunque no compartamos sus puntos de vista….
Ya lo dijo el pensador francés Francois Marie Arouet Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”.
Y es que de acuerdo con varios filósofos, la auténtica tolerancia no exige que abandonemos nuestras convicciones, sino que respetemos la inviolabilidad de la conciencia ajena y su derecho no sólo a seguir sus creencias, sino también a expresarlas. Esto es lo que realmente da vida a un estado democrático, donde se permita que las ideas y creencias de unos y otros permitan al resto a crear convicciones propias. De otra forma, la eliminación de las ideas y expresiones ajenas provocan el autoritarismo.
La tolerancia también implica reconocer como intrínsecamente malo el uso de la fuerza para cambiar el modo de pensar de alguno, aunque estemos ciertos de que está equivocado. Esta es la esencia de un pensador liberal, porque los liberales no pueden ser dogmáticos.
Octavio Paz dijo en su obra Itinerarios, penúltima de su larga vida filosófica y literaria, que el relativismo "nos ha dado muchas cosas buenas y la mejor entre ellas ha sido la tolerancia, el reconocimiento del otro".
Reconocer a los demás, será siempre la mejor manera de poder convivir y enriquecer de ideas el debate político, económico y social del país.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Imprudentes

2005-04-14T12:11:00.000-05:00

(2005-04-14)

Los hechos alrededor del desafuero más publicitado en la historia del país nos han dejado hasta ahora varias lecciones pero, sobre todo, se han descubierto una serie de incapacidades, ineptitudes, irresponsabilidades e insensatez que al tensar la liga de una y otra parte, no hicieron más que menospreciar el instrumento más viable hasta el momento para dirimir las diferencias: la política.
Y por política no debe entenderse “transar” o “negociar en lo oscurito”; mucho menos ser buen cristiano y poner la otra mejilla. No, de lo que se trata es de no ser imprudentes porque la cortedad de mirillas puede meter al país en un brete.
Hoy la Procuraduría General de la República se ha manifestado sólo como un instrumento del poder político para cobrar venganza de sus contrincantes, como sucedía en el pasado.
Tal ha sido el acoso judicial, linchamiento mediático y político para Nahum Acosta Lugo, acusado de participar con el narcotráfico desde la casa presidencial, cuya reciente liberación hace presumir un ajuste de cuentas dentro del propio primer círculo del poder.
Detrás de esta investigación se encuentra José Luis Santiago Vasconcelos, quien se ha colocado como un ariete de poderosos grupos políticos.
Está también detrás de la detención de Artemisa Aguilar, madre de Maritza Pérez y suegra de Santiago Pando, ex publicista de Vicente Fox, recluida y acusada de encabezar una banda de traficantes de indocumentados.
Es muy probable que esta acusación también sea revertida pronto.
La comparecencia de Carlos Javier Vega Memije el pasado día 7 habló de manera más que clara del modo cómo la procuración de justicia y la presunta defensa de la legalidad son utilizadas, al realizar una valoración política de las formas e inclinaciones del hacer del “acusado”, cuando lo congruente hubiera sido ceñirse a los dictados jurídicos para hacer un pormenorizado detalle de la ilegalidad cometida y sus equiparables.
Lo mismo pudo hacer López. Pero tensó la cuerda, cuando ciego, también, realizó un discurso político en el cual puso en el mismo costal a los tres poderes federales.
Para él tampoco hay matices. No existen los grises. Continúa en la tónica de una perversa conjura de todas las fuerzas del mal (dixit los Pejecomics) contra un hombre bueno al que sólo lo puede salvar el respaldo popular.
Sin embargo, y para fortuna del país. Todavía existe un Poder Judicial que, con todos y sus asegunes, en ocasiones tiene brillos frente a la ciudadanía. Y en este caso podría demostrar la mesura no lograda por los bandos en conflicto y actuar políticamente.
Es decir, puede darle celeridad al proceso penal en contra de López Obrador y dictar auto de libertad o formal prisión en un tiempo relativamente corto, para dar oportunidad a que el tabasqueño pueda contender, una vez que haya pagado su falta, si eventualmente se le demuestra.
Hacerlo de otra forma por parte del Poder Judicial no sería otra cosa que cometer una imprudencia más contra la República y sus ciudadanos. Sería dejar la inteligencia a un lado, para seguir los vuelcos de la emoción en un poder dedicado al arbitraje de las diferencias jurídicas y la administración de la justicia.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Intolerancia

2005-04-13T02:57:00.000-05:00

(2005-04-13)

Existen personas quienes consideran que cuando el trabajo de un periodista es crítico, ataca. Y, por el contrario, ejerce su profesión al elogiar sus querencias.
Me ha sucedido en los últimos días, con algunos lectores, entre ellos incluso amigos con militancia partidista en la izquierda.
Sorprenden sus reacciones, sobre todo porque varios de ellos se han quejado en años anteriores de la intransigencia de quienes han detentado el poder.
Pero hoy, en medio de la polarización social por el asunto del desafuero, muestran su intolerancia frente a posiciones contrarias a la suya, simple y sencillamente porque ejerzo la crítica y una posición, no contra Andrés Manuel López Obrador, sino una censura a la forma como actúa desde el poder.
Estos lectores y amigos, recuerdo que, por el contrario, se han quedado callados cuando he criticado la forma cómo Santiago Creel y Fernando Aboitiz rebasaron los gastos de campaña y, por tanto, la ilegalidad de sus actuaciones cuando uno pretende ser candidato presidencial y el otro despacha en la delegación Miguel Hidalgo.
Tampoco han aparecido cuando he criticado la forma de hacer política en el PRI y sobre Roberto Madrazo. Mucho menos la cantidad de cuestionamientos a la forma de gobernar de Vicente Fox o a las veleidades de su esposa Marta Sahagún; mucho menos las reprobaciones a Carlos Salinas o Ernesto Zedillo.
El periodismo es una profesión de interés público. Debe ser un contrapeso al gobernante en beneficio de la sociedad; debe ser un dique que frene los excesos de quienes detentan el poder público.
Quienes opinamos no estamos exentos de equivocar nuestras apreciaciones. Por eso firmamos nuestros artículos y nos hacemos responsables de lo que decimos. Estamos expuestos en no pocas ocasiones a ser llamados ante la autoridad por presuntas calumnias o difamaciones.
Pero de lo que sí debemos estar exentos es de tomar partido por posiciones personales, no ideológicas, aclaro, porque entonces nos convertimos en propagandistas.
Y si me preguntan estos lectores y amigos a quienes les gana la emoción, considero que ni Andrés Manuel López Obrador en el PRD, ni Santiago Creel en el PAN y mucho menos Roberto Madrazo en el PRI me parecen las figuras políticas idóneas para dirigir el destino del país a partir del próximo año.
Quiero recordar algo que escribí el 24 de diciembre pasado:
“¿Cómo debe ser el hombre o mujer que tendrá la alta responsabilidad de dirigir el destino económico-político-social de este país durante los seis años siguientes, cuando atravesemos el misterioso umbral de los años 10 (1810-1910-2010) que muchos esperan con gran inquietud?
“Roto el sistema político surgido de la llamada Revolución Mexicana, donde el poder se dirimía al interior del propio partido en el poder, cualquiera de los políticos que se encuentra en la primera línea considera tener las suficientes capacidades y merecimientos para ocupar la silla presidencial, aunque su vida política haya sido corta hasta el momento.
“Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado hasta ahora, todos y cada uno de los que se acercan a la línea de partida se han distinguido por ser personajes cuyos proyectos políticos se basan en la inmediatez, en la propuesta fácil, en el acarreo de simpatías más que de convicciones, en la conquista fácil del voto como fin último, a costa de lo que sea, sean mentiras, dinero o alianzas oscuras; encabezan, a fin de cuentas, proyectos de grupo pero no de nación. Se miran como eje, no al país.
“Hoy mismo la transición a la democracia se encuentra débil y sin rumbo porque ninguno de los actores políticos, sociales y económicos ha estado a la altura de las expectativas. Cada uno ha mirado a su alrededor y es producto de la cortedad de su vista. No ven más allá.
“Sin embargo, lo que realmente necesita el país en estos momentos de desconcierto generalizado, donde han campeado la avidez por la mesura o la intransigencia en lugar del acuerdo, es tener en la Presidencia de la República a un hombre o mujer con miras superiores, a un personaje cuyo proyecto tenga la vista puesta en lo importante y a la vez urgente, no en lo inmediato.
“Es decir, lo que México necesita es a un verdadero estadista que ponga en relieve las piezas que le permitan al país aterrizar en la democracia, a partir del desmantelamiento total del viejo régimen y la consolidación de nuevas reglas, ya que actualmente nos encontramos con una situación ambigua, de enormes riesgos para la gobernabilidad y de continuidad, que deben evitarse antes del surgimiento de situaciones extremas que amenacen el orden institucional, y la única oportunidad de hacerlo es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado.
“Para darle rumbo, sin duda, es necesario alguien que mire más allá de sus intereses particulares o de grupo. La pregunta es: ¿Quién?
“En estos momentos existe en el horizonte cerca de una veintena de aspirantes y cada uno de ellos dice ser el mejor. Pero la pregunta nuevamente es ¿quién tendrá visión de estadista, quién?
“Y si me preguntan, de manera muy personal, afirmo que de entre ellos, ninguno”.
Sin embargo, existen mexicanos capaces, inteligentes, verdaderos estadistas. Una lástima es que no se encuentran en esa primera línea de partida.
Una lástima también es voltear y encontrar que la llamada “izquierda” es más intolerante, incluso, que la propia derecha.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Congruencia y ausencia de ella

2005-04-12T13:10:00.000-05:00

(2005-04-12)

Así como entre una pequeña parte ilustrada y la mayoría no ilustrada de la sociedad mexicana va en aumento el triunfo de la emoción sobre la razón por el discurso de Andrés Manuel López Obrador, en forma proporcional aumenta la larga lista de violaciones a la ley del actual Jefe de Gobierno.
Pero a sabiendas de que entre más se victimice, más adeptos consigue a su candidatura presidencial, incluso parece fomentar tales violaciones.Así, de la misma forma como le cantaron el pasado fin de semana enfrente de su departamento, que con fuero o sin fuero hace siempre lo que quiere, porque su palabra es la ley, López no realizó la solicitud formal de permiso para abandonar el cargo de Jefe de Gobierno, el cual ya no se presentó a desempeñar desde el viernes 8 de abril.
El artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto, donde se estipula sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, dice que “el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”.
Y salvo se busquen interpretaciones legaloides, el texto constitucional dice de manera clara que el efecto de la declaración de desafuero “será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”.
Pero López Obrador aún no está sujeto a proceso penal. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la averiguación previa sobre el desacato judicial aún se encuentra en integración, todavía no ha sido consignada ante un juez penal y tampoco éste ha obsequiado la orden de aprehensión.
Ese sería el momento cuando pierde sus derechos políticos, no antes, como también la hora de que un reemplazo suyo tome las riendas del gobierno, porque es hasta ese momento cuando faltaría.
Incluso, si nos apegamos a la legalidad, aún si es aprehendido, tendrá 48 horas o el doble de ellas para poder defenderse de las acusaciones consignadas en el pliego petitorio de la orden de aprehensión y sólo estará sujeto a proceso si el juez le dicta el auto de formal prisión.
De esta forma, es claro que López Obrador no fue separado del cargo. Por lo tanto, si no solicitó un permiso, el cual debió ser ante la Asamblea Legislativa, para separarse temporalmente de su responsabilidad pública, podría incurrir en "abandono de función".
Es decir, López Obrador tiene la obligación constitucional, mientras no solicite permiso o licencia temporal, de gobernar la ciudad.
Por otro lado, es necesario hacer notar lo siguiente: las leyes no contemplan sanción alguna para la Procuraduría General de la República o quien la represente legalmente (en este caso el subprocurador Carlos Javier Vega Memije), en la eventualidad de solicitar el desafuero de algún funcionario público y no tener armada la averiguación previa para su consignación en el momento cuando este proceda.
De tal forma se hace pertinente tomar nota del asunto y proponer una adición legal para evitar que precisamente la procuración de justicia se tomé para fines netamente políticos y no jurídicos.
Porque tampoco en un Estado de Derecho y mucho menos en una democracia, así sea incipiente como la nuestra, se puede permitir el uso y abuso del poder de quienes lo ostentan, para desde ahí truncar carreras políticas, cobrar venganzas o simplemente beneficiarse de la aplicación facciosa de las leyes.
Antes que cualquiera otra cosa el Estado Mexicano y quienes fueron elegidos para administrar el país en los aspectos económico, político y social, deben ser congruentes no solamente con sus propuestas y sus palabras, sino con sus acciones.

Addendum

Por cierto, López Obrador dice que no tendrá abogado en la causa penal que está por iniciársele. Lo que quizá no le han dicho sus asesores, o quizá no les escuchó, es que en el Sistema Jurídico Mexicano por ley toda persona tiene derecho a contar con un abogado, y si no tiene o no quiere pagarle, se le asignará uno de oficio…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Auténtica oportunidad para la democracia

2005-04-11T01:48:00.000-05:00

(2005-04-11)

El jueves de la semana pasada la Cámara de Diputados, constituida como Jurado de Procedencia decretó que ha lugar para proceder judicialmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador por el presunto delito de abuso de autoridad.
Y contra todos los pronósticos la “frágil democracia mexicana” no se ha visto disminuida, aunque de modo sectario ha sido cuestionada por los agoreros del desastre que proponen mantener el status quo.
Tampoco salió a las calles la oleada sin control de millones de mexicanos, presuntamente simpatizantes del líder perredista. Había dicho el propio tabasqueño que 80 por ciento de la gente en el país estaba contra el desafuero.
Todo ello muestra una gran madurez de la mayoría de la población, la cual no se dejó engañar tan fácilmente por este show mediático-político en que unos y otros convirtieron el proceso, cuando lo más sano es considerarlo como algo normal en una democracia regida y fortalecida por el Estado de Derecho.
El londinense Financial Times, los estadounidenses The Washington Post y The New York Times, así como algunos otros diarios del exterior habían pronosticado un duro golpe a la frágil democracia electoral de cinco años en nuestro país, en caso de proceder al desafuero de López Obrador.
Algunos de ellos, al seguir las declaraciones de ciertos “intelectuales” que poco o nada pierden desde su cómoda posición en las esferas del poder, advirtieron que era una forma de poner un alto a las aspiraciones de la izquierda mexicana, como si esta en verdad existiera.
Es cierto lo dicho por otros muchos: la democracia en México es todavía frágil. Nadie discute el deber de fortalecerla.
Pero para fomentar su robustez una de las cosas que menos se debe tener es miedo a los cambios en la forma de hacer las cosas.
Demostrar que la impunidad en el poder público debe ser cosa del pasado puede ser desde hoy uno de los escasos beneficios heredados por este gobierno federal, incapaz de convertirse en un gobierno de transición.
Y en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el delito no es grave, la pena puede ser conmutada inclusive por una multa administrativa y todo mundo contento.
Sobre todo porque este show ha servido para los fines mediáticos de López Obrador, quien ha sabido usufructuarlo de inteligente forma.
Pero lo más importante de este episodio, al menos donde va, es que debe dejar beneficios para la aún débil democracia mexicana.
Y uno de ellos es que a partir de aquí, tanto el presidente Vicente Fox como su partido el PAN y el PRI, tienen la obligación política, moral y ética de llamar a cuentas a cualquiera funcionario público que quebrante las leyes, en aras de un verdadero Estado de Derecho y una auténtica rendición de cuentas que tanta falta hace al país.
''Creo que México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a ley y también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones'', dijo Fox desde Roma. Si esto es verdaderamente así, y hay un cambio en la forma de conducir la Nación, eso debe demostrarse en el resto de la vida pública del país.
Hay asuntos irresueltos como el Pemexgate, Los Amigos de Fox, el Fobrapoa-Ipab, la Matanza de Tlaltelolco, incluso asuntos como la piratería y el comercio informal o, también, los casos de Guido Belsasso y otros.
Esa es la única forma de que los mexicanos, seguidores de cualquier corriente ideológica, política o partidista crea realmente en el quehacer de la política.
Lo demás, seguirá siendo únicamente un show en el camino hacia la Presidencia, cuando lo más sano debería ser la construcción de candidaturas más creíbles y atractivas, para dejar atrás la ancestral demagogia.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Dale la vuelta

2005-04-08T10:23:00.000-05:00

(2005-04-08)

Existen varias razones por las cuales Andrés Manuel López Obrador fue sujeto al proceso de desafuero, y una de ellas se debe a que siempre ha actuado como lo afirma cada que puede, de acuerdo con sus ideas, pero no conforme a la ley.
El caso que motivó el juicio de procedencia llevado a efecto ayer fue a propósito de lo contenido en el acta del 26 de abril de 2001 de la sesión del Consejo de Administración de la desaparecida empresa estatal Servicios Metropolitanos (Servimet).
“Cumplir compromisos contractuales con empresas particulares a quienes se les había vendido terrenos en esa zona, que se encontraban obstruidos y por los cuales enfrentaban demandas judiciales por daños y prejuicios por varios millones de dólares”.

Por medio de la inmobiliaria Servimet, el Gobierno del Distrito Federal vendió predios a diferentes particulares. Uno de ellos fue el del hospital ABC y otro del Banco Santander.
Pero cuando el hospital estaba prácticamente terminado se dieron cuenta que no tenían accesos. Por lo cual, tanto el hospital como el banco demandaron daños y perjuicios al gobierno capitalino, que ascienden a prácticamente 37 millones de dólares, de los cuales 29 del banco ya son sentencia definitiva que el GDF debía pagar.
De tal forma que el gobierno local decidió que a fin de cumplir con los compromisos contractuales de estos particulares, se debían expropiar algunas fracciones al predio El Encino.
Ese es el motivo, no el que el Jefe de Gobierno y sus millonarios spots exponen para engañar a la gente: que fue para abrir un camino a un centro de salud; el Jefe de Gobierno no dice que violentó el interés de una persona, física o moral, fue para abrirle paso a un hospital privado.
Y en este y todos los casos, las expropiaciones se realizan para interés público, no para el interés privado.
Lo que seguramente debió pasar cuando López Obrador supo de este asunto, fue que dio una orden, de esas que para él se cumplen, no se discuten: “Dale la vuelta”, como lo ha hecho infinidad de ocasiones.
Porque para él nada es imposible. Todo tiene forma de hacerse, precisamente dándole la vuelta. Porque por esa actitud soberbia y autoritaria, dentro de su equipo de colaboradores no hay nadie que le diga no. Nadie que le exponga con firmeza sus errores, sus equivocaciones o sus faltas a la ley.
Porque, a final de cuentas, tampoco hay capacidad dentro de los políticos perredistas, como lo demostraron hace alrededor de dos semanas los diputados locales, cuando se desistieron de un dictamen aprobado por ellos mismos, por no estar en lo que deben.
Y de esa forma, sin saber hasta dónde se pueden meter en problemas, todo mundo le da la vuelta para dejar conforme a su jefe. Y eso fue lo que hicieron. Como no había forma o no quiso pagar la indemnización a que se hizo acreedor el Gobierno por daños y perjuicios, le dieron la vuelta con la expropiación del predio El Encino.
Y cuando tampoco ganaron este, le dieron la vuelta, ahora buscando otro camino de acceso al hospital. Pero hay 29 millones de dólares que, quieran o no, deberán pagar a costa del erario de la ciudad.

Addendum

Fue ridículo ver y escuchar al diputado del PT, Óscar González Yáñez, cuando acusó a los legisladores del PRI y el PAN de “asesinos de la democracia”. ¿Podrá este presunto ex guerrerillero que respondía al mote de Gonzalo hablar de democracia, cuando él se ha convertido desde hace más de 10 años en un trapecista legislativo que ha llegado a los cargos no por elección popular, sino cobijado por las ganancias plurinominales, lo mismo que José Narro Céspedes y Alberto Anaya. Si en verdad son defensores de la democracia, que ellos mismos la practiquen y dejen pasar a otros cuadros, o ¿el Partido del Trabajo es tan pobre políticamente que sólo tiene a tres?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Decisión sobre la democracia

2005-04-07T01:19:00.000-05:00

(2005-04-07)

A poco más de 24 horas de que la Cámara de Diputados se instale en Jurado de Procedencia, el diario The Washington Post hizo dos interesantes advertencias, una de ellas muy importante al Congreso mexicano, en un editorial llamado "Decisión sobre la Democracia".
La primera es sobre la forma de detener a Andrés Manuel López Obrador y afirma que no es mediante el “truco legal” la mejor manera de hacerlo.
Porque si bien, destaca, 80 por ciento de la población está en contra del desafuero, sólo 37 por ciento de ellos votaría a favor el actual Jefe de Gobierno en las elecciones presidenciales de 2006.
Pero, ante todo, el diario estadounidense asegura en su edición de ayer que un eventual desafuero podría minar el progreso democrático duramente ganado en México, e invitar a la revuelta política a sólo cinco años de que el país aterrizó en una democracia electoral.
Con la sentencia “Five years after Mexico established itself as an electoral democracy, its Congress faces a decision that could undermine that hard-won progress”, inicia el editorial del TWP.
Al respecto señala textualmente: "La descalificación del señor López Obrador podría ser un desastre para el sistema político mexicano y, probablemente, para su estabilidad en el largo plazo".
Es de hacer notar que el The Washington Post es considerado como la voz de la clase política republicana en Estados Unidos, hoy en el poder.
El editorial del Post menciona también la preocupación entre la comunidad financiera estadounidense por una eventual llegada al poder federal de López Obrador, al cual una vez más se compara con el presidente Hugo Chávez de Venezuela.
El diario atribuye a López Obrador haber prometido reinstaurar el populismo del cual se alejó México hace más de 15 años, a través de un mayor gasto público, expulsión de inversionistas extranjeros, renegociación de deuda externa y del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a pesar –de acuerdo con el periódico- de que éste ha hecho a los mexicanos más ricos gracias al impulso de las exportaciones.
El rotativo deja muy en claro que quienes "quieren ver a un México que continúe modernizándose y creciendo próspero, no desean que López Obrador sea el próximo presidente".
De hecho, en ese editorial se presenta a México como un país rico y próspero, en riesgo de caer en el las profundidades del oscurantismo izquierdista, lo cual, también, es una verdad a medias.
Entonces, advierte que "la forma de detener al popular político no es sacándolo de las boletas electorales mediante un truco legal" e insinúa el camino de las urnas.
Porque, de otra forma, si se excluye a López Obrador de la contienda electoral de 2006, la legitimidad del nuevo presidente será desacreditada dentro y fuera de México.
Entonces, así las cosas lo que el Post advierte es que el eventual desafuero profundice la imagen de víctima del poder del Jefe de Gobierno de la ciudad de México, aumente su popularidad hacia la elección presidencial y eventualmente lo haga presidente, lo que sería considerado como un garrafal error de quienes pretenden su desafuero.
Y ¡eh! ahí el dilema, porque, entonces, como lo hizo ahora, si hoy en la Cámara de Diputados le perdonan la vida políticamente y lo dejan pasar, si no gana López presionará de la misma forma en 2006, y entonces sí el país se metería en una ingobernabilidad mayor.
El caso es que el Jefe de Gobierno ya le tomó la medida a los poderes federales mediante la agitación social y de esa forma pretende llegar a la Presidencia de la República, le permitan contender o no.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

La verdadera cara de López

2005-04-06T16:29:00.000-05:00

(2005-04-06)

Además de fuerza social demostrable para “presionar” a la Sección Instructora con el fin de evitar que finalmente dictaminara a favor del Juicio de Procedencia, a Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana también le faltó sensibilidad no sólo política sino humana.
El sábado por la mañana, además de torpe, se mostró grosero, infame y desproporcionado cuando reclamó la atención de los medios de comunicación, en especial la televisión, a la agonía del Papa Juan Pablo II y dejó en un plano bastante secundario la noticia sobre su desafuero.
Dijo que la radio es la campeona de la libertad porque manejó la información de la instructora de una manera muy profesional. Esto es, porque hubo noticiarios con espacios especiales desde la Cámara de Diputados y durante la lectura de su comunicado íntegro, al conocer la noticia tomada por la Sección Instructora.
En cambio, según él, la televisión fue al contrario. “Ayer (el viernes) en la televisión fue abundante (la información sobre la agonía del Papa Juan Pablo II) y, desde luego que es una nota importantísima, y además que le preocupa a la gente, pero repetían y repetían y repetían”.
“Sencillamente fueron horas y horas de comentarios sobre El Papa, de reportajes sobre El Papa, se repitieron, claro que hay que dar la información, pero repetían y repetían y repetían y no dejaron en el momento en que estaba la Instructora resolviendo, pues un pequeño espacio, nada más ‘perdió López Obrador 3 a 1’, como si fuese futbol (…) y la prensa escrita, ya para qué hablamos”.
El Jefe de Gobierno mostró con este tipo de declaraciones que su lucha política es superior a la fe y sentimiento de la gente. No tomó en cuenta que Juan Pablo II ganó el corazón de los mexicanos cuando en 1979, en un acto de absoluta humildad, llegó y besó la tierra que tocaba. Con esa diligencia de respeto a esta tierra, llegó al sentimiento de la gente y no necesitó de amenazas ni de llamar a movilizaciones.
La espontaneidad de la gente se sumó hora con hora mientras las noticias sobre la enfermedad del Papa aumentaban y en las iglesias, sin que nadie llamara a la movilización, miles de fieles se acercaron a pedir en sus oraciones por el restablecimiento de la salud del pontífice polaco.
Pero la carencia de sensibilidad humana llegó a su límite cuando a pesar de haberse anunciado alrededor de las 14 horas la muerte del hombre más querido en el México actual, y cabeza de un gobierno de más de mil 100 millones de fieles alrededor del mundo, en el Zócalo capitalino se mantuvo un “festival de sonideros”, los cuales con la potencia de sus aparatos evitaron escuchar el tañer de las campanas en duelo.
La molestia de los fieles fue reflejada en los noticiarios de radio de ese sábado vespertino cuando México se convirtió en la cara del dolor latinoamericano, pero el Jefe de Gobierno, que dice apreciar la actividad de la radio y asegura escuchar el sentimiento de la gente, permitió que el ruido del festival organizado por el Gobierno del Distrito Federal continuara más allá de las 17 horas.
Esa carencia de sensibilidad no es de ahora. Debemos recordar cuando previo a la megamarcha ciudadana del 27 de junio del año pasado, López Obrador ignoró el reclamo de la población por la inseguridad pública y manifestó que la acción ciudadana era parte del complot en contra suya.
Ese es el verdadero rostro, intolerante cuando las cosas no se hacen o resultan acordes a sus intereses, de este personaje político quien, queriéndose comparar con las figuras religiosas, el pasado viernes llama a realizar “una verdadera purificación de la vida pública”, pero ha demostrado ser sólo un gritón espanta-tontos y no un político verdadero.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Legisladores, como el Tío Lolo

2005-04-05T17:26:00.000-05:00

(2005-04-05)

Los políticos mexicanos continúan haciéndose como el Tío Lolo, y envés de tomar las medidas pertinentes para realizar una verdadera rendición de cuentas, además del control de las precampañas y gastos en publicidad para proselitismo personal, utilizan los máximos foros de la Nación para seguir profundizando su política del ventilador, pero sin aportar prácticamente nada a la democracia de la República.
El pasado 30 de marzo la Comisión del Distrito Federal en el Senado, encabezada por David Jiménez, presentó un exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para investigar a través de la Contaduría Mayor de Hacienda el origen de los recursos utilizados en la campaña del Jefe de Gobierno para, en todo caso, actuar conforme a la ley.
La respuesta de Jesús Ortega, defensor de Andrés Manuel López Obrador no podía ser menor: también debe investigarse el origen de los recursos de las precampañas de los gobernadores priistas Arturo Montiel del Estado de México, Enrique Martínez de Coahuila, Manuel Ángel Núñez de Hidalgo, del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, además del coordinador del PRI en el Senado, Enrique Jackson.
La propuesta del coordinador perredista en la Cámara Alta alcanzó, incluso, la abierta campaña proselitista del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Jorge Zermeño, coordinador de la bancada panista propuso investigar también los recursos destinados para proselitismo personal y maquillaje de imágenes personales, con recursos del erario público, sean municipales, estatales o federales.
Incluso, se llegó a introducir en la lista al gobierno de Leonel Cota Montaño, para determinar si se utilizaron recursos del gobierno de Baja California Sur en su aspiración para convertirse en presidente del PRD nacional.
En este caso los senadores de la República dan pena ajena porque pierden el tiempo en infiernitos, pero no hacen su trabajo que es legislar, para dar piso a la transición a la democracia que necesita nuestro país, y convertirnos en un Estado moderno.
Veamos. Existen fundadas sospechas de que la campaña que realiza el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara Alta, Enrique Jackson, es a cambio de que del recinto legislativo salga una Ley de Radio y Televisión favorable a los intereses de los concesionarios de los medios electrónicos.
A ninguno de ellos le marcó políticamente la campaña mediante la cual el actual presidente Vicente Fox no sólo se montó en la candidatura de su partido, sino logro el triunfo en 2000, con recursos ilegales a pesar de la decisión final del Instituto Federal Electoral.
Utilizan el desvío de recursos del caso Pemex como referencia para la anécdota de las prácticas corruptas. Suscriben denuncias de probable infiltración del narcotráfico en campañas electorales como la del actual gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.
No son asuntos menores los anteriormente citados. Ante todo el financiamiento de las corporaciones internacionales, sean de la iniciativa privada o pública, así como del narcotráfico.
Entonces, antes de sacar el ventilador para enlodar a todo aquel que se pare enfrente, los senadores de la República y los diputados de la Federación deben reflexionar a qué intereses conviene que no se regule la vida política en el país.
Vivimos una sucesión adelantada hace tres años y los aspirantes de todos los partidos políticos, de manera especial aquellos que se encuentran en el poder, abusan del cargo público para promocionarse en los medios de comunicación, sin que haya quién los regule. Hay un abuso de publicidad en los medios de comunicación, especialmente electrónicos, por el actual gobierno federal.
Pero no hay quien controle esto simple y sencillamente porque en comisiones continúan la nueva Ley de Radio y Televisión, donde es necesario regular los medios electrónicos para publicidad política, y para la publicidad del gobierno; además de la ley que regule la actividad de los partidos políticos y de los procesos electorales.
¿Cuándo habrá verdadera responsabilidad y sentido político?

renatoconsuegra@yahoo.com.

Gran mentira en 24 palabras

2005-04-04T17:32:00.000-05:00

(2005-04-04)

Tras conocer la decisión tomada por la Sección Instructora el pasado viernes, cuando dio luz verde a la realización del Juicio de Procedencia para analizar si jurídicamente procede quitarle el fuero constitucional, Andrés Manuel López Obrador dijo en su mensaje que “todo esto sirve para saber cómo actúa la llamada ‘clase política’ y cómo se menosprecia la voluntad popular y los sentimientos de la gente”.
Es de llamar la atención este párrafo porque en tan solo 24 palabras, dejó ver la trampa en que siempre ha metido a la gente que le quiere creer.
Veamos.
Dice: “Todo esto sirve para saber cómo actúa la llamada clase política”.
¿Quiere decir entonces qué él no pertenece a la llamada cla-se po-lí-ti-ca?
Pues, ¿entonces qué es lo que ha hecho durante los últimos 30 años de su vida si no política y pertenecido a ella, de la que ha vivido?
Luego dice que “todo esto sirve para saber (…) cómo se menosprecia la voluntad popular”.
Primero tendría que argumentar, ¿qué quiere decir con que se menosprecia la voluntad popular?
O, ¿acaso por el nada simple hecho de haber sido elegido por el voto de la mayoría de los habitantes del Distrito Federal, no puede ser sujeto a una sanción debido al abuso de autoridad que cometió por el poder que tiene?
¿Quiere decir esto que todos los ciudadanos debemos estar a merced de la gente a la que elegimos? ¿Entonces no hay forma de defendernos frente a los abusos de aquellos a quienes entregamos el poder público para que tomen las mejores decisiones que deben ser del interés general, sin atropellar los intereses particulares que sabiamente están protegidos en nuestras leyes?
¿Quiere decir que ser electo por el voto popular es sinónimo de impunidad?
¿No es el propio López Obrador quien ha ofrecido una “ver-da-de-ra pu-ri-fi-ca-ción” de la vida pública como citó también el pasado viernes?
¿Entonces por qué quiso mantener las prácticas corruptas que él mismo dice combatir, y mediante el chantaje político evitar un juicio, escudándose en su presunta popularidad en las encuestas?
Y luego en el más elevado sentido populista dije: “Todo esto sirve para saber (…) có-mo se me-nos-pre-cian los sen-ti-mi-en-tos de la gente”
Al respecto, quiero recordar que en su libro Enciclopedia de la política, editado en 1997 por el Fondo de Cultura Económica –-digo la fecha para que no se diga que es otro complot en su contra--, el ex presidente ecuatoriano Rodrigo Borja, afirma que una característica del populismo es el discurso "maniqueo y exaltado, usualmente de rasgos 'redentoristas', que apela más a la emoción que a la razón y que ofrece soluciones mágicas para los problemas de la gente”.
En su obra, Borja agrega que estos caudillos populistas, usualmente entregan a la masa la ilusión de "par-ti-ci-pa-ción" y "pro-ta-go-nis-mo", como lo hace López al invitarlos a estar atentos y manifestarse.
Además, agrega el ex presidente de Ecuador, cultivan su imagen de hombre valiente y desinteresado, y buscan identificar siempre a un "enemigo del pueblo contra quién descargar toda la furia contenida de la masa, por siglos de frustración”.
En el caso de López Obrador, el viernes pasado, como lo ha hecho a lo largo de los últimos meses, se fue contra El Innombrable Carlos Salinas y el actual presidente Vicente Fox.
Y como signo inequívoco, "con frecuencia se presentan como 'víctimas', si no como 'mártires', de los grupos de poder".
Lo dijo el viernes López Obrador al afirmar que decidieron por consigna aprobar un dictamen para desaforarlo, destituirlo, someterlo a pena corporal y tratar de inhabilitarlo políticamente, con miras a las elecciones de 2006.
En ese estudio que data de hace 8 años, Rodrigo Borja afirma que los grupos de pobreza extrema son muy sensibles a la predica reinvindicatoria y se entregan fácilmente a la seducción de la demagogia populista".
Cualquier parecido con la realidad, ¿será mera coincidencia?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Policías, incapaces

2004-11-25T23:05:00.001-06:00

Renato Consuegra

(2004-11-25)

Después de escuchar las declaraciones realizadas la noche del martes por Damián Canales, director Jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal; de José Luis Figueroa, comisionado de la Policía Federal Preventiva; y luego el culpable silencio de Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y su subsecretario Gabriel Regino, quien cada que puede se luce contra personas indefensas, sólo queda una palabra para calificarlos: incapaces.

