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(2005-05-04)
Lo que vemos cada día en este país no tiene desperdicio. La vida cotidiana nos permite constatar el estancamiento político, lejos del tan proclamado cambio.
No existen formas de ulteriores de avance, por más que en algunos rubros como la transparencia, nos permitan un aterrizaje menos traumático con la realidad.
Y los hechos ocurridos ayer finalmente nos demuestran algo que hace ya algún tiempo comenté en este espacio: la justicia en México es única y exclusiva para quienes ostentan el poder político y económico.
Para nadie más, como algunas ocasiones dijo el ex secretario de seguridad pública federal, Alejandro Gertz Manero.
Porque resulta que la Procuraduría General de la República se convirtió en juez y parte al determinar que en el caso del desacato a una orden judicial por parte del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, si hay responsabilidad penal, si hay tipicidad del delito, pero como no hay sanción establecida expresamente en el Código Penal, no ejercitará la acción penal, que es consignar el expediente ante un juez para solicitar la orden de aprehensión.
Es decir, el Ministerio Público asumió la premisa jurídica de que no hay delito sin pena.
Sin embargo, este asunto de administrar la justicia, de decidir si se le sigue un proceso penal al funcionario inculpado, correspondía determinarlo al juez, no al Ministerio Público, cuya función es la de investigar y presentar los hechos probablemente constitutivos de delito ante el Poder Judicial; y será este, por medio de los jueces, el que después de hacer el análisis jurídico, determine si procede o no otorgar la orden de aprehensión.
En este enredo político, lo único que está completamente claro es la responsabilidad jurídica, pues el Ministerio Público ha determinado que hubo una violación o delito.
Ahora hablemos de otra cosa. Esta decisión demuestra también el estado en el cual se encuentra actualmente la ley, con respecto de los actos de abuso de autoridad de quienes ejercen el poder público. Es decir, que estos señores tienen total impunidad y los ciudadanos de a pie, todos, estamos a merced de la voluntad de los personajes a quienes elegimos para precisamente velar por los intereses de todos nosotros, puesto que son empleados nuestros, sean los dueños de El Encino, los constructores o cualquiera otro ciudadano que pague puntualmente sus impuestos.
Por esto mismo, es necesario, urgente y prudente, que dada esta laguna jurídica en la ley (pero salvada por la jurisprudencia, de lo que hablaremos mañana), los legisladores hagan lo que les corresponde para subsanarla, porque de otra forma cualquiera otro funcionario público, del nivel que sea, va a continuar con la violación a los derechos de los ciudadanos, con una impunidad total, pues hoy tiene un costoso y claro ejemplo de privilegio.
Por otro lado, es de vital importancia hacer notar que tanto Andrés Manuel López Obrador como la Procuraduría General de la República y el propio presidente Vicente Fox, montaron un verdadero espectáculo de algo que desde el principio debió resolverse en los tribunales y en total acatamiento a las leyes, aunque estas tengan lagunas jurídicas.
Si algo debe privilegiarse en nuestro país es el fortalecimiento de nuestras instituciones.
Finalmente, también, de acuerdo con la decisión tomada ayer por la PGR, quienes comentamos sobre la evidente responsabilidad penal de López Obrador, estuvimos en lo cierto, al contrario de muchos que, sin sustento jurídico y sólo por el sentimiento o el interés particular, clamaron a los cuatro vientos la inocencia de quien ayer mismo, reconociendo su culpabilidad, recibió la decisión con aplausos.
Porque tampoco es cierto lo que dijo López Obrador, al manifestar que fue un triunfo de los ciudadanos que se manifestaron en contra de la ilegalidad y que reencauzaron la política por el camino de la democracia.
