(2005-05-04)
Lo que vemos cada día en este país no tiene desperdicio. La vida cotidiana nos permite constatar el estancamiento político, lejos del tan proclamado cambio.
No existen formas de ulteriores de avance, por más que en algunos rubros como la transparencia, nos permitan un aterrizaje menos traumático con la realidad.
Y los hechos ocurridos ayer finalmente nos demuestran algo que hace ya algún tiempo comenté en este espacio: la justicia en México es única y exclusiva para quienes ostentan el poder político y económico.
Para nadie más, como algunas ocasiones dijo el ex secretario de seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero.
Porque resulta que la Procuraduría General de la República se convirtió en juez y parte al determinar que en el caso del desacato a una orden judicial por parte del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, si hay responsabilidad penal, si hay tipicidad del delito, pero como no hay sanción establecida expresamente en el Código Penal, no ejercitará la acción penal, que es consignar el expediente ante un juez para solicitar la orden de aprehensión.
Es decir, el Ministerio Público asumió la premisa jurídica de que no hay delito sin pena.
Sin embargo, este asunto de administrar la justicia, de decidir si se le sigue un proceso penal al funcionario inculpado, correspondía determinarlo al juez, no al Ministerio Público, cuya función es la de investigar y presentar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Poder Judicial; y será este, por medio de los jueces, el que después de hacer el análisis jurídico, determine si procede o no otorgar la orden de aprehensión.
En este enredo político, lo único que está completamente claro es la responsabilidad jurídica, pues el Ministerio Público ha determinado que hubo una violación o delito.
Ahora hablemos de otra cosa. Esta decisión demuestra también el estado en el cual se encuentra actualmente la ley, con respecto de los actos de abuso de autoridad de quienes ejercen el poder público. Es decir, que estos señores tienen total impunidad y los ciudadanos de a pie, todos, estamos a merced de la voluntad de los personajes a quienes elegimos para precisamente velar por los intereses de todos nosotros, puesto que son empleados nuestros, sean los dueños de El Encino, los constructores o cualquiera otro ciudadano que pague puntualmente sus impuestos.
Por esto mismo, es necesario, urgente y prudente, que dada esta laguna jurídica en la ley (pero salvada por la jurisprudencia, de lo que hablaremos mañana), los legisladores hagan lo que les corresponde para subsanarla, porque de otra forma cualquiera otro funcionario público, del nivel que sea, va a continuar con la violación a los derechos de los ciudadanos, con una impunidad total, pues hoy tiene un costoso y claro ejemplo de privilegio.
Por otro lado, es de vital importancia hacer notar que tanto Andrés Manuel López Obrador como la Procuraduría General de la República y el propio presidente Vicente Fox, montaron un verdadero espectáculo de algo que desde el principio debió resolverse en los tribunales y en total acatamiento a las leyes, aunque estas tengan lagunas jurídicas.
Si algo debe privilegiarse en nuestro país es el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Finalmente, también, de acuerdo con la decisión tomada ayer por la PGR, quienes comentamos sobre la evidente responsabilidad penal de López Obrador, estuvimos en lo cierto, al contrario de muchos que, sin sustento jurídico y sólo por el sentimiento o el interés particular, clamaron a los cuatro vientos la inocencia de quien ayer mismo, reconociendo su culpabilidad, recibió la decisión con aplausos.
Porque tampoco es cierto lo que dijo López Obrador, al manifestar que fue un triunfo de los ciudadanos que se manifestaron en contra de la ilegalidad y que reencauzaron la política por el camino de la democracia.
Lo que logró fue, como lo dijimos al principio de este comentario, una demostración de poder, al utilizar la fuerza y sacar a las calles a un sector de la población, apoyado por el poder del dinero que ejerce desde el Gobierno del Distrito Federal.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Lo que vemos cada día en este país no tiene desperdicio. La vida cotidiana nos permite constatar el estancamiento político, lejos del tan proclamado cambio.
No existen formas de ulteriores de avance, por más que en algunos rubros como la transparencia, nos permitan un aterrizaje menos traumático con la realidad.
Y los hechos ocurridos ayer finalmente nos demuestran algo que hace ya algún tiempo comenté en este espacio: la justicia en México es única y exclusiva para quienes ostentan el poder político y económico.
Para nadie más, como algunas ocasiones dijo el ex secretario de seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero.
Porque resulta que la Procuraduría General de la República se convirtió en juez y parte al determinar que en el caso del desacato a una orden judicial por parte del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, si hay responsabilidad penal, si hay tipicidad del delito, pero como no hay sanción establecida expresamente en el Código Penal, no ejercitará la acción penal, que es consignar el expediente ante un juez para solicitar la orden de aprehensión.
Es decir, el Ministerio Público asumió la premisa jurídica de que no hay delito sin pena.
Sin embargo, este asunto de administrar la justicia, de decidir si se le sigue un proceso penal al funcionario inculpado, correspondía determinarlo al juez, no al Ministerio Público, cuya función es la de investigar y presentar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Poder Judicial; y será este, por medio de los jueces, el que después de hacer el análisis jurídico, determine si procede o no otorgar la orden de aprehensión.
En este enredo político, lo único que está completamente claro es la responsabilidad jurídica, pues el Ministerio Público ha determinado que hubo una violación o delito.
Ahora hablemos de otra cosa. Esta decisión demuestra también el estado en el cual se encuentra actualmente la ley, con respecto de los actos de abuso de autoridad de quienes ejercen el poder público. Es decir, que estos señores tienen total impunidad y los ciudadanos de a pie, todos, estamos a merced de la voluntad de los personajes a quienes elegimos para precisamente velar por los intereses de todos nosotros, puesto que son empleados nuestros, sean los dueños de El Encino, los constructores o cualquiera otro ciudadano que pague puntualmente sus impuestos.
Por esto mismo, es necesario, urgente y prudente, que dada esta laguna jurídica en la ley (pero salvada por la jurisprudencia, de lo que hablaremos mañana), los legisladores hagan lo que les corresponde para subsanarla, porque de otra forma cualquiera otro funcionario público, del nivel que sea, va a continuar con la violación a los derechos de los ciudadanos, con una impunidad total, pues hoy tiene un costoso y claro ejemplo de privilegio.
Por otro lado, es de vital importancia hacer notar que tanto Andrés Manuel López Obrador como la Procuraduría General de la República y el propio presidente Vicente Fox, montaron un verdadero espectáculo de algo que desde el principio debió resolverse en los tribunales y en total acatamiento a las leyes, aunque estas tengan lagunas jurídicas.
Si algo debe privilegiarse en nuestro país es el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Finalmente, también, de acuerdo con la decisión tomada ayer por la PGR, quienes comentamos sobre la evidente responsabilidad penal de López Obrador, estuvimos en lo cierto, al contrario de muchos que, sin sustento jurídico y sólo por el sentimiento o el interés particular, clamaron a los cuatro vientos la inocencia de quien ayer mismo, reconociendo su culpabilidad, recibió la decisión con aplausos.
Porque tampoco es cierto lo que dijo López Obrador, al manifestar que fue un triunfo de los ciudadanos que se manifestaron en contra de la ilegalidad y que reencauzaron la política por el camino de la democracia.
Lo que logró fue, como lo dijimos al principio de este comentario, una demostración de poder, al utilizar la fuerza y sacar a las calles a un sector de la población, apoyado por el poder del dinero que ejerce desde el Gobierno del Distrito Federal.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