Tardaron poco más de dos horas en llegar al centro de San Juan Ixtayopan y sólo pudieron rescatar con vida y sumamente maltrecho a uno de los policías encubiertos en una investigación de narcomenudeo frente a la escuela Popol Vuh: Edgar Moreno Nolasco.

Son estas entidades policiales, quienes pretenden obtener mayor presupuesto. Para qué, es la pregunta. ¿Para que los jefes vivan a cuerpo de rey y utilicen el dinero de los ciudadanos en sus aspiraciones políticas? ¿Para que en colusión con esos jefazos sus amigos realicen pingües negocios con el presupuesto de la ciudad o de la Nación? ¿Para gastar millones en propaganda para decirle a la gente que la cuidan y en realidad no saben cómo?

La interrogante que los descalifica por completo es la siguiente: ¿Por qué razón los representantes de los medios de comunicación llegaron al lugar con suficiente tiempo y lograron hablar con los jóvenes policías antes del desenlace mortal para dos de ellos? ¿Por qué no lo hicieron las distintas policías, con el número de elementos, recursos técnicos, físicos dentro de los que se encuentran incluso los aéreos con que cuentan repartidos en toda la ciudad? ¿Qué sucede con la dirección de Seguridad Pública de Tláhuac donde el jefe, Rigoberto Salgado anda a salto de mata si no es que, como lo adelantamos, se encuentra en el reclusorio Norte, mientras su subdirector sólo acierta a hacer su trabajo político como protegido que es de René Bejarano? y ¿Para qué carambas está la jefa delegacional Fátima Mena, que esa noche fue echada literalmente por la turbamulta que de esa forma le demostró su desprecio?

A pesar de tanta incapacidad e ineficacia de las autoridades no es justificable el acto de barbarie que presenciamos por las imágenes de televisión.

Pero, ¿qué piensan los ciudadanos azuzados por algunos personajes oscuros (habrá que hacer una investigación muy detallada para encontrar a los responsables) cuando los jóvenes linchados se presentan como policías, luego de que en las últimas semanas en los medios de información se ha dado cuenta de los secuestradores, violadores y demás delincuentes que se encuentran al frente de los aparatos policiales y los órganos administradores de justicia?

Los sucesos de la oscura tarde del martes 23 no son una sorpresa. Los vecinos de Tláhuac, de Milpa Alta y otras delegaciones como Álvaro Obregón y Xochimilco ya habían tomado la justicia en sus manos y amenazaron con que lo volverían a hacer ante la desconfianza a las autoridades en la presente administración.

La violencia bárbara de los tlahuaquenses como fenómeno social es entendible cuando les dicen que dos niñas han sido secuestradas y esa tarde otras dos más fueron alejadas de sus familias por una mujer que acompañaba a los policías. Sin embargo, no se justifica haber llegado a tal grado de brutalidad. Como tampoco es una excusa para que los jefes policiales pongan más atención a los temas políticos y como Ebrard sueñen con la Jefatura de Gobierno en lugar de ver por la seguridad que les fue encomendada.

Dictador

2004-11-17T18:50:00.000-06:00

Por Renato Consuegra

Durante un foro realizado en septiembre del año pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el ex presidente español Felipe González se dijo sorprendido por el ritmo de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo por la forma cómo maneja a los medios de comunicación.

"Todas las mañanas, a las 6:00 horas comparece y les da tarea a los periodistas, pero no para que lo sigan a él, sino para que sigan a los que él quiere que sigan", comentó el político español.

Pero como en el asunto del condón el seguido, el descubierto fue él, ahora dice que es una provocación de La Crónica, el diario que dio a conocer esta irregularidad, porque de acuerdo con su dicho, está al servicio de Carlos Salinas.

Sin embargo, los reporteros hicieron su trabajo. La doctora Carmen Soler, coordinadora del Programa de Prevención y Atención del VIH-SIDA del Gobierno del Distrito Federal, reconoció haber dado 50 mil condones a jóvenes perredistas, e incluso sabía que les estaban poniendo pegotes.

El propio jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, reconoció que eran condones de la Secretaría de Seguridad Pública los que traían propaganda para promover la defensa contra las reformas al artículo 122 y el desafuero del jefe de Gobierno.

Entonces, más allá de los intereses propios de un diario (la contraparte es La Jornada, que cada día se manifiesta a favor del jefe de Gobierno), hay un trabajo periodístico que implica comprobar la veracidad de los hechos.

Quizá aquí el problema fue que los colaboradores de López Obrador minimizaron la importancia de esa información y no advirtieron a su jefe. Por eso mismo fue tomado con descuido cuando el reportero Raymundo Sánchez le puso en sus manos el condón con la propaganda.

Ante esto es importante hacer notar a los lectores y al mismo López Obrador, porque seguramente no se lo han manifestado sus asesores en el área de comunicación social, muchos de los cuales ni periodistas son, que el periodismo es una labor de interés público, de interés social.

Y como tal, el periodismo es un contrapoder al poder político y económico. Es decir, el periodismo debe constituirse como un freno para que no haya poderes desbocados que avasallen a la sociedad.

Sin embargo, lo que López Obrador desea es que los medios le sirvan para dos fines: Uno, para combatir a sus adversarios políticos, como bien lo hizo notar el ex presidente español Felipe González; y dos, para servirle de propagandistas.

Y claro que hay medios propagandistas del jefe de Gobierno, y son aquellos a los que premia con enormes cantidades en publicidad, mientras aquellos que no se ciñen a sus intereses, los castiga y no da un peso para difundir el trabajo del Gobierno del Distrito Federal.

Entonces, López Obrador también ejerce la perversa acción de premiar a quienes lo tratan bien, a sus panegiristas.

Ante lo que estamos es frente a un doble discurso del jefe de Gobierno, un discurso para la sociedad mal informada, donde se asume como víctima para causar lástima a aquellos sectores de la población con escasa educación cívica y política, los que se conduelen por los ataques a los desvalidos.

Ayer Fred Álvarez, conductor de La Otra Opinión en la XEB me preguntaba que cómo son las conferencias de prensa de López Obrador. Bueno, pues son verdaderos dictados. Desde el tono y la pausa que utiliza para que a los reporteros les quede bien claro lo que quiere decir, para que lo capten, hasta la forma cómo sólo responde asuntos que le permiten "que (los reporteros) sigan a los que él quiere que sigan", porque cuando el atrapado es él, simple y sencillamente corta las conferencias.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

¿Quién habla de ética?

2004-09-24T17:09:00.000-05:00

(2004-09-24)
Publicado en el diario La Crisis

¿Quién dicta qué no y qué si deben hacer los representantes de los distintos poderes de la Unión?
¿Quién debe dar el visto bueno para que un representante del Poder Judicial se reúna con uno del Ejecutivo?
¿Quién tiene la calidad moral y política para hablar sobre legalidad y ética?
¿Por qué motivo debe conocer la opinión pública lo tratado en reuniones entre los máximos representantes de los distintos poderes públicos?
Pregunto todo esto porque Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que la obligación de dar a conocer lo conversado entre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, y el presidente Vicente Fox, no es un asunto de formalidad, sino algo que tiene que ver fundamentalmente con la ética.
Sin embargo, todo hace suponer que el señor Jefe de Gobierno padece de Alzheimer porque olvida que desde que le fue entregado el mando para gobernar la ciudad, también se reunió con Mariano Azuela, e hizo lo mismo con el antecesor de éste, el yucateco Genaro Góngora Pimentel. Y fue dentro de la gestión de este último, quien dijo ser amigo del tabasqueño, cuando López Obrador ganó algunas controversias constitucionales al Poder Ejecutivo, entre ellas la del horario de Verano.
¿Acaso López Obrador o los ministros presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron éticos en aquellos momentos?
Porque si de ética se trata, entonces ¿por qué motivo López Obrador influye en los trabajos del poder legislativo local?
Y vamos más allá. Si López Obrador es ético, ¿por qué razones esconde las cuentas de los segundos pisos, de las compras de vagones del Metro y otros documentos donde se presume corrupción por parte de sus más allegados colaboradores dentro del gobierno?
Y ¿por qué se ha convertido en el protector del señor de las ligas y los sobornos, mejor conocido como René Bejarano?
La separación de los poderes del Estado no debe observarse como el total aislamiento de un poder con respecto a los otros.
La división de poderes no puede convertir a los poderes en entes ajenos uno del otro. Pero tampoco debe permitir que un poder medie o negocie entre los intereses de los involucrados en un conflicto.
En el caso del Poder Judicial de la Federación, a quien López Obrador ha puesto en entredicho por enésima ocasión, lo único que le está permitido es velar por la observancia de la legalidad, porque en un estado de derecho la ley se aplica por encima de cualquier consideración que no se deba al Derecho mismo.
Pero lo que López Obrador ha pretendido es utilizar el uso de la fuerza frente al uso de la razón.
Y para utilizar esa fuerza es que ha usado las conferencias de prensa matutinas, en las que da línea, en las que manda a los medios a perseguir a sus adversarios, pero en esa persecución de sus enemigos, también ha pasado a llevarse entre las patas al Poder Judicial.
Y si de ética quiere hablar López Obrador, que dé el primer paso y no utilice las conferencias mañaneras para perseguir a sus enemigos, y dé a conocer el estado de la ciudad, la que por cierto se han dado muestras, desconoce?

Addendum

Hoy los diputados de la Asamblea Legislativa están metidos en un gran problema de credibilidad frente a los ciudadanos. El autor del origen de este conflicto es René Bejarano, pero nada pasa en torno a este hombre que al parecer se ha convertido en amo y señor de la ¿política? en el Distrito Federal... Por cierto, este Bejarano ya está hasta el gorro de las triquiñuelas que está realizando uno de sus alumnos que al parecer salió demasiado adelantado, Miguel Bortolini, que se quiere embolsar más que las ligas en Coyoacán. Pues Bejarano va a iniciar una embestida mediática contra el Jefe Delegacional, que por cierto tiene mucha cola que le pisen...

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Grilla o legalidad

2004-06-15T15:58:00.000-05:00

(2004-06-15)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040615050047

Como lo comentamos aquí en días pasados, la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal del pasado lunes 7, referente al rebase del tope de gastos de campaña del panista y ahora delegado en Miguel Hidalgo, Fernando Aboitiz Saro, sienta un mal precedente. Esta dependencia "concluyó" que no era Aboitiz quien rebasó los topes de campaña en el proceso electoral de 2003, sino el Partido Acción Nacional.
El mensaje enviado es que no importa violentar las normas y degradar a las instituciones si de por medio existe un factor de negociación. Literalmente, la procuración de justicia se ha convertido en "grillar a la justicia"; es obvio que la Procuraduría de Bernardo Bátiz sienta un precedente para futuros casos donde se vean involucrados funcionarios perredistas, situación no muy lejana si consideramos el financiamiento supuestamente ilícito del cual se benefició este partido en el pasado proceso comicial.
Sin embargo, el panorama no es tan desalentador, puesto que por el otro lado el mensaje de la procuraduría fue que el responsable era el PAN. Si consideramos que este asunto todavía no es resuelto en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, podremos abrigar esperanzas de que en verdad este lamentable asunto sea de verdad resuelto con independencia y apego a la legalidad.
Ubiquémonos en el tema. En los meses de agosto y septiembre de 2003 –justo cuando concluía el proceso electoral– el Instituto Electoral local había confirmado después de una investigación exhaustiva que el ahora funcionario sobrepasó el tope de gastos de campaña fijado para esa demarcación.
En consecuencia, el Tribunal Electoral local después de analizar la legalidad de lo actuado por el IEDF, decretó la nulidad de la elección e inclusive ordenó la realización de un proceso extraordinario, inhabilitando al Partido y al candidato, conforme lo dispone el Código Electoral local. No obstante, esta determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sorpresivamente, y bajo el argumento de que el segundo lugar también había hecho trampa, rebasando el tope, determinó revocar la resolución del TEDF.
Así pues, una de las consecuencias legales de la determinación del Tribunal Federal fue que se realizó la investigación tan sólo para sancionar económicamente al partido –por rebasar los topes– y en febrero de este año el Consejo General del IEDF le impuso una multa de cuatro millones y medio.
Esta sanción hoy se encuentra nuevamente impugnada ante el Tribunal Electoral del DF, de ahí que no parezca tan desalentador el panorama, porque si para la procuraduría y, en cierta forma, para el Tribunal Federal Electoral hubo una violación grave a las normas electorales que no puede ser imputada al entonces candidato, lo obvio es que el PAN asuma esta infracción con todas sus consecuencias.
Es decir, si para el presente año el PAN recibirá por concepto de actividades ordinarias locales una cantidad cercana a los 55 millones, resulta que la sanción impuesta por el IEDF equivale apenas a un 8%. Resultaría, pues, de suma importancia que el Tribunal Electoral local considerara si esta multa es la que corresponde a un actuar ilegal que ha puesto en riesgo uno de los instrumentos fundamentales con que cuenta el ciudadano: el voto.
Tal vez un referente ilustrador es la determinación inédita del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que decidió incrementar la multa al PAN por el financiamiento paralelo que utilizó durante la campaña de 2000 para favorecer a su candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, suprimiéndole el cien por ciento de las ministraciones que por financiamiento público le correspondieron para gastos de campaña en la época que cometió la infracción.
En fin, todo aquello fue grilla. Y por el otro lado, ¿cuál es la legalidad que defiende la PGJDF?
renatoconsuegra@yhoo.com.mx

De paranoia y esquizofrenia

2004-06-14T15:53:00.000-05:00

(2004-06-14)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040614021143

Dice el Diccionario didáctico Océano que paranoia es una figura psíquica que corresponde a la "perturbación mental fijada en una idea o en un orden de ideas", mientras que la esquizofrenia se refiere al "trastorno de la personalidad caracterizado por la escisión de las funciones afectivas e intelectivas".
Recuerdo esto porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal o lo hace de forma premeditada, porque ya se le acabaron los recursos para explicar las irregularidades, incapacidades y actos corruptos dentro de su gobierno o comienza a tener perturbaciones severas de carácter mental.
Resulta que ahora todo lo que huela a reclamo social, denuncia pública y privada sobre la corrupción en los actos de gobierno de él y sus colaboradores, es un complot.
No hay más. Es perseguido. El jefe de Gobierno no tiene qué le reclamen. Sus funciones públicas son impolutas y todo aquel que ve otra tonalidad, conspira contra él para cerrarle el paso a su candidatura para la presidencia de la República en 2006.
Sin embargo, lo que se ve en Andrés Manuel López Obrador es a un líder político manipulador frente a la gente poco informada y carente de cultura política, con una personalidad mesiánica que pretende alcanzar una especie de ubicación como semidiós, con una actuación antidemocrática frente a las instituciones que lo perfilan como autoritario y, además, ahora se coloca como víctima de un peligroso delirio de persecución.
A su lado, Alejandro Encinas, que parece uno de sus más mesurados colaboradores, también perdió la cordura y la serenidad. Y metió a su jefe en el último de sus deslices. Encinas acusó al PAN, al grupo de extrema derecha El Yunque y a Televisa, "de sumarse a una campaña" contra el gobierno de López Obrador.
Pero el jefe de Gobierno no quiere ver que el reclamo social es de la gente que no puede manipular por 700 pesos mensuales. De la gente que sufre la delincuencia en la ciudad.
Ha emprendido también una campaña en contra de los medios críticos a su gobierno de ser copartícipes del complot en su contra. A decir de sus colaboradores, no desea ver lo publicado en La Crisis en la síntesis matutina de prensa porque "quiere iniciar el día sin hacer corajes", además de que ha puesto en duda el profesionalismo de nuestro director Carlos Ramírez. En días pasados se ha manifestado de manera reiterada en contra de La Crónica y tampoco ha dejado de criticar la labor informativa de Televisa, a quien también implicó en el complot anterior por el asunto de Gustavo Ponce Meléndez.
Sin embargo, una muestra de sus errores la dio ayer cuando aceptó haberse equivocado al respaldar el reclamo de Encinas.
"Y también quiero decir, lo digo de manera respetuosa, en el caso de Televisa, que si Alejandro Encinas dio a conocer un punto de vista, pues es un derecho, yo creo que en Televisa nos va a entender porque todos tenemos derecho a expresarnos, ya pasó el tiempo que no se podía tocar al intocable, todos tenemos que expresarnos, puede ser que no se tenga la razón, pero eso no tiene por qué cuestionarse o verse como una afrenta, tenemos que aprender también a ser tolerantes, todos nos equivocamos, yo no sé si hay alguien que no se equivoque, que es una especie de Sumo Pontífice y que no comete errores".
Esta marcha atrás significa la aceptación de un error. Al aceptar que se equivocó pone en juego su credibilidad por un motivo muy práctico: conoce el poder de la empresa televisora en el ánimo de la gente.
Pero este error tendrá un precio, y ese precio será pagado por Alejandro Encinas, a quien seguramente relegará de los micrófonos en sus ausencias. Ya no veremos declarar a Encinas. Si no, al tiempo.
O ¿es que también su colaborador le estará preparando un complot, aliado a quienes lo quieren tumbar de la candidatura?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Irregularidades en proyecto ecoturístico

2004-06-10T15:49:00.000-05:00

(2004-06-10)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040610030515

Armando Ramírez, reportero y ex trabajador delegacional en Tláhuac, comenzó a dar a conocer irregularidades en la administración desde 2002, y poco le hicieron caso. Hoy la gran mayoría de aquellas denuncias se ha convertido en realidad y tienen a un ex funcionario en la cárcel, Jaime Arturo Hidalgo López.
Hoy me permito transcribir algunos párrafos de una nueva denuncia pública que realizó, cuya copia envió a mi correo electrónico:
"Las irregularidades del grupo Quart afectan un proyecto ecoturístico ejecutado en Tláhuac por el gobierno delegacional encabezado por Francisco Martínez Rojo y financiado con recursos de un fideicomiso de la Comisión Ambiental Metropolitana, denunciaron funcionarios locales.
Los denunciantes, que pidieron el anonimato para evitar represalias, revelaron que el proyecto carece de la aprobación de un dictamen de impacto ambiental y un excesivo sobreprecio de las obras, además de que no se ejecutó la calidad y cantidad de obras previstas en el proyecto inicial.
Entre las obras sobrefacturadas está un temascal que quedó infuncional por cambios en el diseño; fue cotizado en 100 mil pesos, lo que sobregiró considerablemente el precio de la obra hasta los seis millones de pesos.
En febrero de 2003, el entonces director de Desarrollo Económico y Rural, Anacleto Chapa, dijo que con una inversión de casi 3 millones de pesos, la delegación Tláhuac inició un proyecto ecoturístico en cinco chinampas, donde se sembraba maíz y otros productos agrícolas.
Cada una de las chinampas fue adaptada con mobiliario atractivo para el turismo, como estanques de acuacultura, embarcaderos, módulos para días de campo y torres de observación para fauna silvestre. Las cinco chinampas ocupan más de 21 mil metros cuadrados.
En la primera, que mide 7 mil 464 metros cuadrados, se construiría un estanque de acuacultura, una pérgola, un embarcadero, un módulo para días de campo, un sistema de manejo de agua y un sanitario ecológico. En el estanque se criarían carpas y ajolotes para consumo humano.
Las demás chinampas tendrían características semejantes, a excepción de la quinta, donde las autoridades pensaban construir un baño de temascal, una de las antiguas tradiciones prehispánicas, mediante las cuales las personas se purifican a través de la sudoración.
El proyecto fue financiado con recursos del Fideicomiso Ambiental Metropolitano, que se integró desde la década de los 80, con un impuesto que se pagaba por algunas gasolinas.
El control de este fideicomiso lo ejerce la Comisión Ambiental Metropolitana que, mediante un comité de evaluaciones, destina los recursos invertidos en Banobras a proyectos para el rescate de zonas ecológicas.
Un año después, sólo una de las chinampas está operando y otra está abandonada.
El asunto es que pese a todas estas irregularidades, Francisco Martínez Rojo continúa tan campante, porque ahora lo apoya Leonel Godoy. Por esto mismo, el lunes se volvió a suspender la reunión donde se daría luz verde para la remoción de Fátima Mena y el inicio de la averiguación previa en contra de Martínez Rojo.

Addendum

Octavio Flores Millán retornó, después de la campaña delegacional, de un viaje por Europa donde fue a descansar; además, con una camioneta Rand Lover y una motocicleta. ¿Un ahumadazo?... Alejandro Meléndez, hijo de nuestro compañero Jorge, envía la invitación para asistir este viernes 11 de junio a un concierto de percusión que se titula Luces Interiores, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El concierto será interpretado por el Grupo RAGA de la Escuela Superior de Música, integrado por Edwing Tovar, Miguel Haller, Kaoru Miyasaka y Oliver Ochoa.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Presión delegacional en Cuauhtémoc

2004-06-09T15:46:00.000-05:00

(2004-06-09)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040609021403

José Luis Camba cerró desde hace tres semanas su hotel ubicado en Parque Vía, como una forma de protesta y exigencia para que las autoridades competentes retiren de la zona a alrededor de 190 prostitutas que a diario trabajan en aquella avenida, ubicada entre Circuito Interior y Jardín del Arte.
Su protesta pende de una lona frente a su negocio. La singular forma de hacerlo llamó mi atención y también surgieron algunos cuestionamientos:
¿Por qué motivo inicia hoy una protesta y exigencia de ese tipo, pasados 20 años desde que las llamadas trabajadoras sociales fueron reubicadas de la zona donde se ubicaban anteriormente, en río Tíber?
La respuesta del empresario es que hubo de esperar las condiciones políticas propicias que se dan hasta ahora, cuando el poder político no es de un solo partido y hay mayores posibilidades de que, incluso en el Poder Judicial, la actuación de los jueces ya no sea lineal como antaño.
Pero también porque ha visto que los medios de comunicación ya no están coludidos o casados con un poder único, sino que éstos también toman partido por diferentes intereses y esto permite una mayor diversidad de información y opiniones.
Camba afirma haber perdido alrededor de medio millón en las tres semanas que su hotel lleva sin actividad, además de dejar sin empleo a cerca de 60 trabajadores. Tampoco ha pagado el impuesto predial, afirma, pero también dice que no le importa porque el gobierno se beneficia con nuestros impuestos para meter a vagos que no hacen su trabajo en los puestos públicos.
Las pérdidas económicas netas desde que tiene noticia de que puede ganar un juicio a las autoridades y obligar a la reubicación de las sexoservidoras, dice que han sido de alrededor de 30 millones de pesos, mientras que las señoras que trabajan enfrente de su establecimiento ganan alrededor de 30 mil pesos al mes, con protección de la delegación Cuauhtémoc y sus distintos delegados y hoy jefes delegacionales.
Además, advierte, hay otros hoteles donde trabajan las señoras que no dan facturas a Hacienda y pagan una especie de cuota fija con cantidades sumamente bajas frente a sus entradas.
El empresario en protesta dice estar convencido de que le asiste la razón jurídica.
El caso es que, asegura, hay una colusión clara de funcionarios de la jefatura delegacional porque ayer mismo le notificaron que oficialmente no se dan por enterados del cierre del negocio. Esta actitud de las autoridades se debe a que con certeza en los siguientes días asistirán a realizar una revisión del hotel para buscar cualquier detalle que les permita hacer una clausura del establecimiento, a modo de contrarrestar la protesta y exigencia hecha por el empresario.
Así se las gastan Virginia Jaramillo y su gente.

Addendum

Octavio Flores Millán será sujeto a un proceso de remoción como jefe delegacional de Gustavo A. Madero, en sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mañana. El PRI y el PAN están al frente de la solicitud, pero son principalmente los perredistas quienes van por la cabeza del amigo y cómplice de Carlos Ahumada dentro del canibalismo partidista que se agudiza día con día. Y, bueno, entre los candidatos a sucederlo ya se contaba ayer a Andrés Lozano, integrante de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa y una de las comisiones unidas implicadas en la elaboración del dictamen de destitución, Jesús Zambrano Grijalva, uno de los líderes de la corriente de Los Chuchos, quien ya fue jefe delegacional en la GAM entre 1997 y 2000...

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

El toque de queda de Ulises

2004-06-08T15:43:00.000-05:00

(2004-06-08)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040608033848

La noche del lunes 20 de mayo de 2002 la policía de Tecate, Baja California, sorprendió a 12 jóvenes menores de edad en la calle después de las 22:30 horas, y fueron trasladados a sus domicilios para amonestar también a sus padres. Era el inicio del programa "Horario especial para menores", aprobado por el cabildo de aquella ciudad de la frontera norte, aplicado por iniciativa del presidente municipal priísta Juan Vargas.
El viernes pasado el alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, aplicó una medida similar y logró la detención de alrededor de 83 jóvenes. De todos ellos, sólo 24 eran menores de edad que pasaron la noche en las instalaciones de la policía antes de ser entregados a sus padres, en lo que llamaron un "aseguramiento preventivo".
Aquel año 2002 distintos organismos defensores de los derechos humanos se opusieron a la medida porque violaba la Constitución Mexicana y tres legislaciones internacionales de protección a las garantías individuales.
Quizá su movilización y activismo no fue lo suficientemente grande y fuerte como para combatir la medida que opera hasta nuestros días, pese a que Vargas había anunciado que el programa sería permanente "hasta que la sociedad tecatense lo decida".
Y se quedaron con el "Horario Especial para Menores".
El programa iniciado en Tecate dio base legal a la medida de Ulises Ramírez en Tlalnepantla, al considerar a los menores de edad como no sujetos de derecho, debido a que al no contar con la ciudadanía, tampoco se suprimen sus garantías individuales de libertad de tránsito que son para los ciudadanos del país, lo que es, de hecho, una forma de discriminación.
El pretexto, sin duda fundamentado, es que una gran parte de los delitos que suceden en la vía pública son cometidos por menores de edad. En efecto, las grandes mafias del crimen organizado utilizan a los menores por su estatus jurídico de inimputables, para cometer fechorías, como es la distribución y tráfico de estupefacientes en zonas de alta marginalidad, robo de vehículos y autopartes e, incluso, asalto a transeúntes o a los automóviles en zonas de conflicto vial o escasa vigilancia policiaca. Y ni qué decir de la prostitución.
Tolerancia cero
En la época de Óscar Espinosa Villarreal al frente del Departamento del Distrito Federal, y David Garay Maldonado como secretario de Seguridad Pública, se pretendió aplicar un programa llamado Tolerancia Cero, sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad de México, mediante el cual podrían ser detenidos y revisadas las pertenencias de todos aquellos ciudadanos que a consideración de los oficiales de la policía podían parecer sospechosos y circularan por la zona después de las 20 horas.
Al titular de este espacio le sucedió por el solo hecho de querer caminar por aquella zona, vestir ropa deportiva, una gorra de beisbol y portar una maleta con ropa luego de ir al gimnasio.
Hubo otro programa de seguridad, la operación denominada Reacción Inmediata de Máxima Alerta (RIMA), que recolectó los mayores cuestionamientos en la sociedad, que de acuerdo con Garay pretendía prevenir y evitar las conductas antisociales de alto riesgo ocasionadas por el crimen organizado. Para lograr su objetivo, iniciaron también la revisión de los automovilistas en distintos retenes en la ciudad.
El problema, hoy como ayer y siempre, está dentro de los propios cuerpos policiacos. Una vez que se logre sanearlos de delincuentes y personajes que llegan a dirigirlos con la idea de sacar los mayores beneficios que permiten el cargo y el poder, entonces se podrá combatir a la delincuencia común y organizada.
Lo otro son restricciones a la libertad de los individuos, o sea, abuso de poder y simples actos de propaganda política.

Addendum

Malhaya la cosa con el procurador Bernardo Bátiz y el fiscal de Asuntos Especiales de la PGJDF, Juan Guillermo Ramos, quienes determinaron que Fernando Aboitiz no incurrió en delito al rebasar el tope de gastos impuesto por la ley electoral durante su campaña para la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en 2003. Así como usted lo leyó. Resulta que –está documentado– Aboitiz llegó a la jefatura delegacional y rebasó en 423 mil pesos el límite fijado por la ley. Pero, dicho por el fiscal, no cometió delito, "dado que el dinero fue parte de los gastos contabilizados hechos directamente por el partido político (Acción Nacional), sin que se haya acreditado que el candidato tuviera conocimiento de los hechos". Ahhhh, pero Aboitiz sí incurrió en una omisión debido a que no puso la atención debida en el manejo de los recursos económicos, y esto sí podría derivar en una falta administrativa en materia electoral. ¿Perdón? Por ese motivo no agarran ni a quienes fueron sorprendidos con las manos en la masa.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Fátima en la picota

2004-06-07T15:39:00.000-05:00

(2004-06-07)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040607045056

Gilberto Ensástiga, Alejandro Ordorica, Edith de Alba y Rosario Tapia han sido consultados por la dirigencia local del PRD para ser postulados como posibles candidatos a suceder a Fátima Mena Ortega, jefa delegacional en Tláhuac, a quien sus propios compañeros no tardan en echar del cargo.
Debido a una reunión citada de última hora en el CEN del PRD, donde debían estar los dirigentes Agustín Guerrero e Isaías Villa, el viernes pasado se suspendió una sesión extraordinaria del Comité Directivo Estatal de ese partido, donde tenían previsto definir qué acciones o posición tomará el órgano partidista en el Distrito Federal con respecto a Tláhuac, en el caso de la jefa delegacional y su antecesor Francisco Martínez Rojo.
La reunión se realizará esta tarde.
Fátima Mena enfrenta solicitudes de remoción por parte de al menos tres grupos: un frente ciudadano integrado por vecinos y organizaciones de vendedores ambulantes, quienes amenazan con diversas acciones cómo volver a tomar el edificio de la delegación y cerrar algunas calles; por otro lado, está el colectivo de organizaciones civiles encabezado por el diputado perredista por el distrito 35, Juventino Rodríguez Ramos, llamado bloque democrático, y el tercer elenco son las distintas fuerzas del PRD, quienes el martes pasado tuvieron reuniones de dirigentes y comités de base, para presionar por la destitución.
Los tres grupos coinciden en que Mena Ortega es responsable de los sucesos en que se ha visto inmiscuida la administración delegacional porque mantuvo casi intacta la plantilla de funcionarios corruptos que tuvo Francisco Martínez Rojo; también, que los principales esfuerzos de Martínez Rojo fueron para que Fátima lo protegiera, luego de que Gilberto Ensástiga y Juventino Rodríguez (quienes eran los principales candidatos porque siempre se mantuvieron en primero o segundo lugar en las encuestas, salvo la que le dio a Fátima la nominación), se negaron a cuidarle las espaldas en caso de llegar a la jefatura delegacional, al enterarse de los contratos multianuales.
Además, la jefa delegacional se apresuró a cubrir los adeudos que la anterior administración tenía con varias constructoras, entre ellas las pertenecientes al grupo Quart; de igual manera, permitió que Jaime Arturo Hidalgo continuará como director general de administración. También señalan que Mena nunca investigó las diversas denuncias públicas y ante la Contraloría General por las irregularidades de su antecesor, como tampoco se deslindó de ellas, por lo que, presumen, no sólo sabía, sino que fue parte importante en ellas.
Incluso, hay indicios de que Martínez Rojo llegó a un acuerdo económico con René Bejarano para que Fátima asumiera la candidatura del partido. Incluso, pretendió y negoció con la dirigencia local de Fuerza Ciudadana la declinación de Julio Chirinos a cambio de 300 mil pesos y dos puestos de dirección en la estructura delegacional. Por igual, se conoce la existencia de un cheque personal por 10 mil pesos en nombre de José Luis Galicia Estrada, entonces candidato a jefe delegacional del PAN en la demarcación.
Todas ellas son irregularidades que se suman a los casi 30 millones de pesos que la administración de Ortega Mena no ha podido comprobar su destino, además del desvío de Martínez Rojo de 160 millones de pesos en su gestión, ambos investigados por la Contraloría a cargo de Bertha Luján.