Lo que logró fue, como lo dijimos al principio de este comentario, una demostración de poder, al utilizar la fuerza y sacar a las calles a un sector de la población, apoyado por el poder del dinero que ejerce desde el Gobierno del Distrito Federal.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
(2005-04-18)
La decisión tomada el pasado viernes en el Tribunal Electoral del Distrito Federal fue, a todas luces, moralmente impropia, porque permitió a Santiago Creel y al Partido Acción Nacional quedar impunes tras presuntamente haber cometido el abuso de gastar más dinero del legalmente permitido durante la campaña electoral de 2000, a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
Como usted recordará, el 15 de diciembre, luego de un par de aplazamientos, el pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal tomó la decisión de no sancionarlos debido a que la consejera electoral Rosa María Mirón Lince, quien previamente había dado su voto a favor del dictamen sancionador, decidió retractarse.
De esa forma el PAN y su candidato —hoy secretario de Gobernación y aspirante a la Presidencia de la República— se salvaron de pagar una multa de 4.5 millones de pesos, además del aviso que el IEDF debía dar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia, para hacer el seguimiento a los delitos de carácter electoral a que ha lugar.
El problema al que se enfrentó el Partido de la Revolución Democrática fue la negativa por parte de cuatro de los cinco magistrados electorales a reconocerle interés jurídico en el reclamo presentado.
El PRD promovió un recurso con el fin de que cualquiera de las dos instancias electorales del Distrito Federal complementaran el proceso sancionador, que a decir de varios juristas y el propio presidente de la Comisión de Fiscalización del IEDF, Eduardo Huchim May, quedó inconcluso, y aunque fuera con una amonestación pública, debió terminarse.
Sin embargo, al concluir su proceso con evidentes muestras de irregularidad en tal instancia, las cosas quedaron ahí porque el Partido Alianza Social, que interpuso la queja para practicar la investigación y posterior dictamen de sanción por 4.5 millones de pesos, desapareció y con él su interés jurídico en el caso.
El PRD entonces quiso entrar a la brega jurídica como tercero perjudicado. Sin embargo, los magistrados electorales le pusieron un alto, como lo explicó Juan Martínez Veloz: “El partido hoy apelante al no haber sido directamente denunciante o quejoso en el procedimiento administrativo sancionador, ni el partido afectado por una sanción administrativa no le asiste el interés jurídico para interponer el recurso de apelación”.
Todo porque no existe en nuestra ley electoral la figura del agente del Ministerio Público para este tipo de delitos, motivo por el cual las irregularidades cometidas durante los procesos comiciales sólo son perseguibles a petición de parte y no de oficio —es decir, por obligación— como el caso de los homicidios y otro tipo de crímenes marcados en el Código Penal.
El magistrado ponente del caso, Raciel Garrido Maldonado, tras un largo debate jurídico propuso regresar el expediente al Instituto Electoral del Distrito Federal para que esta entidad fijara una sanción, es decir, completara el proceso, tras considerar que sí hubo exceso en los gastos de campaña de Santiago Creel.
En una parte de su intervención, Garrido fue muy claro en su postura: “La disyuntiva que hoy enfrentamos es: admitir el recurso interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática y obligar al Consejo General del Distrito Federal a pronunciarse expresamente respecto de la responsabilidad que se le imputa al PAN por haber rebasado los topes de campaña en el proceso electoral del año 2000 o bien, cerrar los ojos y tolerar la omisión en que incurrió dicha autoridad electoral”.
De otra parte, lo decidido el pasado viernes fue un asunto jurídico, contemplado en las leyes y, apegados al Estado de derecho, los magistrados Estuardo Mario Bermúdez, Rodolfo Terrazas, Juan Martínez Veloz y el magistrado presidente Hermilo Herrerón, decidieron que de acuerdo con su forma de entender las reglas del juego, el PRD no tuvo ninguna afectación en el caso, sobre todo porque no fue él quien promovió la queja por rebase de topes contra el Partido Acción Nacional (PAN).
Pero es muy importante hacer notar que la valoración jurídica de los magistrados no fue en el sentido de que Santiago Creel y su partido no rebasaron el tope de gastos de campaña, como han querido sentar el presidente local del PAN, Carlos Gelista, y demás militantes panistas.