Addendum

Las cosas no están nada bien en el PRI-DF, luego de que el Comité Directivo interpuso el viernes una denuncia de hechos por las agresiones físicas y verbales que recibieron ayer diversas personas por parte de un grupo de militantes y seguidores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quienes de manera violenta expresaron su desacuerdo con el proceso de credencialización para la elección del 29 de agosto. Entre los denunciados están el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en el Distrito Federal, Israel Betanzos; el secretario de Gestión Social del Comité Directivo, Hugo Espinoza; Erick Rodríguez y otros integrantes del Movimiento Territorial como Saúl Camarillo, presidente del Comité Distrital XXXVII del partido, en Tlalpan; Víctor Carrillo Colín, empleado en las oficinas del Consejo Político del Distrito Federal, así como Mario Becerril y Arturo Cabrera.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

PRD, sanciones electorales y dinero

2004-06-04T15:36:00.000-05:00

(2004-06-04)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040604021840

El PRD sigue siendo el partido que mayores sanciones electorales colecciona en el Distrito Federal, de acuerdo con los resultados de las actividades de 2002, dados a conocer el pasado lunes por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal: PAN, 43 mil 77 pesos; PRI, 336 mil pesos; PRD, un millón 404 mil pesos; PVEM, 182 mil 88 pesos; PT, 216 mil 608 pesos y Convergencia que por faltas menores sólo fue multado por cuatro mil 200 pesos.
Desde que el IEDF comenzó a aplicar sanciones en 1999, la cantidad de ellas ha sido por un total de 17 millones 582 mil 896 pesos, de los que 50.3%, es decir, 8 millones 854 mil pesos fueron aplicados en contra del PRD.
La comisión encabezada por Eduardo Huchim destacó que al igual que en 2001, la principal irregularidad del PRD y el resto de los partidos fue porque registraron rebases a los límites establecidos para los Recibos por Reconocimiento de Actividades Políticas (Rerap).
Estos son utilizados para el pago de estímulos a la actividad partidaria. Sin embargo, los consejeros electorales coinciden en que si se realiza una revisión exhaustiva a este tipo de gastos, que no son necesariamente pagos de honorarios, y tienen límites mensuales de hasta 200 días de salario mínimo y anuales de mil 500 días, los partidos rebasaron tales fronteras.
Además, en estas listas podrían encontrarse innumerables sorpresas cuando se sepa a quiénes se pagan estos recibos que sobrepasan los límites, y los montos.
Otro punto por el cual los partidos fueron sancionados, es que están obligados a destinar el 2% del financiamiento recibido a sus institutos de investigación o fundaciones, desde donde deberían generar investigaciones de carácter económico, social, ideológico, cultural. Pero prefieren pagar las sanciones que aplicar esa parte del presupuesto que desvían hacia otras actividades.
El dinero, siempre el dinero
Una de las principales coincidencias que han tenido los partidos políticos en el proceso de Reforma Electoral federal ha sido, precisamente, el de la fiscalización y la reducción de los recursos públicos que son utilizados en campañas, precampañas y sus actividades ordinarias.
Sin embargo, hay una realidad que mengua este análisis. Que cuando los partidos ven el monto de las sanciones que se les ha aplicado, repiensan la idea de reducir el financiamiento, y evitan que la autoridad mejore sus herramientas de fiscalización, como podría ser la posibilidad de abrir el secreto bancario, entre otras.
Por ejemplo, el PRI tiene una multa de mil millones, además de la que le impuso el IFE este año. Al PAN no sólo le aumentaron la sanción por el caso Amigos de Fox, sino que también le cayó otra durante este año. El PRD tiene que cargar con sus multas, además de sus adeudos bancarios y con otros acreedores.
Finalmente, el centro del asunto está en el dinero; sin embargo, es muy difícil que las dirigencias estén dispuestas a ceder en ese terreno.
Desgraciadamente, son los partidos los que legislan y hacen las reformas. Sin embargo, es tiempo de que si quieren legitimar su actividad en la política, deben poner límites a sus gastos y prevenir estas conductas con sanciones más serias en el ámbito local y federal.
El lunes, el consejero del IEDF, Rubén Lara León, se manifestó insatisfecho con el dictamen de sanciones aprobado, al considerar como no exitosa una fiscalización que termina en sanción: "El éxito se alcanzará el día que la autoridad electoral reporte a los ciudadanos que no hay sanciones porque los partidos ejercieron cabal y pulcramente los recursos que les destina la sociedad", argumentó sobre el punto.
De la misma forma, debemos ponderar también si realmente es justo, que algunos partidos además del financiamiento federal, reciban un financiamiento local cuando en las votaciones estatales algunos de ellos no alcanzaron el 1% de la votación. Es decir, no tienen la representatividad que justifique esa entrega de dinero.

Addendum

El alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez anunció ayer un toque de queda en las zonas más delictivas del municipio que encabeza a partir de mañana a partir de las 22:00 horas y hasta el amanecer, con especial atención en las actividades de los jóvenes a quienes en pandilla se les hace fácil desvalijar autos, además de homosexuales y prostitutas. Las principales colonias donde operará el programa son Centro, Iztacala, Los Rosarios, San Juanico e Ixhuatepec. ¿Con qué más seguirá Ulises?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Revire del SACM; lleva litigio a juzgados

2004-06-03T15:32:00.000-05:00

(2004-06-03)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040603054907

El 10 de mayo comenzamos a publicar en este espacio una serie de irregularidades documentadas en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), entre ellas los contratos sin licitar, entregados a la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), y los días 12 y 24 dimos cuenta del despojo y sabotaje en contra de la firma SB Construcciones de México, propiciado por funcionarios del órgano encargado de la operación hidráulica en la capital.
Pues resulta que el representante único de SB Construcciones fue notificado el 27 de mayo de un emplazamiento a juicio ordinario por la vía civil, en el juzgado trigésimo sexto (expediente 368/2004), mediante el cual Antonio Dovalí Ramos, director general del SACM, solicita como medida precautoria "se haga entrega de la posesión de la obra (en el estado en que se encuentra) a mí representada, por tratarse de una obra de interés social, de orden público, lo anterior, debido a que la obra fue suspendida por la parte hoy demandada, sin causa justificada".
En la demanda signada por Dovalí Ramos, el SACM exige el pago de 3 millones 447 mil 178.07 pesos por concepto de anticipos no amortizados, intereses moratorios, pagos en exceso, intereses de estos, así como sanciones y sobrecostos de la obra no ejecutada.
Pues bien. De acuerdo con la información documental en poder de este espacio, de la que tuvieron conocimiento el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; la contralora general, Bertha Luján; el contralor interno del SACM, Manuel Leija Román; el propio Dovalí y una serie de colaboradores suyos, hubo una serie de irregularidades, entre ellas el adeudo por 8 millones 773 mil 294.19 pesos a la empresa SB Construcciones de México, que le provocó problemas financieros para continuar con la edificación.
En nuestro poder se encuentra un documento que tiene sello de recibido en la Secretaría del Medio Ambiente, donde SB Construcciones da a conocer que no se pudo continuar y terminar la construcción del cárcamo de bombeo en Anillo Periférico Oriente, entre las calles Adolfo G. García y Gerzayn Ugarte por "los actos de negligencia, irresponsabilidad, dolo y mala fe en los que ha incurrido personal de ese organismo".
Al respecto el representante único de la empresa, Salvador Silva Contreras, expresa que la situación se complicó por la falta de actualización de precios del año 2002 al 2003, la aplicación de precios unitarios extraordinarios que acarrearon la pérdida de revolvencia financiera a la empresa, además de la falta del segundo convenio para el ingreso de estimaciones del trabajo realizado y falta del anticipo del primer convenio.
Además del "sabotaje a mi obra por los ingenieros Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción del SACM; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción "A" y de Francisco Zárate Castillo, jefe de Unidad Departamental "B", a través de la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa)" por invasión de obra.
A SB Construcciones de México se le adjudicó un contrato que no fue cumplido por la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica; al cabo de algunos meses se le entregó un nuevo contrato, el 24 de abril de 2003, pero volvieron a ocurrir los retrasos en la entrega de los anticipos hasta que el 16 de octubre Gutiérrez de Alba se presentó a decirle a Silva Contreras y a sus trabajadores que a partir de esa fecha la obra la realizaría la empresa Cotrisa, por lo que él y los trabajadores de su empresa debían retirarse.
Silva llamó a un notario que dio fe de la invasión de obra y las cosas volvieron a su estado original, situación porque la cual Dovalí y colaboradores ahora presionan a Silva, no tanto por los 3 millones y medio de pesos, sino por los intereses creados a favor de Cotrisa en aquella obra.

Addendum

Ayer circuló el rumor de que Francisco Martínez Rojo, ex jefe delegacional en Tláhuac ya fue aprehendido para hacer frente a las denuncias en su contra por los contratos irregulares que entregó a la empresa Quart. Puede ser. Recordemos que a Jaime Arturo Hidalgo López lo presentaron dos días después de su aprehensión por la Procuraduría capitalina.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Pelea de camarillas, no combate a corrupción

2004-06-02T15:26:00.000-05:00

(2004-06-02)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040602043830

Lo que seguimos viendo en el espectáculo político de nuestros días en el Distrito Federal y el país no son formas y acciones de gobierno, sino una eterna lucha entre camarillas políticas por mantener el poder político y con él, el de los negocios. A fin de cuentas, lo que vale para ellos es ver quién se queda con el dinero de los ciudadanos, no el hacer funcionar a la ciudad y el país.
Al respecto, veamos:
Jaime Arturo Hidalgo López fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) el 28 de abril de 2002, para ocupar cualquier cargo en la administración pública durante tres años. Estuvo involucrado en las irregularidades por la compra de 12 aviones y la autorización de contratos sin licitación pública en la Policía Federal Preventiva durante el año 2000, cuando fungió como comisionado Wilfrido Robledo Madrid.
Protegido por la camarilla política y de intereses económicos a la que pertenece, le encontraron acomodo en el Grupo Quart, donde se vinculó con Carlos Ahumada Kurtz, y por sus relaciones, comenzó a realizar lo que sabe, pero ahora desde el otro lado, hasta que nuevamente fue absorbido por la administración pública, situado con uno de los socios del empresario argentino, el entonces jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo.
Funcionarios delegacionales en Tláhuac que platicaron of the record para Expediente DF, afirman que el ex jefe delegacional tuvo negocios de sociedad con el empresario argentino, a quien presumía le entregó alrededor de 6 millones de dólares, pero también llegó a quejarse de que al igual que a otros socios y negociantes a quienes les quedó a deber, a éste también, y aun ahora, aunque disgustado está a la espera de recuperar algo de lo perdido.
Una vez concluidas las actividades en la delegación, Ahumada invitó a Martínez Rojo a hacer grandes negocios con sus empresas; le invitó a invertir en el futbol, en aviones y en algunas otras inversiones en Cuba y Alemania.
Por este motivo fue que por órdenes de la actual jefa delegacional, Fátima Mena, la contralora interna en la delegación, Mónica León Perea, se negó durante varias semanas a enviar a la Fiscalía Desconcentrada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el expediente que involucraba al ex director general de Administración, Arturo Hidalgo López, y al ex director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, como presuntos responsables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación.
Hidalgo López también fue destituido e inhabilitado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal el 31 de marzo pasado, junto con Trujillo Ortega, como una forma de presión del grupo político de Bertha Luján, y para presionar en la investigación en contra de Carlos Ahumada.
De nada sirvió a los colaboradores de Francisco Martínez Rojo y Fátima Mena los miles de pesos que pagaron a una firma de contadores para tratar de enderezar la documentación delegacional, en la que trabajaron por las madrugadas durante tres semanas.
El pasado 28 de mayo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a Hidalgo López, quien junto con Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros de Tláhuac, y Martha Delgado Arroyo, ex subdirectora de Recursos Financieros de la misma demarcación, simularon comprar grandes cantidades de cemento, arena, piedra, grava y tepetate, a la Comercializadora Austral, de Ahumada Kurtz.
Los dos pagos hechos a esta compañía se realizaron vía electrónica sin el respaldo de los contratos e Hidalgo López fue quien directamente autorizó la compra de material (511 toneladas de cemento, 2 mil 300 metros cúbicos de arena, 2 mil de piedra brasa, dos mil 200 de grava y dos mil 100 de tepetate), que no fue licitado y que las investigaciones indican nunca fue entregado.
Dentro de lo que puede considerarse como una lucha de camarillas, el subprocurador Renato Sales Heredia dio a entender que Hidalgo López es socio de Carlos Ahumada. Debe investigarse, sin duda, quiénes son el resto de integrantes de este grupo, como también quiénes son aquellos a los que protegen la contralora Luján, el procurador Bernardo Bátiz y la jefatura de Gobierno.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Ya cargaron los dados en el PRI-DF

2004-06-01T15:22:00.000-05:00

(2004-06-01)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040601042213

Ilusionados como aquellos millones de ciudadanos que compran el Melate cada semana, con la esperanza de que la fortuna les depare un cambio económico en sus vidas, miles de militantes priístas tenían el anhelo de ver un cambio en la forma de hacer política en su partido. Pero a lo largo del fin de semana comenzó a correr el rumor en distintas direcciones, donde se daba cuenta de que los dados ya fueron cargados a favor de uno de los muchos precandidatos, y la decisión de quién será el presidente del PRI en el Distrito Federal ya no será de los militantes, sino de las negociaciones y arreglos de las cúpulas.
Hubo especulaciones en torno a que finalmente María de los Ángeles Moreno Uriegas había logrado negociar con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para no ir a una elección de cara a la población, sino dirimir la contienda de acuerdo con los intereses particulares de ambos.
Así, la ex presidenta del PRI nacional obtendría el liderazgo del PRI en el DF para catapultarse hacia la candidatura por la jefatura de Gobierno para 2006, mientras el líder local del Movimiento Territorial no tendría que acogerse a la convocatoria donde uno de los candados contenido en la base sexta es no encontrarse sujeto a proceso penal ni (haber sido) indiciado por delito alguno.
En 1999 no pudo contender a la presidencia del Comité Distrital 23 de Iztapalapa, precisamente por el proceso penal en su contra, que derivó en una orden de aprehensión por el delito de despojo agravado, debido a la invasión del predio Las Minas. Además hay otras cinco denuncias en su contra por los delitos de despojo, lesiones, amenazas y robo.
Pero la negociación no fue con Moreno Uriegas, sino directamente con Roberto Madrazo y sus operadores.
Así que el elegido es el empresario Vicente Gutiérrez Camposeco, actual secretario general del PRI-DF, quien anteriormente fue subsecretario federal de Turismo, presidente nacional de Canacintra, delegado político en Azcapotzalco en 1994-1997, socio de la Unión de Crédito de la Industria de la Transformación, Comercial y de Servicios junto con Jorge Kahwagi Gastine y Vicente Yáñez, también ex presidentes de la Canacintra, y, sobre todo, cercano a Óscar Espinosa Villarreal y Elba Esther Gordillo.
Operará la elección Enrique Izquierdo, presidente Nacional de la Fundación Carlos Alberto Madrazo, quien pasea a Gutiérrez Camposeco a todas las reuniones que tiene con militantes del PRI en el DF. Una de ellas, la celebrada el sábado 8 de mayo en la delegación Tlalpan, donde sin ningún motivo el secretario del partido y candidato tomó la palabra.
A la par de esta decisión, ya no habrá credencialización, como tampoco comités distritales, sino únicamente 16 comités delegacionales.
Entre los múltiples descontentos con el estado de las cosas se encuentra el militante del IV Distrito, Vicente Díaz Esparza, quien pegó un cartel en la sede del PRI-DF donde denuncia, entre otras cosas que "para postularse a los cargos de directivos delegacionales, los que manejan el partido a su antojo han puesto unos candados irrompibles y sólo podrán postularse los que tienen en sus manos las directivas distritales o los que tienen el apoyo de estos".

Addendum

Ahora resulta que el muerto redivivo pide reglas claras para la sucesión presidencial. Andrés Manuel López Obrador dijo que a nadie conviene que haya descalificaciones o que se beneficie con el aparato del Estado a un candidato en particular, por lo que es importante impulsar la reforma electoral. Sin duda, Felipe Calderón Hinojosa debe recibir no sólo un extrañamiento sino, quizá, otro tipo de sanción. Pero el jefe de Gobierno del Distrito Federal está en campaña por la presidencia desde el 5 de diciembre de 2000, cuando ocupó el cargo que hoy tiene.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

¿Quién protege a Jáuregui Aguilar?

2004-05-31T22:33:00.000-05:00

(2004-05-31)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040531031849

El gobierno del Distrito Federal hace oídos sordos a una serie de denuncias hechas por sus propios trabajadores y también particulares, en contra de algunos funcionarios que, sin embargo, continúan en el usufructo de su cargo desde donde operan para sí mismo o para otros y se hacen inmensamente ricos.

Uno de ellos es Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y su sucesor el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Veamos: El ingeniero Arsenio Sánchez Martínez, en ese entonces trabajador de la DGCOH lo denunció en julio de 2003, ante la contralora general del DF porque pedía a los contratistas entre el 10 y el 15 por ciento del monto de los contratos de adjudicación directa.

El ingeniero Miguel Ángel Torres fue congelado y posteriormente renunciado (es decir, se le obligó a presentar renuncia) por negarse a firmar una estimación por aproximadamente 7 millones de pesos a favor de la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), por trabajos inexistentes y, por lo tanto, improcedentes.
Cuando Jáuregui fue subdirector de túneles de la DGCOH tenía como aviadora a María Berenice Tena Ferrigno, a quien le otorgaba horas extra sin siquiera presentarse a trabajar a su horario normal.
SB Construcciones de México y su administrador único, Salvador Silva Contreras, presentaron denuncias administrativas y penales ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia, donde demandaron investigar a los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Cotrisa para despojarlo de la obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.
El biólogo Roger Morales detectó y denunció que por orden de Santiago Jáuregui Aguilar en el SACM se almacenan en bodegas clandestinas herramientas, refacciones y maquinaria inexistentes en inventarios e innecesarias, para luego darles trámite y cobrarlas.
Desafortunadamente todas estas denuncias en contra del Director de Construcción del SACM no han sido investigadas. ¿Quién protege a Jáuregui Aguilar? ¿Su jefe Antonio Dovalí Ramos, la contralora Bertha Luján, el oficial Mayor Octavio Romero Oropeza? ¿Quién evita que la honestidad valiente sea una realidad?

Addendum

Sin bien ha sido difícil el parto del Consejo de Información Pública del DF, también se debe reconocer que los representantes de los órganos autónomos se han constituido en factores fundamentales para encauzar los trabajos del naciente organismo. La mayoría de las propuestas objetivas que ahora forman parte de su reglamentación interna surgieron de ellos, tal vez por su experiencia dentro de órganos colegiados como son el Instituto y el Tribunal Electoral capitalinos. El representante de este último, en la pasada reunión, propuso puntos estratégicos para el adecuado funcionamiento de un órgano, también autónomo, como es el Consejo de Información. Ellos fueron la creación de una Contraloría Interna, una Comisión de Vigilancia y Administración, así como la regulación de las excusas y los requisitos que deben cumplir tanto el secretario técnico como los directores de área para la incorporación al organismo. Finalmente, aceptado el reglamento interno están sentadas las bases y podrán comenzar a fluir los recursos financieros para que se haga realidad el funcionamiento de la institución y pueda cumplir con su objetivo: transparentar y dar acceso a la información que poseen las instituciones públicas de la capital del país… Luego de que las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública de la ALDF se declararon en sesión permanente para analizar la remoción del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán, éste fue visto por la noche en un discreto rincón de los Bisquets Obregón de Eje 5 y Coyoacán, nada menos que con uno de sus jefes políticos: Marcelo Ebrard, seguramente para conocer la estrategia que realizarán para evitar la picota en un coto de ese grupo, donde el fuerte es Joel Ortega Cuevas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Sombrerazos en el Consejo de Información

2004-05-27T22:30:00.000-05:00

(2004-05-27)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040527060456

La nota del Segundo Pleno del Consejo de Información Pública del Distrito Federal fue la completa desorganización, enfrentamiento de intereses, descalificaciones y casi total incapacidad de los consejeros ciudadanos para llevar adelante la reunión, lo que llama a presumir un rotundo fracaso del organismo que debería velar por el derecho de la ciudadanía a estar informada de la forma como son manejados sus recursos.
El presidente Gustavo Velásquez, además de su dependencia total de la contralora Bertha Luján, demostró carencia de carácter y excesiva torpeza para conducir ese tipo de sesiones; las consejeras Odette Rivas y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, por su parte, se mostraron incapaces para argumentar, faltas de experiencia y también de habilidad para tratar los asuntos, al punto que, por ejemplo, presentaron reclamos desproporcionados; peleaban que el Secretario Técnico no tuviera voz en el pleno, lo cual es imposible porque tiene que dar cuenta de los asuntos que se resuelven.
Este tipo de posiciones las hizo ver más como golpeadoras o instrumentos de los partidos de oposición, que como consejeras ciudadanas. En este punto, es importante resaltar que como se vio el martes, de ciudadanos ninguno tiene nada. Velásquez del lado del gobierno y Rivas y Pérez-Jaen en su contra, lo cual llevó al pleno a la ruptura.
Del futuro del Consejo de Información, sin duda, serán responsables el Gobierno del Distrito Federal que nunca quiso crearlo y, cuando por presiones políticas finalmente aceptó, los integrantes de la Asamblea Legislativa, por la irresponsabilidad para hacer los nombramientos de aquellos funcionarios que representarán a la “sociedad”.
Así que cuál transparencia, cuando cada uno de los integrantes tiene intereses. Además, no hay precedente en el país de que quienes van a ser vigilados son los mismos que forman el consejo de vigilancia.
Por lo demás, se pudo recrear un escenario como aquel IFE cuando Gobernación lo presidía y la mayoría de los representantes eran del PRI. Una arrasadora al interior donde se imponía el punto de vista del gobierno.
Cerca de nueve horas duró la sesión donde discutieron artículo por artículo el proyecto de reglamento interior que va a definir la forma cómo se va a organizar el Consejo. Así, los puntos que mayor controversia generaron fueron las facultades de su propio Presidente, los procedimientos para nombrar al contralor, a los directores de área y de personal. Así pues, quedó definido que el presidente va a presentar al Contralor y su designación se aprobará por mayoría calificada, mientras las de los directores de área por mayoría simple. Los demás cargos serán seleccionados mediante convocatoria.
Habrá en total cuatro coordinaciones: jurídica, informática, capacitación y administración, y vinculación institucional.

Addendum

En aras de la equidad me solicitó el periodista Ramsés Ancira informar que acudió “al presidente del Consejo de Transparencia para solicitarle apoyo en las peticiones de acceso a la información números 019 y 020. Esto fue mediante llamada telefónica a las once de la mañana, el señor Velásquez me informó que apenas estaba instalando su oficina pero tomó nota, siete horas después me hablaron para decirme que ya tenían respuesta y como el teléfono estaba ocupado por usarlo en Internet me enviaron un correo electrónico”… Florentino Castro, líder estatal del PRI en el DF, envió una carta al presidente del PRD, Leonel Godoy, con copias para Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas, a los dirigentes del PRD y del PAN en la capital, y a los coordinadores de las bancadas de los partidos en la Asamblea Legislativa. El dirigente expone a Godoy su solidaridad con la queja de que al PRD, el Ejecutivo Federal no los ve ni los oye. Y somos solidarios, añade Castro López, porque en el Distrito Federal, el Ejecutivo local tampoco nos ve ni nos oye, ni al PRI, ni a nadie de la oposición”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Tubos contaminados en el SACM

2004-05-26T22:28:00.000-05:00

(2004-05-26)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040526034708

La labor de los órganos de control se remite a vigilar que los actos de los funcionarios públicos se realicen conforme a derecho y en defensa del bien común, en cualquier caso, los intereses de la ciudadanía.
Por tal motivo, en cualquier materia donde existan dudas sobre la actuación de los servidores públicos, debe ser investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias. Sobre todo si aquella pudiera afectar la salud de las personas.
Tal es el siguiente caso que debe ser investigado por la Contraloría General del Distrito Federal:Funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México –de hecho el director de contratos, Arturo Soto Bermúdez--, firmaron el visto bueno para la compra de un tubo de acero contaminado por su anterior uso en una petroquímica, para transportar agua potable a la delegación Iztapalapa, además de que no cumplía con las especificaciones exigidas.
La contratista Merot, SA de CV se adjudicó el contrato 2-07-CO-04-2-0310 para colocar un tubo de acero de ¾ de espesor, comprado a la empresa Miracero, SA de CV, la cual lo tenía como desecho porque era material proveniente de una petroquímica de Tampico, además de estar visiblemente contaminado.Sin embargo, para venderlo simplemente le tomaron radiografías para analizar las soldaduras y lo rellenaron en el área desgastada, con plasta automotiva, nunca un análisis para determinar su grado de contaminación, si la hubiera, de acuerdo con información de trabajadores que estuvieron cerca de la obra comentada y que decidieron hacerse a un lado, luego de denunciar el hecho.
En la presunta irregularidad participó también la empresa supervisora Are y Asociados, SA de CV (contrato 2-07-CO-04-3-0367), a pesar de que el conducto tampoco cumplía con las especificaciones de espesor, ya que en sus distintos tramos ubicados en la zona de la subdirección región Sur, sector 2 ubicado en Xotepingo, tenía medidas de 3/4, 1/2 y 5/8 de pulgada. El tubo de 120 metros de longitud se encuentra ubicado desde el entronque de la válvula en las avenidas de División del Norte y Pacífico, hasta la descarga en la calle Árbol de Fuego.
De esta anomalía tuvo conocimiento el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Antonio Dovalí Ramos, y en un momento dado fue detenido el pago a la empresa vendedora, con domicilio en Tultitlán. Empero, después de algunas semanas de discusiones, fue pagado y se encuentra en funcionamiento.
Este es un asunto del que también debe tomar conocimiento la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Addendum

Para investigarse también. Denuncia el diputado perredista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Julio César Moreno Rivera, que pese a los niveles de hacinamiento que atentan contra el derecho a la vida digna en reclusión y significan un riesgo real para la gobernabilidad en el sistema penitenciario, muchos internos duermen en el suelo, debido a que hay más de mil camas que no pueden ser utilizadas por los más de 4 mil 627 internos que se encuentran confinados en los reclusorios de la ciudad, debido a que hay una querella desde hace cinco años con los productores de los muebles. ¿Será que este asunto no le interesa a nadie porque los reos no tienen derecho a ejercer sus derechos ciudadanos, es decir, no pueden votar?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Alerta en Consejo de Transparencia

2004-05-25T22:25:00.000-05:00

(2004-05-25)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040525031119

En las últimas semanas en este espacio hemos documentado cómo funcionarios capitalinos se han dedicado a saquear las arcas del Gobierno del Distrito Federal con la complacencia, si no es que la bendición y por orden, también, del jefe de Gobierno.
En el Sistema de Aguas de la Ciudad de México duplican contratos, compran grúas que no corresponden a su labor, entran en componendas con empresas particulares, boicotean, presionan y persiguen a los trabajadores que no están de acuerdo con entrarle al carro de la corrupción, lo mismo que en el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vialidades (Fimevic)
El jefe de Gobierno fustigó el 28 de marzo a los que "siempre han saqueado al país, los que se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder público" y que ahora quieren erigirse como jueces o paladines de la transparencia y la honradez.
Recuerdo esto porque las consejeras ciudadanas del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez-Jaen Zermeño y Odette Rivas, enviaron a este servidor una alerta urgente al acto de apropiación que la contralora Bertha Luján hará esta mañana del instrumento de transparencia de la ciudad.
Dicen que Luján "intentará imponer su propuesta de reglamento interno, con lo cual quedaría cancelada la autonomía y la imparcialidad del Consejo de la Transparencia del Distrito Federal", porque no sólo tendrá mayoría en el Consejo, sino que ahora "pretende controlar toda la vida interna de esta institución"; con la exclusión de las decisiones internas del consejo a la representación ciudadana, pues a las consejeras ciudadanas sólo "se les asigna una participación marginal en algunas comisiones, sin ningún poder de decisión y sin conocer los recursos de inconformidad que presenten los particulares, cuando la información les sea negada".
Con esta actitud, afirman, a) la jefatura de Gobierno se apropiará de la vida interna del consejo; b) empantanará la transparencia y secuestrará el derecho que tenemos de saber qué hace el gobierno con nuestros impuestos, cómo lo hace y por qué lo hace; c) demuestra el Gobierno del Distrito Federal que tiene miedo a la transparencia por los actos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos meses; d) no se respeta la autonomía necesaria para garantizar imparcialidad y objetividad, y e) el presidente del Consejo, Gustavo Velásquez, "con sus actitudes y su subordinación a Bertha Luján pone en riesgo un derecho exigido, desde hace mucho tiempo, no sólo por los habitantes de la capital, sino por todas las personas que soliciten la información en posesión de los órganos de gobierno del Distrito Federal".
La oposición denunció, antes de su imposición a fines de febrero, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján, y preveían que su nombramiento era una artimaña más del jefe de Gobierno para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF, de la que ha sido renuente.
Andrés Manuel López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los consejeros. Renunció Leoncio Lara y en su lugar se impuso a Velásquez.
Sin embargo, el Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y, por tal motivo, cada vez que se presenta la oportunidad da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del consejo.
"No es necesario", dijo López Obrador, la primera ocasión. Desde su propia perspectiva, todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. "¿Para qué?".
Otra de sus excusas fue que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel... muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo en aquella ocasión.
Hoy se definirá, sin duda, el instrumento más importante de control en la ciudad. Esperemos que haya congruencia de Bertha Luján y el resto de consejeros no ciudadanos. O al tiempo caerá la ignominia sobre todos ellos.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Más del sabotaje a favor de Cotrisa en el SACM

2004-05-24T22:21:00.000-05:00

(2004-05-24)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040524033848

El pasado día 12 relatamos en este espacio cómo el administrador único de SB Construcciones de México, Salvador Silva Contreras, se inconformó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del DF contra los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) para despojarlo de una obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que se le hubiera dado respuesta.
Este viernes recibimos una comunicación de Silva Contreras donde relata lo siguiente:
Santiago Jáuregui Aguilar “ha declarado una sarta de mentiras, infundios y calumnias ante una autoridad y bajo protesta de decir verdad, en contra de mi representada y de mi persona, tales como que asegura que: se llevó a cabo una “junta” en sus oficinas el día 10 de octubre de 2003, a las 18:00 horas, en la cual estuvimos presentes el mencionado Ing. Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; el Ing. H. Ricardo Gutiérrez de Alba, en ese entonces Subdirector de Construcción “A”; el Ing. Francisco Zárate Castillo, jefe de la Unidad Departamental de Construcción “B-2”, como representantes del SACM, además el Arq. Andrés A. Beltrán Vildosóla de la (empresa) supervisora contratada (externa) y un servidor, Arq. Salvador Silva Contreras como representante Legal de SB Construcciones de México, S. A. de C. V., para proponer a la empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. para que me “ayudara” a terminar la obra, porque mi empresa no podía, debido a su falta de liquidez (que él Ing. de marras provocó)”.

Afirma Silva Contreras que “el hecho mencionado nunca ocurrió”, además de que “es preciso recordar que él Arq. Andrés A. Beltrán Vildosóla fue quien mediante el oficio de fecha 17 de Octubre de 2003, le informó al Ing. Antonio Dovalí Ramos, director General del SACM, la serie de irregularidades no imputables a mí representada, en las que incurrieron los mencionados Ings. Santiago Jáuregui Aguilar, H. Ricardo Gutiérrez de Alba, Francisco René Zarate Castillo y la Empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. (“consentida” del SACM); afortunadamente dicho documento es parte integral de mi denuncia, junto con la fe de hechos notariada y las copias de la denuncia ante la Contraloría Interna del SACM y la Contraloría General de GDF”.
El empresario de la construcción añade que “las mentiras del Ing. Santiago Jáuregui Aguilar, caen por su propio peso. Habla de retrasos en la ejecución de la Obra, pero no aclara que no son imputables a mí representada como en su momento ha quedado demostrado, por su negligencia en el ejercicio de la Función Pública para la cual se empleó (…) Como muestra, baste mencionar que si el retraso o los retrasos que él argumenta, fueron por causas atribuibles a mí representada, solo tenía que aplicar la Ley de Obra Publica y las sanciones que marca mi contrato, en los cuales se establecen claramente los procedimientos relativos a sus falsos supuestos, pero como no existía tal justificante, procedió a sabotear mi contrato y obra, como hemos hecho constar ante la Contraloría Interna del SACM, la Contraloría General del G. D. F., la Secretaria del Medio Ambiente, la Jefatura de Gobierno del D. F. y la PGJDF”.

Addendum

Hoy a las 13:00 en el Centro de Comunicación Social (Cencos), la plataforma mexicana contra la guerra No en Nuestro Nombre demandará al Gobierno de Vicente Fox la "ruptura inmediata" de las relaciones diplomáticas con Israel por la "dolorosa y agresiva ofensiva" del Gobierno de Ariel Sharon contra la población civil palestina en Rafá y la franja de Gaza, en consonancia con las decisiones en torno al franquismo, el apartheid y el pinochetismo. La cita es en Medellin 33.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Mil 300 desacatos más de AMLO

2004-05-21T22:18:00.000-05:00

(2004-05-21)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040521033723

El desacato al mandato judicial sobre el predio El Encino no es un caso aislado. La total falta de respeto a los mandatos jurisdiccionales por parte de la actual administración del Gobierno del Distrito Federal es una práctica recurrente, y si otros casos de desacato no se conocen hasta el momento, es porque, quizá, los intereses no son de grandes empresas inmobiliarias que tienen posibilidades de mover a funcionarios encargados de la procuración de justicia e, incluso, a la prensa, sino que son simples —la palabra se utiliza porque así los ven— trabajadores de la administración local.
En la mesa de trámite número 11 a cargo del Agente del Ministerio Público, Fernando Argüelles Martínez, se encuentra desde el 9 de diciembre de 2003 una denuncia por desacato en contra de Andrés Manuel López Obrador y sus subalternos, quienes se niegan a dar cumplimiento al expediente 2312 resuelto en definitiva por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde mediados de 2002.
El laudo de la autoridad jurisdiccional dio la razón a la trabajadora Adela Hernández Silva, a quien deben pagar la retención de salarios por tiempo ordinario y extraordinario correspondientes al ejercicio de 2001 y salarios caídos, en un monto de 369 mil pesos.
En la denuncia a la que el MP le dio el número de averiguación previa 1668/RN/2003 el pasado 16 de febrero, el representante de la trabajadora, Oscar Gutiérrez Ramos, afirma que a López Obrador no sólo se le reconoce por sus nombres y apellidos, sino también por el alias de El Peje.
El de Adela Hernández Silva es sólo un caso de los alrededor de mil 300 laudos otorgados a favor de los trabajadores por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en contra del Gobierno del Distrito Federal, que no han sido cumplidos.
También por desacato presentaron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, entre otros, Martha Silvia Fuentes Rangel, Citlalli Millán Morales, un grupo de trabajadores de la sección 17 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) y los hermanos David y Guadalupe Gutiérrez Muñoz, quienes obtuvieron el amparo de la II Sala del aparato de justicia laboral.
Además fueron abiertos otros expedientes en la PGR en días pasados, como fueron los de Agustín Lobato sólo y con otros los días 28 de abril y 4 y 10 de mayo con los folios 03195, 03574 y en la PGJDG en la mesa de trámite 11 con folio 2395. Además el de Alejandro Enríquez Gutiérrez con número de folio 3389.
En los siguientes días prevén abogados de trabajadores que presentarán al menos una veintena más de denuncias por desacato en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Addendum

El diputado local Obdulio Ávila Mayo dio a conocer ayer en conferencia de prensa que presentaría denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de Antonio Dovalí Ramos y el secretario de Obras César Buenrostro, por algunas de las irregularidades que ya fueron dadas a conocer en días pasados en este espacio, como fueron la doble contratación de trabajos en la planta Potabilizadora Agrícola Oriental con CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería y Contrucciones y Trituraciones (Cotrisa) y por la falta de colocación de las placas de ósmosis inversa en la misma obra; además, de la falta de operación de los filtros de ósmosis inversa, ya que como resultado no se puede filtrar el agua potable para permitir su consumo humano; la falta de operación también de la planta de Santa Cruz Meyehualco y el ingreso de tres transformadores sin contrato, con la finalidad de cobrarlos posteriormente con una serie de triquiñuelas…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Un gran Atenco

2004-05-20T22:15:00.000-05:00

(2004-05-20)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040520020546

Las leyes fueron creadas como una forma de regir la vida de una sociedad a partir del acuerdo general, precisamente para evitar que nadie hiciera su sagrada voluntad. Que si están mal hechas o las resoluciones mal fundadas, existen formas de combatirlas a partir del uso de la razón jurídica. Pero no se puede utilizar la fuerza para resolver controversias que atañen a la sociedad.
Sin embargo, el gobierno de la capital y el partido en el poder han llamado a que impere la razón de la fuerza, a riesgo de fomentar un proceso de ingobernabilidad que puede acarrear daños incalculables al proceso de aterrizaje a la democracia que vive el país, precisamente en momentos en que lo urgente debe tener más importancia que lo inmediato.
El PRD en la Asamblea Legislativa anuncia que tomará las calles sin concesiones: Carlos Reyes Gámiz, su coordinador, expresó que “quieren acabar con un proyecto de gobierno que ha sido viable… no nos vamos a dejar, iremos hasta las últimas consecuencias y tope con lo que tope, porque lo último que muere es la esperanza”; una reedición de los postulados guevaristas de “patria o muerte, venceremos”.
El dirigente del PRD en el Estado de México, Víctor Manuel Bautista, anunció que a partir del próximo lunes iniciará una "campaña estatal de respaldo" a Andrés Manuel López Obrador, que incluirá movilizaciones en varios municipios y la difusión de propaganda a su favor en medios de comunicación impresos y electrónicos porque es “uno de nuestros máximos líderes y debemos defenderlo de las agresiones del Gobierno Federal”.
El martes y miércoles iniciaron las movilizaciones de distintos grupos cercanos al PRD en el Distrito Federal. Y así irán haciendo crecer el movimiento, envalentonados con las declaraciones de su precandidato a la Presidencia de la República, quien dice que los jueces coligados con abogados corruptos le harán lo que el viento a Juárez, “y háganle como quieran”, hasta convertir no sólo a la ciudad de México, sino al país entero, en otro Atenco. A eso se llama “Tolerancia Cero”.
Total, si la fuerza de los machetes logró parar la realización de un aeropuerto, ¿por qué una movilización nacional a la par de contribuir a la victimización de López Obrador y aumentar su rating, no lograría que la Cámara de Diputados desechara el juicio de procedencia?
Acostumbrado a estirar la liga, López Obrador está en vías de despertar el México Bronco y meter al país en la total anarquía. La pregunta es ¿Es eso la democracia y un proyecto de gobierno de izquierda?

Addendum

Transcribo un nuevo comunicado electrónico de otro lector que solicitó guardarle el anonimato porque trabaja en el Gobierno del Distrito Federal, donde tiene acceso a información sobre las obras que se realizan actualmente: “Renato: en artículos pasados escritos tan atinadamente por usted, me llamó la atención el publicado acerca de Rioboó, empresa la cual proyectó los pasos a desnivel. Cabe mencionar que en Rioboó trabaja actualmente el seudo-arquitecto Antonio Dovalí Solis, claro el hijo del director de la extinta DGCOH. Este arquitecto, según sé, fue el director del proyecto tan importante (Distribuidor Vial San Antonio), cabe mencionar que no es arquitecto, tendrá escaso 1 o 2 semestres de estudio universitarios. No es posible que para proyectar o encabezar un proyecto de esa naturaleza se lo entregaran a él, debería ser alguien más capacitado. Y efectivamente, los planos entregados para la realización de los concursos eran verdaderamente una porquería, carentes de profesionalismo”…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

¿Dovalí en Rioboó?

2004-05-19T22:12:00.000-05:00

(2004-05-19)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040519030454

Casos como el de Antonio Miguel Dovalí Ramos relatado ayer en este espacio no son nuevos. Han existido siempre, con la diferencia de que hoy esos funcionarios o son más burdos para hacer sus cosas, o no conocen la ingeniería para que no les caigan en sus transas o, también, existen colaboradores que no están dispuestos a seguirles el juego de la corrupción y los denuncian. Pero, sobre todo, hoy, a diferencia del pasado, existen mayores posibilidades en los medios para denunciar este tipo de irregularidades.
Y por el mismo motivo también hay ex trabajadores de estos funcionarios y lectores interesados en dar a conocer hechos que son de su conocimiento. Así, un ingeniero del que me reservo su nombre porque se encuentra en un litigio contra el Sistema de Transporte Colectivo, nos relata cómo al parecer Dovalí Ramos no sólo tendría intereses en su propia empresa AD Constru-Consulta, sino también en otras firmas ligadas a las obras que realizan las dependencias públicas. A continuación les dejo el relato de este profesionista, enviado al correo de este espacio el 4 de mayo pasado:
“Renato Consuegra: Respecto de su interesante artículo titulado Descubierto, el constructor personal de López, el cual es bastante completo y verídico, al respecto me permito comentarle que la empresa Rioboó fue en un tiempo empresa supervisora de la obra del Metro, cuando estaba el PRI-gobierno en el extinto DDF; se ve que ya cambiaron de amo. Pero eso no es todo, ya que, por rumores que circulaban cuando un servidor colaboraba en la extinta obra del Metro (duré doce años activo, de 1991 al 2003, año en que López nos dio la clásica patada en el coxis), ésta empresa Constructora Rioboó, tenía y tiene entre sus accionistas principales, nada más ni nada menos que al antiguo Director General de la Dirección de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC), y actual director de la Comisión de Aguas del DF (antes DGCOH), Ing. Antonio Dovalí Ramos, fascista famoso también por despedir trabajadores arbitrariamente”.
Y sigue la denuncia pública de este trabajador: “Como usted sabe, es difícil comprobarlo, en virtud de que utilizan prestanombres, además de efectuar actos legaloides para cubrir tal situación; se debe investigar también al hijo del mismo mencionado funcionario, de igual nombre y apellido (Antonio Miguel Dovalí Solís) dado que también figuró en la realización del proyecto de los pejedistribuidores; pero vaya, esto corresponde a la "Tapaduría" (Contraloría). Los acusa uno de ratas más no de pentontos. No cabe duda, de que los esbirros de la honestidad valiente también saben sacar raja de las mieles del poder y tapar sus transas, como cuando un gato termina de defecar. Gracias y saludos”.
¿Y la Contraloría General del Gobierno del DF? Claro, nada sabe. ¿Para qué? Y cuando desde el exterior del Gobierno se descubre a los corruptos, resultan ser ataques, no denuncias.

Addendum

El reportero Andrés Becerril de Milenio descubrió que el 28 de abril de 2002, Arturo Hidalgo López sufrió inhabilitación de la Secodam por tres años, al formar parte de los “19 funcionarios federales involucrados y sancionados por las adquisiciones irregulares y pagos indebidos en la
Policía Federal Preventiva, que provocaron un daño patrimonial superior a los seis millones de pesos”, cuando el comisionado del organismo era Wilfredo Robledo. Las irregularidades fueron por la compra de 12 aviones y la autorización directa de diversos contratos sin licitación pública. Como director general de Administración de la delegación Tláhuac, Hidalgo López validó compromisos de obra pública por más de 300 millones de pesos y soslayó sobreprecios millonarios a favor del Grupo Quart de Carlos Ahumada, hasta antes de su destitución el 31 de marzo pasado.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

AD Constru-Consulta de Antonio Dovalí

2004-05-18T22:08:00.000-05:00

(2004-05-18)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040518021240

El siguiente es un caso más de los muchos que existen dentro de la administración pública del Distrito Federal, pero del que las personas responsables de darles seguimiento, analizar las irregularidades y sancionar a los servidores públicos, simple y sencillamente los soslayan.
Desde su cargo como director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y de su antecedente la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), Antonio Miguel Dovalí Ramos no sólo permite que sus colaboradores se llenen los bolsillos de dinero a costa del erario de la ciudad, sino que con su empresa él mismo participa en esta serie de triquiñuelas para hacerse ricos a costa de los habitantes del Distrito Federal, puesto que es conocido entre la gente trabajadora de aquel organismo que en un acto de simulación “vendió” junto con su familia el 100 por ciento de las acciones de AD Constru-Consulta a sus prestanombres y trabajadores Jesús Manuel Delgado Ibarra e Ignacio Chávez Vega.
La maquinación fue realizada con el fin de no ser acusados de conflicto de interés porque el ingeniero Dovalí Ramos es finalmente el responsable de dar el visto bueno a las contrataciones en el Sistema de Aguas.
Desde que Antonio Miguel Dovalí Ramos se unió a la función pública como jefe de la DGCOH en 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2001 (fechas hasta la cual existen documentales probatorias) entregó 14 contratos de supervisión de obra a su empresa por un valor de 1 millón 935 mil 472.59 pesos, de acuerdo con los documentos internos del Sistema de Aguas en poder de esta columna. Pero la compañía de Dovalí continuó inscrita dentro de la relación de personas físicas y morales aprobadas en el registro de Concursantes para proveer de servicios al GDF en los años 2002 y 2003, según la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de enero de 2004.
La empresa AD (Antonio Dovalí) Constru-Consulta fue constituida el 7 de julio de 1993 ante el Notario Público No. 46 en Tlalnepantla, Horacio Carvajal Moreno, con el 90 por ciento de las acciones a nombre del director del SACM, cuatro por ciento para su esposa, la señora María Eugenia Solís Cortés, y con uno por ciento cada uno de sus seis hijos de nombres Antonio Miguel, Francisco, María Eugenia, Ruth, Georgina Isabel y Claudia.
El 12 de marzo de 1998 en la misma Notaría Pública, compareció Arturo López Valdés en su calidad de representante de la familia Dovalí Solís para certificar la venta total de las acciones a Jesús Manuel Delgado Ibarra e Ignacio Chávez Vega, quienes eran sus trabajadores y quedaron con 75 y 25 por ciento, respectivamente, siendo nombrado Delgado Ibarra como administrador único de la sociedad y cambiada la forma de operarla que era por conducto de un Consejo de Administración. El día que Dovalí salga del GDF, las cosas volverán al momento de su creación en julio de 1993.
AD Constru-Consulta obtuvo dos contratos en 1998; ocho en 1999, dos en 2000 y otro tanto en 2001.
En 2000 supervisó los trabajos de extracción de tule y lirio acuático en los brazos izquierdos y derechos del Río Churubusco, así como obras auxiliares y complementarias en Venustiano Carranza, además de la adaptación de 1590 metros de la línea de conducción de agua potable de 12 pulgadas de polietileno de alta densidad, del rebombeo del panteón San Lorenzo a prolongación San Isidro.
En 2001 estuvo en la supervisión de las cajas para la instalación de válvulas de control de presión y secionamiento de circuito de Agua Potable en las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras; además de los trabajos de desazolve de la regulación mayor de Iztapalapa.
¿Sabe de esto Andrés Manuel López Obrador?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

PRI-DF, nada nuevo

2004-05-17T22:07:00.000-05:00

(2004-05-17)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040517034446

Gente cercana a María de los Ángeles Moreno afirma haberle advertido que la tarea a la cual se ha metido para recuperar el Distrito Federal para el PRI, no sólo será agotadora si pasa el primer gran obstáculo el último domingo de agosto, cuando elijan a su próximo presidente en esta ciudad, sino que será una empresa casi imposible en estos momentos y podría convertirse en su tumba política.
Fina frente al resto de sus contendientes, dice de ella Marco Antonio Flota, especialmente ante el “corriente” Jorge Schiaffino, es precisamente esa su principal barrera en un Distrito Federal que corre el riesgo de lumpenproletarizarse. Es tan fina que nunca estuvo cerca de la gente.
Más que líder política, ha sido operadora del poder desde la Secretaría de Pesca, la Cámara de Diputados, de Senadores, Asamblea Legislativa e, incluso, la presidencia Nacional del PRI. Siempre ha recibido órdenes qué cumplir.
Consentida por el grupo político al que pertenece, María de los Ángeles Moreno tendrá que luchar ahora si, verdaderamente, por los votos de los ciudadanos en el Distrito Federal si quiere aspirar a ser Jefa de Gobierno.
Pero reposicionar al PRI en el DF no será tan sencillo. A diferencia de distintos estados en la República donde los gobernadores continuaron como elemento aglutinador del Partido Revolucionario Institucional, el Distrito Federal fue dejado a la deriva, y sus bases se desarticularon o simplemente cambiaron de color por el abandono del propio partido en los momentos económico-sociales más inquietantes de la administración federal anterior encabezada por un príista.
Ella misma ha dicho que "hay necesidad de un partido muy sólido, muy fuerte y creíble que se vea como un partido honesto, que lleve a las mejores figuras y candidatos a la competencia y que gane convenciendo por el trabajo anterior".
Pero el trabajo anterior de Moreno ha sido, incluso, severamente cuestionado por muchos de sus correligionarios quienes le reclaman haberse acercado en demasía con el PRD, partido al que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le permitió casi todo, pese a tener un expediente bastante amplio de las irregularidades cometidas por Armando Quintero con el presupuesto de la Comisión de Gobierno durante la anterior legislatura.
Del otro lado está Schiaffino a quien Flota retrató en una palabra, pero también Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, balconeado el año anterior por Reforma debido a sus gustos de hacerse acompañar por edecanes-acompañantes-novias pagadas con el presupuesto de la ALDF donde era diputado local o del Movimiento Territorial del PRI. Nada que aliente un discurso serio, responsable, y no por austero inteligente, por el contrario, con Gutiérrez de la Torre sólo se podría esperar la profundización de una oposición confrontadora.
Estas son las dos opciones del PRI en el DF porque nadie ha promovido el crecimiento de nuevos liderazgos, con una expresión fresca, pero sobre todo inteligente y con visión de mediano y largo plazo.
En el caso de María de los Ángeles Moreno, su compromiso actual va de la mano con su aspiración a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, no como un proyecto real para reposicionar a un partido que, por otro lado, es responsable junto con sus dirigentes de muchas de las circunstancias que hoy vive nuestro país, entre ellas el limitado acceso a la transición a la democracia.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Corrupción en el Sistema de Aguas

2004-05-14T22:05:00.000-05:00

(2004-05-14)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040514034858

En su calidad de Jefe de Unidad Departamental del Almacén Central del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Roger Morales Hernández comenzó a poner en orden todo lo que, por la anarquía imperante, era susceptible de ser aprovechado para beneficio propio y de los jefes, por lo que, por no entrar al juego de la corrupción del organismo, este paisano de Andrés Manuel López Obrador nacido también en Macuspana, comenzó a ser hostigado, según el oficio SACM-CEA-DRM-SA-UDAC-248/2003 de fecha 28 de noviembre de 2003, donde da a conocer varias irregularidades al director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, Javier Núñez López:”… la posición que mi jefe inmediato (Juan Carlos Vázquez Hernández) ha manifestado es bastante clara, en el sentido de no pertenecer al grupo de la Oficialía Mayor (comandado por Octavio Romero Oropeza) y, por ende, le resulta difícil trabajar con subordinados que no son de su confianza absoluta (…) Resultado de esta posición infrainstitucional me sugirió que requería una cuota económica, ya que usted se lo estaba solicitando, asimismo, me comentó que lo pensara bien, pues era necesario saber mi posición al respecto. A todo esto le comenté que yo no creía que el Lic. Núñez fuera capaz de eso, pues yo lo conozco y se de su formación ideológica y profesional, así como su compromiso con este gobierno. Después de haberle externado mi sentir, me argumentó, finalmente que decidiera entre ser de su confianza o que le entregara mi renuncia”.
Además, “debido a la situación que se presenta, considero necesario hacer de su conocimiento, que (…) se han realizado dos denuncias por intento de robo, mismas que se han consignado al área jurídica de esta institución, a consecuencia de esto, he recibido una serie de amenazas anónimas como directas. Este último caso, me refiero al de algunos proveedores a quienes, por el hecho de no aceptarlos los materiales que no cumplen con el contrato, me han agredido de forma verbal. Tal situación la hice del conocimiento del arquitecto Juan Carlos Vázquez, en tiempo y forma, a través del oficio SACM-CEA-DRM-UDAC-223/2003 de fecha 13 de noviembre de 2003, quien al respecto ha hecho caso omiso”.
“Asimismo, se detectó una bodega extramuro que no estaba reportada en los inventarios del almacén central, y que a la fecha el área jurídica del Sistema da seguimiento, dicha bodega se encontraba dentro de las instalaciones de la Unidad Departamental de Maquinaria y Transporte de este Sistema”.
Para finalizar, Roger Morales ofrecía a su superior Javier Núñez López, “cuando usted lo requiera, evidencias documentales que sugieren el escaso compromiso y la falta de voluntad política del ingeniero Vázquez para con este proyecto de gobierno democrático, así como su intento por desestabilizar el almacén central del Sistema de Aguas de la Ciudad de México”.
Sin embargo, nunca fue escuchado.

Addendum

Que la contadora María de la Luz Mijangos se ha convertido en un instrumento del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y de René Bejarano, para golpear o ablandar a los diferentes funcionarios o corrientes dentro del PRD. Mijangos habría filtrado los documentos del “cochinito” de Rosario Robles a Federico Doring. De la misma forma fue ablandada Guadalupe Chavira para que votara por la permanencia de Mijangos en la Contaduría Mayor de Hacienda, además de dejar la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD, cuando el 28 de abril fue filtrada a varios medios información sobre las auditorías que se le siguen por su gestión en Milpa Alta, que involucra 4 millones de pesos en irregularidades.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Un caso. Complot contra funcionarios “incómodos”

2004-05-13T22:01:00.000-05:00

(2004-05-13)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040513024759

La que a continuación les voy a relatar es una historia que pinta completa, y sin matices, la forma cómo funciona la honestidad valiente del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus principales operadores políticos y administrativos.
Pero, sobre todo, cómo gente de su mismo entorno avisa de la evidente corrupción y en lugar de investigar y poner un alto a estas prácticas que dañan el erario de la ciudad, tanto Andrés Manuel López Obrador como la contralora Bertha Luján y demás funcionarios arman complots para quitar de su camino a quien tiene la valentía para denunciarlos.
Roger Morales es un joven biólogo nacido en Macuspana, Tabasco, titulado de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco, quien un año después de su graduación universitaria comenzó a trabajar cerca de su paisano Andrés Manuel López Obrador en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Al triunfar en la ciudad de México en 2000, fue invitado a integrarse al equipo del también tabasqueño Octavio Romero Oropeza, en la dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del GDF.
Meses después lo enviaron a formar parte de la Subdirección de Recursos Materiales de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, donde durante su estancia quitaron a Maritza García Martínez para colocar como subdirectora de Recursos Materiales a Guadalupe Huelgas Cabrera, quien se caracterizó por realizar contratos de adquisiciones sin concurso, firmar ella misma las partes de autorización, elaboración y revisión, donde debe haber tres firmas distintas y otras irregularidades
Roger Morales se creyó aquello de la honestidad valiente y comunicó al director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, Javier Núñez López, lo que sucedía y que tenía una carta documentada del mal manejo de los recursos de la funcionaria en comento, dirigida a López Obrador.
Casi de inmediato fue enviado a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) que meses después pasaría a llamarse Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como Jefe de la Unidad Departamental del Almacén Central. Allí descubrió faltantes por alrededor de 13 millones de pesos, además de maquinaria y 5 mil litros de aceite para automóvil.
Además, se negó a firmar y dar como buenas entregas de los proveedores, quienes en vez de pagar sanciones a la Tesorería por entregas a destiempo, preferían arreglarse con la coordinadora Ejecutiva de Administración del SACM, Luz Herminia Camacho Rivera.
A tal grado llegó el control ejercido por Roger Morales para poner un alto a las irregularidades, que Camacho Rivera llegó a decirle que el director del SACM, Antonio Dovalí Ramos estaba sumamente enojado por la serie de tonterías que realizaba, porque ellos se arreglaban con los proveedores y era un asunto que no le interesaba, pero eso sí, tenía que firmar.
En poder de esta columna se encuentra un amplio expediente donde se dan a conocer todas estas denuncias realizadas ante distintas instancias del Gobierno del Distrito Federal que incluyen, una acusación contra el subdirector del Sistema de Almacenes, Juan Carlos Vázquez Hernández, quien le solicitó una cuota, presuntamente para ser entregada a Javier Núñez López, o de lo contrario que entregara su renuncia.
El paso de Roger Morales por la administración pública del Gobierno del Distrito Federal y el hostigamiento en su contra que llegó a las amenazas de muerte terminó el 31 de marzo pasado, cuando fue corrido de su cargo, sin ninguna posibilidad de defenderse. Los detalles de esta historia fueron entregados en las oficinas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 18 de abril pasado.

Addendum

El pasado viernes la Secretaria del Medio Ambiente recibió un citatorio para presentarse a declarar como testigo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR… Que al parecer entre los DVD perdidos entre el equipaje de Carlos Ahumada viene la prueba del “complot”, que es la grabación realizada por el empresario al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Despojo del SACM a SB Construcciones

2004-05-12T20:46:00.000-05:00

(2004-05-12)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040512143635

Ayer relatamos en este espacio cómo existen empresas que pese a ser violentadas en sus derechos ganados de manera legítima en una licitación pública, prefieren perder dinero, empleos de sus trabajadores y tiempo, con el fin de no ser consideradas “conflictivas” y seguir siendo aceptadas e invitadas a los concursos de obra y adquisiciones de los gobiernos, sean estos federales, estatales y municipales o las empresas paraestatales.
Pero es el caso que SB Construcciones de México y su administrador único, Salvador Silva Contreras, si se inconformaron ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a la cual demandaron una investigación y el consecuente procedimiento administrativo contra los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) para despojarlo de la obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.
Silva Contreras y su empresa ganaron la licitación para realizar “la construcción del cárcamo de bombeo en Anillo Periférico Oriente entre las calles Adolfo G. García y Gersayn Ugarte, incluyendo una caja de derivación y una de control, así como la instalación de 23.50 metros de hincado de tubería de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro en la calle Manuel Rojas, colonia Constitución de 1917”, en Iztapalapa, el 24 de octubre de 2002.
Es el caso de que pese a haber entregado la fianza el día 7 de noviembre y que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México debía entregar los anticipos diez días después, nunca se cumplió este punto del contrato. Incluso, se estipuló que en caso de haber retrasos en la entrega de los anticipos, esto era motivo para diferir en igual lapso el programa de ejecución de la obra.
Sin embargo, el 20 de mayo de 2003 le entregaron el oficio GDF-SCHRN-0019-03-9091 dándole a conocer la terminación anticipada del contrato.
De acuerdo con documentos en poder de esta columna, el motivo fue “por causas de fuerza mayor, consistentes en la falta de recursos financieros con cargos a la Partida Presupuestal Federal del presente ejercicio”. La motivación fue a todas luces irregular ya que el contrato era del ejercicio presupuestal anterior.
Sin embargo, con la promesa de que la obra se le otorgaría por adjudicación directa en el ejercicio presupuestal 2003, Silva Contreras renunció a cobrar los trabajos ejecutados. Se le adjudicó un nuevo contrato el 24 de abril del año pasado, pero volvieron a ocurrir los retrasos en la entrega de los anticipos hasta que el 16 de octubre Gutiérrez de Alba se presentó a decirles que a partir de esa fecha la obra la realizaría la empresa Cotrisa, por lo que él y los trabajadores de su empresa debían retirarse.
En su denuncia a la contralora Bertha Luján, Silva Contreras explica que “este hecho por sí solo demuestra la sospechosa e irregular actuación del personal del Sistema de Aguas del Distrito Federal, cuyas conductas deben ser del conocimiento de esta autoridad administrativa, a fin de que finque las responsabilidades correspondientes en contra de quienes se hace señalamiento”.
Tras haber levantado una acta notarial de los hechos, Cotrisa se retiró de la obra, pero los funcionarios del SACM retrasaron aún más los pagos, evitando de esta forma el cumplimiento de SB Construcciones por falta de recursos económicos para poder terminar, ya que le adeudan alrededor de 9 millones de pesos.
Pero a pesar de que el contratista recurrió también al contralor interno del SACM, Manuel Leija Román; a la PGJDF (Unidad investigadora D-4); al Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; a la Secretaría del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; al secretario particular de ella, Juan Gutiérrez Márquez; y al subdirector jurídico del SACM, Rafael Ortega, nadie se hace cargo por aclarar esto de la honestidad valiente en este caso.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Irregularidades en el SACM

2004-05-11T20:44:00.000-05:00

(2004-05-11)

Una práctica que aparentemente se profundiza en todas las áreas donde se realizan obras en el Gobierno del Distrito Federal, es la de quitar a los originales ganadores de las licitaciones la obra con alto grado de avance y entregarla a otra empresa que la termine, a un precio muy superior al inicial. El de la planta potabilizadora de la Agrícola Oriental es un caso.
El 28 de septiembre de 2001 la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) adjudicó a la empresa CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería, S. A. de C. V., el contrato N° 1-07-C0-04-2-0431 con un monto de 16 millones 193 mil 526.54 pesos, para realizar las obras sin detallar de “rehabilitación y ampliación de la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental, así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación Iztapalapa, D. F.”, que debió ser terminada casi cinco meses después, el 15 de marzo de 2002.
Ocurridos diez meses después de la aparente fecha de entrega de los trabajos, y con problemas porque la obra no fue terminada debido a irregularidades en la DGCOH, el 2 de enero de 2003 el ahora Sistema de Aguas de la Ciudad de México en que se convirtió la sempiterna DGCOH, otorgó mediante adjudicación directa por excepción a la empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. (Cotrisa), el contrato N° 06-PD-SA-2O-0115-1-03 por un monto de 37 millones 885 mil 975.79 pesos
En esta ocasión las obras si fueron detalladas como “trabajos complementarios para la terminación de conexión de influente y efluente, filtros de arena, remodelación del edificio existente, obra eléctrica y mecánica para el arranque, pruebas y puesta en operación de la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental, ubicada en Av. Rojo Gómez y Río Frío S/N, Colonia Alfonso Ortiz Tirado, Delegación Iztapalapa, así como obras auxiliares y complementarias en el sistema hidráulico del Distrito Federal”.
La terminación de la obra estaba prevista para dos meses y 13 días después de celebrado el contrato, es decir, el 15 de marzo, quizá para demostrar la eficiencia del contratista a quien le entregaron el contrato sin licitación. Aparte, se abre una interrogante más porque de acuerdo con copia simple del contrato en poder de esta columna, la fecha de oficio de autorización de la inversión es del 20 de febrero de 2003, poco menos de un mes al plazo para concluir los trabajos.
Además, con información contenida en la página Internet de la Secretaría de Ecología la planta potabilizadora a las que nos referimos fue inaugurada el 7 de abril de 2003 por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con un costo de 71.4 millones de pesos, cuando la suma de ambos contratos era por 54 millones 79 mil 502 pesos.
El propietario de la empresa CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería, Guillermo Luquín se negó a comentar el grado de avance en que dejó las obras y si las integradas en el contrato de Cotrisa fueron las que él realizó, porque “no quiero tener problemas con esta gente, ya bastante perjudicado estoy”.
Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida entre algunos funcionarios de segundo nivel dentro del SACM, la obra es la misma, pero lo que se cambió fue la empresa contratista, la descripción de la labor por hacer, el número del contrato y el monto del mismo.
Por este motivo es indispensable que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal realice una auditoría a las obras asignadas a Cotrisa, en las cuales se tome como base el antecedente de las obras que le fueron asignadas, porque es presumible una coalición de funcionarios y empresas privadas para defraudar al GDF.

Addendum

Que el lugar donde Virginia Jaramillo va a construir la estación de Bomberos en la delegación Cuauhtémoc tiene un oscuro pasado que involucra a los jefes políticos de la Jefa Delegacional: Dolores Padierna y René Bejarano. Ya les tendremos noticias…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Cotrisa, nueva consentida del GDF

2004-05-10T20:41:00.000-05:00

(2004-05-10)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040510022748

La empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) se convirtió en nueva consentida del Gobierno del Distrito Federal, y en especial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al asignársele en 2003 siete obras, cinco de ellas mediante adjudicación directa por excepción, lo que implica hechos irregulares todos ellos porque los montos de los trabajos son superiores a los marcados por la ley para obligar a concursar los trabajos.
Todo esto lo han hecho porque entre las dependencias del GDF que licitan obras encontraron como una práctica cotidiana y con jugosos resultados para los intereses personales de los funcionarios, retrasar los anticipos, ajustes de precios o de plano sabotear los trabajos de las empresas inicialmente ganadoras de los concursos, para entonces quitarles las obras con un alto grado de avance en los trabajos, y entregarlas de manera directa a una empresa “amiga” como Cotrisa, pero ahora con un sobreprecio.
Mediante adjudicación directa por excepción el SACM entregó a la firma Cotrisa las siguientes obras en 2003: Contrato 06-PD-SA-2O-0167-1-03 a realizarse en la delegación Venustiano Carranza, con fecha del 29 de abril, con un monto de 42 millones 572 mil 376.89 pesos; el contrato 06-PD-SA-2O-0377-1-03 a realizarse en Tlahuac, con fecha del 30 de junio, con un monto en dólares de 246 mil; contrato 06-PD-SA-2O-0560-1-03 en Álvaro Obregón, con fecha del 29 de agosto sin monto conocido; contrato 06-PD-SA-2O-0115-1-03 en la avenida Rojo Gómez del 2 de enero, por 37 millones 885 mil 975.79 pesos, y; el contrato 06-PD-SA-2O-0507-1-03, sin fecha y lugar conocidos, por un monto de 4 millones 559 mil 90.74 pesos.
Además, por invitación restringida Cotrisa logró el contrato 06-PD-SA-2O-0253-1-03 en Venustiano Carranza el 29 de agosto (mismo día que el entregado en Álvaro Obregón) por 2 millones 868 mil 314 pesos. El único de los siete contratos que ganó en licitación pública fue el 06-PD-SA-2O-0394-1-03, en la delegación Gustavo A. Madero, del 17 de octubre por un monto de 11 millones 370 mil 970.98 pesos.
Cotrisa no es nueva. Existe desde el 15 de abril de 1975 y el presidente del Consejo de Administración es el ingeniero Arturo Mateos López; entre sus clientes tiene además del GDF a Ferrosur, Ferrocarriles Nacionales de México, el Gobierno de Tamaulipas, Pemex, Ferrocarril Mexicano, Caminos y Puentes Federales, Ayuntamiento de Tlalnepantla, Comisión Nacional del Agua, Interpuerto, Transportación Ferroviaria Mexicana, SCT.
Pero de acuerdo con su página en Internet, mientras que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo había obtenido dos obras por especialización en el sistema de drenaje profundo (en julio de 1999 un contrato por 1 millón 586 mil 798.91 dólares americanos y en julio de 2000 otro por 1 millón 140 mil 561.90 dólares) en mayo de 2001 obtuvo un contrato por 10 millones 400 mil dólares por la construcción de la planta de bombeo Gran Canal; en noviembre de 2002, otro por 380 mil dólares para trabajos de repavimentación del Centro Histórico; además de los citados arriba de 2003.
En las siguientes entregas daré a conocer dos casos concretos de la forma cómo operaron los funcionarios del SACM en contra de las empresas CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería y de SB Construcciones de México.