Este caso aún no está cerrado, pues el PRD tiene derecho aún, y lo va a hacer, de impugnar las instancias anteriores ante el Tribunal Electoral de la Federación.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
(2005-04-15)
Quiero iniciar mi comentario con una pregunta para los lectores: ¿De qué color miran las cosas? ¿En blanco o en negro?
Porque si usted todavía tiene capacidad de verlas de otro color diferente al blanco o negro, quiere decir que aún está sano y no ha sido infectado con el virus de la polarización actual en el país, pero muy especialmente en esta ciudad de México.
Porque en este asunto del desafuero tanto una parte como la otra estiraron la liga de una manera irracional, y sólo han logrado que el país esté a punto de la ingobernabilidad y prácticamente estancado en asuntos que debieran ser de capital importancia para su futuro no sólo inmediato.
Un día de estos comí con algunos amigos, varios de los cuales tenemos también otros amigos en común, muchos de ellos militantes de la izquierda, que hoy, se han vuelto en contra de quienes de una u otra forma hemos criticado a López Obrador.
Esos amigos que no recuerdan que la labor del periodista es el análisis y la crítica para dar a los lectores y radioescuchas elementos para formar opinión.
Esos amigos que tampoco tienen en la mente la cantidad de ocasiones que hemos criticado la manera de hacer política del actual gobierno federal, de la forma ilegal como Vicente Fox llegó al poder con dinero presuntamente del extranjero, de la cantidad de ocasiones cuando censuramos la utilización de dinero de PEMEX para la campaña de Labastida y muchas otras opiniones desaprobando las actuaciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo.
Es decir, sólo ven en blanco o negro. En una palabra, se encuentran en un virtual estado de guerra donde si uno no está con la posición de ellos en este momento, está contra ellos.
Este grado de polarización se nota no sólo entre los periodistas, sino también en las propias familias que han llegado al grado de la ruptura, lo que habla de un completo estado de intolerancia social que, si no es conducido de una forma mesurada por los diferentes líderes sociales y de opinión, puede generar un verdadero caos social.
Un ejemplo de este grado de intolerancia fue visto ayer en la sesión de pleno en la Cámara de Diputados, cuando el diputado panista Francisco Isaías Lemus, escupió al perredista y presidente de la sección Instructora Horacio Duarte, por una presumible provocación.
No puedo calificar si fue o no provocación porque no pude observar las escenas… pero lo que se ve es que las cosas se continúan polarizando en el ambiente político, cuando son precisamente estos actores quienes deben mostrar cordura, y los cuales tienen el deber de utilizar la política como instrumento para dirimir diferencias, empero son los primeros en manifestar una total intolerancia con quienes piensan diferente.
Por el bien de todos, es necesario que veamos las cosas en su real color, que no nos apasionemos y que así como tenemos el derecho de pensar, también seamos tolerantes con quienes de la misma forma tienen derecho a tener sus propias ideas y expresarlas, no importa que lo hagan en forma diferente a la nuestra, escuchémoslos, aunque no compartamos sus puntos de vista….
Ya lo dijo el pensador francés Francois Marie Arouet Voltaire: “No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo”.
Y es que de acuerdo con varios filósofos, la auténtica tolerancia no exige que abandonemos nuestras convicciones, sino que respetemos la inviolabilidad de la conciencia ajena y su derecho no sólo a seguir sus creencias, sino también a expresarlas. Esto es lo que realmente da vida a un estado democrático, donde se permita que las ideas y creencias de unos y otros permitan al resto a crear convicciones propias. De otra forma, la eliminación de las ideas y expresiones ajenas provocan el autoritarismo.
La tolerancia también implica reconocer como intrínsecamente malo el uso de la fuerza para cambiar el modo de pensar de alguno, aunque estemos ciertos de que está equivocado. Esta es la esencia de un pensador liberal, porque los liberales no pueden ser dogmáticos.