Addendum

Finalmente el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea legislativa acordó que Lorena Villavicencio sea su coordinadora y Carlos Roberto Reyes Gámiz el presidente de la Comisión de Gobierno. Pero de inmediato saltó Guadalupe Chavira, que fue relevada como jefa de los diputados del perredistas… Se advierte un nuevo capítulo de escándalos y descalificaciones…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Salinas vs Zedillo en PRI-DF

2004-05-07T20:38:00.000-05:00

(2004-05-07)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040507030529

El pasado jueves 29 de abril expresé en este espacio que el problema y gran reto del PRI en el Distrito Federal es saber si tendrán la capacidad de encontrar candidatos socialmente presentables o como decían algunos de sus militantes: “caras amigables”.
De entrada los que se pusieron en la línea de partida para la elección de presidente del PRI en el DF fueron el diputado local Jorge García, el líder del Movimiento Territorial priísta en la ciudad Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Vicente Gutiérrez Camposeco y el ex dirigente de la CNOP local Jorge Schiaffino.
Pero hay quienes piensan que no es el momento de que el partido sea dirigido por cuadros con apoyo en la base merced a cacicazgos y clientelas, pero poco sustento político. Por esto mismo consideran como un deber para entrar a la pelea, el de los llamados pesos pesados, que permitan rehacer al tricolor en la capital del país donde es prácticamente inexistente.
Ante este panorama ya se enlistó María de los Ángeles Moreno, conocida por su cercanía con Carlos Salinas de Gortari, con quien participó como secretaria de Pesca; además, ella le manejó la Cámara de Diputados y fue a quien el ex presidente le dio el reconocimiento como Mujer del Año en noviembre de 1994, en los momentos cuando Mario Ruiz Massieu la acusaba de enderezar un complot contra la investigación por la muerte de su hermano José Francisco, a quien Moreno suplió en la secretaría general del partido. “Los demonios andan sueltos”, dijo el entonces el subprocurador, también desaparecido.
Pero en el camino que apunta hacia la sucesión presidencial de 2006 también existen quienes estiman la posibilidad de ver la rehabilitación política de uno de los consentidos en el sexenio de Ernesto Zedillo, José Antonio González Fernández, quien fuera procurador general de Justicia del Distrito Federal, director del ISSSTE, presidente del PRI, secretario del Trabajo y Previsión Social y también de Salud.
Estos dos personajes también tienen en su currículum haber sido presidentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y líderes nacionales del PRI. Pero como se apuntó en el título de esta columna, por sus ascendencias políticas pueden convertirse también en la continuación de la agria disputa entre los dos últimos ex presidentes de la República de extracción priísta.
Esta contienda en la cúpula priísta necesariamente tendrá su problemática porque el alejamiento de la base, de aquellos a quienes el partido y el gobierno acostumbraron a darles y los olvidaron, se las van a cobrar. Y no porque dejaran de darles oportunidades, sino simplemente porque se sintieron traicionados, ya que la gente de la base, los de a de veras, se identifican con los colores de un partido, no como los políticos que se identifican con intereses propios.
Una prueba palpable del desencanto priista fue una reunión sostenida por María de los Ángeles Moreno con priístas de Tláhuac, a la cual asistieron pocos militantes cansados de “ver las mismas caras, con los mismos vicios, por muy bonito que nos hablen”, pese al acarreo pretendido de gente desde algunas otras delegaciones.
Pero tampoco otros candidatos. En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tampoco le ha valido la sostenida campaña que tiene desde hace varios años. El 24 de abril el presidente del Distrito 37 en Tlalpan, Saúl Camarillo, realizó una reunión de apoyo al ex asambleísta.
Pero los militantes de los Padiernas, Migueles Hidalgo, Jardines de la Montaña, la zona de Bosques que comprende el área lujosa de Camino a Santa Teresa, la mayoría se opone a su candidatura porque tiene antecedentes penales, además de no coincidir con su forma de hacer política.
Esta coyuntura pretende aprovechar un grupo dentro del PRI para meter a José Antonio González Fernández, en la búsqueda zedillista por meter zancadillas al grupo de su enemigo Salinas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Jefe delegacional sin compromiso con Tlalpan

2004-05-06T20:33:00.000-05:00

(2004-05-06)

Quizá uno de los mayores problemas que tuvo la delegación de Tlalpan cuando fue “gobernada” por Gilberto López y Rivas fue la ausencia de gobierno. Es conocido por los tlalpenses interesados en el destino de su delegación que quien ellos mismos apodaron como El Comandante Perisur pasaba días en conferencias en Nicaragua, Cuba, Rusia y otros países, así como en el interior de la República, mientras el destino político y administrativo de la demarcación lo dejó en manos de por lo menos una decena de asesores extranjeros y funcionarios que heredó de Salvador Martínez della Rocca.
Dicen quienes viven en aquella zona que no asumió compromisos porque muchas ocasiones dijo que él no quería ser Jefe Delegacional. Meses antes de las elecciones, El Pino Martínez della Rocca dejó el cargo en manos de Luis Gómez para participar en las primeras elecciones delegacionales. Sólo que Carlota Botey reclamó su derecho a contender y cuando se advertía una crisis perredista entró López y Rivas. Una de tantas ocasiones en campaña diría a los perredistas de uno y otro lado que continuaban con sus pugnas: “pongámonos de acuerdo de una vez porque esto no es cosa mía; yo no quería venir. A mí me mandó el ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas a mantener la unidad”.
El cargo, pues, no era su prioridad. Lo eran sus actividades en el extranjero, que no dejó de lado.
En su reclamo a lo escrito en este espacio dice que corrió a Carlos Ahumada de su oficina, llamándole cacique y neocorruptor, pero fue en su trienio cuando Ahumada enmalló el terreno de Topilejo, tras apoderarse de 12 mil 500 metros cuadrados de los comuneros a cambio de una escuela. Afirma que no otorgó permisos a las gasolinerías del Periférico. Y quizá no se lo dio a la que pretendían poner a un lado del IFE porque no contaba con autorización de Protección Civil del GDF debido a que la distancia entre los tanques de almacenamiento y los ductos que pasan por la zona era mínima, pero en cambio autorizó la que se encuentra entre Arenal y Esmeralda.
De igual forma permitió la construcción de un edificio de estructura de acero, de tres pisos, en Santo Tomás Ajusco, cuando ese tipo de edificaciones está prohibida; en cambio, previo a las fiestas de septiembre y de diciembre sus inspectores del departamento jurídico pasaban a las vinaterías a exigir una caja de botellas de licor, dizque para el Jefe Delegacional.
Hasta 1997 había alrededor de 40 asentamientos irregulares en Tlalpan; pero tras las gestiones de Martínez della Rocca y López y Rivas sumaban 82. Esto no aparece en su escrito de defensa porque fue en su gestión cuando se consolidó la invasión en Cantera, frente a la pastelería Lecaroz, frente a Fuentes Brotantes, auspiciada por la entonces asambleísta Susana Manzanares pese al constante reclamo de los vecinos.
O quizá por sus tantos viajes tampoco se dio cuenta del permanente crecimiento en Parres, Topilejo, Valle Verde, Magdalena Petlacalco y otros pueblos.Pero eso sí, el ex Jefe Delegacional que se dice indigenista no solo impuso a los subdelegados que quiso en los ocho pueblos, sino que también desalojó a los vendedores de quesadillas, sopes, mole de olla y otros antojitos en la entrada de Topilejo, que permitía a los lugareños tener un fuerte ingreso.

Addendum

Vecinos de la Calle de Ébano e insurgentes, en la colonia Santa María la Ribera, marcan copia a Expediente DF de la carta enviada a la Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, el pasado 15 de abril, donde le hacen saber de un posible acto de corrupción en una licencia para construir, porque en el domicilio de Ébano 18 edifican un inmueble de más de dos pisos, cuando el uso de suelo ahí es de casa habitación unifamiliar y el lugar se utiliza como cuartos de renta, con el consiguiente problema de seguridad para los habitantes de la zona que han sufrido asaltos en la misma calle en distintas ocasiones durante los últimos meses.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

El taquero de Zacatépetl y las invasiones

2004-05-05T20:27:00.000-05:00

(2004-05-05)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040504232441

El lunes 26 escribí en este espacio: “Afirman vecinos de Tlalpan que la invasión a las zonas protegidas no se ha parado y, por el contrario, se agudizó desde la llegada de Salvador Martínez della Rocca (a) El Pino como delegado en 1997, y continuó durante el mandato de Gilberto López y Rivas, cuando Mireya Ímaz, hermana del hoy Jefe Delegacional con licencia definitiva, fue directora general de Ecología y Desarrollo Sustentable”.
A las 14:40 horas del miércoles 28, López y Rivas envió la siguiente réplica: “Estimado Señor: yo no tengo ni he tenido que ver con los planes que ustedes denuncian en este correo. Me parece irresponsable que se haga tabla rasa de todos los actores políticos que hemos intervenido en Tlalpan. Yo corri (sic) a Carlos Ahumada de mi oficina, le dije en el 2001 que era un corruptor y un neocacique y no permití proyectos millonarios de inmobiliarias, ni permiti (sic) al Tec de Monterrey la expansiós (sic) de su preparatoria, a pesar de las presiones de todo mundo, ni otorgue permisos a las gasolineras del periferico (sic), ni otorgue licencia de bar al restaurante Las Campanas y mantuve al taquero de Zacatepetl sin entrar en Tlapan (sic). Les ruego manejen su información con responsabilidad, sin convertirse en Ministerios Públicos. Cualquier denuncia que tengan en contra mia haganla (sic) con pruebas en la mano. Un saludo cordial- Gilberto López y Rivas”.
Debo recordar al señor ex Jefe Delegacional que la función del periodismo no es la de Ministerio Público, pero si la de ejercer como contrapoder a los usos y abusos del poder político y económico, y como en el caso de él, señalar las irregularidades y omisiones en que incurrió, no sólo en varios de los casos que él mismo cita, sino también en el de las invasiones.
Primero debo decir que en el famoso caso (por él mismo llevado a ese extremo) del “taquero de Zacatepetl”, nunca pudo evitar que el señor siguiera vendiendo ahí y hoy día, aún se puede pasar, verlo, y acaso comerse un taco a su salud. Pero lo que es peor, López y Rivas en todas las reuniones que tenía con los ciudadanos, sacaba a colación a este hombre y su guerra personal, el que cuando iban por él, se pasaba al lado de Coyoacán y viceversa.
Pero también le recuerdo que alguna ocasión fue entrevistado en el estudio de Televisa por Brozo. Ese día la señora Alicia Legorreta y Rueda le preguntó al aire ¿por qué seguía alcahueteando la invasión de las zonas ecológicas, en contubernio con Susana Manzanares?
Cuando regresó del noticiario, pasadas las 8:30 horas, ya le estaba hablando a la habitante de Tlalpan: “Señora Legorreta, qué le pasa, permítame platicar con usted. Ahorita mismo Judith (su secretaría) le dice cuándo le damos cita”.
Alrededor de las 10 horas le dijeron que podía pasar al otro día, luego de que tenía un año de haberle solicitado una reunión para hablar de temas que afectaban a la comunidad. Ese día, cuando se trató de las invasiones en el campamento El Fresno y otra en la carretera Picacho-Ajusco, donde están los ecoguardas, como López y Rivas no sabía nada de eso —además de muchas otras cosas más—, mandó llamar a su Director General Jurídico y de Gobierno, Rigoberto Ávila Ordoñez.
“No sé que compromisos de campaña tenga, que se haya comprometido por votos”, apeló la dama. “Bueno, ¿pues si esas zonas son invadidas, qué quiere que hagamos?”´, respondió el ex guerrillero Ávila Ordoñez, a lo que Alicia Legorreta expresó: “Están construyendo y hacen casas de tres pisos, ¿por dónde entra el material, por qué los dejan pasar?”. Nuevamente la respuesta de Ávila Ordoñez: “¿Qué quiere, que metamos buldozers y los acabemos? No, eso no lo vamos a hacer, vamos a dialogar con ellos”.
Y ese diálogo fue tan eterno que terminó la gestión de López y Rivas y los asentamientos irregulares en suelo de conservación siguen… protegidos por el propio gobierno delegacional.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Sanción a proyectista de AMLO

2004-05-04T20:22:00.001-05:00

(2004-05-04)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040504010648

Ahora que existe dentro del Gobierno del Distrito Federal un “fuerte y real compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y por la honestidad”, sería congruente que la Contraloría General encabezada por Bertha Luján ponga su lupa a trabajar e investigue a la empresa del proyectista estrella de Andrés Manuel López Obrador, José María Rioboó Martín, no sea que al paso de los años salga otro Ahumada, pero este no argentino, sino español.
Resulta que el pasado día 15 la Secretaría de la Función Pública dio a conocer por medio de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, de una sanción por seis meses en contra de la empresa Consultoría Rioboó, que ha proyectado la construcción de los segundos pisos y distribuidores viales en el Gobierno del Distrito Federal.
La SFP hizo del conocimiento de las oficialías mayores de las dependencias federales, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de las entidades federativas que “deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Consultoría Rioboó” en el lapso comprendido entre el 16 de abril y 16 de octubre de este año.La razón fue por incumplimiento de obligaciones fiscales y entrega de información falsa a la Secretaría de Salud. Esto es, Rioboó mintió al gobierno federal sobre la situación fiscal de su empresa.
La causa de la sanción decretada por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud es la siguiente: “Proporcionó información falsa en la formalización del contrato No. DGOCE-SS-AD-017-99, que le adjudicó la Secretaría de Salud relativo a la coordinación general de la supervisión integral de obra, para la construcción, terminación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Rehabilitación, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que resultó contrario a la realidad según lo determinado por el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Rioboó realizó la proyección del segundo piso y cobró 13 millones de pesos al Gobierno del Distrito Federal por un trabajo incompleto que finalmente no sirvió, pues no sólo se equivocó en la proyección, sino que no entregó completo el proyecto ejecutivo a la hora de realizar las licitaciones, y las empresas contratistas elevaron sus presupuestos para cubrirse debido a que no tenían forma de asegurar sus pagos, las garantías, daños a terceros y otros.
Finalmente los mil 500 millones de pesos inicialmente presupuestados para las cinco etapas quedaron muy por debajo de la proyección de los constructores y fue este el motivo por el que se suspendió la obra completa, para hacerla en partes.
A pesar de estas irregularidades, le fueron designadas también las proyecciones de los distribuidores viales San Antonio y San Jerónimo, donde volvió a cobrar.
Dato aparte, la entrega del contrato a Rioboó fue hecha por asignación directa al haber alegado que se daba por especialidad, una forma de darle vuelta a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y no poner la licitación a concurso, cuando seguramente había muchas otras empresas con experiencia probada en este tipo de trabajos.
Otro dato es el siguiente: La Secretaría de Salud también se tardó en encontrar irregularidades de Rioboó en 1999, ya que en 2002 le entregó por adjudicación directa el contrato DGDIF-CNR-S-AD-006-2002, por 591 mil 417.35 pesos para la actualización de los catálogos de conceptos de obra pendiente de ejecutar en los niveles 1, 2, 3 y obras complementarias, del Cuerpo II, Hospitalización de Ortopedia y otros en el Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en avenida México-Xochimilco, número 289, de la colonia Arenal de Guadalupe en la Delegación Tlalpan.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Sanción a contratista de AMLO

2004-05-04T20:22:00.000-05:00

(2004-05-04)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040504010648

Ahora que hay dentro del Gobierno del Distrito Federal un "fuerte y real compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y por la honestidad", sería congruente que la Contraloría General encabezada por Bertha Luján ponga su lupa a trabajar e investigue a la empresa del proyectista estrella de Andrés Manuel López Obrador, José María Rioboo Martín, no sea que al paso de los años salga otro Ahumada, pero este no argentino, sino español.
Resulta que el pasado día 15 la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer por medio de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, una sanción por seis meses en contra de la empresa Consultoría Rioboo, que ha proyectado la construcción de los segundos pisos y distribuidores viales en el Gobierno del Distrito Federal.
La SFP hizo del conocimiento de las oficialías mayores de las dependencias federales, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de las entidades federativas que "deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Consultoría Rioboo" en el lapso comprendido entre el 16 de abril y 16 de octubre de este año.
La razón fue por incumplimiento de obligaciones fiscales y entrega de información falsa a la Secretaría de Salud. Esto es, Rioboo mintió al gobierno federal sobre la situación fiscal de su empresa.
La causa de la sanción decretada por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud es la siguiente: "Proporcionó información falsa en la formalización del contrato No. DGOCE-SS-AD-017-99, que le adjudicó la Secretaría de Salud, relativo a la coordinación general de la supervisión integral de obra, para la construcción, terminación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Rehabilitación, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que resultó contrario a la realidad, según lo determinado por el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Rioboo realizó la proyección del segundo piso y cobró 13 millones de pesos al Gobierno del Distrito Federal por un trabajo incompleto que finalmente no sirvió, pues no sólo se equivocó en la proyección, sino que no entregó completo el proyecto ejecutivo a la hora de realizar las licitaciones, y las empresas contratistas elevaron sus presupuestos para cubrirse debido a que no tenían forma de asegurar sus pagos, las garantías, daños a terceros y otros.
Finalmente, los mil 500 millones de pesos inicialmente presupuestados para las cinco etapas quedaron muy por debajo de la proyección de los constructores y fue éste el motivo por el que se suspendió la obra completa, para hacerla en partes.
A pesar de estas irregularidades, le fueron designadas también las proyecciones de los distribuidores viales San Antonio y San Jerónimo, donde volvió a cobrar.
Dato aparte, la entrega del contrato a Rioboo fue hecha por asignación directa al haber alegado que se daba por especialidad, una forma de darle vuelta a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y no poner la licitación a concurso, cuando seguramente había muchas otras empresas con experiencia probada en este tipo de trabajos.
Otro dato es el siguiente: La Secretaría de Salud también se tardó en encontrar irregularidades de Rioboo en 1999, ya que en 2002 le entregó por adjudicación directa el contrato DGDIF-CNR-S-AD-006-2002, por 591 mil 417.35 pesos para la actualización de los catálogos de conceptos de obra pendiente de ejecutar en los niveles 1, 2, 3 y obras complementarias, del Cuerpo II, Hospitalización de Ortopedia y otros en el Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en avenida México-Xochimilco, número 289, de la colonia Arenal de Guadalupe en la Delegación Tlalpan.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Complot de AMLO contra Tlalpan

2004-05-03T15:52:00.000-05:00

(2004-05-03)

Si bien la forma como Eliseo Moyao fue nombrado Jefe Delegacional sustituto en Tlalpan se hizo conforme lo marca la ley, lo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo fue mantener la continuidad de un equipo que está bajo la sospecha de que Carlos Ímaz Gispert, actualmente en proceso judicial por “delitos electorales cometidos en agravio de la democracia electoral”, mantiene el poder tras el trono como también el cumplimiento de compromisos con quienes apoyaron la candidatura.
Salvo la incrustación del que será nuevo Director General Jurídico y de Gobierno, el equipo de Ímaz se mantiene, entre ellos Manuel Santiago Quijano, quien a decir de los vecinos desde la administración de Salvador Martínez della Rocca recibe dinero grande para dar licencias de construcción de manera indiscriminada en zonas de conservación ecológica, oficina que este funcionario con residencia en Cuernavaca ha hecho su propio coto de poder.
El gatopardismo manifiesto en la Delegación Tlalpan defrauda a sus habitantes, quienes unidos en la Asamblea Ciudadana Tlalpense realizarán una carta de inconformidad dirigida a Andrés Manuel López Obrador por la falta de respeto y coherencia del Jefe de Gobierno hacia la sociedad.
El organismo encabezado por José Álcaraz resumió en su reunión del viernes pasado que López Obrador solo consulta a la sociedad, “cuando le conviene y tiene manipulados los hilos que le permitan resultados creíbles en su favor”, porque “ahora lo que hizo fue entregar la delegación a las tribus perredistas y como Poncio Pilatos se lavó las manos, dejando la delegación nuevamente a los fariseos”.
Los activistas ciudadanos tlalpenses también entregarán un documento a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, por su poca disposición a defender los intereses de la sociedad en este caso. Sienten que es vergüenza más para los tlalpenses el hecho de no ser tomados en cuenta; pero también quieren dejar en claro que no se cumplió con el discurso del actual Jefe de Gobierno, quien habla de consultas, de respeto y de tomar en cuenta a la sociedad.

Estos ciudadanos que el miércoles anterior solicitaron una audiencia con López Obrador para darle a conocer su postura, dicen sentirse defraudados por los que “dicen actuar por principios, pero en la práctica actúan igual o peor que los priístas, con imposiciones”.
Con la designación de Eliseo Moyao como Jefe Delegacional sustituto, concluyeron los tlalpenses, el complot es ahora de Andrés Manuel López Obrador, sus diputados y sus tribus, en contra de la sociedad de Tlalpan.
Esta conclusión los llevó a tomar la decisión de hacer una reorganización para convertirse en el contrapeso delegacional ciudadano que exija a la autoridad delegacional el rendimiento de cuentas claras, de los compromisos con la sociedad, de transparencia en la información, de honestidad en su desempeño y de dotar de servicios a la comunidad.
Además, la Asamblea Ciudadana Tlalpense seguirá cuestionando el hecho de que los servidores públicos de primer nivel no sean tlalpenses y en consecuencia carezcan de compromiso con la sociedad, porque entienden que su compromiso y lealtad es para con su jefe López Obrador y no para Tlalpan.
La ACT también promoverá foros de difusión de los problemas que afectan a Tlalpan y los proyectos que requiere para resolverlos, de manera particular en lo relativo a vialidad, seguridad, empleo y conservación del medio ambiente. Es decir, la Asamblea se convertirá en un organismo ciudadano de vigilancia, de supervisión y de propuestas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Envió Castro una bomba

2004-04-30T15:42:00.000-05:00

(2004-04-30)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040430025806

El escándalo y las acusaciones en que se encuentran inmiscuidas las autoridades de distintos niveles de gobierno de México, se enrarecen aún más tras la expulsión que hizo el gobierno de Cuba del argentino Carlos Ahumada. De esta disputa quedarán muy mal paradas tanto la administración de Vicente Fox como la de Andrés Manuel López Obrador.
Pero tampoco Cuba dice toda la verdad cuando afirma que "Cuba no desea en modo alguno inmiscuirse en los asuntos internos de México".
Claro que se ha mezclado al emitir una opinión sobre los hechos en torno a la detención del empresario constructor: "Carlos Ahumada Kurtz ha declarado que la operación realizada con empleo de los videos sobre corrupción, difundidos en México, fue calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación". Así que ahí les hablan PGR y Cisen.
Y pese a que más adelante destaca que "se trata de cuestiones absolutamente internas, sobre las que a Cuba no le corresponde emitir juicios", el gobierno de la isla es contundente cuando afirma que "la investigación realizada en Cuba demuestra que los hechos relacionados con el señor Ahumada Kurtz y el escándalo público desatado, en torno a ellos, tienen una incuestionable connotación política y afectan de un modo u otro tanto a funcionarios y autoridades del gobierno como a otras personalidades políticas de ese país".
El mensaje es para Andrés Manuel López Obrador, Diego Fernández de Cevallos e, incluso, una bofeteada al gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada.
Pero lo que está en juego es algo más que simples actos de corrupción en nuestro país.
Los acontecimientos que llevaron al gobierno de Fidel Castro a participar en esta jugada de ajedrez, permiten suponer que el asunto es un caso de corrupción internacional, la cual no se mueve si detrás de ella no se encuentran inmiscuidos grupos mafiosos de altos vuelos, que aterrizaron en nuestro país de diferentes formas y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para arrebatarse la corona política, que nunca ha tenido bien puesta Vicente Fox.
Lo que Castro envió el miércoles en un avión de Cubana de Aviación no fue sólo a un empresario corruptor en la picota. El paquete es una verdadera bomba de tiempo que si llega a explotar, arrasará con el escaso prestigio que aún tienen algunas de las instituciones de la República y del Distrito Federal.
Ahumada, si es verdad la información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, deberá dar a conocer la forma en cómo se tramó toda la operación para lograr que los videos evidenciaran la corrupción alrededor del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Pero también tendría que revelar los objetivos políticos planteados y por quién, además de la forma y el alcance que tiene la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal.
Debemos recordar que Ahumada alcanzó notoriedad en amplios niveles de la vida pública de México donde se presumen actos ilegales en todos sentidos: Fue contratista del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones políticas; del gobierno de Michoacán y, seguramente, de algunos otros gobiernos locales. Fue presidente de dos equipos de futbol donde, si se realiza una verdadera investigación financiera, dicen los enterados, hay fuertes operaciones de lavado de dinero. Incluso, empresario del periodismo, sin duda, una fuente de poder político.
Pero también tuvo relaciones sentimentales con la primera jefa de Gobierno del Distrito Federal y presidente de uno de los tres principales partidos políticos del país, sin olvidar sus relaciones de amistad y negocios con el ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu y otros muchos.
¿Quién se salvará?
Hagan sus apuestas.

Addendum

Nombrar a Eliseo Moyao como jefe delegacional sustituto es mantener la continuidad, la administración seguiría bajo sospecha de que Carlos Ímaz mantuviera el poder tras el trono en Tlalpan, afirman integrantes de la Asamblea Ciudadana Tlalpense, luego de entregar al jefe de Gobierno una solicitud de audiencia y de consulta a la sociedad de la demarcación en la designación del reemplazo del funcionario videograbado. Afirman que el complot es ahora de Andrés Manuel López Obrador, sus diputados y sus tribus en contra de la sociedad de Tlalpan.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Caras socialmente presentables

2004-04-29T15:40:00.000-05:00

(2004-04-29)

A diferencia de otros estados del país donde su fuerza política es vista y sentida por sus propios dirigentes como un activo esencial para ganar las elecciones del 2006, el PRI en el Distrito Federal se encuentra de capa caída. No ha podido recuperarse desde las elecciones de 1997 y la rebatinga interna por la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal iniciada este martes ahondará todavía más las contradicciones del tricolor, si acaso sus militantes y los grupos no son lo suficientemente sensibles para encontrar a un personaje que aglutine, no sólo las simpatías y el liderazgo, sino también el esfuerzo partidista.
La pugna interna en el PRI por la presidencia de la República en 1994, propició también el rompimiento del partido con los grupos clientelares que estuvieron adheridos principalmente al Movimiento Territorial y al sector popular del que la CNOP era punta de lanza.
La lucha en la cúpula los hizo olvidarse de los reclamos de la gente de base que, al no conseguir atención a sus reclamos, sobre todo después del famoso error de diciembre y el casi inmediato aumento al IVA del 10 al 15 por ciento, decidieron mirar hacia otros escenarios políticos.
Motivados por esta desazón los priístas comenzaron a cambiar de color. De inmediato vieron en el PRD una puerta para comenzar a obtener los espacios que habían perdido y se llevaron a su gente, propiciando la primera gran derrota en 1997 cuando el PRD ganó casi todo.Las cosas no mejoraron en 2000 y mucho menos en 2003. Han dirigido al PRI en la capital personajes a quienes poco les interesa la gente, pero sobre todo sin suficiente nivel de carácter político. Los últimos encargados de la dirigencia han sido expertos en la lucha en las calles, en los tribunales, vociferantes en los medios con declaraciones estruendosas, callejeras, pero faltos de visión para rehacer al otrora partido en el poder.
El PRI ahora deberá recomenzar por lo que no hizo en sus mejores momentos: construir un padrón e ir a elecciones con voto universal, libre y secreto para elegir a sus dirigentes, también delegacionales.El problema y gran reto es saber si tendrán la capacidad de encontrar candidatos socialmente presentables. Dijeran algunos de sus militantes: “caras socialmente presentables, caras amigables”. Hay quienes piensan que en este momento del partido también deben entrar a la pelea los llamados pesos pesados que permitan rehacer al partido.
Por lo pronto los que se han puesto en la línea de partida son el diputado local Jorge García, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Vicente Gutiérrez Camposeco y Jorge Schiaffino. ¿Estas son caras socialmente presentables?

Addendum

A última hora y al aventón ayer comenzó la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa el cierre del periodo ordinario de sesiones, con la aprobación de un paquetazo de reformas, entre ellas algunas del Código Civil, cuya técnica legislativa y fondo no fueron suficientemente discutidas en comisiones y dejan un sinnúmero de interpretaciones para cuando sean aplicadas. Diputados del PRI y PAN pedían un periodo extraordinario de sesiones para ver únicamente las reformas que tienen que ver con la procuración y administración de justicia en la ciudad, pero no fueron escuchados. De las reformas aprobadas y sus probables consecuencias ya les comentaremos en este espacio… Sorpresiva decisión del gobierno cubano que deportó a Carlos Ahumada porque con esta decisión, a diferencia de cuando los presuntos delincuentes son extraditados, se le podrán acumular los delitos que salgan en lo sucesivo. Cuando es extradición, sólo los podrán juzgar por los hechos enumerados en la solicitud…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Duro contra el Metro

2004-04-28T15:36:00.000-05:00

(2004-04-28)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040428051903

Los acontecimientos de ayer dan razón a la columna publicada el pasado día 13: “Andrés Manuel López Obrador hizo de las grandes obras viales su proyecto de Gobierno y del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, su plan para ganar la simpatía de amplios sectores de la población a nivel nacional, apoyado por la publicidad de los medios de información mediante sus mañaneras conferencias”.
Que lo hiciera sin lastimar el bien general no sería criticable. Lo que sucede es que “Claudia Sheinbaum Pardo se ganó la confianza de López Obrador al defender el proyecto de los segundos pisos, y también un estudio del World Resources Institute (WRI), elaborado por quien fuera su director de tesis de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, Lee Schipper, quien expresaba que ‘la opción de extender el Metro resultaría muy cara (…) los costos se incrementarían unos $100 millones de dólares por kilómetro’. El estudio añadía que mientras la Línea Uno está más que saturada con alrededor de un millón de pasajeros al día, hay otras subutilizadas. Es más, afirmó Sheinbaum que actualmente el Metro, con más líneas, transporta menos pasajeros que hace 10 años”.
Así que la propuesta de Sheinbaum y su ex asesor académico al parecer ahora de políticas viales, Schipper, era la creación de rutas exprés de autobuses (Metrobus) a partir de la creación de un Centro para el Transporte y el Medio Ambiente, con $12 millones de dólares en apoyos que incluían un crédito de $5.8 millones de dólares del Banco Mundial, $1 mdd de la Fundación Shell y $2 mdd de las armadoras como Volvo, Mercedes Benz y Scania, entre otras, para pagar los costos de los proyectos ejecutivos de las obras”.
El asunto de López Obrador y Sheinbaum es hacer vías especiales para meter más autobuses, pese a que distinguidos urbanistas aseguran que la ciudad de México ya no da para más vehículos y consideran las entrañas de la ciudad como la única solución posible, además del menor riesgo porque la transportación sería subterránea.
Hace unos días renunció el director del CTMA, José Luis Samaniego, al parecer por diferencias con Sheinbaum, y hay firmes sospechas de que la Fundación Shell y el Banco Mundial dijeron adiós al proyecto porque no ven claro tras el asunto de los videoescándalos.
Florencia Serranía, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer el lunes a los diputados locales en la Asamblea Legislativa que: a) En lo que resta de la administración actual no habrá más ampliación de las líneas del Metro; b) Que hay líneas subutilizadas como son la 4 (Santa Anita-Martín Carrera), 5 (Pantitlán-Politécnico), 6 (El Rosario-Martín Carrera) y 7 (El Rosario-Barranca del Muerto); c) Iniciarán un proyecto de modernización de las instalaciones por al menos 15 años y destinarán menos recursos al Metro; y, d) Buscarán ahorrar hasta 50 por ciento de los gastos con las empresas transnacionales a partir de convenios con la Canacintra, para que fabricantes nacionales surtan las refacciones requeridas.
Por lo pronto las obras de rehabilitación de la línea 4, que implica cambio de durmientes, de cableado, de zonas neutrales y aparatos de vía, será realizada por los propios trabajadores de Metro y no por compañías contratistas expertas en este tipo de trabajos, a muchas de las cuales el GDF ha retrasado los pagos. Este retraso motivado porque los recursos son usados en los distribuidores viales, obliga a los contratistas a detener su trabajo y a incumplir con los tiempos estipulados en los contratos, lo que les implica sanciones y pérdidas económicas.
Lo que Serranía tampoco dijo el lunes es si también va a ser suspendida la ampliación de cuatro ramales al oriente de la ciudad que daría servicio a un millón de pasajeros al día, cuyo presupuesto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, y que correrían 1) De Pantitlán a la entrada de Chimalhuacán en el Bordo de Xochiaca; 2) De la estación La Paz de la Línea A hasta Texcoco (correría por la antigua vía del ferrocarril); 3) De La Paz a Ixtapaluca (se construirían 10 kilómetros elevados), y; 4) Del Bordo de Xochiaca a Valle de Chalco, también por la antigua vía férrea.
Así, de esta forma, las políticas del Gobierno del Distrito Federal le dan duro al Sistema de Transporte Colectivo Metro, que no sólo ha sido la tabla de salvación de la ciudad, sino una sin igual forma de mover a cerca de 4.5 millones de personas al día en la megalópolis.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Exigen jefe ciudadano en Tlalpan

2004-04-27T15:33:00.000-05:00

(2004-04-27)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040427035326

El pasado día 8 dimos a conocer en este espacio la creación de la Asamblea Ciudadana Tlalpense, compuesta de manera plural y abierta por políticos, líderes sociales y ciudadanos sin filiación política de la demarcación, quienes tratan de hacer un esfuerzo para exigir su participación en las decisiones de gobierno.
Su primera exigencia sería la de solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y a la Asamblea Legislativa la destitución de Carlos Ímaz de la Jefatura Delegacional, por su participación en evidentes hechos de corrupción, y de esa forma evitar que estos salpiquen la vida política y social de la delegación sureña.
Ya no fue necesario. Ímaz se separó del cargo (manera elegante de decir que fue destituido por ser presunto delincuente) el pasado viernes cuando le fue dictada orden de aprehensión en el Reclusorio Norte.
Pero los ciudadanos de la Asamblea Tlalpense realmente quieren ser partícipes en la toma de decisiones de su demarcación y hoy presentarán al Jefe de Gobierno una carta donde exigen que ante la separación definitiva de Ímaz Gispert, “tome en cuenta la opinión de la sociedad tlalpense a fin de que la terna que usted enviará a la Asamblea Legislativa para el nombramiento del Jefe Delegacional Sustituto en Tlalpan, surja de una consulta pública o bien sea considerada una lista de ciudadanos tlalpenses que se presenta a continuación, toda vez que ella corresponde a tlalpenses distinguidos por su vocación de trabajo a favor de la comunidad, por su capacidad, honestidad y meritos”.
Los integrantes de esta asamblea tlalpense donde hay perredistas, panistas, priístas, verdeecologistas, petistas, militantes de Convergencia y ciudadanos sin partido proponen entre los presuntos ciudadanos para ocupar el cargo a Antonio González Márquez, Héctor Federico Estaines Orozco, Benjamín Romero Duarte, Javier Castro García, Enrique López Veraza, Juan Palomares Peña, Francisco Aguirre González, Raciel Trejo Hernández, Gilberto Gálvez López, Sergio Mendizábal Amado y Guadalupe Gamboa Ortiz.
Además, le presentarán el resultado de 2 mil 200 encuestas realizadas el fin de semana, donde se da a conocer que alrededor de 80 por ciento de la gente dice que López Obrador debe consultar a los ciudadanos para hacer el nombramiento del Jefe Delegacional Sustituto.
De igual forma, una abrumadora mayoría, sobre 89 por ciento, expresó en la encuesta que el nuevo Jefe debe salir de entre los ciudadanos tlalpenses, ya que muchos al ser cuestionados, mencionaron que los políticos ya no tienen credibilidad para manejar los recursos de la delegación.
Ahí está una prueba para ver si, como dice, López Obrador en verdad toma en cuenta a los ciudadanos. ¿Ustedes qué creen? Adelanto. Creo que no va a ser así, pero la lucha deben hacerla.

Addendum

La semana pasada Fátima Mena Ortega se reunió con gente de estructura del Gobierno Delegacional en Tláhuac, y les dijo que va a haber reestructuración de funcionarios, especialmente jefes de unidad departamental, quizá en los primeros días de mayo. Dirigentes del PRD en la demarcación revelaron que existen pláticas entre la Jefa Delegacional y sus pares de Iztapalapa, Víctor Hugo Círigo, y Xochimilco, Faustino Soto, para hacer un enroque de funcionarios y que gente como los Mendoza Mendoza (a quienes nos referimos el jueves pasado) vayan a esas demarcaciones para tratar de neutralizar las críticas y seguir protegiendo a la red. El intermediario es Edy Ortiz Piña por órdenes de Isaías Villa…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Ímaz, Sheinbaum y negocios en Tlalpan

2004-04-26T15:28:00.000-05:00

(2004-04-26)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040426035245

Carlos Ímaz no quería dejar la Jefatura Delegacional en Tlalpan porque existe una propuesta de Desarrollo Urbano que arrojará cuantiosos beneficios a quienes lo realicen, y él era su principal promotor con el apoyo de su esposa Claudia Sheinbaum: la construcción de un proyecto vial para desahogar la entrada de la Avenida de los Insurgentes Sur de vehículos provenientes y en tránsito hacia Cuernavaca, la cual atravesaría la zona boscosa de El Ajusco entre el Colegio Militar y los Padiernas, con la consabida apertura y destrucción del lugar hasta ahora “protegido” para la especulación comercial en beneficio de unos cuantos.
La parte de Desarrollo Urbano de este programa está basado en la invasión debidamente programada de las zonas boscosas protegidas, en un perverso plan que incluye también a sus amigos Jesús Carrasco y Manuel Santiago Quijano, además de dos conocidos invasores protegidos por quien se especula podría ser el nueva Jefa Delegacional, Susana Manzanares, como son Jesús Ibarra y Alberto Hernández de Jesús (a) El Jarocho, entre otros.
Ímaz dijo desde la transmisión del video donde recibe 3 millones de pesos de Carlos Ahumada que no renunciaría a su cargo porque no había cometido ningún delito. Pero sabía lo que traía detrás suyo, por lo que, con absoluta soberbia, también promovió entre sus allegados la posibilidad de convertirse en Jefe Delegacional independiente, sin partido, decisión que finalmente le obligaron a olvidar y a solicitar licencia por 90 días.
Finalmente Ímaz tuvo que separarse del cargo, pero no fueron neutralizados los compromisos que hizo seguramente con algunos otros de sus financiadores de campaña como lo fue Carlos Ahumada. El encargado del despacho, Eliseo Moyao, dijo hace algunos días que el programa de Gobierno de Ímaz continuará a partir del Programa Operativo Anual.
Dentro de ese programa operativo, el pasado 9 de febrero el propio Carlos Ímaz junto con un grupo de ilustres arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con nivel de doctorado en Urbanismo, expusieron a los ciudadanos en el auditorio de la Casa Frisac el citado proyecto carretero, “previamente autorizado por la doctora Claudia Sheinbaum”.
Ahí varios vecinos manifestaron su inconformidad porque desde ahora se encuentra en pleno auge la invasión en los terrenos boscosos aledaños a la unidad habitacional Fuentes Brotantes, sin que ninguna autoridad logre parar la tala silenciosa de los árboles.
Afirman vecinos de Tlalpan que la invasión a las zonas protegidas no se ha parado y, por el contrario, se agudizó desde la llegada de Salvador Martínez della Rocca, El Pino, como Delegado en 1997, y continuó durante el mandato de Gilberto López y Rivas, cuando Mireya Ímaz, hermana del hoy Jefe Delegacional con licencia definitiva, fue directora general de Ecología y Desarrollo Sustentable.
Jesús Carrasco es el actual director General de Ecología y Desarrollo Sustentable y entre 2001 y 2003 laboró al lado de Claudia Sheinbaum en la Comisión de Recursos Naturales de Secretaría de Ecología; y Manuel Santiago Quijano es el encargado de entregar licencias de construcción de manera indiscriminada en la zona boscosa.
Jesús Ibarra, líder de la zona invadida que colinda con Fuentes Brotantes desde que llegó El Pino a Tlalpan, trabaja como desde la actual administración como Inspector de Mercados, dependiendo de la Dirección Jurídica y de Gobierno, mientras que Alberto Hernández de Jesús (a) El Jarocho, fue nombrado Coordinador en la Zona 3, que comprende los Padiernas y los Migueles Hidalgo.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Fraudes con licencias, ¿pecatta minuta?

2004-04-23T15:02:00.000-05:00

(2004-04-23)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040423042514

Ha llegado el momento en que los acontecimientos diarios en torno a los actos de corrupción dan asco, comenta ya gran cantidad de gente por la calle. Pero también inocula y esto es peligroso. Existen quienes los miran como asuntos inherentes a la idiosincrasia del mexicano y, por tanto, mientras seamos mexicanos siempre van a estar presentes en nuestra vida diaria. ¡Vaya forma de taparse los ojos y ser irresponsables!
Y los más cínicos dicen que debe investigarse a los Amigos de Fox o a los involucrados en el Pemexgate, que eso si es corrupción; pretenden que la sociedad entera, los medios y quienes descubrieron los videoescándalos soliciten perdón a los mártires Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Ímaz. No, corrupción es lo de Amigos de Fox, el Pemexgate, pero también asuntos mucho más pequeños, pequeñísimos, podría decirse, pero que por su gran cantidad son la simiente, y todos deben investigarse porque de otra forma nunca vamos a parar este flagelo social.
Porque si lo vemos bajo esa lógica, los fraudes que a diario se cometen al público en las oficinas de licencias y control vehicular de las distintas delegaciones, son pecatta minuta pese a que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia en la ciudad, tienen quejas contra los funcionarios de ellas en Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán pero, sobre todo, Gustavo A. Madero, considerada como la oficina que más trámites realiza anualmente.
Por más cartelones que existen en las oficinas de licencias y control vehicular de las delegaciones políticas del Distrito Federal, donde se advierte sobre la corrupción, esta práctica pervive y en la GAM se ha instalado lo que puede considerarse ya como un coto de poder, al frente del cual se encuentra Araceli Coria Calderón.
Esta dama llegó a la estructura delegacional como ahijada política del director Jurídico, Felipe Romero, para hacerse cargo de la Coordinación de Comunicación Social durante la gestión de Joel Ortega Cuevas, posición que dejó a los pocos meses para hacerse cargo de la Jefatura de la Oficina de Licencias y Control Vehicular donde, junto con Romero, crearon una red para allegarse de recursos que reparten hacia arriba.
La llegada de Octavio Flores no cambio las cosas como era de esperarse, porque son parte del mismo equipo.
Así, Coria Calderón —quien por cierto actualmente se encuentra de incapacidad— conciente que el hijo del Jefe de la Oficina de Control Vehicular, Luis Hernández González, del mismo nombre, trabaje sin plaza, y que con atribuciones que corresponden a los empleados de planta, realice trámites directos con el público donde cobra por cada uno entre 50 y 100 pesos a los gestores y coyotes.
En 2002 citada oficina ya había tenido una serie de denuncias porque estos personajes realizaban todo tipo de triquiñuelas e, incluso, hubo una queja turnada a la 13ava Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común, donde fue sorprendido un coyote de nombre Mauricio García Bazán, que ya se encuentra de nuevo en los alrededores.
El problema ahora se acentúa porque es precisamente Luis Hernández González quien presiona a los revisores de las diferentes ventanillas para cubrir una cuota diaria de alrededor de 2 mil pesos por cada uno. Y como está el hijo ahí, la cosa se les pone dura, ya que si, por otro lado, denuncian la corrupción a que son obligados, se las tienen sentenciada.
De acuerdo con información de la propia entidad, “en 2002 la Delegación Gustavo A. Madero emitió 117 mil 833 licencias, el más alto número en todo el DF, superando en más de diez mil a Venustiano Carranza, y atendió 42 mil trámites de Control Vehicular; lo que la coloca en el primer lugar de las 21 oficinas que existen en la ciudad, destinadas a estos servicios”.
En Venustiano Carranza la situación es la misma con la subdirector de Licencias y Control Vehicular, Eva Gatica Herrera. Y si se le rasca…
Así que la corrupción es ésta, como también la exhibida en los videos, el Pemexgate y la de los Amigos de Fox.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Cacicazgo delegacional

2004-04-22T14:58:00.000-05:00

(2002-04-22)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040422031708

Bien es sabido que una parte de los integrantes del PRD se unieron al Frente Democrático Nacional primero y al Partido de la Revolución Democrática después, con el fin de encontrar un cobijo institucional a su muy particular forma de hacer política, a la manera que sus carencias les enseñaron de lucha callejera, amenazas y presiones a las instituciones, de la conquista de espacios fuera de la legalidad —con la excusa de que formaban parte de la izquierda únicamente por ser desposeídos—, que si México no fuera un país con leyes de gelatina muchos de ellos estarían en la cárcel desde hace mucho tiempo, pero hoy son flamantes funcionarios amparados por las clientelas políticas.
Uno de estos casos es el del ex Jefe Delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, su heredera política, la actual delegada Fátima Mena Ortega, y la familia Mendoza Mendoza.
Los Mendoza comandados por Patricia como representante de la asociación civil "Vivienda, un derecho para los hijos de Tláhuac", fueron operadores políticos de Martínez Rojo y le ayudaron a la invasión el 7 de abril de 1992 del predio Quiahuatla, ahora conocido como Tierra y Libertad.
De todos los propietarios invadidos sólo los esposos Rodolfo Ramírez y Jacoba Galicia siguieron la demanda civil, y lograron que el Juzgado Sexto Civil les diera la razón bajo el expediente 2208/93-B, donde se les permite recuperar o recibir el precio actual de su predio denominado "San Luisco Chinanco", de acuerdo a la sentencia definitiva del 1° de marzo de 1996. El resto se quedaron con su afrenta.
La relación de Martínez Rojo con los Mendoza propició su relación con María del Rocío, actual directora de Servicios Educativos de la delegación Tláhuac, con quien tuvo dos hijos. Y como jefa de ésta se encuentra Patricia Mendoza Mendoza, directora General de Desarrollo Social.
Pero la cosa no para ahí. Los Mendoza Mendoza hicieron de la delegación Tláhuac su feudo, su cacicazgo, y podemos enlistar a más familiares.
El encargado de la oficina de Transparencia e Información Pública es Felipe Mendoza Mendoza; en la nómina de enero aparece también Josefina Mendoza Mendoza, con una plaza de jefe de división; Roberto Mendoza Mendoza está en la dirección general de Servicios Urbanos; y el padre de todos ellos, Florencio Mendoza, aseguran algunos trabajadores delegacionales inconformes, cobra por honorarios en la actual administración.
Algunas otras denuncias refieren que la esposa de Felipe Mendoza Mendoza, Micaela Fuenleal Martínez, se encuentra entre los funcionarios de la dirección de Participación Ciudadana, así como una mujer de nombre Ana, esposa de Isaac Mendoza Mendoza.
Esta es la forma cómo grosso modo Martínez Rojo y la familia Mendoza Mendoza construyeron un cacicazgo en la delegación Tláhuac, aprovechando un movimiento que se presentó como una lucha por la obtención de un lugar digno para vivir para la gente que menos tiene, pero que por medio de la violencia primero, y las clientelas políticas después, se han beneficiado con todas aquellas mañas e irregularidades que un día dijeron combatir cuando la moda política era ser de izquierda.
Habitantes de Tláhuac refieren que se hace necesario investigar de forma inmediata la adquisición de diversos inmuebles y predios que fueron escriturados a nombre de familiares de Martínez Rojo y su ex concubina, Rocío Mendoza.

Caerá Martínez Rojo; Fátima no

2004-04-21T14:55:00.000-05:00

(2004-04-21)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040421035943

El PRD en el Distrito Federal ha iniciado una especie de operación cicatriz para sobreponerse al descrédito de los acontecimientos de los primeros días de marzo, con la consigna de que los corruptos ya se encuentran fuera del partido (Rosario Robles, Ramón Sosamontes, René Bejarano y Carlos Ímaz) y ahora deben mirar hacia el frente para recuperar los espacios perdidos y que no les vuelvan a caer en otro incidente como el de los videoescándalos.
Este plan contiene la necesidad de acarrear una serie de linchamientos políticos y alcanzar, incluso, el castigo legal para algunos de sus militantes con el fin de salvar a otros, como sucederá con la protección para una de las jefas delegacionales más señaladas por el asunto de los sobornos del Grupo Quart y su dueño, Carlos Ahumada. Nos referimos a Fátima Mena, y la crucifixión en descargo de ella de su hacedor político, Francisco Martínez Rojo.
Isaías Villa, secretario general del PRD en el Distrito Federal está llamando a los líderes de las fuerzas populares perredistas y a los dirigentes del comité delegacional en Tláhuac, exigiéndoles que le bajen a sus reclamos y denuncias en contra de Mena Ortega, porque cualquier acusación en contra de la Jefa Delegacional atenta contra los intereses del partido, y en consecuencia de ellos mismos, por lo que el PRD debe ser conservado a como dé lugar.
De acuerdo con militantes que estuvieron el pasado 3 de abril en la reunión de los perredistas en Tláhuac, el diputado Juventino Rodríguez Ramos habría hablado en el sentido anteriormente expresado, y porque según habría dicho: “Hay que matar al perro rabioso, pero salvar a la cachorra infectada”.
De esta forma, el diputado que ha sido señalado en Tláhuac porque habría negociado su silencio sobre las irregularidades de Martínez Rojo (fue su director Jurídico y de Gobierno) a cambio de la candidatura a diputado local, pone en entredicho la lucha contra la corrupción presuntamente emprendida por el PRD.
El propio asambleísta dijo a mediados de febrero que la Contraloría General del GDF había detectado irregularidades por 3.5 millones de pesos en enero pasado, anomalías que propiciaron la destitución de Arturo Hidalgo como director General de Administración y de Jesús Trujillo, quien fue Director de Adquisiciones con Francisco Martínez Rojo y Director de Finanzas en la administración de Fátima Mena hasta hace por lo menos un mes.
El caso es que de las administraciones anterior y actual de Tláhuac la Contraloría General del Distrito Federal inhabilitó a por lo menos 12 personas para ocupar cargos en el gobierno por distintos periodos. Además de Hidalgo y Trujillo están en la lista el propio líder del grupo, Francisco Martínez Rojo, ex jefe delegacional; Guillermo Peña, ex director general de Obras; y Carlos Andrade, ex contralor interno delegacional, entre otros.
Pero no Fátima Mena, advierten, no caerá.

Addendum

Muchas de las cosas en el país no caminan porque todo se deja para después, con el fin de presionar y negociar políticamente. Ayer los diputados de la comisión instructora que debe analizar y en su caso poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el fuero de los legisladores, en este caso de René Bejarano Martínez, Ricardo Aldana Prieto y Fernando Espino Arévalo, decidió dejar para el lunes la discusión para determinar si el ex presidente de la ALDF tiene fuero o no… ¿Cómo con Carlos Romero Deschamps, terminará la legislatura antes de proceder contra él?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Ponce, ¿testigo protegido?

2004-04-20T14:51:00.000-05:00

Por Renato Consuegra
(2004-04-20)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040420023118

Andrés Manuel López Obrador teme que la Procuraduría General de la República tenga en su poder y bajo custodia al ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, a quien las autoridades federales le estarían sacando información antes de presentarlo como testigo protegido.
El jueves pasado y nuevamente el sábado, el jefe de gobierno dijo —y fue muy insistente en sus conferencias de prensa mañaneras— que teme por la vida de Ponce Meléndez.
Lo que el gobernante capitalino pretende con estas declaraciones es forzar a la PGR a decir que su ex colaborador se encuentra vivo y que ha sido integrado al programa de testigos protegidos o que ya está detenido como presunto responsable de delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros.
Esta posibilidad daría a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la oportunidad de poderlo interrogar sobre la base de los convenios de cooperación dentro del marco de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Sin embargo, hasta el momento no se ha podido probar que Ponce Meléndez forme parte de un grupo de personajes dedicados a delinquir en conjunto, o por lo menos la estrategia de la PGR ha detenido esta posibilidad.
Es lo que se conoció tras la información entregada por el jefe de gobierno el jueves pasado. En la denuncia de hechos realizada por la Procuraduría Fiscal federal se da cuenta de una serie de irregularidades que señalan únicamente a Ponce Meléndez y a su esposa Esperanza González Ocampo, como operadores de una serie de movimientos en sus cuentas bancarias y en casas de cambio, sin involucrar a nadie más.
Fue esta la forma como la PGJDF consiguió obtener la información exhibida por López Obrador, una vez que oficialmente se integró una investigación.
Sin embargo, por el momento el área de delitos financieros y lavado de dinero de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, a cargo de Ambrosio Michel, investiga el origen de los recursos para saber si provienen de las arcas del Gobierno del Distrito Federal o de otro tipo de irregularidades.
La idea de la investigación, de acuerdo con fuentes cercanas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, es determinar en cualquiera que sea el caso, si los movimientos por alrededor de 553 mil dólares en la casa de Cambio Tíber y los cerca de cinco millones de pesos en las cuentas bancarias de Ponce Meléndez y su esposa, fueron realizados con el consentimiento o por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, porque de ser así la federación tendría la posibilidad de abrir una investigación en contra del jefe de gobierno por delincuencia organizada.
Este es el motivo por el cual López Obrador teme que Ponce Meléndez se encuentre en manos de la PGR.

Addendum

Por cierto, los documentos del Hotel Bellaggio que fueron exhibidos junto con los videos de Ponce Meléndez no son parte de la investigación realizada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra del ex secretario de Finanzas... Una pregunta: ¿Qué resultados ha arrojado el Programa de Contraloría Ciudadana al que llamó el Gobierno del Distrito Federal a decenas de ciudadanos, de manera honoraria? Al parecer, como sucedió con los personajes honorables como Germán Dehesa y otros más en el Consejo Ciudadano de Transparencia, también fueron utilizados para beneficiar la imagen del Jefe de Gobierno, pero no les han dado la información que han requerido. O no la que pudiera poner en aprietos los movimientos irregulares que hay en la administración de la ciudad...

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

¿Claudia no está bajo sospecha?

2004-04-19T14:05:00.000-05:00

(2004-04-19)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040419021901

Carlos Ímaz fue finalmente sacrificado por el Gobierno del Distrito Federal. No pisará la cárcel, pero ya no podrá volver al frente de la Jefatura Delegacional en Tlalpan por ser presunto responsable por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Sin embargo, queda pendiente conocer qué tipo de relación entabló la secretaria del Media Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, con el empresario Carlos Ahumada pues existen informes de que estuvo en por lo menos dos ocasiones en el edificio de la avenida Revolución.
De la presencia de la esposa de Carlos Ímaz en las oficinas de Ahumada tiene pruebas el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Renato Sales Heredia, así como de otro video donde aparece el oficial mayor del gobierno capitalino, Octavio Romero Oropeza, el operador más fuerte de López Obrador.
Debemos recordar que el gobierno del Distrito Federal desmanteló la planta de asfalto que tenía en la avenida del Imán, en el sur de la ciudad, y que la oficina de Sheinbaum otorgó la autorización para el inicio de operación de la planta de asfalto en la Mina del Coyote, delegación Álvaro Obregón, con fecha 23 de septiembre del 2003, una vez que supuestamente la planta cumplió con las condiciones impuestas por la SMA, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
La propia Claudia Sheinbaum explicó que fue el 6 de febrero de 2003 cuando la Dirección de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelo y Residuos, dio entrada al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Planeación e Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V., y el encargado J. R. Limón.
Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cargo de José Luis Luege desde el 2 de septiembre pasado, informó que en la delegación Álvaro Obregón no se tiene registro de que exista una planta de asfalto y que la Mina del Coyote está registrada como tiradero de cascajo.
De este tipo de anomalías, si es que existen, deben dar cuenta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y su secretaria del Medio Ambiente, de quien dijo la semana pasada al conocer que la PGJDF había solicitado una orden de aprehensión en contra de Carlos Ímaz, no le aceptaría la renuncia. ¿Por qué esa defensa a ultranza?
Transcribo una parte de la conferencia de prensa de este sábado, donde el Jefe de Gobierno hace un alegato para defenderla, sin argumentos claros:
Un reportero preguntó a López Obrador: ¿por qué razón, si Claudia Sheinbaum sabía de esta situación de Imaz (que había recibido dinero de Ahumada), autoriza que se eche a andar la Planta de Asfalto...?
— No, ya lo ha explicado ella en varias ocasiones, hubo una conferencia de prensa, con ese propósito, se los recuerdo.
— ¿Pero a sabiendas que pertenecía a Ahumada?
— No, ella está cumpliendo muy bien su función como Secretaria de Medio Ambiente, es una mujer que me merece respeto, es inteligente, es íntegra, entonces no mezclemos las cosas.
— Usted dijo que no puede haber funcionarios de su Gobierno bajo sospecha, hay por lo menos ahí, había un conflicto de ética en el comportamiento de la señora (...) Y, además pues ella conocía perfectamente quién era Carlos Ahumada para usted, y las acciones que usted llevaba para tratar de evitar que el señor siguiera...
— Se lo contesto rápido, Claudia no está bajo sospecha, es una funcionaria pública ejemplar, así tan sencillo…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Perredismo obnubilado

2004-04-16T14:03:00.000-05:00

(2004-04-16)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040416032916

El perredismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sigue alucinado. Este martes diputados del PRD presentaron diferentes iniciativas carentes de un análisis serio y objetivo. Pareciera que, más que propuestas, la intención es hacer parecer que la Asamblea comenzó a trabajar y dejó atrás la bomba expansiva del caso Bejarano.
Para muestra un botón. Alfredo Hernández Raigosa presentó una iniciativa donde propone en sustancia que “el Tribunal Electoral del Distrito Federal sea adscrito al Poder Judicial Local”, bajo el argumento de que con ello “se aprovecharía al máximo la capacidad y conocimiento de los magistrados integrantes del órgano electoral local, aligerando las cargas de trabajo que se observan en el Tribunal Superior de Justicia”, y propone para tal efecto reformar el Código Electoral Capitalino y la Ley Orgánica del TSJDF.
Tal vez Hernández Raigosa desconozca que en el Distrito Federal, a diferencia de los estados de la República, técnicamente no existen poderes públicos, como lo refiere el texto de la iniciativa. Dada su condición de excepción, en el DF lo que hay son órganos de gobierno encargados de funciones perfectamente delimitadas por la Constitución General.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia del DF se le atribuye exclusivamente el ejercicio de la función judicial del orden común; no existe, pues, el Poder Judicial a que se refiere. De ahí que se haya pugnado tanto por la reforma política del Distrito Federal.
De igual forma sucede con el Tribunal Electoral del Distrito Federal pues su naturaleza y bases se encuentran determinadas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. En consecuencia, para materializar dicha propuesta sería necesaria una reforma constitucional, lo que rebasa el ámbito de atribuciones del órgano legislativo local.
Más grave es la incongruencia del PRD, partido que pugnó por la autonomía de los órganos electorales, cuando ahora plantea este tipo de propuestas sin considerar la problemática que esto traería consigo.
Por un lado, es necesario recordar que la impartición de justicia es ante todo una tarea delicada que requiere de una verdadera especialización, de ahí que en el Derecho existan una serie ramas que tienden a la especialización. Pero ignorando todo ello se propone que los magistrados electorales integren salas penales, civiles y familiares sin importar que en el Tribunal Superior de Justicia exista una carrera judicial, esto es, magistrados que fueron electos por una especialidad en el derecho electoral, de materializarse esta propuesta, ahora se harían cargo de dictaminar sobre homicidios, divorcios fraudes, entre otros, sin que precisamente tengan una especialidad o experiencia en este terreno.
Por otro lado, si analizamos con detenimiento el caso del Tribunal Electoral Federal, que con la reforma de 1996 fue incorporado al Poder Judicial de la Federación, en realidad se le trata como un órgano especializado y no autónomo, que aunque independiente en sus decisiones se ha visto sujeto en ciertas controversias a las determinaciones del Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Así pues, desde el punto de vista legal y material la propuesta perredista es inviable, por lo que no podemos dejar de lado el cuestionamiento natural del por qué el planteamiento de iniciativas carentes de sustento, cuando existen tantos aspectos en propia materia electoral, que sí son competencia de la Asamblea, y que requieren de una urgente atención.
Sería bueno que diputados como Hernández Raigosa revisaran temas como la nulidad de elecciones por rebasar los topes de campaña, los múltiples gastos que se realizan en las precampañas del DF, y de los cuales ahora tenemos referentes de donde provinieron los recursos para costearlos, perfeccionar y ahondar en los mecanismos de fiscalización, y establecer mecanismos claros para protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, entre otros.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Consejero ciudadano de AMLO

2004-04-15T14:00:00.000-05:00

(2004-04-15)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040415020205

María Elena Pérez Jaén Zermeño y Odette Rivas Romero acudieron ayer a la Asamblea Legislativa del DF para hacer público su malestar por la forma como el presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, del cual son integrantes como consejeras ciudadanas, Gustavo Velásquez de la Fuente, obstaculiza los trabajos tendientes a poner en funcionamiento al órgano que debe cuidar de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En tiempos cuando la honestidad de los funcionarios del gobierno capitalino se ha puesto en entredicho, obstaculizar la puesta en operación de éste instrumento de vital importancia debe ser motivo de remoción del funcionario en cuestión.
El artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital advierte que los consejeros ciudadanos no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo para el que fueron nombrados (seis años sin derecho a reelección), salvo que a) “ataquen a las instituciones democráticas”, y el consejo es una de ellas; b) “ataquen a la forma de gobierno republicano representativo y local”, y está pasando por sobre un ordenamiento de la ALDF; c) “provoquen violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales” y su proceder afecta el interés de los habitantes de la ciudad; d) “ataquen a la libertad de sufragio”; e) “hagan usurpación de atribuciones”; f) “cometan cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes locales, cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, y lo hace porque obstaculiza la rendición de cuentas; y g) por omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.
A 42 días de haber sido nombrado presidente del Consejo por la imposición mayoritaria del PRD, Velásquez de la Fuente no ha convocado a la primera sesión del pleno, y por lo tanto, el órgano no ha iniciado funciones. Tampoco ha designado al Secretario Técnico y tampoco ha emitido el reglamento para la conformación de la estructura interna, cuyo plazo para hacerlo vence el 1 de mayo próximo.
Los partidos de oposición denunciaron a fines de febrero, antes de su imposición, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján y preveían que su nombramiento era sólo una más de las artimañas del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF. El Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y por tal motivo da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del Consejo.
López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el Consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los Consejeros. Incluso, debió renunciar Leoncio Lara, quien fue impugnado por los perredistas por haber sido director jurídico del Instituto Politécnico Nacional.
“No es necesario”, dijo López Obrador aquella ocasión, porque desde su propia perspectiva todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. En cambio, no lo hacen así los miembros de otros sectores quienes impulsan la modernización de las instituciones locales para otorgar a los ciudadanos la posibilidad de participar en el control de las decisiones gubernamentales, y garantizar de esta forma el pleno ejercicio de sus derechos.
El Jefe de Gobierno destacó también que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel…muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo aquella ocasión.
Hoy Gustavo Velásquez es un obstáculo para la contraloría de los ciudadanos; la ALDF tiene en sus manos los instrumentos necesarios para determinar su remoción y dar viabilidad al gobierno del DF.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Sheimbaun y las obras viales

2004-04-13T13:57:00.000-05:00

(2004-04-13)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040414001119

Andrés Manuel López Obrador hizo de las grandes obras viales su proyecto de Gobierno y del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, su plan para ganar la simpatía de amplios sectores de la población a nivel nacional, apoyado por la publicidad de los medios de información mediante sus mañaneras conferencias.
Pero no todos sus colaboradores estaban de acuerdo con sus planes. Cuando el Jefe de Gobierno del Distrito Federal buscaba opiniones sobre la viabilidad del Proyecto propuesto por David Serur Edid, tuvo en el secretario de Obras, César Buenrostro, al principal opositor.
Buenrostro tenía la tesis de que el proyecto no era viable y que, por el contrario, se debían explorar la construcción de más redes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y otras alternativas para mejorar el transporte en la ciudad.
En cambio, Claudia Sheimbaun Pardo se ganó la confianza de López Obrador al defender el proyecto de los segundos pisos, y también un estudio del World Resources Institute (WRI), elaborado por quien fuera su director de tesis de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, Lee Schipper.
En él, Schipper expresaba que “la opción de extender el Metro resultaría muy cara (…) los costos se incrementarían unos $100 millones de dólares por kilómetro”. El estudio añadía que mientras la Línea Uno está más que saturada con alrededor de un millón de pasajeros al día, hay otras subutilizadas. Es más, afirmó Sheimbaun que actualmente el Metro, con más líneas, transporta menos pasajeros que hace 10 años.
El proyecto del catedrático estadounidense y de Claudia Sheimbaun está basado en el diseño de un sistema de transporte público “capaz de reducir drásticamente los tiempos de viaje, mejorar el medio ambiente, aumentar la productividad y abatir los costos de transportación” en la ciudad.
Para lograrlo, se propuso la creación de rutas exprés de autobuses bajo dos perspectivas: una sería la de clausurar calles completas a cualquier vehículo que no fuera autobús, y la otra, la instalación de carriles exclusivos (defendidos por camellones o topes) a ambos lados o en medio de avenidas grandes.
Además de la utilización de autobuses grandes o ultra-grandes para atravesar la ciudad hacia puntos que conecten con el Metro.
Como la titular de la Secretaría del Medio Ambiente ya tenía amarrado el estudio, se creó el Centro para el Transporte y el Medio Ambiente, con $12 millones de dólares en apoyos que incluían un crédito de $5.8 millones de dólares del Banco Mundial, $1 mdd de la Fundación Shell y $2 mdd de las armadoras como Volvo, Mercedes Benz y Scania, entre otras, para pagar los costos de los proyectos ejecutivos de las obras.
Al derrotar la propuesta de crear más redes del Metro y utilizar aquellos recursos en la construcción de viabilidades, fue que el Jefe de Gobierno entregó la responsabilidad de las obras a la secretaria del Medio Ambiente y esposa de Carlos Ímaz, ya que le dio el carácter de secretaria suplente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación en el Distrito Federal (Fimevic) y la coordinación de los trabajos del Segundo Piso.