Octavio Paz dijo en su obra Itinerarios, penúltima de su larga vida filosófica y literaria, que el relativismo "nos ha dado muchas cosas buenas y la mejor entre ellas ha sido la tolerancia, el reconocimiento del otro".
Reconocer a los demás, será siempre la mejor manera de poder convivir y enriquecer de ideas el debate político, económico y social del país.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
(2005-04-14)
Los hechos alrededor del desafuero más publicitado en la historia del país nos han dejado hasta ahora varias lecciones pero, sobre todo, se han descubierto una serie de incapacidades, ineptitudes, irresponsabilidades e insensatez que al tensar la liga de una y otra parte, no hicieron más que menospreciar el instrumento más viable hasta el momento para dirimir las diferencias: la política.
Y por política no debe entenderse “transar” o “negociar en lo oscurito”; mucho menos ser buen cristiano y poner la otra mejilla. No, de lo que se trata es de no ser imprudentes porque la cortedad de mirillas puede meter al país en un brete.
Hoy la Procuraduría General de la República se ha manifestado sólo como un instrumento del poder político para cobrar venganza de sus contrincantes, como sucedía en el pasado.
Tal ha sido el acoso judicial, linchamiento mediático y político para Nahum Acosta Lugo, acusado de participar con el narcotráfico desde la casa presidencial, cuya reciente liberación hace presumir un ajuste de cuentas dentro del propio primer círculo del poder.
Detrás de esta investigación se encuentra José Luis Santiago Vasconcelos, quien se ha colocado como un ariete de poderosos grupos políticos.
Está también detrás de la detención de Artemisa Aguilar, madre de Maritza Pérez y suegra de Santiago Pando, ex publicista de Vicente Fox, recluida y acusada de encabezar una banda de traficantes de indocumentados.
Es muy probable que esta acusación también sea revertida pronto.
La comparecencia de Carlos Javier Vega Memije el pasado día 7 habló de manera más que clara del modo cómo la procuración de justicia y la presunta defensa de la legalidad son utilizadas, al realizar una valoración política de las formas e inclinaciones del hacer del “acusado”, cuando lo congruente hubiera sido ceñirse a los dictados jurídicos para hacer un pormenorizado detalle de la ilegalidad cometida y sus equiparables.
Lo mismo pudo hacer López. Pero tensó la cuerda, cuando ciego, también, realizó un discurso político en el cual puso en el mismo costal a los tres poderes federales.
Para él tampoco hay matices. No existen los grises. Continúa en la tónica de una perversa conjura de todas las fuerzas del mal (dixit los Pejecomics) contra un hombre bueno al que sólo lo puede salvar el respaldo popular.
Sin embargo, y para fortuna del país. Todavía existe un Poder Judicial que, con todos y sus asegunes, en ocasiones tiene brillos frente a la ciudadanía. Y en este caso podría demostrar la mesura no lograda por los bandos en conflicto y actuar políticamente.
Es decir, puede darle celeridad al proceso penal en contra de López Obrador y dictar auto de libertad o formal prisión en un tiempo relativamente corto, para dar oportunidad a que el tabasqueño pueda contender, una vez que haya pagado su falta, si eventualmente se le demuestra.
Hacerlo de otra forma por parte del Poder Judicial no sería otra cosa que cometer una imprudencia más contra la República y sus ciudadanos. Sería dejar la inteligencia a un lado, para seguir los vuelcos de la emoción en un poder dedicado al arbitraje de las diferencias jurídicas y la administración de la justicia.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
(2005-04-13)
Existen personas quienes consideran que cuando el trabajo de un periodista es crítico, ataca. Y, por el contrario, ejerce su profesión al elogiar sus querencias.
Me ha sucedido en los últimos días, con algunos lectores, entre ellos incluso amigos con militancia partidista en la izquierda.
Sorprenden sus reacciones, sobre todo porque varios de ellos se han quejado en años anteriores de la intransigencia de quienes han detentado el poder.
Pero hoy, en medio de la polarización social por el asunto del desafuero, muestran su intolerancia frente a posiciones contrarias a la suya, simple y sencillamente porque ejerzo la crítica y una posición, no contra Andrés Manuel López Obrador, sino una censura a la forma como actúa desde el poder.
Estos lectores y amigos, recuerdo que, por el contrario, se han quedado callados cuando he criticado la forma cómo Santiago Creel y Fernando Aboitiz rebasaron los gastos de campaña y, por tanto, la ilegalidad de sus actuaciones cuando uno pretende ser candidato presidencial y el otro despacha en la delegación Miguel Hidalgo.
Tampoco han aparecido cuando he criticado la forma de hacer política en el PRI y sobre Roberto Madrazo. Mucho menos la cantidad de cuestionamientos a la forma de gobernar de Vicente Fox o a las veleidades de su esposa Marta Sahagún; mucho menos las reprobaciones a Carlos Salinas o Ernesto Zedillo.
El periodismo es una profesión de interés público. Debe ser un contrapeso al gobernante en beneficio de la sociedad; debe ser un dique que frene los excesos de quienes detentan el poder público.
Quienes opinamos no estamos exentos de equivocar nuestras apreciaciones. Por eso firmamos nuestros artículos y nos hacemos responsables de lo que decimos. Estamos expuestos en no pocas ocasiones a ser llamados ante la autoridad por presuntas calumnias o difamaciones.
Pero de lo que sí debemos estar exentos es de tomar partido por posiciones personales, no ideológicas, aclaro, porque entonces nos convertimos en propagandistas.
Y si me preguntan estos lectores y amigos a quienes les gana la emoción, considero que ni Andrés Manuel López Obrador en el PRD, ni Santiago Creel en el PAN y mucho menos Roberto Madrazo en el PRI me parecen las figuras políticas idóneas para dirigir el destino del país a partir del próximo año.
Quiero recordar algo que escribí el 24 de diciembre pasado:
“¿Cómo debe ser el hombre o mujer que tendrá la alta responsabilidad de dirigir el destino económico-político-social de este país durante los seis años siguientes, cuando atravesemos el misterioso umbral de los años 10 (1810-1910-2010) que muchos esperan con gran inquietud?
“Roto el sistema político surgido de la llamada Revolución Mexicana, donde el poder se dirimía al interior del propio partido en el poder, cualquiera de los políticos que se encuentra en la primera línea considera tener las suficientes capacidades y merecimientos para ocupar la silla presidencial, aunque su vida política haya sido corta hasta el momento.
“Sin embargo, de acuerdo con lo manifestado hasta ahora, todos y cada uno de los que se acercan a la línea de partida se han distinguido por ser personajes cuyos proyectos políticos se basan en la inmediatez, en la propuesta fácil, en el acarreo de simpatías más que de convicciones, en la conquista fácil del voto como fin último, a costa de lo que sea, sean mentiras, dinero o alianzas oscuras; encabezan, a fin de cuentas, proyectos de grupo pero no de nación. Se miran como eje, no al país.
“Hoy mismo la transición a la democracia se encuentra débil y sin rumbo porque ninguno de los actores políticos, sociales y económicos ha estado a la altura de las expectativas. Cada uno ha mirado a su alrededor y es producto de la cortedad de su vista. No ven más allá.
“Sin embargo, lo que realmente necesita el país en estos momentos de desconcierto generalizado, donde han campeado la avidez por la mesura o la intransigencia en lugar del acuerdo, es tener en la Presidencia de la República a un hombre o mujer con miras superiores, a un personaje cuyo proyecto tenga la vista puesta en lo importante y a la vez urgente, no en lo inmediato.
“Es decir, lo que México necesita es a un verdadero estadista que ponga en relieve las piezas que le permitan al país aterrizar en la democracia, a partir del desmantelamiento total del viejo régimen y la consolidación de nuevas reglas, ya que actualmente nos encontramos con una situación ambigua, de enormes riesgos para la gobernabilidad y de continuidad, que deben evitarse antes del surgimiento de situaciones extremas que amenacen el orden institucional, y la única oportunidad de hacerlo es avanzar de manera decisiva en las reformas del Estado.
“Para darle rumbo, sin duda, es necesario alguien que mire más allá de sus intereses particulares o de grupo. La pregunta es: ¿Quién?
“En estos momentos existe en el horizonte cerca de una veintena de aspirantes y cada uno de ellos dice ser el mejor. Pero la pregunta nuevamente es ¿quién tendrá visión de estadista, quién?
“Y si me preguntan, de manera muy personal, afirmo que de entre ellos, ninguno”.
Sin embargo, existen mexicanos capaces, inteligentes, verdaderos estadistas. Una lástima es que no se encuentran en esa primera línea de partida.
Una lástima también es voltear y encontrar que la llamada “izquierda” es más intolerante, incluso, que la propia derecha.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
(2005-04-12)
Así como entre una pequeña parte ilustrada y la mayoría no ilustrada de la sociedad mexicana va en aumento el triunfo de la emoción sobre la razón por el discurso de Andrés Manuel López Obrador, en forma proporcional aumenta la larga lista de violaciones a la ley del actual Jefe de Gobierno.
Pero a sabiendas de que entre más se victimice, más adeptos consigue a su candidatura presidencial, incluso parece fomentar tales violaciones.Así, de la misma forma como le cantaron el pasado fin de semana enfrente de su departamento, que con fuero o sin fuero hace siempre lo que quiere, porque su palabra es la ley, López no realizó la solicitud formal de permiso para abandonar el cargo de Jefe de Gobierno, el cual ya no se presentó a desempeñar desde el viernes 8 de abril.
El artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Cuarto, donde se estipula sobre las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, dice que “el efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”.
Y salvo se busquen interpretaciones legaloides, el texto constitucional dice de manera clara que el efecto de la declaración de desafuero “será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal”.
Pero López Obrador aún no está sujeto a proceso penal. De acuerdo con la Procuraduría General de la República, la averiguación previa sobre el desacato judicial aún se encuentra en integración, todavía no ha sido consignada ante un juez penal y tampoco éste ha obsequiado la orden de aprehensión.
Ese sería el momento cuando pierde sus derechos políticos, no antes, como también la hora de que un reemplazo suyo tome las riendas del gobierno, porque es hasta ese momento cuando faltaría.
Incluso, si nos apegamos a la legalidad, aún si es aprehendido, tendrá 48 horas o el doble de ellas para poder defenderse de las acusaciones consignadas en el pliego petitorio de la orden de aprehensión y sólo estará sujeto a proceso si el juez le dicta el auto de formal prisión.
De esta forma, es claro que López Obrador no fue separado del cargo. Por lo tanto, si no solicitó un permiso, el cual debió ser ante la Asamblea Legislativa, para separarse temporalmente de su responsabilidad pública, podría incurrir en "abandono de función".
Es decir, López Obrador tiene la obligación constitucional, mientras no solicite permiso o licencia temporal, de gobernar la ciudad.
Por otro lado, es necesario hacer notar lo siguiente: las leyes no contemplan sanción alguna para la Procuraduría General de la República o quien la represente legalmente (en este caso el subprocurador Carlos Javier Vega Memije), en la eventualidad de solicitar el desafuero de algún funcionario público y no tener armada la averiguación previa para su consignación en el momento cuando este proceda.
De tal forma se hace pertinente tomar nota del asunto y proponer una adición legal para evitar que precisamente la procuración de justicia se tomé para fines netamente políticos y no jurídicos.
Porque tampoco en un Estado de Derecho y mucho menos en una democracia, así sea incipiente como la nuestra, se puede permitir el uso y abuso del poder de quienes lo ostentan, para desde ahí truncar carreras políticas, cobrar venganzas o simplemente beneficiarse de la aplicación facciosa de las leyes.
Antes que cualquiera otra cosa el Estado Mexicano y quienes fueron elegidos para administrar el país en los aspectos económico, político y social, deben ser congruentes no solamente con sus propuestas y sus palabras, sino con sus acciones.
Addendum
Por cierto, López Obrador dice que no tendrá abogado en la causa penal que está por iniciársele. Lo que quizá no le han dicho sus asesores, o quizá no les escuchó, es que en el Sistema Jurídico Mexicano por ley toda persona tiene derecho a contar con un abogado, y si no tiene o no quiere pagarle, se le asignará uno de oficio…
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
(2005-04-11)
El jueves de la semana pasada la Cámara de Diputados, constituida como Jurado de Procedencia decretó que ha lugar para proceder judicialmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador por el presunto delito de abuso de autoridad.
Y contra todos los pronósticos la “frágil democracia mexicana” no se ha visto disminuida, aunque de modo sectario ha sido cuestionada por los agoreros del desastre que proponen mantener el status quo.
Tampoco salió a las calles la oleada sin control de millones de mexicanos, presuntamente simpatizantes del líder perredista. Había dicho el propio tabasqueño que 80 por ciento de la gente en el país estaba contra el desafuero.
Todo ello muestra una gran madurez de la mayoría de la población, la cual no se dejó engañar tan fácilmente por este show mediático-político en que unos y otros convirtieron el proceso, cuando lo más sano es considerarlo como algo normal en una democracia regida y fortalecida por el Estado de Derecho.
El londinense Financial Times, los estadounidenses The Washington Post y The New York Times, así como algunos otros diarios del exterior habían pronosticado un duro golpe a la frágil democracia electoral de cinco años en nuestro país, en caso de proceder al desafuero de López Obrador.
Algunos de ellos, al seguir las declaraciones de ciertos “intelectuales” que poco o nada pierden desde su cómoda posición en las esferas del poder, advirtieron que era una forma de poner un alto a las aspiraciones de la izquierda mexicana, como si esta en verdad existiera.
Es cierto lo dicho por otros muchos: la democracia en México es todavía frágil. Nadie discute el deber de fortalecerla.
Pero para fomentar su robustez una de las cosas que menos se debe tener es miedo a los cambios en la forma de hacer las cosas.
Demostrar que la impunidad en el poder público debe ser cosa del pasado puede ser desde hoy uno de los escasos beneficios heredados por este gobierno federal, incapaz de convertirse en un gobierno de transición.
Y en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el delito no es grave, la pena puede ser conmutada inclusive por una multa administrativa y todo mundo contento.
Sobre todo porque este show ha servido para los fines mediáticos de López Obrador, quien ha sabido usufructuarlo de inteligente forma.
Pero lo más importante de este episodio, al menos donde va, es que debe dejar beneficios para la aún débil democracia mexicana.
Y uno de ellos es que a partir de aquí, tanto el presidente Vicente Fox como su partido el PAN y el PRI, tienen la obligación política, moral y ética de llamar a cuentas a cualquiera funcionario público que quebrante las leyes, en aras de un verdadero Estado de Derecho y una auténtica rendición de cuentas que tanta falta hace al país.
''Creo que México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a ley y también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones'', dijo Fox desde Roma. Si esto es verdaderamente así, y hay un cambio en la forma de conducir la Nación, eso debe demostrarse en el resto de la vida pública del país.
Hay asuntos irresueltos como el Pemexgate, Los Amigos de Fox, el Fobrapoa-Ipab, la Matanza de Tlaltelolco, incluso asuntos como la piratería y el comercio informal o, también, los casos de Guido Belsasso y otros.
Esa es la única forma de que los mexicanos, seguidores de cualquier corriente ideológica, política o partidista crea realmente en el quehacer de la política.
Lo demás, seguirá siendo únicamente un show en el camino hacia la Presidencia, cuando lo más sano debería ser la construcción de candidaturas más creíbles y atractivas, para dejar atrás la ancestral demagogia.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