Addendum

Ahora René Bejarano tendrá que probar todo lo que dijo este lunes porque, de lo contrario, tendrá que responder por el delito de difamación y calumnias, salvo que Bernardo Bátiz no quiera dar trámite a las denuncias en su contra… Quien muestra no sólo incapacidad, sino una total subordinación a los intereses del Jefe de Gobierno es Bátiz, que no ha detenido a Bejarano, un hombre que después de ser sorprendido recibiendo miles de dólares para embolsárselos en una acción demasiado burda, ahora lanza acusaciones por todos lados, estas si sin sustento.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Proyecto político, no de vialidad

2004-04-13T13:53:00.000-05:00

(2004-04-13)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040413014306

El Segundo Piso de Viaducto y Periférico, como plan para desahogar parte del flujo vehicular de la congestionada ciudad de México no fue un proyecto nuevo ni producto del interés de Andrés Manuel López Obrador por dotar a la capital de la República de infraestructura de primera línea.
Siempre fue un proyecto político para aquellos que intentaron darle viabilidad y un proyecto de vida para su creador.
Había sido una empresa personal en la vida del ingeniero David Serur Edid, quien a principios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari "vendió" la idea al entonces regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís.
Políticamente este proyecto sería una plataforma de lanzamiento para la candidatura a la Presidencia de la República. El Segundo Piso surgiría como la obra magna para solucionar los conflictos viales de la urbe y catapultar al entonces regente.
Incluso, afirman quienes saben del asunto, Camacho Solís llegó a establecer una negociación con el fallecido magnate de la televisión privada en México, Emilio Azcárraga Milmo, quien se haría cargo de los costos por la construcción del proyecto, pero un estudio de factibilidad de suelos realizado a propósito de la cimentación de la ciudad tras los sismos de septiembre de 1985, por la principal empresa constructora de México en aquellos años, ICA, determinó la inviabilidad del proyecto.
El área que abarca Polanco y hasta la Feria de Chapultepec, entre otras, corría el riesgo de no soportar el peso estructural concluyeron entonces.
De tal forma que tras varias reuniones el poco afortunado precandidato presidencial para 1994 debió buscar otra opción para su lanzamiento y la corrección de los problemas viales de la capital, optando por el todavía vigente programa Hoy no circula, cuyo acuerdo para restringir la circulación un día a la semana (sus restricciones iniciales se han venido modificando con el tiempo), fue publicado el 1 de marzo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación.
Posteriormente, el empresario de la televisión convenció al regente Óscar Espinosa Villarreal para que retomara el proyecto y éste anunció entradas y salidas, con casetas de peaje.
Este diseño elitista iba a ser construido por las empresas ICA y Tribasa, luego de otro estudio que no contemplaba llegar a la zona de Chapultepec, pero sí a San Gerónimo, pero el rechazo de la población fue casi unánime, pese a los beneficios que anunció el último regente de la ciudad como la construcción de más de 40 estacionamientos que quedaron en sólo uno, en las confluencias de Reforma, Morelos y Abraham González.
La alianza política del grupo de Manuel Camacho Solís (Jenny Sealtiel, Joel Ortega, Marcelo Ebrard, entre otros) con Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal revivió el proyecto de Serur Edid, quien como Andrés Manuel López Obrador no quitó el dedo del renglón y aunque el proceso será más lento, realizarán la obra como estaba inicialmente proyectada, pero ahora en tramos.
Por cierto, existe la versión de que David Serur Edid fue el calculista de la estructura de la Universidad Iberoamericana que se cayó durante un sismo en 1981, en la colonia Campestre Churubusco.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Razón técnica paró a Quart

2004-04-12T13:51:00.000-05:00

(2004-04-12)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040412025509

Cada día que pasa el jefe de Gobierno del Distrito Federal insiste en engañar a sus gobernados y también a quienes no lo son, pero los pretende gobernar a partir de 2006. Por ese motivo compró tiempo en El noticiario de Joaquín López Dóriga del pasado 1 de abril, donde para quedar como un gobernante que estaría al corriente de todo lo que sucede en la ciudad, dijo que él mismo decidió evitar la participación de Carlos Ahumada Kurtz y su empresa Quart en la construcción del segundo piso de Viaducto y Periférico.
Esto es lo que dijo a López Dóriga: "Decidimos combatir al señor Ahumada. En tres años lo hemos atajado (...), se presenta como empresario contratista. Licitamos para la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, del segundo piso. Se queda incluso su empresa como la mejor propuesta. Sin embargo, (por) la desconfianza, yo decido que no debe participar".
Con lo dicho por López Obrador pareciera que la obra iba a ser adjudicada de manera total a Carlos Ahumada. Sin embargo, ese es un primer intento de engaño. La megaconstrucción fue licitada en cinco tramos diferentes –por ejemplo, un segundo tramo iba a ser adjudicado a la empresa Pretencreto, que finalmente participó en la edificación del Distribuidor Vial San Antonio.
No. El motivo de su cancelación fue de carácter técnico. El 14 de mayo de 2002 publiqué en primera plana y a ocho columnas del diario La Crónica que ese mismo día se iba a declarar desierta la licitación.
En aquella información se daba cuenta que el proyectista José María Rioboó no había terminado el proyecto ejecutivo que le fue entregado, no por licitación, sino por especialidad. Entonces, al no tener todos los elementos técnicos a la mano, las empresas constructoras que compraron las bases de licitación presentaron sus ofertas económicas a partir de sus propios estudios, con costos por encima de los esperados por el GDF, ya que ante la carencia de un proyecto concluido, no existían montos reales o una valoración apegada a la realidad.
Es decir, ante la falta de un proyecto, los contratistas inflaron sus costos para prever pagos de garantías, daños a terceros y otros elementos que le dieran certeza a su participación, motivo por el cual los mil 500 millones de pesos que había en disponibilidad terminaron siendo rebasados.
Además, algunas firmas constructoras decidieron no participar al considerar que había muchas cargas impositivas en caso de incumplimiento en el plazo proyectado, sobre todo que la obra se retrasó por más de un mes y los tiempos de la jefatura de gobierno del Distrito Federal eran políticos, pues querían realizar la inauguración de la obra el 20 de noviembre de 2002, previo a las elecciones federales intermedias. Incluso, hubo algunos que comentaron que esta obra no se podría llevar a cabo y que "sería un milagro" que se construyera en siete meses, como se tenía previsto.
Cabe recordar que para el primer tramo sólo participó la empresa Quart; en el segundo concursaron las empresas Pretencreto y Viguetas y Bobedillas (Vibosa) y para el tercero presentaron ofertas económicas Grupo Quart y Viguetas y Bobedillas.
Ya semanas atrás se había declarado desierta la gerencia del proyecto, la cual había ganado la empresa Triada, pero otras empresas con intereses en la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal se le fueron encima.
Esta es la historia, pues, de la cancelación para que Quart participara en el segundo piso y no una decisión de Andrés Manuel López Obrador. La historia de los segundos pisos, convertidos en la engañifa de los distribuidores viales, continuará mañana.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Gente buena que viola la ley

2004-04-09T13:47:00.000-05:00

(2004-04-09)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040409012133

Al ser cuestionado el 3 de marzo por la caída del operador político de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, el secretario Alejandro Encinas contestó a la reportera de televisión Paola Figueroa que no era el único, que existe un Grupo de Operadores Políticos en el cual señaló en primer término a Bernardo Bátiz. Tal declaración ya era motivo suficiente para separar de su cargo al Procurador capitalino.
Posteriormente, en declaraciones transmitidas por los noticieros de Televisa, Bernardo Bátiz ha quedado en evidencia porque se dedica a cubrir los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador; y en sus últimas declaraciones el procurador ha resultado ser asesor de René Bejarano y Carlos Ímaz, cuando los invita públicamente a que reintegren el dinero recibido de Carlos Ahumada, para que puedan ser favorecidos y reciban beneficios procedimentales.
Pero lo más grave y que deja al descubierto el proceder de Bátiz, es que ha roto una y otra vez a favor del Jefe de Gobierno, el sigilo y la confidencialidad a que está sujeta la averiguación previa, entregando en forma inmediata los hechos contenidos en la declaración del chofer de Ahumada.
En este espacio dimos cuenta el pasado 30 de marzo de la irresponsabilidad del procurador al violar la secrecía en las investigaciones que realiza, cuando su encargo no es el de defender al Gobierno, sino como parte del Gobierno hacer la defensa de los intereses de la sociedad a la que representa. Y en esa defensa social debe actuar con prudencia, responsabilidad y talento para que las pesquisas lleguen a buen término.
En los archivos de la Contraloría Interna de la Procuraduría obran cientos de expedientes donde servidores públicos de la Institución, han sido sancionados con suspensiones, destituciones e inhabilitaciones, por haberse acreditado que se violó por ellos la secrecía que impone la Ley a la
Representación Social, al revelar hechos o circunstancias contenidas en las investigaciones sujetas a su competencia.
El artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal dice en su párrafo III que “comete el delito de ejercicio indebido de servicio publico, el servidor publico que por si o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.
El artículo 213 del código se establece que “al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa”, sanción que por las atenuantes podría aumentar en una mitad y se le suspendería de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio y por el hecho de ser servidor publico, se le impondría, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.
Ahhhh. Pero no. El procurador Bátiz justificó el domingo pasado el uso que ha hecho el Jefe de Gobierno de información contenida en las indagatorias judiciales que él mismo le dio, pues tiene que defenderse ante lo que, dijo, es ya una “confrontación” política.
Y claro, López Obrador salió en defensa de “su” procurador (que no de la ciudad), con una justificación alejada del argumento jurídico, como son las justificaciones sobre su propio proceder. Calificó a Bátiz como un hombre íntegro, un abogado con principios y una gente buena.
¿Será que así pretende construir el nuevo país que quiere si llega a la Presidencia? ¿Con gente buena porque lo dice él, pero que viola constantemente los principios básicos de la convivencia social que son las leyes?
Por lo pronto varios senadores dijeron que Bátiz ya no garantiza imparcialidad en las investigaciones de los casos de corrupción en el GDF y este martes aprobaron su comparecencia en la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República para el próximo día 22.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Asamblea Tlalpense

2004-04-08T13:44:00.000-05:00

(2004-04-08)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040408031416

Las cosas no están nada bien para los gobiernos del PRD en el Distrito Federal pues ante el estado de cosas, distintos grupos sociales exigen participar en las decisiones de gobierno. El sábado 3 se reunieron los perredistas de Tláhuac para pedir la dimisión de su Jefa Delegacional, Fátima Mena, que los ha ignorado. El martes 6 lo hicieron ciudadanos de distintas filiaciones en Tlalpan. Pronto podrían ser muchos, muchos más en la ciudad. De lo sucedido en Tlalpan, le comentamos:
Lo hicieron al tiempo que Carlos Ímaz declaraba ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como presunto responsable del delito de cohecho, e informaba sobre la posibilidad de extender por tres meses más la licencia de separación a su cargo como Jefe Delegacional de Tlalpan, con el fin de enfrentar las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada Kurtz.
Se reunieron alrededor de 85 líderes sociales, algunos de ellos miembros de partidos políticos, quienes tomaron la decisión de constituir una Asamblea Tlalpense que se reunirá el próximo 24 de junio una reunión plenaria, donde esperan reunir al doble de participantes.
Pero, ¿qué quieren estos ciudadanos tlalpenses? Veamos sus cuatro demandas:
1.- Constituir un organismo ciudadano que sirva de contrapeso a la función pública en la demarcación, para lograr que el Jefe Delegacional y sus funcionarios rindan un informe público mes a mes y se haga seguimiento a los problemas de Tlalpan.
2.- Solicitar al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa la separación definitiva del cargo como Jefe Delegacional de Carlos Ímaz y todo su equipo.
3.- Hacer un extrañamiento ante la Asamblea Legislativa a los diputados locales y federales de Tlalpan, que se han quedado callados ante los sucesos, a la espera de ser favorecidos con la propuesta como probable sustituto, facultad que es del Jefe de Gobierno, y
4.- Tomar la palabra a Andrés Manuel López Obrador, quien dice que siempre se debe consultar a la ciudadanía sobre los aspectos que interesan a los habitantes de la ciudad. Así, afirman, van a proponer que la terna para sustituir a Carlos Ímaz sea compuesta por ciudadanos tlalpenses, libres de compromisos políticos con grupos, con probada integridad, probidad, honestidad y capacidad política para lograr consensos.
En la reunión hubo variedad de líderes sociales miembros de partidos como el priísta Jaime González, los panistas Mariano Ahuatzi y María Sánchez Varela; los perredistas Héctor Staines y Fernando Saucedo; por Convergencia Gilberto Gálvez y por el PT Guadalupe Gamboa. Además de otros dirigente sociales y de los pueblos de Tlalpan como David Quiroz, Jorge Hurtado, Mario Rechy, Rosa María Bonilla, Javier Castro, David Contreras, Ana María Bravo, Juan Palomares.
También estuvo Pepe Alcaraz, quien contendió contra Ímaz en la elección del 6 de julio de 2003 en representación de una alianza de cuatro partidos (Convergencia, PT, Partido Alianza Social y Partido Liberal Mexicano), campaña que inició como candidato ciudadano.
Durante la Asamblea, Alcaraz se descartó de la posibilidad de ser llamado a formar la terna ciudadana que los habitantes de Tlalpan exigirán sea presentada por Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a Ímaz.
En la reunión del martes pasado realizada en el centro de Tlalpan, se nombró una Comisión de 25 personas para redactar los escritos que serán entregados al Jefe de Gobierno y a la Comisión de Gobierno de la ALDF.Es sólo el inicio del descontento social con las administraciones perredistas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Periodista, candidata y novia de AMLO

2004-04-07T13:41:00.000-05:00

Renato Consuegra
(2004-04-07)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040407021552

Cuando los asuntos privados son llevados al ámbito de lo público por los propios protagonistas, no queda más que tratarlos si interés público tienen. Así las cosas, quiero comentarles que una columna aparecida este lunes en un medio de información de Puebla da como un hecho un tema privado interesante: la pareja sentimental de Andrés Manuel López Obrador es la periodista Beatriz Gutiérrez-Müeller, quien, además, estaría por regresar a su estado natal como candidata del PRD a la gubernatura durante los comicios del 14 de noviembre, cuando elijan al relevo del gobernador Melquíades Morales, a 217 presidentes municipales y a 26 diputados de mayoría relativa y plurinominales.
En Radio Pasillo se sabía de la discreta relación sentimental de Gutiérrez-Müeller con López Obrador, al grado de que cuando comenzaron las murmuraciones en sus círculos cercanos fue alejada del edificio del Gobierno del Distrito Federal en el Zócalo y ubicada como consejera en la oficina que los asesores tienen por el rumbo de San Ángel.
Políticos perredistas de la ciudad de Puebla aseguran que ella misma filtró la información al columnista Rodolfo Ruiz, quien da información del currículo de esta reportera, con el fin de posicionarla, aunque los militantes del PRD en aquel estado están que trinan en su contra.
De acuerdo con el autor de la columna Entrelíneas, Gutiérrez-Müeller “egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana campus Puebla, en 1998, con la tesis Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales. Además se graduó el 8 de marzo de 2001 de la maestría en Letras Iberoamericanas.
Antes laboró como reportera en las desaparecidas ediciones de El Universal de Puebla y Página Regional, amén de su trabajo radiofónico en la Revista 105, conducida y dirigida por Sergio Mastretta Guzmán.
Su nexo con el PRD habría iniciado por una relación sentimental con el entonces y actual diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón metropolitano, entre 1998 y 1999, quien iba a visitarla cada semana a la Angelópolis.
A la ciudad de México llegó en 2000 donde hizo colaboraciones para la agencia Argos de Epigmenio Ibarra. Y de ahí, aseguran, fue recomendada por Octavio Romero Oropeza para el cargo de directora de Difusión con un salario superior al de otros directores de área, quienes percibían alrededor de 33 mil pesos cuando ella recibía pagos mensuales por 61 mil.
De esta mujer de alrededor de 36 años, cabello rubio y ojos grises, dice el columnista Rodolfo Ruiz: “El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, podría volverse a casar. El dato no tendría mayor relevancia, ni sería tema de esta columna política, si no fuera porque su pareja es una periodista. Poblana para más señas”.
Y añade: “¿Sabe usted a quién nos referimos? Sí, a Beatriz Gutiérrez Müeller, quien incluso podría reaparecer en Puebla como candidata del PRD al gobierno del estado”.
Así como la ven, están las cosas.

Addendum

Transportistas de los Grupos G4, Taxi Club 1180, Cudotrei y Colegiado del Transporte, todos ellos pertenecientes al PRD se manifestaron ayer inconformes por la protección y crecimiento desmesurado que Francisco Garduño permite a la organización Panteras del Frente Popular Francisco Villa, ligada a René Bejarano, que ha pasado de 200 a 8 mil taxis piratas, razón por la cual entregaron en el gobierno del Distrito Federal un pliego petitorio que incluye la renuncia del titular de la Setravi…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

AMLO conoce otros 5 videos

2004-04-06T13:36:00.000-05:00

(2004-04-06)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040406035954

Mucho de cierto tienen las declaraciones pretendidamente exculpatorias realizadas ayer por René Bejarano al diario La Jornada, cuando involucra al vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, dentro del complot para dar a conocer los videos del escándalo.
Y en ello tiene mucho de verdad. Sí. Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga tuvieron los videos mucho antes de su difusión. Incluso fue por orden del vicepresidente de Televisa y amigo de Azcárraga Jean, es decir, el hombre fuerte en la empresa televisora detrás del dueño, que los videos fueron subtitulados y editados (se tapó la cara de Carlos Ahumada Kurtz).
Bernardo Gómez los entregó al equipo de postproducción de la empresa televisora de uno en uno en un lapso de tres días y con extremas medidas de seguridad para que ninguno de los trabajadores pudiera realizar alguna copia no autorizada.
Fueron en total ocho los videos con diferentes personajes, los maniobrados.
Pero más allá de la forma cómo se operó el complot, de la sincronización de la entrevista de Bejarano con Leonardo Kourchenko y la exhibición del video por parte de Brozo, y si hubo personajes como Federico Döring que se prestaron o fueron usados para el entramado, o la presencia de Carlos Salinas como director de todo el espectáculo, lo más importante en este momento en relación con el escándalo es preguntarnos por qué Televisa no dio a conocer las otras cinco cintas. Y aquí López Obrador tiene mucho qué decir.
La respuesta está en que tras la exhibición de los videos que involucran a René Bejarano y Carlos Ímaz en actos de corrupción con Ahumada Kurtz, los cinco videos restantes fueron exhibidos en una reunión privada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en una oficina de Bernardo Gómez.
Y esto, como la evidente corrupción de sus colaboradores, es un asunto que Andrés Manuel López Obrador también debe aclarar.
¿A qué tipo de negociación llegó con la empresa televisora, la que de inmediato montó un festival de primavera y para los siguientes días una serie de eventos en el Zócalo capitalino como prácticamente todos los sábados del año pasado, además de que en los partidos de futbol hay publicidad del Gobierno del Distrito Federal, y ni qué decir de la entrevista pedida el pasado jueves por López Obrador en horario estelar con Joaquín López Dóriga?
El asunto parece ser de animadversiones entre el joven ejecutivo de Televisa y el Jefe de Gobierno, quien con la soberbia que lo ha caracterizado últimamente, ha pretendido tratar como a un segundón a Gómez. Pero más allá de los conflictos interpersonales, el asunto tiene todos los tintes de ser de dineros.
El propio López Obrador llegó a declarar que había más videos. Y entre los presuntos implicados se encuentran Alejandro Encinas y Armando Quintero, entre otros. Así que él sabe muy bien de otro complot para que no se conozcan los cinco videos que tiene Televisa en su poder.

Addendum

Además del Frente Popular Francisco Villa, hay un Frente Popular Doroteo Arango (¿qué no es lo mismo a final de cuentas?) que se anda apoderando de infinidad de predios en el Distrito Federal con la complacencia de los actuales administradores de la ciudad y en perjuicio de particulares… Es sólo un rumor: Que Carlos Ahumada podría convertirse en testigo protegido de las autoridades federales, dado que está en posibilidades de dar a conocer muchos nombres de personajes de la política involucrados en actos de corrupción.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Todos son corruptos, menos él

2004-04-05T13:27:00.000-05:00

(2004-04-05)

La rivalidad entre el líder del PVEM en Tabasco y diputado local plurinominal, Pascual Bellizia, y el regidor de ese partido por el municipio de El Centro (Villahermosa), Juan Carlos Martínez Contreras, puso al descubierto el tráfico de influencias que por órdenes de su jefe Andrés Manuel López Obrador practica en los municipios tabasqueños Alberto Pérez Mendoza.
Martínez Contreras había fintado el pasado 6 de marzo que daría a conocer una grabación donde se comprueba que el diputado Bellizia presiona a Pemex para que la paraestatal entregue contratos a algunos de sus amigos.
La respuesta no se hizo esperar y Martínez Contreras fue exhibido por haber sido beneficiario siete meses después de la recomendación hecha por Pérez Mendoza, con un contrato por 198 mil pesos para la instalación de unas luminarias.
Este incidente en Tabasco tuvo su repercusión en el Distrito Federal; reveló a este personaje como cercanísimo a López Obrador y puso de manifiesto que el ejercicio realizado por el hombre de todas las confianzas del Jefe de Gobierno no es cosa menor, como seguramente lo hacen otros funcionarios.
Por ese motivo quizá nunca se va a encontrar que López Obrador de una orden directa o vaya a recibir maletas (bolsas del súper en el caso que nos ocupa) con dinero de las extorsiones gubernamentales. Por tal motivo López Obrador siempre dirá que son otros, todos, menos él, los corruptos, así sean personajes de su círculo más cercano.
La carta filtrada por la gente de Diego Bellizia y enviada por Pérez Mendoza al entonces presidente municipal de Cárdenas, Abenamar Morales Gámez en 2001, es clara: “Estimado presidente municipal, el C. Juan Carlos Martínez Contreras portador de la presente, es una persona que nos ha estado apoyando acá en el Distrito Federal, quien por razones familiares va a radicar en Villahermosa de manera permanente. A nombre del C. Jefe de Gobierno Lic. Andrés Manuel López Obrador, mucho agradeceré el apoyo que le pueda brindar, con el otorgamiento de obra pública relacionada con la compañía constructora que representa de conformidad con la Ley”.
Además, Pérez Mendoza, conocido como El Negro tiene el poder para hacer este tipo de “recomendaciones” porque es socio junto con César Ojeda Zubieta del diario La Verdad del Sureste, desde donde dicen, presiona a los funcionarios municipales para lograr sus propósitos.
Pérez Mendoza fue jefe de prensa del gobierno del estado durante la gestión como gobernador de Leandro Rovirosa Wade (1976-82) y a partir de ahí trabajó junto a López Obrador cuando éste fue presidente del PRI estatal en los primeros meses de la gubernatura de Enrique González Pedrero, también en el enlace con los medios, y en 1988 fue su coordinador de campaña en el Frente Democrática Nacional.
Haber sido el coordinador del Éxodo por la democracia le valió ser el primer diputado plurinominal del PRD en Tabasco y dirigente del PRD en Villahermosa.
Hoy Pérez Mendoza es director general de Patrimonio Inmobiliario del GDF, y depende de la Oficialía Mayor que encabeza otro tabasqueño, Octavio Romero Oropeza. Pero antes se sabía de él porque se le consideraba como un amigo de la infancia de López Obrador que tenía manos libres en el Gobierno del DF, cuando fue designado como Director General de Gobierno el 14 de febrero de 2000.
Desde ahí fue el encargado de desarticular la inmobiliaria del GDF, Servimet. Además fue Subsecretario de Atención Ciudadana y Desarrollo Policiaco, que luego pasó a ser subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementarias, cargo en el que lo sustituyó Gabriel Regino.
¿Este personaje seguirá los pasos de Gustavo Ponce o René Bejarano?

Addendum

El particular Rogelio Martínez Hernández anuncia que interpondrá un juicio político en contra del Director de Pemex-Petroquímica y Presidente del Consejo de Administración de Petroquímica Cosoleacaque S. A. de C. V., Ing. Rafael Beverido Lomelí, por los siguientes incumplimientos: 1) En sus 3 años de administración no ha actuado para producir y operar las 5 plantas de amoniaco de PECOSA; 2) no ha conseguido nuevos clientes, sino que ha disminuido considerablemente la cartera de compradores de Amoniaco; 3) no ha gestionado la baja del precio del Gas para ser competitivo en el mercado; 4) no se le ha dado solución a la cartera vencida de sus principales clientes de compra de amoniaco en el país; 5) ha perjudicado considerablemente al agro mexicano, por la falta de producción de fertilizantes; 6) ha fomentado como nunca antes el trafico de influencias, al contratar a personal sin experiencia y sin conocimientos en puestos estratégicos todo esto en perjuicio de la Industria Petroquímica; 7) ha desviado las funciones y los objetivos del área comercial de la empresa Petroquímica Cosoleacaque; 8) ha violado constantemente el marco Jurídico y los Estatutos de la Empresa Petroquímica Cosoleacaque S. A. de C.V.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

¿Presidente de la ALDF habemus?

2004-04-02T13:22:00.000-06:00

(2004-04-02)
Hoy deberemos despertar con nuevo Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD la noche del miércoles que para evitar un mayor daño a la imagen del partido, anoche mismo fueran saldadas las diferencias entre las tribus. Pero el asunto no era menor.
Los grupos que convergen en la Corriente Izquierda Democrática “de” René Bejarano se creían con derecho a mantener la posición, por tener la mayoría de legisladores. Sin embargo, había una lucha porque, se preguntaban otros, ¿cómo se va a legitimar a una corriente que está en entredicho? Por el contrario, afirmaban, lo que debía prevalecer era el acuerdo político para darle otra perspectiva de transparencia y trabajo institucional a la fracción misma.
Muy al estilo de la pobre visión democrática de René Bejarano, quien aseguraba que los votantes le dieron la mayoría abrumadora al PRD y que a eso se debían atener todos los demás, tratan de evitar cualquier actitud que de verdad vaya de acuerdo con las más simples actitudes democráticas, como son el derecho de los contrarios a disentir y a ser escuchados. Pero, sobre todo, al intercambio de ideas y de propuestas para el acercamiento de las posiciones, que ese es finalmente el interés de la política.El caso es que hoy debería haber presidente de la Comisión de Gobierno. ¿Lo habrá?
El problema es que desde Saúl Escobar y Javier Hidalgo, pasando por Agustín Guerrero e Isaías Villa, y siguiendo con Alejandra Barrales, Carlos Reyes Gámiz y Alfredo Hernández Raygosa, nadie quería aflojar. Mucho menos Dolores Padierna y Elio Bejarano, los sucesores naturales en el mando de la organización, por lo que se preveía que el acuerdo fuera desechado y se llegara a la última instancia que sería la del voto universal y secreto.
Mientras tanto, se prevé una fuerte lucha para sacar raja de la situación. Y uno de ellos es precisamente el presidente del PRD en el Distrito Federal, Agustín Guerrero, quien apenas supo lo de los videos, se acomidió a decir que el dinero recibido por René Bejarano no ingresó a las arcas del partido. Además, también declaró que la era de René Bejarano al frente de la poderosa CID prácticamente había terminado.
Otro que se habilitaba para ser el pastor del rebaño bejaranista era Martí Batres, quien no olvida el altercado por el que su hermana Lenia salió de la delegación Cuauhtémoc cuando Dolores Padierna era Jefa Delegacional.
Mientras tanto el trabajo en la Asamblea Legislativa continúa siendo gris. Los diputados básicamente van a pasar el día, cumplir con su presencia y, si acaso tienen ganas, grillar un poco.

Addendum

Hoy debe elegirse al nuevo contador Mayor de Hacienda de la ALDF que remplazará a la contadora María de la Luz Mijangos Borja. Pero por un flaco favor que el ex diputado Ricardo Martínez Atala, actuando ahora como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, le hace a su jefe Pablo Trejo, no saben de algunas presuntas irregularidades cometidas por uno de los aspirantes, Fernando Hernández Valenzuela, quien fue sorprendido por el ex trabajador de la CMHALDF, Ernesto Vargas García, en plena actividad de destrucción de documentos de las cuentas públicas de 1998, 1999 y 2000… Los costos de no atender sus asuntos y estar en la grilla interna del PRD…

Las mafias del PRD en Tlahuac

2004-04-01T13:17:00.000-06:00

(2004-04-01)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040401011227

Las tribus o grupos dentro del PRD actúan como lo que son: verdaderas mafias, y se empeñan en demostrarlo. No se puede explicar de otra forma que tras la publicación ayer en este espacio y en otros diarios, de información que involucra al ex jefe delegacional de Tlahuac, Francisco Martínez Rojo y a su sucesora, Fátima Mena Ortega, de inmediato el ex funcionario delegacional y periodista Armando Ramírez haya recibido sendas intimidaciones para que deje de abrir la boca. Por conducto de un vecino y un ex compañero en la delegación fue advertido de que se cuidara; incluso, uno de ellos le dijo que acababa de estar con una alta funcionaria del gobierno de Fátima Mena, quien le comentó que “son canalladas” lo que está haciendo al difundir información que pone en peligro la estancia en el poder de aquel grupito, y que “van con todo contra ti”.
Ramírez, quien ha realizado varias denuncias por irregularidades en la administración delegacional, está citado a comparecer esta mañana ante la Contraloría Interna delegacional; además, fue amenazado en varias ocasiones por Martínez Rojo, y en septiembre del año pasado en una carta a los medios, responsabilizó al entonces Jefe Delegacional, a Fátima Mena, a Andrés Manuel López Obrador y a Rosario Robles por lo que les suceda tanto a él como a su familia.
En este ambiente, la contraloría Interna delegacional ya envió a la Fiscalía Desconcentrada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el expediente que involucra a los recientemente destituidos director General de Administración, Arturo Hidalgo López, y director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, a quienes presumiblemente les fincarán responsabilidades como presuntos culpables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación.
La contralora interna en la delegación, Mónica León Perea se negó durante varias semanas a enviar los casos a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, pero tuvo que ser presionada por la contralora general de la ciudad, Bertha Luján, con el fin de acallar un poco la inconformidad que crece cada día más.
Por lo pronto, desde el jueves pasado la contraloría interna tomó las oficinas administrativas delegacionales para evitar fugas de información. A los trabajadores les dijeron que sacaran todas sus pertenencias personales, sellaron escritorios, archivos y oficinas, y ahora hay gente de la entera confianza de la contralora León Perea que revisa la información.
De acuerdo con un funcionario de Tlahuac, “la cosa está muy cabrona” porque al parecer las obras sin realizar que fueron pagadas por Martínez Rojo llegan a los 80 millones de pesos; de ellos, sólo 35 fueron en 2001.
Todo este escándalo ha incrementado el descontento entre los perredistas de la demarcación, quienes se reunirán este sábado 3 de abril a las 10 de la mañana en la explanada delegacional, donde se realizará un foro llamado “El Futuro del PRD”, donde se van a analizar los casos de corrupción y se debatirá la propuesta de un sector del PRD de exigir la renuncia o expulsión de Martínez Rojo.
Incluso, hay sectores que en un momento fueron cooptados para apoyar la candidatura de Fátima Mena, que ahora se dicen engañados, y aseguran que va a haber cambios, entre ellos el de la propia Jefa Delegacional, la misma que niega estar considerando presentar una solicitud de licencia al cargo. Sin embargo, el Comité Directivo Estatal del PRD analiza la posibilidad de hacer una limpia a fondo en la delegación.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

¿Cuánto más protegerán a Fátima?

2004-03-31T13:12:00.000-06:00

(2004-03-31)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040331044014

El caso de la Delegación Tláhuac amerita una investigación profunda donde una de las primeras decisiones debe ser la destitución de la actual Jefa Delegacional Fátima Mena Ortega para permitir transparencia en las investigaciones. El motivo es muy simple: fue secretaria particular del ex jefe delegacional, Francisco Martínez Rojo, directora de Seguridad Pública de la demarcación y sucesora del político que hoy se encuentra prófugo, para cubrir los famosos contratos multianuales firmados con las empresas de Carlos Ahumada.
Mena Ortega no sólo estaría implicada en las irregularidades administrativas en la delegación porque sabía todo lo relacionado con las componendas de Martínez Rojo, por su cargo como secretaria particular, sino que ahora como Jefa Delegacional pretende borrar toda huella que involucre a ambos con el Grupo Quart, Carlos Ahumada y Rosario Robles, al grado de que el pasado sábado 19 al menos dos vigilantes dieron a conocer la substracción de documentos de la delegación, entre ellos 75 carpetas y 16 cajas, además de que están llamando a los proveedores para rehacer muchas de las facturas.
Todo esto se conoce porque los guardias y personal administrativo han alertado a sus compañeros porque no quieren salir embarrados.
Mena Ortega sabe también de las relaciones de Martínez Rojo con presuntos narcotraficantes de la zona, pues afirman que ambos se reunían, por ejemplo, con El Halcón. Esta relación provocó también que el ex jefe delegacional fuera sometido a un tratamiento psiquiátrico antidepresivo por el doctor Juan Rueda, luego de haber intentado suicidarse en febrero del 2002, debido a supuestas amenazas por haber incumplido ciertos pactos.
Por aquellos días solicitó una licencia de 45 días presuntamente para una operación en el aparato gastrointestinal, pero se supo que fue internado en el hospital privado San Rafael, en la avenida Insurgentes Sur. Después se sometió a un tratamiento de desintoxicación en el hotel balneario SPA, en San José Tepenene, Hidalgo.
Por aquellos días, también, la directora general de Administración, Edith de Alba Martínez, presentó un recurso de queja ante Contraloría General del Distrito Federal y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por las irregularidades en la nómina, en la cual estaban algunos amigos, familiares y cercanos al funcionario.
Aquel febrero de 2002 ya se habían hecho públicas irregularidades como la adquisición con dinero de la demarcación, de diversos inmuebles que fueron escriturados a nombre de familiares de Martínez Rojo y su ex concubina, Rocío Mendoza, entre los que se incluyen un hotel, una gasolinera, un rancho y un centro comercial en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; un hotel en Texcoco, estado de México; y un edificio de departamentos en la colonia Tierra y Libertad de Tláhuac.
Además, también se hicieron públicos los pago de obras de mantenimiento no ejecutadas por tres millones 479 mil 604 pesos, que beneficiaban a las constructoras Omyusa, Grupo Constructor Bonner y Grupo Constructor en Asociación Palif.
Eso y más sabía y sabe Fátima Mena. La pregunta es: ¿Cuánto más la van a proteger?

Procurador impune

2004-03-30T00:55:00.000-06:00

(2004-03-30)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040330013559

Considerado como un maestro en la Teoría del Derecho, Bernardo Bátiz Vázquez sólo ha mostrado que las leyes sirven para todo, menos para cumplirlas, sobre todo si se es el encargado de su aplicación.
El pasado viernes rompió el sigilo y confidencialidad de la investigación que sigue a Carlos Ahumada Kurtz y a las empresas de este, y cometió un delito imputable en la Ley de los Servidores Públicos, cuando dio a conocer que información encontrada en las oficinas del empresario daban cuenta del apoyo a una caravana durante la campaña electoral de Vicente Fox.
De rancia formación panista, desde 1976 Bátiz comenzó a evidenciar el abandono del PAN a los principios doctrinarios del partido fundado por Manuel Gómez Morín, y previó el embate que del partido hizo una nueva corriente calificada como neopanista y proempresarial.
Amigo cercano de Jesús González Schmall y apasionado defensor de la doctrina demócrata cristiana, abandonó las filas del PAN en 1992 junto con González Schmall, Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, José González Torres, Adolfo Christlieb Morales y Pablo Emilio Madero, conocidos como los foristas, para formar el Partido Foro Democrático.
Más tarde, cuando tuvieron una serie de dificultades para lograr el registro de Foro Democrático, decidieron integrarse a la Alianza Democrática Nacional (ADN), que promovió la segunda candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas.
Por aquellos días se convirtió también en asesor y cercano a Samuel I. del Villar, representante del PRD en el IFE, y a la postre Procurador General de Justicia del Distrito Federal, con el que siguió como asesor durante la administración de Cuauhtémoc Cárdenas a la vez que diputado federal ya por el PRD, mientras González Schmall llegó a la oficialía mayor del Gobierno del Distrito Federal.
Haber estado cerca de Samuel del Villar le acarreó simpatías y la posibilidad de ser nombrado procurador capitalino por Andrés Manuel López Obrador, misión que ha cubierto con una serie de desaciertos, desde las declaraciones y resultados del homicidio de Digna Ochoa, hasta las recientes filtraciones que hizo a la prensa de videos, notas y recibos internos de las empresas cateadas.
Si tales documentos fueron encontrados en el cateo, pertenecen a una investigación y deberían estar reservados. Bernardo Bátiz ha negado en varias ocasiones información sobre asuntos en investigación, porque “no podemos romper la confidencialidad”, pero ahora él y sus operadores buscaron a los reporteros para filtrar la información en un acto de abierta impunidad.
Además, es importante comentar que para hacer la investigación del domicilio ubicado en el número 335 de Avenida Chapultepec, colocaron sellos de la Fiscalía de Homicidios y sus colaboradores dejaron correr la versión de que ahí, donde también son oficinas de Carlos Ahumada, se había cometido un asesinato.
Esto demuestra una nueva irresponsabilidad del encargado de procurar justicia en el Distrito Federal, que en aras de confundir a la opinión pública sobre la magnitud de los hechos y las evidencias de los videoescándalos, pretende tender una cortina de humo. Con total impunidad, Bátiz le miente a la opinión pública.

Menor inversión, más burócratas

2004-03-29T00:53:00.000-06:00

(2004-03-29)

A diferencia de su verdad mediática impuesta por medio de los programas de adultos mayores y la construcción de obras viales, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe aclarar por qué motivo dejó de ejercer casi cinco mil millones de pesos para mantenimiento e inversión en obras públicas de la ciudad; y en cambio hubo un crecimiento en el pago a la burocracia por prácticamente el doble.
Veamos: El gobierno del Distrito Federal ha dejado de ejercer durante los últimos tres años 4 mil 744 millones de pesos en inversión para la ciudad, es decir, no ha gastado esa cantidad en pavimentación, alumbrado público, drenaje, obras para la red de agua y otros rubros. Para ponerlo más clarito: con esa suma pudieron comprarse alrededor de 60 mil autos compactos.
En cambio, de acuerdo con el Informe de Avance Programático Presupuestal del GDF, entregado a la Asamblea Legislativa por ahí del 15 de febrero, la tan llevada y traída austeridad republicana se demostró que es una falacia.
El incremento entre lo pagado a los trabajadores del gobierno local en el último ejercicio de la administración de Rosario Robles en 2000 y el cierre del ejercicio de 2003 es superior a 9 mil 500 millones de pesos.
La capacidad de poder realizar una administración competente del Jefe de Gobierno del Distrito Federal se intenta vender a los probables electores para 2006 como un rayito de esperanza, frente a la forma como actuaron los gobiernos del PRI y actualmente del PAN. Pero cuando su manera de manejar los recursos de la ciudad de México se pone a juicio, los hechos dejan de sustentar a las palabras.
Ha dejado de ejercer dinero que le fue aprobado por la Asamblea Legislativa para el mantenimiento y mejoramiento de los servicios en la ciudad pero, a cambio, ha aumentado los gastos de administración de la misma, es decir, el pago de burócratas que hacen cada vez más tortuosas las gestiones en el gobierno.
Veamos: En 2001 dejó de ejercer mil 665 millones de los 16 mil 179 millones de pesos autorizados. En 2002 gastó 678.9 millones de pesos por sobre el monto destinado de 20 mil 120.7 millones, pero el subejercicio se incrementó de forma considerable el año pasado cuando no gastó 3 mil 758.6 millones de pesos de los 15 mil 915.7 que le fueron autorizados.
Andrés Manuel López Obrador y su mago de las finanzas, Gustavo Ponce Meléndez deberán explicar ese quitar y poner del dinero de los capitalinos, ya que, por ejemplo, sólo en 2003 tres cuartas partes del incremento en el gasto total de la ciudad con respecto al año anterior fue para gastos de administración.
El gasto corriente en 2000 era de 43 mil 62.2 millones de pesos; para 2001 ascendió a 47 mil 106.7 millones de pesos, para 2002 la cifra se disparó a 52 mil 570.3 millones de pesos y sólo el año pasado descendió 25.3 millones comparado con la cifra anterior.

Addendum

Que tras los escándalos de los videos, a los funcionarios de estructura de las distintas Jefaturas Delegaciones administradas por perredistas (de jefes de departamento para arriba) los hicieron firmar una especie de declaración patrimonial y llegaron al extremo de ir a sus domicilios particulares a tomar fotos de la forma como viven.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Cercan a Serranía en el Metro

2004-03-26T00:49:00.000-06:00

(2004-03-26)

A como están las cosas todo se puede esperar. En los últimos días se ha generado una sucesión de falsas alarmas en la posibilidad de ataques con bombas, que podrían tener dos intenciones y remitentes distintos: Por un lado el sindicato dirigido por el diputado federal Fernando Espino Arévalo, con el fin de recuperar los controles y prebendas que tenía, o un grupo al interior del Gobierno del Distrito Federal que busca el inmediato relevo de la directora General Florencia Serranía Soto, nombrada apenas el 20 de febrero.
El dicho de personas al interior del Metro no es lejano a tales posibilidades. Las ambiciones de Espino Arévalo fueron detenidas por el anterior director Javier González Garza, quien se mostró inamovible frente a los ataques, las presiones y las negociaciones que pretendía. Por el contrario, cerró la puerta a Espino, quien entonces acudía a Alejandro Encinas para tratar de negociar.
La otra vertiente es la inexperiencia política de la ingeniera mecánica Florencia Serranía Soto, quien de manera intempestiva fue nombrada en relevo de Javier González Garza el pasado 20 de febrero. Diez días después, el 1 de marzo, fue creado un nuevo puesto para poner a su lado a José Alfonso Suárez del Real, quien deberá encargarse de la operación política. Es decir, las relaciones políticas y laborales con el sindicato y todo aquello que tenga que ver con la seguridad.
La débil posición de Serranía en el Metro ya comenzó a manifestarse cuando el pasado miércoles, por ejemplo, fue el subdirector Suárez del Real quien realizó declaraciones respecto al bulto encontrado en la estación Balderas, que paralizó el servicio de la línea 3 por alrededor de 40 minutos. Es decir, es una dirección bicéfala: técnica por un lado, política por el otro.
El envoltorio contenía una caja metálica de 15 centímetros de largo y en su interior había un reloj. Sin duda se puso ahí para causar terror.
Suárez del Real se mantuvo en la administración de Dolores Padierna en la delegación Cuauhtémoc, como una herencia de Jorge Legorreta. Inició como coordinador de asesores y debido a sus relaciones con los líderes de los giros negros tuvo conflictos con Lenia Batres, a quien después sustituyó como director Jurídico y de Gobierno, para finalmente ascender como Jefe Delegacional interino cuando Padierna solicitó permiso para contender como diputada federal. Su puesto anterior había sido como director general de Regularización al Transporte de la Secretaría de Transportes y Vialidad.
Pero eso no es todo lo que pasa en el Metro. Como Serranía Soto es una mujer sin experiencia en la administración pública, pues en octubre de 2001 también llegó de forma abrupta a la dirección de Servicios de Transporte Eléctricos del DF en reemplazo de Mario Zepeda, el oficial mayor Octavio Romero Oropeza le incrustó como subdirector General de Administración y Finanzas a uno de sus alfiles, el ingeniero Víctor Navarro.
E, incluso, el prófugo Gustavo Ponce Meléndez tuvo cuota en el nuevo equipo, al llevar de la Secretaría de Finanzas, donde se encontraba como directora de Deuda Pública, a Victoria Rodríguez Ceja, quien ahora ocupa la cartera de directora de Programación y Presupuesto en el Metro. Serranía está cercada.

Addendum

Javier González Garza fue cesado el 20 de febrero, luego de que el día 11 había dicho en la Asamblea Legislativa que el Metro no daba buen servicio. Que algo tuvo que ver la Oficialía Mayor.

Renta de plazas en la Setravi

2004-03-25T00:42:00.000-06:00

(2004-03-25)

La presunción ha llevado a Christian Carrillo, un novel empleado de la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, a develar su cercanía con el titular de la dependencia pero, sobre todo, la existencia de un sistema de renta de plazas mediante el que presuntamente Francisco Garduño Yáñez y su familia le sacan jugo a su gestión al frente de la entidad rectora del control vehicular en la ciudad de México.
Así que entre plática y plática, a Christian se le ha ocurrido soltar que en la nómina como encargado del área donde se califican las sanciones y se ordena la entrega de las unidades de microbuses y taxis enviados a los corralones —oficinas centrales ubicadas en Álvaro Obregón e Insurgentes—, gana un salario cercano a los 27 mil pesos mensuales.
El monto de la remuneración no es el problema. Finalmente el cargo puede ameritarlo. El asunto es que Carrillo debe entregar cada mes, sin falta, 20 mil pesos de su salario a Salvador Garduño Yáñez, hermano nada menos que del secretario.
Claro, los 7 mil pesos restantes de su salario podríamos imaginar que son como la propina para este joven que gustoso aceptó el trato, pues aunque le quitan casi tres cuartas partes de lo que cobra en nómina, lo pusieron donde hay. Es decir, que este joven empleado se lleva un entre que va de los 100 a los 500 pesos por cada unidad que debe salir diariamente de los distintos corralones donde son enviados los vehículos del transporte público concesionado.
El parque vehicular en el Distrito Federal suma alrededor de 120 mil taxis y 30 mil microbuses. ¡Háganle cuentas!
Así, queda claro que en la Setravi cuentan con otra forma muy original de tener a los familiares en la nómina. Rentan las plazas. ¿Recuerda usted la renta de placas que hacen algunos taxistas? Pues algo parecido.
Pero el de Christian Carrillo no es un caso particular. La Setravi así funciona. Al estilo de la Policía Preventiva donde los subalternos le tienen que entrar con los jefes. Por lo mismo los trabajadores tienen manga ancha para entrarle a la corrupción a fin de completar el gasto de sus hogares, porque religiosamente deben entregar alrededor de 30 por ciento de sus emolumentos “para subirlos allá arriba”.
Entonces, un funcionario de bajo nivel que gana alrededor de 10 mil pesos debe entregar 3 mil para “el jefe”.
Si formas de corrupción hay muchas, sólo hay que idearlas.

Addendum

Que hay un acuerdo entre el PRI, el PAN y el PRD en la Cámara de Diputados con el fin de echar para atrás los juicios de procedencia en contra del senador Ricardo Aldana Prieto por el Caso Pemex; de Fernando Arévalo Espino por ataques a las vías de comunicación acusado por el Gobierno del Distrito Federal y contra René Bejarano por actos de corrupción y presunto enriquecimiento ilícito. El caso es que como presidente de la Comisión Instructora ayer fue nombrado el perredista Horacio Duarte Olivares… Claudia Sheinbaum se aleja cada día más de su jefe Andrés Manuel López Obrador, puesto que ha generado una serie de conflictos al interior del Fideicomiso para los distribuidores viales y el Segundo Piso, ya que ha pretendido hacer modificaciones técnicas que ponen en riesgo las obras. La cosa ha llegado a tal extremo que si el director del fideicomiso Rodrigo Rey antes acordaba con ella, desde hace algunas lo hace directamente con López Obrador.

Bejarano, se siente

2004-03-24T00:38:00.000-06:00

(2004-03-24)
http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=12&id_art=12651&id_ejemplar=303

Hay fuerzas, poderes, cacicazgos que están presentes aunque no lo estén en los hechos. Me explico: existen grupos políticos, económicos o delincuenciales que acumularon tanta fuerza que cuando ya no están, a falta de un orden superior, ocupan los espacios pese a que sus líderes se encuentren lejanos, exiliados o recluidos en prisión, incluso. Se ha dicho del poder del grupo Atlacomulco, Carlos Salinas o Elba Esther Gordillo, por ejemplo; o de El Chapo Guzmán, que continuaron operando cada uno en su ámbito pese a encontrarse lejos de los escenarios político, magisterial y del narcotráfico, respectivamente.
En los ámbitos locales los cacicazgos tampoco son cosa de la imaginación. Existen, son muy fuertes y tienen la capacidad de regenerarse. Tal es lo que sucede actualmente en el PRD local y la Asamblea Legislativa. Sea porque René Bejarano así lo ha mandado o sea porque los bejaranistas se asumen como dueños del poder, pero no llegan a ningún acuerdo con las corrientes contrarias.
Y tal es la desesperación que ayer la coordinadora parlamentaria María Guadalupe Chavira de la Rosa y el subcoordinador Roberto Carlos Reyes Gámiz, hicieron una convocatoria pública para celebrar una sesión plenaria, con el fin de dirimir conforme a los estatutos quién dirigirá la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, ya que el viernes pasado llegaron a nada en la reunión entre los jefes de las distintas corrientes.
Quieren, de una vez por todas, exhibir si la correlación de fuerzas a la que tanto aluden los bejaranistas Dolores Padierna, Alejandra Barrales y Agustín Guerrero, entre otros, es real. Así, elegirían los cuatro cargos de la mesa directiva que no estuvieron a discusión en la elección de Chavira, para entre los cinco determinar quiénes serán sus representantes en la Comisión de Gobierno como presidente y secretario. Lo otro sería que quienes ya están, se amachinaran y tomaran decisiones a espaldas de sus compañeros por lo que resta del año.
El caso es que Bejarano y su gente no quieren soltar el hueso pero, sobre todo, no quieren negociar. Pretenden arrasar con todo, como lo hizo el líder de la Corriente Izquierda Democrática exhibido en los videos.
En tanto, los trabajos parlamentarios se ven entorpecidos. Ayer, iniciada la reunión, José Jiménez buscaba entre sus compañeros a Francisco Chiguil y otros, a quiénes subirían a tribuna para defender los distintos puntos en el orden del día. No estaban preparados. Eso quiere decir que al interior de la bancada hay una total desorganización que se refleja, como siempre, en la serie de decisiones muchas ocasiones pésimas, que llega a los ciudadanos.
Lorena Villavicencio, secretaria en quien recae interinamente la presidencia de la Comisión de Gobierno, en tanto, dice que no le hace ruido buscar la presidencia porque en este momento está encargada de cumplir con la responsabilidad que tiene con los trabajos parlamentarios.

Addendum

La fracción parlamentaria del PAN denunciará irregularidades al interior de la Comisión de Participación Ciudadana que preside Aleida Álvarez, de quien se dice es la hija política de René Bejarano. El asunto es que sin llegar a un acuerdo con los diputados ajenos al PRD, Álvarez mandó realizar 200 carteles, 2 mil volantes y 6 mantas para hacer publicidad a los 15 foros de participación ciudadana, convocados con miras a las elecciones vecinales. PAN; PRI, PVEM y la representante del Partido México Posible estuvieron en desacuerdo con el material propuesto porque no se hizo una imagen institucional y decidieron no asistir. Así que fueron foros de filiación perredista únicamente, de los que, cuando solicitaron una explicación documental, no les fue entregada la información de los costos y la empresa o empresas que se hicieron cargo de la impresión de los materiales, además de que la propaganda se entregó el día 8 de marzo, cuando los foros iniciaron el 25 de febrero… Esta mañana comparecerá Marcelo Ebrard en el pleno de la Asamblea Legislativa. Para mañana está citada la contralora Bertha Luján, quien en la Red contra el Libre Comercio fue una de las más activas opositoras a la firma del TLCAN, pero ahora se apachurra a la hora de investigar a los corruptos del GDF… Hoy a las 19:30 horas será presentado en la Casa Lamm el libro Leperario. La risa es una vacuna contra la vejez de Víctor Manuel Ríos Ruiz.

Cochupos con los familiares

2004-03-23T17:12:00.000-06:00

(2004-03-23)
http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=12&id_art=12571&id_ejemplar=302

Los perredistas escupieron para arriba y más pronto que un cojo cayeron en lo que siempre denostaron. Si hablaron de sacar del gobierno a una clase política corrupta, nepotista, autoritaria y decenas de lindezas más, apenas dieron vuelta a la esquina se descubrieron peor que aquellos.
En su borrachera democrática, no fueron suficientemente sensibles, mesurados, sabios para entender que el poder es una cosa pasajera; se subieron a la ola y se dejaron arrastrar. Alegres disfrutaron del autoritarismo.
Hoy muchos andan con el Jesús en la boca, a la espera de que les saquen un video porque, ya nos dimos cuenta que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal sólo sirve, como la Federal, para tapar a los amigos y perseguir a los enemigos.
Tal es el caso de la actual coordinadora parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa, María Guadalupe Chavira de la Rosa, quien como jefa Delegacional en Milpa Alta durante la pasada legislatura hizo un cambalache con su homóloga de Iztacalco, Elena Margarita Tapia Fonllem para dar empleo a dos familiares de ésta, a cambio de que en Iztacalco trabajaran dos integrantes de la familia Chavira.
En 2002 ocurrió un caso de nepotismo en Iztacalco, que comenzó meses después de que Tapia Fonllem tomó la jefatura delegacional, luego del triunfo que logró por la coalición Partido del Centro Democrático-PRD.

Para esos días llevó consigo al esposo de su hermana Claudia Patricia, Héctor Luque Mercado, y lo instaló como Jefe de Unidad. Al pasar de los meses Luque Mercado ascendió de puesto como Subdirector de Servicios Generales y en los albores de 2002 fue premiado con el cargo de Director de Recursos Materiales. Todo iba bien hasta que en junio de ese año fue hecho renunciar de forma intempestiva por Elena Tapia, porque este reportero descubrió su parentesco.
Así que para buscarles acomodo, Tapia negoció con Chavira de la Rosa para que tanto Claudia Patricia Tapia Fonllem como Héctor Luque Mercado fueran inscritos en la nómina de Milpa Alta como Jefes de Unidad “B”.
A cambio, la hoy coordinadora parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consiguió que en Iztacalco fueran recibidos sus hermanos Gilberto y Héctor. De esa forma Gilberto Chavira de la Rosa ocupó el cargo de Subdirector “A” y Héctor Chavira de la Rosa el de Jefe de Unidad “A”.
Ambas funcionarias violaron la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en su artículo 47, fracción XIII y XVII, que prohibe este tipo de contrataciones cruzadas de familiares de funcionarios.
Por cierto, en 2000 Elena Tapia pagó también la cuota política por haber competido bajo los colores del Partido del Centro Democrático en la persona de Lourdes Ebrard Casaubón, hermana del actual secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, luego hubo un rompimiento de Tapia con el PCD, se fue a construir el Partido México Posible con Patricia Mercado, con la que también salió mal y finalmente se refugió en Convergencia.
A tal grado fue el rompimiento que a la hermana de Marcelo Ebrard la sacó de las instalaciones delegacionales ayudada precisamente por la fuerza pública.
De este tamaño están las cosas… y si le seguimos rascando, ¿hasta dónde vamos a llegar?

Addendum

La semana pasada que dimos a conocer los arreglos entre el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Grupo Panteras para entregarles alrededor de 4 mil placas del servicio público concesionado con el fin de regularizarlos, puesto que son piratas, nos escribió el señor Fernando Cervantes, quien acudió el domingo 14 al Zócalo con el fin de protestar en contra de López Obrador. Pues resulta que esta persona y siete acompañantes más fueron agredidos y amenazados si no se iban minutos antes de que saliera López Obrador. Incluso, el líder de los Panteras, Álvaro Castillo Hernández fue quien controló a los taxistas para que las cosas no pasaran a mayores… Uno de los requisitos para pertenecer al Grupo Panteras, además de pagar los 4 mil pesos por el amparo y 150 pesos semanales, es tener total disposición para acudir en el momento cuando se necesite a mítines, movilización para las votaciones, repartir los apoyos (léase banderines, camisetas, despensas ya armadas), pero sobre todo apoyar los actos del Jefe de Gobierno como fue el acarreo al mitin de desagravio y destape de Andrés Manuel López Obrador, al que llevaron a los cientos de personas de la tercera edad desde los lugares más alejados del Centro Histórico. Para estar listos, otro de los requisitos es tener un radio de banda civil para correr la voz al resto de la organización del Frente Popular Francisco Villa…

Ponce, Luján, Ebrard, parecidos

2004-03-22T00:23:00.000-06:00

(2004-03-22)
http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=12&id_art=12526&id_ejemplar=301

La red de complicidades, tráfico de influencias, nepotismo y corrupción en el Gobierno del Distrito Federal no es coto exclusivo de los funcionarios y ex funcionarios hasta ahora video sorprendidos in fraganti. Así como poco a poco se descubre que Gustavo Ponce tejió una red de complicidades, Bertha Luján tiene la suya, lo mismo que el operador político y policiaco de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard.
Veamos cómo la tejieron. Cuando Gustavo Ponce Meléndez fue nombrado subsecretario de Egresos en la Secretaría de Finanzas del GDF, tras ser elegidos por primera vez el Jefe de Gobierno y los Jefes Delegacionales de la capital, instrumentó una serie de medidas comunes de la dependencia de donde procedía: la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Por aquellos días cada delegado conformó su Dirección General de Administración y eligió a sus colaboradores. Pero de inmediato comenzaron a tener problemas con las gestiones que realizaban a través del área central (la Subsecretaría de Egresos), desde donde eran rechazadas.
El argumento era el desconocimiento en el área administrativa y financiera, con el objetivo de incrustar a amigos suyos en la Dirección General de Administración y las áreas sustantivas de cada delegación. La mayoría de los funcionarios que hoy ocupan esos puestos dentro de las delegaciones perredistas, fueron impuestos por él.
Pero tampoco se salvaron entidades como el Sistema de Transporte Colectivo, Metro y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a través de personajes como Marco Antonio Alvarado, Alejandra Calderón y Reyna Basilio. En un principio, Basilio fue su directora General Sectorial y luego pasó a la Oficialía Mayor de la PGJDF.
Asimismo, en la Contraloría General al frente de la cual se encuentra Bertha Luján, sucedió lo mismo que con Gustavo Ponce. Resulta que en la anterior administración de Elena Tapia Fomllen en la Delegación Iztacalco, había dos hermanos que trabajaban, uno como director de Finanzas, Gilberto Sierra Valdez, y el otro como contralor, Rodolfo de los mismos apellidos.
O sea que Rodolfo “vigilaba” el actuar de Gilberto, lo que desde ahí constituía un caso de nepotismo, además del conflicto de intereses. Pues resulta que al renunciar Gilberto seis meses antes de la entrega de la estafeta en 2003, Rodolfo pasó a ocupar el lugar de su fraterno. ¿La pregunta es si le habrá ido a componer las cuentas que no le salían? Bueno, pues resulta que con el amparo de Bertha Luján, Rodolfo ejerce actualmente como director de Recursos Materiales en Venustiano Carranza, donde Ruth Zavaleta debe tener mucho cuidado si no quiere salir embarrada. Ya les platicaremos la forma cómo Lujan y su gente protegen a los Sierra Valdés.
Otro caso es el de la Caja de Ahorros de la Policía Auxiliar, cuyas instalaciones están ubicadas en Zarco y Mosqueta, de la colonia Guerrero. Resulta que Marcelo Ebrard colocó como director a Fernando Zurita Jiménez, quien integró a la nómina a su actual esposa, a la anterior… y la suma podría llegar a tres de ellas.
Policías han denunciado las anomalías que existen en dicha corporación donde hay un servicio médico deficiente del Hospital Obregón, que no cuenta con los servicios médicos necesarios. Pero uno de los proveedores de las medicinas genéricas, afirman, paga el departamento donde vive una de las damas.

Addendum

Iván Mercado, joven conductor de noticias en Monitor, con un estilo ágil y fresco, dejó al equipo comandado por José Gutiérrez Vivó y desde este día arranca con un noticiario en la ciudad de Puebla, donde también será Director General de Noticieros de la cadena Radio Oro… El Tribunal Electoral del Distrito Federal realizará un foro de entre hoy y el 26 en el Palacio de Minería, en el que participarán legisladores, magistrados y académicos para aportar sus reflexiones en torno a la protección de los derechos político-electorales, como criterios relevantes adoptados por los órganos jurisdiccionales que obligan a los partidos a conducirse democráticamente; el procedimiento por el cual se determinan las sanciones que habrán de imponerse a los partidos por incumplir sus obligaciones; o la trascendencia que han adquirido en nuestro sistema de justicia el Juicio de Revisión Constitucional Electoral o la Acción de Inconstitucionalidad.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Paga apoyo AMLO; legaliza piratas

2004-03-19T00:17:00.000-06:00

(2004-03-19)
http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=12&id_art=12391&id_ejemplar=

Tres días después el Jefe de Gobierno comenzó a pagar los favores prestados por los miles asistentes a su convocatoria del pasado domingo, entre ellos las organizaciones de taxis piratas ligadas al PRD, como son los Panteras, ala radical del Frente Popular Francisco Villa, y el Grupo Cuatro comandado por el diputado suplente por el XXV en Álvaro Obregón, Francisco Javier Hernández Garduño.
Luis Ruiz Hernández, director General del Transporte del Distrito Federal, y Arturo Moreno Trejo, director de Transporte, citaron a las Organizaciones de Transportistas la tarde del miércoles 17 para notificarles la emisión de la declaratoria de necesidades para incrementar el parque vehicular de concesiones de servicio público de transporte de pasajeros, “en su totalidad”.
El asunto no fuera mayor si lo que provoca esta decisión es legalizar la ilegalidad. El asunto es el siguiente: La Setravi ganó un juicio a 2 mil 612 taxistas “piratas” del grupo Panteras luego de que la juez séptimo de distrito en el Distrito Federal, Luz María Díaz Barriga, negó el 6 de febrero la suspensión provisional del recurso jurídico 21/2004-I, solicitado por la representación legal de tal organización.
Álvaro Castillo Hernández, quien se presume dirigente de los Panteras no acreditó la representación de los intereses en lo individual de las personas que dice encabezar, y tampoco que éstas pertenezcan a su organización, puesto que en el acta constitutiva únicamente acredita como sus integrantes a Álvaro Castillo Hernández, Enrique Reyes Medina, Sergio Sierra Evangelio y Marlene Cortés Ramírez.
Este fallo obligó a la Setravi a remitir a los corralones todas las unidades afiliadas dicha agrupación, las que portan copia del amparo 21/2004-1. Álvaro Castillo Hernández cobra 3 mil 500 pesos por el supuesto amparo, más una cuota semanal de 150 pesos a cada agremiado.
Además, es de destacar que el año pasado la Setravi ganó otro juicio a dicha agrupación de taxis piratas que en diferentes momentos ha amenazado con cerrar vialidades para que se les reconozca como tolerados y posteriormente se les entreguen concesiones. Este proceso fue el amparo 148/2001.
Pero ante el escándalo político de los videos donde fueron exhibidos Gustavo Ponce Meléndez, René Bejarano Martínez y Carlos Ímaz, los operadores políticos del Gobierno del Distrito Federal solicitaron el apoyo con la promesa de entregar 400 juegos de placas a los Panteras, el mismo número al Grupo Cuatro.
Los dos grupos llegaron al mitin en el Zócalo de la ciudad de México el domingo 14. Fueron casi cinco mil taxis piratas de la Agrupación Panteras, los que aún sin contar con placas para servicio público transportaron a militantes perredistas y simpatizantes de López Obrador, y además tuvieron que llevar lunch para las personas de la tercera edad. El presidente de los Panteras, Alvaro Castillo, aseguró en esa ocasión que no fue acarreo sino "movilización espontánea".
No fueron los únicos. También llegaron transportistas de diversas rutas de microbuses como la 1, 9, 13, 26, 28, 50, 56, 60, 69, 72, 81 y 98, entre otras, algunos por imposición de sus dirigentes y otros fueron contratados por agrupaciones para trasladar a personas de diversos puntos de la Ciudad hacia el Centro Histórico.
Además, una fuente del interior de la Setravi dio a conocer que serán beneficiados con 300 juegos de placas los quejosos en los amparos 089 y 927 interpuestos contra la Secretaría en la Suprema Corte de Justicia, lo que implica un claro solapamiento de las autoridades del transporte y la Jefatura de Gobierno.
Pero se desconoce si serán igualmente beneficiadas las organizaciones como la Comisión de Organización del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas (Cotac), Grupo La Virgen y Unión Nacional de Transportistas y Trabajadores Independientes (UNTTI), Nuevo Milenio, Taxi Club 1180, Servicio de Transporte Torre Verde y Organización de Taxistas de las Centrales de Abasto, algunas con militantes perredistas y otras sin ningún vínculo partidario con el partido político en el gobierno.

Addendum

Una pregunta solamente: ¿Será posible que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal realice una investigación imparcial a René Bejarano, toda vez que el 3 de marzo, durante una entrevista tras la exhibición de los videos en Televisa, Alejandro Encinas dijo a la reportera de esa empresa, Paola Figueroa que el titular de la instancia procuradora, Bernardo Bátiz, es uno de los operadores políticos del Jefe de Gobierno?

Ejidatarios engañados

2004-03-18T00:11:00.000-06:00

(2004-03-18)
http://www.elindependiente.com.mx/articulos.php?id_sec=12&id_art=12367&id_ejemplar=297

Como personajes rulfianos deambula un centenar de ejidatarios de San Mateo Tlaltenango a quienes, si existen, nadie los quiere ver y mucho menos escuchar en las secretarías de Obras y del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa y en la Procuraduría Agraria.
Su reclamo no es cosa menor. Se dicen engañados por el Gobierno del Distrito Federal que no les permite recuperar una posesión de 42 hectáreas, la cual fue permutada por el actual gobierno a una constructora, por el costo de los puentes Carlos Lazo-Centenario que unirán Santa Fe con Villa Verdún, a través de las barrancas de Helechos, Atzoyapan y Tepozcuautla, en el poniente de la ciudad.
Al día siguiente de la toma de posesión de Cuauhtémoc Cárdenas como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el 6 de diciembre de 1997, se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto de expropiación de 42 hectáreas del ejido de San Mateo Tlaltenango, donde se proyectaba la construcción del Reclusorio Poniente.
Sin embargo, presuntamente debido al crecimiento de la zona como desarrollo comercial y de habitación durante el periodo como regente de Óscar Espinoza Villarreal, fue cancelada la construcción del centro penitenciario.
A la par, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal en la administración cuauhtemista, iniciaron negociaciones con las empresas Cañada de Santa Fe, S.A. de C.V. y Río de Santa Fe, S.A. de C.V., con el objetivo de establecer un desarrollo habitacional en el lugar.
Así las cosas, el 11 agosto de 1999 fue publicado el Decreto por el que se desincorporó de los bienes del dominio público que integra el patrimonio del Distrito Federal, el predio denominado Ex Reclusorio Poniente, en la Delegación Cuajimalpa.
El asunto que trae a los ejidatarios tocando de puerta en puerta es porque presumen un engaño por parte del gobierno del Distrito Federal, que de manera legal les expropio su predio, pero le dieron vuelta a las cosas y determinaron que ya no se utilizaría con el objeto inicialmente expuesto, para entregarlo a una empresa privada.
Reclaman que conforme a la ley en la materia, cuando no se da el fin por el que se expropió, los propietarios originales pueden recuperar el predio. Pero al entregarlo a las empresas subsidiarias del grupo constructor CAABSA, les quitaron toda posibilidad de recuperar lo que perdieron mediante un probable engaño.
Además, cuando el terreno fue expropiado los ejidatarios recibieron un pago de 10 pesos por metro cuadrado. Hoy, en cambio, con el uso de suelo para fraccionamiento residencial, el precio del metro cuadrado se ha elevado a 8 mil pesos, lo que constituye un gran negocio.
Lo es a tal grado que la empresa CAABSA absorberá el gasto por la construcción de los puentes, que oscilaba al momento de cerrar el convenio, el 26 de septiembre de 2002, entre 80 y 90 millones de dólares.
En estos días, incluso, el comisariado Ejidal, José García Cruz, el secretario Rogelio Mejía Hernández y el tesorero José Guadalupe Rosales Cortés, pero principalmente Jesús Carrillo Flores y Enedino Ascensión García Cevallos, procuran acallar a sus compañeros. El motivo es que han sido cooptados por las empresas constructoras con la contratación de servicios para porteo de agua del manantial La Loma y material de construcción.

Addendum

Hasta hace algunos días en la Secretaría de Transportes y Vialidad se estaba armando lo que llamaban un trabuco para ocupar, a partir de diciembre de 2006, la Procuraduría General de la República que presuntamente encabezaría Francisco Garduño. Ahí estarían varios ex agentes del MP que fueron sus compañeros y amigos cuando el titular de la Setravi era agente del Ministerio Público Federal, adscrito al área de amparos, y colaborador del hoy magistrado del Tribunal Superior de Justicia del DF, Maurilio Domínguez. Otros que se preparan son el actual director del área jurídica de la Setravi, Joaquín Almonte Moriño, ex agente del MPF también en Amparos; Ángel Monterde, ex coordinador de asesores del ex subprocurador de la PGJDF, Mauricio Tornero y hoy de Garduño. Entre otros integrantes del trabuco se encuentra también Óscar Joffre Velásquez, ex director del Instituto Politécnico Nacional, como asesor del titular de la Setravi…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx