jueves, noviembre 25, 2004

Policías, incapaces


Renato Consuegra


(2004-11-25)


Después de escuchar las declaraciones realizadas la noche del martes por Damián Canales, director Jefe de la Policía Judicial del Distrito Federal; de José Luis Figueroa, comisionado de la Policía Federal Preventiva; y luego el culpable silencio de Marcelo Ebrard, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, y su subsecretario Gabriel Regino, quien cada que puede se luce contra personas indefensas, sólo queda una palabra para calificarlos: incapaces.

Tardaron poco más de dos horas en llegar al centro de San Juan Ixtayopan y sólo pudieron rescatar con vida y sumamente maltrecho a uno de los policías encubiertos en una investigación de narcomenudeo frente a la escuela Popol Vuh: Edgar Moreno Nolasco.

Son estas entidades policiales, quienes pretenden obtener mayor presupuesto. Para qué, es la pregunta. ¿Para que los jefes vivan a cuerpo de rey y utilicen el dinero de los ciudadanos en sus aspiraciones políticas? ¿Para que en colusión con esos jefazos sus amigos realicen pingües negocios con el presupuesto de la ciudad o de la Nación? ¿Para gastar millones en propaganda para decirle a la gente que la cuidan y en realidad no saben cómo?

La interrogante que los descalifica por completo es la siguiente: ¿Por qué razón los representantes de los medios de comunicación llegaron al lugar con suficiente tiempo y lograron hablar con los jóvenes policías antes del desenlace mortal para dos de ellos? ¿Por qué no lo hicieron las distintas policías, con el número de elementos, recursos técnicos, físicos dentro de los que se encuentran incluso los aéreos con que cuentan repartidos en toda la ciudad? ¿Qué sucede con la dirección de Seguridad Pública de Tláhuac donde el jefe, Rigoberto Salgado anda a salto de mata si no es que, como lo adelantamos, se encuentra en el reclusorio Norte, mientras su subdirector sólo acierta a hacer su trabajo político como protegido que es de René Bejarano? y ¿Para qué carambas está la jefa delegacional Fátima Mena, que esa noche fue echada literalmente por la turbamulta que de esa forma le demostró su desprecio?

A pesar de tanta incapacidad e ineficacia de las autoridades no es justificable el acto de barbarie que presenciamos por las imágenes de televisión.

Pero, ¿qué piensan los ciudadanos azuzados por algunos personajes oscuros (habrá que hacer una investigación muy detallada para encontrar a los responsables) cuando los jóvenes linchados se presentan como policías, luego de que en las últimas semanas en los medios de información se ha dado cuenta de los secuestradores, violadores y demás delincuentes que se encuentran al frente de los aparatos policiales y los órganos administradores de justicia?

Los sucesos de la oscura tarde del martes 23 no son una sorpresa. Los vecinos de Tláhuac, de Milpa Alta y otras delegaciones como Álvaro Obregón y Xochimilco ya habían tomado la justicia en sus manos y amenazaron con que lo volverían a hacer ante la desconfianza a las autoridades en la presente administración.

La violencia bárbara de los tlahuaquenses como fenómeno social es entendible cuando les dicen que dos niñas han sido secuestradas y esa tarde otras dos más fueron alejadas de sus familias por una mujer que acompañaba a los policías. Sin embargo, no se justifica haber llegado a tal grado de brutalidad. Como tampoco es una excusa para que los jefes policiales pongan más atención a los temas políticos y como Ebrard sueñen con la Jefatura de Gobierno en lugar de ver por la seguridad que les fue encomendada.

miércoles, noviembre 17, 2004

Dictador

Por Renato Consuegra


Durante un foro realizado en septiembre del año pasado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el ex presidente español Felipe González se dijo sorprendido por el ritmo de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo por la forma cómo maneja a los medios de comunicación.

"Todas las mañanas, a las 6:00 horas comparece y les da tarea a los periodistas, pero no para que lo sigan a él, sino para que sigan a los que él quiere que sigan", comentó el político español.

Pero como en el asunto del condón el seguido, el descubierto fue él, ahora dice que es una provocación de La Crónica, el diario que dio a conocer esta irregularidad, porque de acuerdo con su dicho, está al servicio de Carlos Salinas.

Sin embargo, los reporteros hicieron su trabajo. La doctora Carmen Soler, coordinadora del Programa de Prevención y Atención del VIH-SIDA del Gobierno del Distrito Federal, reconoció haber dado 50 mil condones a jóvenes perredistas, e incluso sabía que les estaban poniendo pegotes.

El propio jefe de la policía capitalina, Marcelo Ebrard, reconoció que eran condones de la Secretaría de Seguridad Pública los que traían propaganda para promover la defensa contra las reformas al artículo 122 y el desafuero del jefe de Gobierno.

Entonces, más allá de los intereses propios de un diario (la contraparte es La Jornada, que cada día se manifiesta a favor del jefe de Gobierno), hay un trabajo periodístico que implica comprobar la veracidad de los hechos.

Quizá aquí el problema fue que los colaboradores de López Obrador minimizaron la importancia de esa información y no advirtieron a su jefe. Por eso mismo fue tomado con descuido cuando el reportero Raymundo Sánchez le puso en sus manos el condón con la propaganda.

Ante esto es importante hacer notar a los lectores y al mismo López Obrador, porque seguramente no se lo han manifestado sus asesores en el área de comunicación social, muchos de los cuales ni periodistas son, que el periodismo es una labor de interés público, de interés social.

Y como tal, el periodismo es un contrapoder al poder político y económico. Es decir, el periodismo debe constituirse como un freno para que no haya poderes desbocados que avasallen a la sociedad.

Sin embargo, lo que López Obrador desea es que los medios le sirvan para dos fines: Uno, para combatir a sus adversarios políticos, como bien lo hizo notar el ex presidente español Felipe González; y dos, para servirle de propagandistas.

Y claro que hay medios propagandistas del jefe de Gobierno, y son aquellos a los que premia con enormes cantidades en publicidad, mientras aquellos que no se ciñen a sus intereses, los castiga y no da un peso para difundir el trabajo del Gobierno del Distrito Federal.

Entonces, López Obrador también ejerce la perversa acción de premiar a quienes lo tratan bien, a sus panegiristas.

Ante lo que estamos es frente a un doble discurso del jefe de Gobierno, un discurso para la sociedad mal informada, donde se asume como víctima para causar lástima a aquellos sectores de la población con escasa educación cívica y política, los que se conduelen por los ataques a los desvalidos.

Ayer Fred Álvarez, conductor de La Otra Opinión en la XEB me preguntaba que cómo son las conferencias de prensa de López Obrador. Bueno, pues son verdaderos dictados. Desde el tono y la pausa que utiliza para que a los reporteros les quede bien claro lo que quiere decir, para que lo capten, hasta la forma cómo sólo responde asuntos que le permiten "que (los reporteros) sigan a los que él quiere que sigan", porque cuando el atrapado es él, simple y sencillamente corta las conferencias.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, septiembre 24, 2004

¿Quién habla de ética?

(2004-09-24)
Publicado en el diario La Crisis

¿Quién dicta qué no y qué si deben hacer los representantes de los distintos poderes de la Unión?
¿Quién debe dar el visto bueno para que un representante del Poder Judicial se reúna con uno del Ejecutivo?
¿Quién tiene la calidad moral y política para hablar sobre legalidad y ética?
¿Por qué motivo debe conocer la opinión pública lo tratado en reuniones entre los máximos representantes de los distintos poderes públicos?
Pregunto todo esto porque Andrés Manuel López Obrador dijo la mañana de este martes que la obligación de dar a conocer lo conversado entre el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela, y el presidente Vicente Fox, no es un asunto de formalidad, sino algo que tiene que ver fundamentalmente con la ética.
Sin embargo, todo hace suponer que el señor Jefe de Gobierno padece de Alzheimer porque olvida que desde que le fue entregado el mando para gobernar la ciudad, también se reunió con Mariano Azuela, e hizo lo mismo con el antecesor de éste, el yucateco Genaro Góngora Pimentel. Y fue dentro de la gestión de este último, quien dijo ser amigo del tabasqueño, cuando López Obrador ganó algunas controversias constitucionales al Poder Ejecutivo, entre ellas la del horario de Verano.
¿Acaso López Obrador o los ministros presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fueron éticos en aquellos momentos?
Porque si de ética se trata, entonces ¿por qué motivo López Obrador influye en los trabajos del poder legislativo local?
Y vamos más allá. Si López Obrador es ético, ¿por qué razones esconde las cuentas de los segundos pisos, de las compras de vagones del Metro y otros documentos donde se presume corrupción por parte de sus más allegados colaboradores dentro del gobierno?
Y ¿por qué se ha convertido en el protector del señor de las ligas y los sobornos, mejor conocido como René Bejarano?
La separación de los poderes del Estado no debe observarse como el total aislamiento de un poder con respecto a los otros.
La división de poderes no puede convertir a los poderes en entes ajenos uno del otro. Pero tampoco debe permitir que un poder medie o negocie entre los intereses de los involucrados en un conflicto.
En el caso del Poder Judicial de la Federación, a quien López Obrador ha puesto en entredicho por enésima ocasión, lo único que le está permitido es velar por la observancia de la legalidad, porque en un estado de derecho la ley se aplica por encima de cualquier consideración que no se deba al Derecho mismo.
Pero lo que López Obrador ha pretendido es utilizar el uso de la fuerza frente al uso de la razón.
Y para utilizar esa fuerza es que ha usado las conferencias de prensa matutinas, en las que da línea, en las que manda a los medios a perseguir a sus adversarios, pero en esa persecución de sus enemigos, también ha pasado a llevarse entre las patas al Poder Judicial.
Y si de ética quiere hablar López Obrador, que dé el primer paso y no utilice las conferencias mañaneras para perseguir a sus enemigos, y dé a conocer el estado de la ciudad, la que por cierto se han dado muestras, desconoce?

Addendum

Hoy los diputados de la Asamblea Legislativa están metidos en un gran problema de credibilidad frente a los ciudadanos. El autor del origen de este conflicto es René Bejarano, pero nada pasa en torno a este hombre que al parecer se ha convertido en amo y señor de la ¿política? en el Distrito Federal... Por cierto, este Bejarano ya está hasta el gorro de las triquiñuelas que está realizando uno de sus alumnos que al parecer salió demasiado adelantado, Miguel Bortolini, que se quiere embolsar más que las ligas en Coyoacán. Pues Bejarano va a iniciar una embestida mediática contra el Jefe Delegacional, que por cierto tiene mucha cola que le pisen...

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, junio 15, 2004

Grilla o legalidad

(2004-06-15)

Como lo comentamos aquí en días pasados, la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal del pasado lunes 7, referente al rebase del tope de gastos de campaña del panista y ahora delegado en Miguel Hidalgo, Fernando Aboitiz Saro, sienta un mal precedente. Esta dependencia "concluyó" que no era Aboitiz quien rebasó los topes de campaña en el proceso electoral de 2003, sino el Partido Acción Nacional.
El mensaje enviado es que no importa violentar las normas y degradar a las instituciones si de por medio existe un factor de negociación. Literalmente, la procuración de justicia se ha convertido en "grillar a la justicia"; es obvio que la Procuraduría de Bernardo Bátiz sienta un precedente para futuros casos donde se vean involucrados funcionarios perredistas, situación no muy lejana si consideramos el financiamiento supuestamente ilícito del cual se benefició este partido en el pasado proceso comicial.
Sin embargo, el panorama no es tan desalentador, puesto que por el otro lado el mensaje de la procuraduría fue que el responsable era el PAN. Si consideramos que este asunto todavía no es resuelto en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, podremos abrigar esperanzas de que en verdad este lamentable asunto sea de verdad resuelto con independencia y apego a la legalidad.
Ubiquémonos en el tema. En los meses de agosto y septiembre de 2003 –justo cuando concluía el proceso electoral– el Instituto Electoral local había confirmado después de una investigación exhaustiva que el ahora funcionario sobrepasó el tope de gastos de campaña fijado para esa demarcación.
En consecuencia, el Tribunal Electoral local después de analizar la legalidad de lo actuado por el IEDF, decretó la nulidad de la elección e inclusive ordenó la realización de un proceso extraordinario, inhabilitando al Partido y al candidato, conforme lo dispone el Código Electoral local. No obstante, esta determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sorpresivamente, y bajo el argumento de que el segundo lugar también había hecho trampa, rebasando el tope, determinó revocar la resolución del TEDF.
Así pues, una de las consecuencias legales de la determinación del Tribunal Federal fue que se realizó la investigación tan sólo para sancionar económicamente al partido –por rebasar los topes– y en febrero de este año el Consejo General del IEDF le impuso una multa de cuatro millones y medio.
Esta sanción hoy se encuentra nuevamente impugnada ante el Tribunal Electoral del DF, de ahí que no parezca tan desalentador el panorama, porque si para la procuraduría y, en cierta forma, para el Tribunal Federal Electoral hubo una violación grave a las normas electorales que no puede ser imputada al entonces candidato, lo obvio es que el PAN asuma esta infracción con todas sus consecuencias.
Es decir, si para el presente año el PAN recibirá por concepto de actividades ordinarias locales una cantidad cercana a los 55 millones, resulta que la sanción impuesta por el IEDF equivale apenas a un 8%. Resultaría, pues, de suma importancia que el Tribunal Electoral local considerara si esta multa es la que corresponde a un actuar ilegal que ha puesto en riesgo uno de los instrumentos fundamentales con que cuenta el ciudadano: el voto.
Tal vez un referente ilustrador es la determinación inédita del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que decidió incrementar la multa al PAN por el financiamiento paralelo que utilizó durante la campaña de 2000 para favorecer a su candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, suprimiéndole el cien por ciento de las ministraciones que por financiamiento público le correspondieron para gastos de campaña en la época que cometió la infracción.
En fin, todo aquello fue grilla. Y por el otro lado, ¿cuál es la legalidad que defiende la PGJDF?
renatoconsuegra@yhoo.com.mx

lunes, junio 14, 2004

De paranoia y esquizofrenia

(2004-06-14)

Dice el Diccionario didáctico Océano que paranoia es una figura psíquica que corresponde a la "perturbación mental fijada en una idea o en un orden de ideas", mientras que la esquizofrenia se refiere al "trastorno de la personalidad caracterizado por la escisión de las funciones afectivas e intelectivas".
Recuerdo esto porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal o lo hace de forma premeditada, porque ya se le acabaron los recursos para explicar las irregularidades, incapacidades y actos corruptos dentro de su gobierno o comienza a tener perturbaciones severas de carácter mental.
Resulta que ahora todo lo que huela a reclamo social, denuncia pública y privada sobre la corrupción en los actos de gobierno de él y sus colaboradores, es un complot.
No hay más. Es perseguido. El jefe de Gobierno no tiene qué le reclamen. Sus funciones públicas son impolutas y todo aquel que ve otra tonalidad, conspira contra él para cerrarle el paso a su candidatura para la presidencia de la República en 2006.
Sin embargo, lo que se ve en Andrés Manuel López Obrador es a un líder político manipulador frente a la gente poco informada y carente de cultura política, con una personalidad mesiánica que pretende alcanzar una especie de ubicación como semidiós, con una actuación antidemocrática frente a las instituciones que lo perfilan como autoritario y, además, ahora se coloca como víctima de un peligroso delirio de persecución.
A su lado, Alejandro Encinas, que parece uno de sus más mesurados colaboradores, también perdió la cordura y la serenidad. Y metió a su jefe en el último de sus deslices. Encinas acusó al PAN, al grupo de extrema derecha El Yunque y a Televisa, "de sumarse a una campaña" contra el gobierno de López Obrador.
Pero el jefe de Gobierno no quiere ver que el reclamo social es de la gente que no puede manipular por 700 pesos mensuales. De la gente que sufre la delincuencia en la ciudad.
Ha emprendido también una campaña en contra de los medios críticos a su gobierno de ser copartícipes del complot en su contra. A decir de sus colaboradores, no desea ver lo publicado en La Crisis en la síntesis matutina de prensa porque "quiere iniciar el día sin hacer corajes", además de que ha puesto en duda el profesionalismo de nuestro director Carlos Ramírez. En días pasados se ha manifestado de manera reiterada en contra de La Crónica y tampoco ha dejado de criticar la labor informativa de Televisa, a quien también implicó en el complot anterior por el asunto de Gustavo Ponce Meléndez.
Sin embargo, una muestra de sus errores la dio ayer cuando aceptó haberse equivocado al respaldar el reclamo de Encinas.
"Y también quiero decir, lo digo de manera respetuosa, en el caso de Televisa, que si Alejandro Encinas dio a conocer un punto de vista, pues es un derecho, yo creo que en Televisa nos va a entender porque todos tenemos derecho a expresarnos, ya pasó el tiempo que no se podía tocar al intocable, todos tenemos que expresarnos, puede ser que no se tenga la razón, pero eso no tiene por qué cuestionarse o verse como una afrenta, tenemos que aprender también a ser tolerantes, todos nos equivocamos, yo no sé si hay alguien que no se equivoque, que es una especie de Sumo Pontífice y que no comete errores".
Esta marcha atrás significa la aceptación de un error. Al aceptar que se equivocó pone en juego su credibilidad por un motivo muy práctico: conoce el poder de la empresa televisora en el ánimo de la gente.
Pero este error tendrá un precio, y ese precio será pagado por Alejandro Encinas, a quien seguramente relegará de los micrófonos en sus ausencias. Ya no veremos declarar a Encinas. Si no, al tiempo.
O ¿es que también su colaborador le estará preparando un complot, aliado a quienes lo quieren tumbar de la candidatura?

jueves, junio 10, 2004

Irregularidades en proyecto ecoturístico

(2004-06-10)

Armando Ramírez, reportero y ex trabajador delegacional en Tláhuac, comenzó a dar a conocer irregularidades en la administración desde 2002, y poco le hicieron caso. Hoy la gran mayoría de aquellas denuncias se ha convertido en realidad y tienen a un ex funcionario en la cárcel, Jaime Arturo Hidalgo López.
Hoy me permito transcribir algunos párrafos de una nueva denuncia pública que realizó, cuya copia envió a mi correo electrónico:
"Las irregularidades del grupo Quart afectan un proyecto ecoturístico ejecutado en Tláhuac por el gobierno delegacional encabezado por Francisco Martínez Rojo y financiado con recursos de un fideicomiso de la Comisión Ambiental Metropolitana, denunciaron funcionarios locales.
Los denunciantes, que pidieron el anonimato para evitar represalias, revelaron que el proyecto carece de la aprobación de un dictamen de impacto ambiental y un excesivo sobreprecio de las obras, además de que no se ejecutó la calidad y cantidad de obras previstas en el proyecto inicial.
Entre las obras sobrefacturadas está un temascal que quedó infuncional por cambios en el diseño; fue cotizado en 100 mil pesos, lo que sobregiró considerablemente el precio de la obra hasta los seis millones de pesos.
En febrero de 2003, el entonces director de Desarrollo Económico y Rural, Anacleto Chapa, dijo que con una inversión de casi 3 millones de pesos, la delegación Tláhuac inició un proyecto ecoturístico en cinco chinampas, donde se sembraba maíz y otros productos agrícolas.
Cada una de las chinampas fue adaptada con mobiliario atractivo para el turismo, como estanques de acuacultura, embarcaderos, módulos para días de campo y torres de observación para fauna silvestre. Las cinco chinampas ocupan más de 21 mil metros cuadrados.
En la primera, que mide 7 mil 464 metros cuadrados, se construiría un estanque de acuacultura, una pérgola, un embarcadero, un módulo para días de campo, un sistema de manejo de agua y un sanitario ecológico. En el estanque se criarían carpas y ajolotes para consumo humano.
Las demás chinampas tendrían características semejantes, a excepción de la quinta, donde las autoridades pensaban construir un baño de temascal, una de las antiguas tradiciones prehispánicas, mediante las cuales las personas se purifican a través de la sudoración.
El proyecto fue financiado con recursos del Fideicomiso Ambiental Metropolitano, que se integró desde la década de los 80, con un impuesto que se pagaba por algunas gasolinas.
El control de este fideicomiso lo ejerce la Comisión Ambiental Metropolitana que, mediante un comité de evaluaciones, destina los recursos invertidos en Banobras a proyectos para el rescate de zonas ecológicas.
Un año después, sólo una de las chinampas está operando y otra está abandonada.
El asunto es que pese a todas estas irregularidades, Francisco Martínez Rojo continúa tan campante, porque ahora lo apoya Leonel Godoy. Por esto mismo, el lunes se volvió a suspender la reunión donde se daría luz verde para la remoción de Fátima Mena y el inicio de la averiguación previa en contra de Martínez Rojo.
Addendum
Octavio Flores Millán retornó, después de la campaña delegacional, de un viaje por Europa donde fue a descansar; además, con una camioneta Rand Lover y una motocicleta. ¿Un ahumadazo?... Alejandro Meléndez, hijo de nuestro compañero Jorge, envía la invitación para asistir este viernes 11 de junio a un concierto de percusión que se titula Luces Interiores, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El concierto será interpretado por el Grupo RAGA de la Escuela Superior de Música, integrado por Edwing Tovar, Miguel Haller, Kaoru Miyasaka y Oliver Ochoa.

miércoles, junio 09, 2004

Presión delegacional en Cuauhtémoc

(2004-06-09)

José Luis Camba cerró desde hace tres semanas su hotel ubicado en Parque Vía, como una forma de protesta y exigencia para que las autoridades competentes retiren de la zona a alrededor de 190 prostitutas que a diario trabajan en aquella avenida, ubicada entre Circuito Interior y Jardín del Arte.
Su protesta pende de una lona frente a su negocio. La singular forma de hacerlo llamó mi atención y también surgieron algunos cuestionamientos:
¿Por qué motivo inicia hoy una protesta y exigencia de ese tipo, pasados 20 años desde que las llamadas trabajadoras sociales fueron reubicadas de la zona donde se ubicaban anteriormente, en río Tíber?
La respuesta del empresario es que hubo de esperar las condiciones políticas propicias que se dan hasta ahora, cuando el poder político no es de un solo partido y hay mayores posibilidades de que, incluso en el Poder Judicial, la actuación de los jueces ya no sea lineal como antaño.
Pero también porque ha visto que los medios de comunicación ya no están coludidos o casados con un poder único, sino que éstos también toman partido por diferentes intereses y esto permite una mayor diversidad de información y opiniones.
Camba afirma haber perdido alrededor de medio millón en las tres semanas que su hotel lleva sin actividad, además de dejar sin empleo a cerca de 60 trabajadores. Tampoco ha pagado el impuesto predial, afirma, pero también dice que no le importa porque el gobierno se beneficia con nuestros impuestos para meter a vagos que no hacen su trabajo en los puestos públicos.
Las pérdidas económicas netas desde que tiene noticia de que puede ganar un juicio a las autoridades y obligar a la reubicación de las sexoservidoras, dice que han sido de alrededor de 30 millones de pesos, mientras que las señoras que trabajan enfrente de su establecimiento ganan alrededor de 30 mil pesos al mes, con protección de la delegación Cuauhtémoc y sus distintos delegados y hoy jefes delegacionales.
Además, advierte, hay otros hoteles donde trabajan las señoras que no dan facturas a Hacienda y pagan una especie de cuota fija con cantidades sumamente bajas frente a sus entradas.
El empresario en protesta dice estar convencido de que le asiste la razón jurídica.
El caso es que, asegura, hay una colusión clara de funcionarios de la jefatura delegacional porque ayer mismo le notificaron que oficialmente no se dan por enterados del cierre del negocio. Esta actitud de las autoridades se debe a que con certeza en los siguientes días asistirán a realizar una revisión del hotel para buscar cualquier detalle que les permita hacer una clausura del establecimiento, a modo de contrarrestar la protesta y exigencia hecha por el empresario.
Así se las gastan Virginia Jaramillo y su gente.
Addendum
Octavio Flores Millán será sujeto a un proceso de remoción como jefe delegacional de Gustavo A. Madero, en sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mañana. El PRI y el PAN están al frente de la solicitud, pero son principalmente los perredistas quienes van por la cabeza del amigo y cómplice de Carlos Ahumada dentro del canibalismo partidista que se agudiza día con día. Y, bueno, entre los candidatos a sucederlo ya se contaba ayer a Andrés Lozano, integrante de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa y una de las comisiones unidas implicadas en la elaboración del dictamen de destitución, Jesús Zambrano Grijalva, uno de los líderes de la corriente de Los Chuchos, quien ya fue jefe delegacional en la GAM entre 1997 y 2000...

martes, junio 08, 2004

El toque de queda de Ulises

(2004-06-08)

La noche del lunes 20 de mayo de 2002 la policía de Tecate, Baja California, sorprendió a 12 jóvenes menores de edad en la calle después de las 22:30 horas, y fueron trasladados a sus domicilios para amonestar también a sus padres. Era el inicio del programa "Horario especial para menores", aprobado por el cabildo de aquella ciudad de la frontera norte, aplicado por iniciativa del presidente municipal priísta Juan Vargas.
El viernes pasado el alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, aplicó una medida similar y logró la detención de alrededor de 83 jóvenes. De todos ellos, sólo 24 eran menores de edad que pasaron la noche en las instalaciones de la policía antes de ser entregados a sus padres, en lo que llamaron un "aseguramiento preventivo".
Aquel año 2002 distintos organismos defensores de los derechos humanos se opusieron a la medida porque violaba la Constitución Mexicana y tres legislaciones internacionales de protección a las garantías individuales.
Quizá su movilización y activismo no fue lo suficientemente grande y fuerte como para combatir la medida que opera hasta nuestros días, pese a que Vargas había anunciado que el programa sería permanente "hasta que la sociedad tecatense lo decida".
Y se quedaron con el "Horario Especial para Menores".
El programa iniciado en Tecate dio base legal a la medida de Ulises Ramírez en Tlalnepantla, al considerar a los menores de edad como no sujetos de derecho, debido a que al no contar con la ciudadanía, tampoco se suprimen sus garantías individuales de libertad de tránsito que son para los ciudadanos del país, lo que es, de hecho, una forma de discriminación.
El pretexto, sin duda fundamentado, es que una gran parte de los delitos que suceden en la vía pública son cometidos por menores de edad. En efecto, las grandes mafias del crimen organizado utilizan a los menores por su estatus jurídico de inimputables, para cometer fechorías, como es la distribución y tráfico de estupefacientes en zonas de alta marginalidad, robo de vehículos y autopartes e, incluso, asalto a transeúntes o a los automóviles en zonas de conflicto vial o escasa vigilancia policiaca. Y ni qué decir de la prostitución.
Tolerancia cero
En la época de Óscar Espinosa Villarreal al frente del Departamento del Distrito Federal, y David Garay Maldonado como secretario de Seguridad Pública, se pretendió aplicar un programa llamado Tolerancia Cero, sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad de México, mediante el cual podrían ser detenidos y revisadas las pertenencias de todos aquellos ciudadanos que a consideración de los oficiales de la policía podían parecer sospechosos y circularan por la zona después de las 20 horas.
Al titular de este espacio le sucedió por el solo hecho de querer caminar por aquella zona, vestir ropa deportiva, una gorra de beisbol y portar una maleta con ropa luego de ir al gimnasio.
Hubo otro programa de seguridad, la operación denominada Reacción Inmediata de Máxima Alerta (RIMA), que recolectó los mayores cuestionamientos en la sociedad, que de acuerdo con Garay pretendía prevenir y evitar las conductas antisociales de alto riesgo ocasionadas por el crimen organizado. Para lograr su objetivo, iniciaron también la revisión de los automovilistas en distintos retenes en la ciudad.
El problema, hoy como ayer y siempre, está dentro de los propios cuerpos policiacos. Una vez que se logre sanearlos de delincuentes y personajes que llegan a dirigirlos con la idea de sacar los mayores beneficios que permiten el cargo y el poder, entonces se podrá combatir a la delincuencia común y organizada.
Lo otro son restricciones a la libertad de los individuos, o sea, abuso de poder y simples actos de propaganda política.
Addendum
Malhaya la cosa con el procurador Bernardo Bátiz y el fiscal de Asuntos Especiales de la PGJDF, Juan Guillermo Ramos, quienes determinaron que Fernando Aboitiz no incurrió en delito al rebasar el tope de gastos impuesto por la ley electoral durante su campaña para la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en 2003. Así como usted lo leyó. Resulta que –está documentado– Aboitiz llegó a la jefatura delegacional y rebasó en 423 mil pesos el límite fijado por la ley. Pero, dicho por el fiscal, no cometió delito, "dado que el dinero fue parte de los gastos contabilizados hechos directamente por el partido político (Acción Nacional), sin que se haya acreditado que el candidato tuviera conocimiento de los hechos". Ahhhh, pero Aboitiz sí incurrió en una omisión debido a que no puso la atención debida en el manejo de los recursos económicos, y esto sí podría derivar en una falta administrativa en materia electoral. ¿Perdón? Por ese motivo no agarran ni a quienes fueron sorprendidos con las manos en la masa.

lunes, junio 07, 2004

Fátima en la picota

(2004-06-07)

Gilberto Ensástiga, Alejandro Ordorica, Edith de Alba y Rosario Tapia han sido consultados por la dirigencia local del PRD para ser postulados como posibles candidatos a suceder a Fátima Mena Ortega, jefa delegacional en Tláhuac, a quien sus propios compañeros no tardan en echar del cargo.
Debido a una reunión citada de última hora en el CEN del PRD, donde debían estar los dirigentes Agustín Guerrero e Isaías Villa, el viernes pasado se suspendió una sesión extraordinaria del Comité Directivo Estatal de ese partido, donde tenían previsto definir qué acciones o posición tomará el órgano partidista en el Distrito Federal con respecto a Tláhuac, en el caso de la jefa delegacional y su antecesor Francisco Martínez Rojo.
La reunión se realizará esta tarde.
Fátima Mena enfrenta solicitudes de remoción por parte de al menos tres grupos: un frente ciudadano integrado por vecinos y organizaciones de vendedores ambulantes, quienes amenazan con diversas acciones cómo volver a tomar el edificio de la delegación y cerrar algunas calles; por otro lado, está el colectivo de organizaciones civiles encabezado por el diputado perredista por el distrito 35, Juventino Rodríguez Ramos, llamado bloque democrático, y el tercer elenco son las distintas fuerzas del PRD, quienes el martes pasado tuvieron reuniones de dirigentes y comités de base, para presionar por la destitución.
Los tres grupos coinciden en que Mena Ortega es responsable de los sucesos en que se ha visto inmiscuida la administración delegacional porque mantuvo casi intacta la plantilla de funcionarios corruptos que tuvo Francisco Martínez Rojo; también, que los principales esfuerzos de Martínez Rojo fueron para que Fátima lo protegiera, luego de que Gilberto Ensástiga y Juventino Rodríguez (quienes eran los principales candidatos porque siempre se mantuvieron en primero o segundo lugar en las encuestas, salvo la que le dio a Fátima la nominación), se negaron a cuidarle las espaldas en caso de llegar a la jefatura delegacional, al enterarse de los contratos multianuales.
Además, la jefa delegacional se apresuró a cubrir los adeudos que la anterior administración tenía con varias constructoras, entre ellas las pertenecientes al grupo Quart; de igual manera, permitió que Jaime Arturo Hidalgo continuará como director general de administración. También señalan que Mena nunca investigó las diversas denuncias públicas y ante la Contraloría General por las irregularidades de su antecesor, como tampoco se deslindó de ellas, por lo que, presumen, no sólo sabía, sino que fue parte importante en ellas.
Incluso, hay indicios de que Martínez Rojo llegó a un acuerdo económico con René Bejarano para que Fátima asumiera la candidatura del partido. Incluso, pretendió y negoció con la dirigencia local de Fuerza Ciudadana la declinación de Julio Chirinos a cambio de 300 mil pesos y dos puestos de dirección en la estructura delegacional. Por igual, se conoce la existencia de un cheque personal por 10 mil pesos en nombre de José Luis Galicia Estrada, entonces candidato a jefe delegacional del PAN en la demarcación.
Todas ellas son irregularidades que se suman a los casi 30 millones de pesos que la administración de Ortega Mena no ha podido comprobar su destino, además del desvío de Martínez Rojo de 160 millones de pesos en su gestión, ambos investigados por la Contraloría a cargo de Bertha Luján.

Addendum
Las cosas no están nada bien en el PRI-DF, luego de que el Comité Directivo interpuso el viernes una denuncia de hechos por las agresiones físicas y verbales que recibieron ayer diversas personas por parte de un grupo de militantes y seguidores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quienes de manera violenta expresaron su desacuerdo con el proceso de credencialización para la elección del 29 de agosto. Entre los denunciados están el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en el Distrito Federal, Israel Betanzos; el secretario de Gestión Social del Comité Directivo, Hugo Espinoza; Erick Rodríguez y otros integrantes del Movimiento Territorial como Saúl Camarillo, presidente del Comité Distrital XXXVII del partido, en Tlalpan; Víctor Carrillo Colín, empleado en las oficinas del Consejo Político del Distrito Federal, así como Mario Becerril y Arturo Cabrera.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, junio 04, 2004

PRD, sanciones electorales y dinero

(2004-06-04)

El PRD sigue siendo el partido que mayores sanciones electorales colecciona en el Distrito Federal, de acuerdo con los resultados de las actividades de 2002, dados a conocer el pasado lunes por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal: PAN, 43 mil 77 pesos; PRI, 336 mil pesos; PRD, un millón 404 mil pesos; PVEM, 182 mil 88 pesos; PT, 216 mil 608 pesos y Convergencia que por faltas menores sólo fue multado por cuatro mil 200 pesos.
Desde que el IEDF comenzó a aplicar sanciones en 1999, la cantidad de ellas ha sido por un total de 17 millones 582 mil 896 pesos, de los que 50.3%, es decir, 8 millones 854 mil pesos fueron aplicados en contra del PRD.
La comisión encabezada por Eduardo Huchim destacó que al igual que en 2001, la principal irregularidad del PRD y el resto de los partidos fue porque registraron rebases a los límites establecidos para los Recibos por Reconocimiento de Actividades Políticas (Rerap).
Estos son utilizados para el pago de estímulos a la actividad partidaria. Sin embargo, los consejeros electorales coinciden en que si se realiza una revisión exhaustiva a este tipo de gastos, que no son necesariamente pagos de honorarios, y tienen límites mensuales de hasta 200 días de salario mínimo y anuales de mil 500 días, los partidos rebasaron tales fronteras.
Además, en estas listas podrían encontrarse innumerables sorpresas cuando se sepa a quiénes se pagan estos recibos que sobrepasan los límites, y los montos.
Otro punto por el cual los partidos fueron sancionados, es que están obligados a destinar el 2% del financiamiento recibido a sus institutos de investigación o fundaciones, desde donde deberían generar investigaciones de carácter económico, social, ideológico, cultural. Pero prefieren pagar las sanciones que aplicar esa parte del presupuesto que desvían hacia otras actividades.
El dinero, siempre el dinero
Una de las principales coincidencias que han tenido los partidos políticos en el proceso de Reforma Electoral federal ha sido, precisamente, el de la fiscalización y la reducción de los recursos públicos que son utilizados en campañas, precampañas y sus actividades ordinarias.
Sin embargo, hay una realidad que mengua este análisis. Que cuando los partidos ven el monto de las sanciones que se les ha aplicado, repiensan la idea de reducir el financiamiento, y evitan que la autoridad mejore sus herramientas de fiscalización, como podría ser la posibilidad de abrir el secreto bancario, entre otras.
Por ejemplo, el PRI tiene una multa de mil millones, además de la que le impuso el IFE este año. Al PAN no sólo le aumentaron la sanción por el caso Amigos de Fox, sino que también le cayó otra durante este año. El PRD tiene que cargar con sus multas, además de sus adeudos bancarios y con otros acreedores.
Finalmente, el centro del asunto está en el dinero; sin embargo, es muy difícil que las dirigencias estén dispuestas a ceder en ese terreno.
Desgraciadamente, son los partidos los que legislan y hacen las reformas. Sin embargo, es tiempo de que si quieren legitimar su actividad en la política, deben poner límites a sus gastos y prevenir estas conductas con sanciones más serias en el ámbito local y federal.
El lunes, el consejero del IEDF, Rubén Lara León, se manifestó insatisfecho con el dictamen de sanciones aprobado, al considerar como no exitosa una fiscalización que termina en sanción: "El éxito se alcanzará el día que la autoridad electoral reporte a los ciudadanos que no hay sanciones porque los partidos ejercieron cabal y pulcramente los recursos que les destina la sociedad", argumentó sobre el punto.
De la misma forma, debemos ponderar también si realmente es justo, que algunos partidos además del financiamiento federal, reciban un financiamiento local cuando en las votaciones estatales algunos de ellos no alcanzaron el 1% de la votación. Es decir, no tienen la representatividad que justifique esa entrega de dinero.
Addendum

El alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez anunció ayer un toque de queda en las zonas más delictivas del municipio que encabeza a partir de mañana a partir de las 22:00 horas y hasta el amanecer, con especial atención en las actividades de los jóvenes a quienes en pandilla se les hace fácil desvalijar autos, además de homosexuales y prostitutas. Las principales colonias donde operará el programa son Centro, Iztacala, Los Rosarios, San Juanico e Ixhuatepec. ¿Con qué más seguirá Ulises?

jueves, junio 03, 2004

Revire del SACM; lleva litigio a juzgados

(2004-06-03)

El 10 de mayo comenzamos a publicar en este espacio una serie de irregularidades documentadas en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), entre ellas los contratos sin licitar, entregados a la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), y los días 12 y 24 dimos cuenta del despojo y sabotaje en contra de la firma SB Construcciones de México, propiciado por funcionarios del órgano encargado de la operación hidráulica en la capital.
Pues resulta que el representante único de SB Construcciones fue notificado el 27 de mayo de un emplazamiento a juicio ordinario por la vía civil, en el juzgado trigésimo sexto (expediente 368/2004), mediante el cual Antonio Dovalí Ramos, director general del SACM, solicita como medida precautoria "se haga entrega de la posesión de la obra (en el estado en que se encuentra) a mí representada, por tratarse de una obra de interés social, de orden público, lo anterior, debido a que la obra fue suspendida por la parte hoy demandada, sin causa justificada".
En la demanda signada por Dovalí Ramos, el SACM exige el pago de 3 millones 447 mil 178.07 pesos por concepto de anticipos no amortizados, intereses moratorios, pagos en exceso, intereses de estos, así como sanciones y sobrecostos de la obra no ejecutada.
Pues bien. De acuerdo con la información documental en poder de este espacio, de la que tuvieron conocimiento el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; la contralora general, Bertha Luján; el contralor interno del SACM, Manuel Leija Román; el propio Dovalí y una serie de colaboradores suyos, hubo una serie de irregularidades, entre ellas el adeudo por 8 millones 773 mil 294.19 pesos a la empresa SB Construcciones de México, que le provocó problemas financieros para continuar con la edificación.
En nuestro poder se encuentra un documento que tiene sello de recibido en la Secretaría del Medio Ambiente, donde SB Construcciones da a conocer que no se pudo continuar y terminar la construcción del cárcamo de bombeo en Anillo Periférico Oriente, entre las calles Adolfo G. García y Gerzayn Ugarte por "los actos de negligencia, irresponsabilidad, dolo y mala fe en los que ha incurrido personal de ese organismo".
Al respecto el representante único de la empresa, Salvador Silva Contreras, expresa que la situación se complicó por la falta de actualización de precios del año 2002 al 2003, la aplicación de precios unitarios extraordinarios que acarrearon la pérdida de revolvencia financiera a la empresa, además de la falta del segundo convenio para el ingreso de estimaciones del trabajo realizado y falta del anticipo del primer convenio.
Además del "sabotaje a mi obra por los ingenieros Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción del SACM; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción "A" y de Francisco Zárate Castillo, jefe de Unidad Departamental "B", a través de la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa)" por invasión de obra.
A SB Construcciones de México se le adjudicó un contrato que no fue cumplido por la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica; al cabo de algunos meses se le entregó un nuevo contrato, el 24 de abril de 2003, pero volvieron a ocurrir los retrasos en la entrega de los anticipos hasta que el 16 de octubre Gutiérrez de Alba se presentó a decirle a Silva Contreras y a sus trabajadores que a partir de esa fecha la obra la realizaría la empresa Cotrisa, por lo que él y los trabajadores de su empresa debían retirarse.
Silva llamó a un notario que dio fe de la invasión de obra y las cosas volvieron a su estado original, situación porque la cual Dovalí y colaboradores ahora presionan a Silva, no tanto por los 3 millones y medio de pesos, sino por los intereses creados a favor de Cotrisa en aquella obra.
Addendum

Ayer circuló el rumor de que Francisco Martínez Rojo, ex jefe delegacional en Tláhuac ya fue aprehendido para hacer frente a las denuncias en su contra por los contratos irregulares que entregó a la empresa Quart. Puede ser. Recordemos que a Jaime Arturo Hidalgo López lo presentaron dos días después de su aprehensión por la Procuraduría capitalina.

miércoles, junio 02, 2004

Pelea de camarillas, no combate a corrupción

(2004-06-02)

Lo que seguimos viendo en el espectáculo político de nuestros días en el Distrito Federal y el país no son formas y acciones de gobierno, sino una eterna lucha entre camarillas políticas por mantener el poder político y con él, el de los negocios. A fin de cuentas, lo que vale para ellos es ver quién se queda con el dinero de los ciudadanos, no el hacer funcionar a la ciudad y el país.
Al respecto, veamos:
Jaime Arturo Hidalgo López fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) el 28 de abril de 2002, para ocupar cualquier cargo en la administración pública durante tres años. Estuvo involucrado en las irregularidades por la compra de 12 aviones y la autorización de contratos sin licitación pública en la Policía Federal Preventiva durante el año 2000, cuando fungió como comisionado Wilfrido Robledo Madrid.
Protegido por la camarilla política y de intereses económicos a la que pertenece, le encontraron acomodo en el Grupo Quart, donde se vinculó con Carlos Ahumada Kurtz, y por sus relaciones, comenzó a realizar lo que sabe, pero ahora desde el otro lado, hasta que nuevamente fue absorbido por la administración pública, situado con uno de los socios del empresario argentino, el entonces jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo.
Funcionarios delegacionales en Tláhuac que platicaron of the record para Expediente DF, afirman que el ex jefe delegacional tuvo negocios de sociedad con el empresario argentino, a quien presumía le entregó alrededor de 6 millones de dólares, pero también llegó a quejarse de que al igual que a otros socios y negociantes a quienes les quedó a deber, a éste también, y aun ahora, aunque disgustado está a la espera de recuperar algo de lo perdido.
Una vez concluidas las actividades en la delegación, Ahumada invitó a Martínez Rojo a hacer grandes negocios con sus empresas; le invitó a invertir en el futbol, en aviones y en algunas otras inversiones en Cuba y Alemania.
Por este motivo fue que por órdenes de la actual jefa delegacional, Fátima Mena, la contralora interna en la delegación, Mónica León Perea, se negó durante varias semanas a enviar a la Fiscalía Desconcentrada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el expediente que involucraba al ex director general de Administración, Arturo Hidalgo López, y al ex director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, como presuntos responsables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación.
Hidalgo López también fue destituido e inhabilitado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal el 31 de marzo pasado, junto con Trujillo Ortega, como una forma de presión del grupo político de Bertha Luján, y para presionar en la investigación en contra de Carlos Ahumada.
De nada sirvió a los colaboradores de Francisco Martínez Rojo y Fátima Mena los miles de pesos que pagaron a una firma de contadores para tratar de enderezar la documentación delegacional, en la que trabajaron por las madrugadas durante tres semanas.
El pasado 28 de mayo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a Hidalgo López, quien junto con Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros de Tláhuac, y Martha Delgado Arroyo, ex subdirectora de Recursos Financieros de la misma demarcación, simularon comprar grandes cantidades de cemento, arena, piedra, grava y tepetate, a la Comercializadora Austral, de Ahumada Kurtz.
Los dos pagos hechos a esta compañía se realizaron vía electrónica sin el respaldo de los contratos e Hidalgo López fue quien directamente autorizó la compra de material (511 toneladas de cemento, 2 mil 300 metros cúbicos de arena, 2 mil de piedra brasa, dos mil 200 de grava y dos mil 100 de tepetate), que no fue licitado y que las investigaciones indican nunca fue entregado.
Dentro de lo que puede considerarse como una lucha de camarillas, el subprocurador Renato Sales Heredia dio a entender que Hidalgo López es socio de Carlos Ahumada. Debe investigarse, sin duda, quiénes son el resto de integrantes de este grupo, como también quiénes son aquellos a los que protegen la contralora Luján, el procurador Bernardo Bátiz y la jefatura de Gobierno.

martes, junio 01, 2004

Ya cargaron los dados en el PRI-DF


Ilusionados como aquellos millones de ciudadanos que compran el Melate cada semana, con la esperanza de que la fortuna les depare un cambio económico en sus vidas, miles de militantes priístas tenían el anhelo de ver un cambio en la forma de hacer política en su partido. Pero a lo largo del fin de semana comenzó a correr el rumor en distintas direcciones, donde se daba cuenta de que los dados ya fueron cargados a favor de uno de los muchos precandidatos, y la decisión de quién será el presidente del PRI en el Distrito Federal ya no será de los militantes, sino de las negociaciones y arreglos de las cúpulas.
Hubo especulaciones en torno a que finalmente María de los Ángeles Moreno Uriegas había logrado negociar con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para no ir a una elección de cara a la población, sino dirimir la contienda de acuerdo con los intereses particulares de ambos.
Así, la ex presidenta del PRI nacional obtendría el liderazgo del PRI en el DF para catapultarse hacia la candidatura por la jefatura de Gobierno para 2006, mientras el líder local del Movimiento Territorial no tendría que acogerse a la convocatoria donde uno de los candados contenido en la base sexta es no encontrarse sujeto a proceso penal ni (haber sido) indiciado por delito alguno.
En 1999 no pudo contender a la presidencia del Comité Distrital 23 de Iztapalapa, precisamente por el proceso penal en su contra, que derivó en una orden de aprehensión por el delito de despojo agravado, debido a la invasión del predio Las Minas. Además hay otras cinco denuncias en su contra por los delitos de despojo, lesiones, amenazas y robo.
Pero la negociación no fue con Moreno Uriegas, sino directamente con Roberto Madrazo y sus operadores.
Así que el elegido es el empresario Vicente Gutiérrez Camposeco, actual secretario general del PRI-DF, quien anteriormente fue subsecretario federal de Turismo, presidente nacional de Canacintra, delegado político en Azcapotzalco en 1994-1997, socio de la Unión de Crédito de la Industria de la Transformación, Comercial y de Servicios junto con Jorge Kahwagi Gastine y Vicente Yáñez, también ex presidentes de la Canacintra, y, sobre todo, cercano a Óscar Espinosa Villarreal y Elba Esther Gordillo.
Operará la elección Enrique Izquierdo, presidente Nacional de la Fundación Carlos Alberto Madrazo, quien pasea a Gutiérrez Camposeco a todas las reuniones que tiene con militantes del PRI en el DF. Una de ellas, la celebrada el sábado 8 de mayo en la delegación Tlalpan, donde sin ningún motivo el secretario del partido y candidato tomó la palabra.
A la par de esta decisión, ya no habrá credencialización, como tampoco comités distritales, sino únicamente 16 comités delegacionales.
Entre los múltiples descontentos con el estado de las cosas se encuentra el militante del IV Distrito, Vicente Díaz Esparza, quien pegó un cartel en la sede del PRI-DF donde denuncia, entre otras cosas que "para postularse a los cargos de directivos delegacionales, los que manejan el partido a su antojo han puesto unos candados irrompibles y sólo podrán postularse los que tienen en sus manos las directivas distritales o los que tienen el apoyo de estos".
Addendum
Ahora resulta que el muerto redivivo pide reglas claras para la sucesión presidencial. Andrés Manuel López Obrador dijo que a nadie conviene que haya descalificaciones o que se beneficie con el aparato del Estado a un candidato en particular, por lo que es importante impulsar la reforma electoral. Sin duda, Felipe Calderón Hinojosa debe recibir no sólo un extrañamiento sino, quizá, otro tipo de sanción. Pero el jefe de Gobierno del Distrito Federal está en campaña por la presidencia desde el 5 de diciembre de 2000, cuando ocupó el cargo que hoy tiene.

lunes, mayo 31, 2004

¿Quién protege a Jáuregui Aguilar?

(2004-05-31)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040531031849

El gobierno del Distrito Federal hace oídos sordos a una serie de denuncias hechas por sus propios trabajadores y también particulares, en contra de algunos funcionarios que, sin embargo, continúan en el usufructo de su cargo desde donde operan para sí mismo o para otros y se hacen inmensamente ricos.
Uno de ellos es Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y su sucesor el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Veamos: El ingeniero Arsenio Sánchez Martínez, en ese entonces trabajador de la DGCOH lo denunció en julio de 2003, ante la contralora general del DF porque pedía a los contratistas entre el 10 y el 15 por ciento del monto de los contratos de adjudicación directa.
El ingeniero Miguel Ángel Torres fue congelado y posteriormente renunciado (es decir, se le obligó a presentar renuncia) por negarse a firmar una estimación por aproximadamente 7 millones de pesos a favor de la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), por trabajos inexistentes y, por lo tanto, improcedentes.
Cuando Jáuregui fue subdirector de túneles de la DGCOH tenía como aviadora a María Berenice Tena Ferrigno, a quien le otorgaba horas extra sin siquiera presentarse a trabajar a su horario normal.
SB Construcciones de México y su administrador único, Salvador Silva Contreras, presentaron denuncias administrativas y penales ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia, donde demandaron investigar a los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Cotrisa para despojarlo de la obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.
El biólogo Roger Morales detectó y denunció que por orden de Santiago Jáuregui Aguilar en el SACM se almacenan en bodegas clandestinas herramientas, refacciones y maquinaria inexistentes en inventarios e innecesarias, para luego darles trámite y cobrarlas.
Desafortunadamente todas estas denuncias en contra del Director de Construcción del SACM no han sido investigadas. ¿Quién protege a Jáuregui Aguilar? ¿Su jefe Antonio Dovalí Ramos, la contralora Bertha Luján, el oficial Mayor Octavio Romero Oropeza? ¿Quién evita que la honestidad valiente sea una realidad?

Addendum
Sin bien ha sido difícil el parto del Consejo de Información Pública del DF, también se debe reconocer que los representantes de los órganos autónomos se han constituido en factores fundamentales para encauzar los trabajos del naciente organismo. La mayoría de las propuestas objetivas que ahora forman parte de su reglamentación interna surgieron de ellos, tal vez por su experiencia dentro de órganos colegiados como son el Instituto y el Tribunal Electoral capitalinos. El representante de este último, en la pasada reunión, propuso puntos estratégicos para el adecuado funcionamiento de un órgano, también autónomo, como es el Consejo de Información. Ellos fueron la creación de una Contraloría Interna, una Comisión de Vigilancia y Administración, así como la regulación de las excusas y los requisitos que deben cumplir tanto el secretario técnico como los directores de área para la incorporación al organismo. Finalmente, aceptado el reglamento interno están sentadas las bases y podrán comenzar a fluir los recursos financieros para que se haga realidad el funcionamiento de la institución y pueda cumplir con su objetivo: transparentar y dar acceso a la información que poseen las instituciones públicas de la capital del país… Luego de que las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública de la ALDF se declararon en sesión permanente para analizar la remoción del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán, éste fue visto por la noche en un discreto rincón de los Bisquets Obregón de Eje 5 y Coyoacán, nada menos que con uno de sus jefes políticos: Marcelo Ebrard, seguramente para conocer la estrategia que realizarán para evitar la picota en un coto de ese grupo, donde el fuerte es Joel Ortega Cuevas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, mayo 27, 2004

Sombrerazos en el Consejo de Información


La nota del Segundo Pleno del Consejo de Información Pública del Distrito Federal fue la completa desorganización, enfrentamiento de intereses, descalificaciones y casi total incapacidad de los consejeros ciudadanos para llevar adelante la reunión, lo que llama a presumir un rotundo fracaso del organismo que debería velar por el derecho de la ciudadanía a estar informada de la forma como son manejados sus recursos.
El presidente Gustavo Velásquez, además de su dependencia total de la contralora Bertha Luján, demostró carencia de carácter y excesiva torpeza para conducir ese tipo de sesiones; las consejeras Odette Rivas y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, por su parte, se mostraron incapaces para argumentar, faltas de experiencia y también de habilidad para tratar los asuntos, al punto que, por ejemplo, presentaron reclamos desproporcionados; peleaban que el Secretario Técnico no tuviera voz en el pleno, lo cual es imposible porque tiene que dar cuenta de los asuntos que se resuelven.
Este tipo de posiciones las hizo ver más como golpeadoras o instrumentos de los partidos de oposición, que como consejeras ciudadanas. En este punto, es importante resaltar que como se vio el martes, de ciudadanos ninguno tiene nada. Velásquez del lado del gobierno y Rivas y Pérez-Jaen en su contra, lo cual llevó al pleno a la ruptura.
Del futuro del Consejo de Información, sin duda, serán responsables el Gobierno del Distrito Federal que nunca quiso crearlo y, cuando por presiones políticas finalmente aceptó, los integrantes de la Asamblea Legislativa, por la irresponsabilidad para hacer los nombramientos de aquellos funcionarios que representarán a la “sociedad”.
Así que cuál transparencia, cuando cada uno de los integrantes tiene intereses. Además, no hay precedente en el país de que quienes van a ser vigilados son los mismos que forman el consejo de vigilancia.
Por lo demás, se pudo recrear un escenario como aquel IFE cuando Gobernación lo presidía y la mayoría de los representantes eran del PRI. Una arrasadora al interior donde se imponía el punto de vista del gobierno.
Cerca de nueve horas duró la sesión donde discutieron artículo por artículo el proyecto de reglamento interior que va a definir la forma cómo se va a organizar el Consejo. Así, los puntos que mayor controversia generaron fueron las facultades de su propio Presidente, los procedimientos para nombrar al contralor, a los directores de área y de personal. Así pues, quedó definido que el presidente va a presentar al Contralor y su designación se aprobará por mayoría calificada, mientras las de los directores de área por mayoría simple. Los demás cargos serán seleccionados mediante convocatoria.
Habrá en total cuatro coordinaciones: jurídica, informática, capacitación y administración, y vinculación institucional.

Addendum

En aras de la equidad me solicitó el periodista Ramsés Ancira informar que acudió “al presidente del Consejo de Transparencia para solicitarle apoyo en las peticiones de acceso a la información números 019 y 020. Esto fue mediante llamada telefónica a las once de la mañana, el señor Velásquez me informó que apenas estaba instalando su oficina pero tomó nota, siete horas después me hablaron para decirme que ya tenían respuesta y como el teléfono estaba ocupado por usarlo en Internet me enviaron un correo electrónico”… Florentino Castro, líder estatal del PRI en el DF, envió una carta al presidente del PRD, Leonel Godoy, con copias para Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas, a los dirigentes del PRD y del PAN en la capital, y a los coordinadores de las bancadas de los partidos en la Asamblea Legislativa. El dirigente expone a Godoy su solidaridad con la queja de que al PRD, el Ejecutivo Federal no los ve ni los oye. Y somos solidarios, añade Castro López, porque en el Distrito Federal, el Ejecutivo local tampoco nos ve ni nos oye, ni al PRI, ni a nadie de la oposición”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, mayo 26, 2004

Tubos contaminados en el SACM

La labor de los órganos de control se remite a vigilar que los actos de los funcionarios públicos se realicen conforme a derecho y en defensa del bien común, en cualquier caso, los intereses de la ciudadanía.
Por tal motivo, en cualquier materia donde existan dudas sobre la actuación de los servidores públicos, debe ser investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias. Sobre todo si aquella pudiera afectar la salud de las personas.
Tal es el siguiente caso que debe ser investigado por la Contraloría General del Distrito Federal:Funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México –de hecho el director de contratos, Arturo Soto Bermúdez--, firmaron el visto bueno para la compra de un tubo de acero contaminado por su anterior uso en una petroquímica, para transportar agua potable a la delegación Iztapalapa, además de que no cumplía con las especificaciones exigidas.
La contratista Merot, SA de CV se adjudicó el contrato 2-07-CO-04-2-0310 para colocar un tubo de acero de ¾ de espesor, comprado a la empresa Miracero, SA de CV, la cual lo tenía como desecho porque era material proveniente de una petroquímica de Tampico, además de estar visiblemente contaminado.Sin embargo, para venderlo simplemente le tomaron radiografías para analizar las soldaduras y lo rellenaron en el área desgastada, con plasta automotiva, nunca un análisis para determinar su grado de contaminación, si la hubiera, de acuerdo con información de trabajadores que estuvieron cerca de la obra comentada y que decidieron hacerse a un lado, luego de denunciar el hecho.
En la presunta irregularidad participó también la empresa supervisora Are y Asociados, SA de CV (contrato 2-07-CO-04-3-0367), a pesar de que el conducto tampoco cumplía con las especificaciones de espesor, ya que en sus distintos tramos ubicados en la zona de la subdirección región Sur, sector 2 ubicado en Xotepingo, tenía medidas de 3/4, 1/2 y 5/8 de pulgada. El tubo de 120 metros de longitud se encuentra ubicado desde el entronque de la válvula en las avenidas de División del Norte y Pacífico, hasta la descarga en la calle Árbol de Fuego.
De esta anomalía tuvo conocimiento el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Antonio Dovalí Ramos, y en un momento dado fue detenido el pago a la empresa vendedora, con domicilio en Tultitlán. Empero, después de algunas semanas de discusiones, fue pagado y se encuentra en funcionamiento.
Este es un asunto del que también debe tomar conocimiento la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Addendum

Para investigarse también. Denuncia el diputado perredista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Julio César Moreno Rivera, que pese a los niveles de hacinamiento que atentan contra el derecho a la vida digna en reclusión y significan un riesgo real para la gobernabilidad en el sistema penitenciario, muchos internos duermen en el suelo, debido a que hay más de mil camas que no pueden ser utilizadas por los más de 4 mil 627 internos que se encuentran confinados en los reclusorios de la ciudad, debido a que hay una querella desde hace cinco años con los productores de los muebles. ¿Será que este asunto no le interesa a nadie porque los reos no tienen derecho a ejercer sus derechos ciudadanos, es decir, no pueden votar?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, mayo 25, 2004

Alerta en Consejo de Transparencia

(2004-05-25)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040525031119

En las últimas semanas en este espacio hemos documentado cómo funcionarios capitalinos se han dedicado a saquear las arcas del Gobierno del Distrito Federal con la complacencia, si no es que la bendición y por orden, también, del jefe de Gobierno.
En el Sistema de Aguas de la Ciudad de México duplican contratos, compran grúas que no corresponden a su labor, entran en componendas con empresas particulares, boicotean, presionan y persiguen a los trabajadores que no están de acuerdo con entrarle al carro de la corrupción, lo mismo que en el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vialidades (Fimevic)
El jefe de Gobierno fustigó el 28 de marzo a los que "siempre han saqueado al país, los que se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder público" y que ahora quieren erigirse como jueces o paladines de la transparencia y la honradez.
Recuerdo esto porque las consejeras ciudadanas del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez-Jaen Zermeño y Odette Rivas, enviaron a este servidor una alerta urgente al acto de apropiación que la contralora Bertha Luján hará esta mañana del instrumento de transparencia de la ciudad.
Dicen que Luján "intentará imponer su propuesta de reglamento interno, con lo cual quedaría cancelada la autonomía y la imparcialidad del Consejo de la Transparencia del Distrito Federal", porque no sólo tendrá mayoría en el Consejo, sino que ahora "pretende controlar toda la vida interna de esta institución"; con la exclusión de las decisiones internas del consejo a la representación ciudadana, pues a las consejeras ciudadanas sólo "se les asigna una participación marginal en algunas comisiones, sin ningún poder de decisión y sin conocer los recursos de inconformidad que presenten los particulares, cuando la información les sea negada".
Con esta actitud, afirman, a) la jefatura de Gobierno se apropiará de la vida interna del consejo; b) empantanará la transparencia y secuestrará el derecho que tenemos de saber qué hace el gobierno con nuestros impuestos, cómo lo hace y por qué lo hace; c) demuestra el Gobierno del Distrito Federal que tiene miedo a la transparencia por los actos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos meses; d) no se respeta la autonomía necesaria para garantizar imparcialidad y objetividad, y e) el presidente del Consejo, Gustavo Velásquez, "con sus actitudes y su subordinación a Bertha Luján pone en riesgo un derecho exigido, desde hace mucho tiempo, no sólo por los habitantes de la capital, sino por todas las personas que soliciten la información en posesión de los órganos de gobierno del Distrito Federal".
La oposición denunció, antes de su imposición a fines de febrero, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján, y preveían que su nombramiento era una artimaña más del jefe de Gobierno para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF, de la que ha sido renuente.
Andrés Manuel López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los consejeros. Renunció Leoncio Lara y en su lugar se impuso a Velásquez.
Sin embargo, el Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y, por tal motivo, cada vez que se presenta la oportunidad da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del consejo.
"No es necesario", dijo López Obrador, la primera ocasión. Desde su propia perspectiva, todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. "¿Para qué?".
Otra de sus excusas fue que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel... muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo en aquella ocasión.
Hoy se definirá, sin duda, el instrumento más importante de control en la ciudad. Esperemos que haya congruencia de Bertha Luján y el resto de consejeros no ciudadanos. O al tiempo caerá la ignominia sobre todos ellos.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, mayo 24, 2004

Más del sabotaje a favor de Cotrisa en el SACM

(2004-05-24)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040524033848

El pasado día 12 relatamos en este espacio cómo el administrador único de SB Construcciones de México, Salvador Silva Contreras, se inconformó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del DF contra los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) para despojarlo de una obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que se le hubiera dado respuesta.
Este viernes recibimos una comunicación de Silva Contreras donde relata lo siguiente:
Santiago Jáuregui Aguilar “ha declarado una sarta de mentiras, infundios y calumnias ante una autoridad y bajo protesta de decir verdad, en contra de mi representada y de mi persona, tales como que asegura que: se llevó a cabo una “junta” en sus oficinas el día 10 de octubre de 2003, a las 18:00 horas, en la cual estuvimos presentes el mencionado Ing. Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; el Ing. H. Ricardo Gutiérrez de Alba, en ese entonces Subdirector de Construcción “A”; el Ing. Francisco Zárate Castillo, jefe de la Unidad Departamental de Construcción “B-2”, como representantes del SACM, además el Arq. Andrés A. Beltrán Vildosóla de la (empresa) supervisora contratada (externa) y un servidor, Arq. Salvador Silva Contreras como representante Legal de SB Construcciones de México, S. A. de C. V., para proponer a la empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. para que me “ayudara” a terminar la obra, porque mi empresa no podía, debido a su falta de liquidez (que él Ing. de marras provocó)”.
Afirma Silva Contreras que “el hecho mencionado nunca ocurrió”, además de que “es preciso recordar que él Arq. Andrés A. Beltrán Vildosóla fue quien mediante el oficio de fecha 17 de Octubre de 2003, le informó al Ing. Antonio Dovalí Ramos, director General del SACM, la serie de irregularidades no imputables a mí representada, en las que incurrieron los mencionados Ings. Santiago Jáuregui Aguilar, H. Ricardo Gutiérrez de Alba, Francisco René Zarate Castillo y la Empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. (“consentida” del SACM); afortunadamente dicho documento es parte integral de mi denuncia, junto con la fe de hechos notariada y las copias de la denuncia ante la Contraloría Interna del SACM y la Contraloría General de GDF”.
El empresario de la construcción añade que “las mentiras del Ing. Santiago Jáuregui Aguilar, caen por su propio peso. Habla de retrasos en la ejecución de la Obra, pero no aclara que no son imputables a mí representada como en su momento ha quedado demostrado, por su negligencia en el ejercicio de la Función Pública para la cual se empleó (…) Como muestra, baste mencionar que si el retraso o los retrasos que él argumenta, fueron por causas atribuibles a mí representada, solo tenía que aplicar la Ley de Obra Publica y las sanciones que marca mi contrato, en los cuales se establecen claramente los procedimientos relativos a sus falsos supuestos, pero como no existía tal justificante, procedió a sabotear mi contrato y obra, como hemos hecho constar ante la Contraloría Interna del SACM, la Contraloría General del G. D. F., la Secretaria del Medio Ambiente, la Jefatura de Gobierno del D. F. y la PGJDF”.

Addendum

Hoy a las 13:00 en el Centro de Comunicación Social (Cencos), la plataforma mexicana contra la guerra No en Nuestro Nombre demandará al Gobierno de Vicente Fox la "ruptura inmediata" de las relaciones diplomáticas con Israel por la "dolorosa y agresiva ofensiva" del Gobierno de Ariel Sharon contra la población civil palestina en Rafá y la franja de Gaza, en consonancia con las decisiones en torno al franquismo, el apartheid y el pinochetismo. La cita es en Medellin 33.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, mayo 21, 2004

Mil 300 desacatos más de AMLO

(2004-05-21)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040521033723

El desacato al mandato judicial sobre el predio El Encino no es un caso aislado. La total falta de respeto a los mandatos jurisdiccionales por parte de la actual administración del Gobierno del Distrito Federal es una práctica recurrente, y si otros casos de desacato no se conocen hasta el momento, es porque, quizá, los intereses no son de grandes empresas inmobiliarias que tienen posibilidades de mover a funcionarios encargados de la procuración de justicia e, incluso, a la prensa, sino que son simples —la palabra se utiliza porque así los ven— trabajadores de la administración local.
En la mesa de trámite número 11 a cargo del Agente del Ministerio Público, Fernando Argüelles Martínez, se encuentra desde el 9 de diciembre de 2003 una denuncia por desacato en contra de Andrés Manuel López Obrador y sus subalternos, quienes se niegan a dar cumplimiento al expediente 2312 resuelto en definitiva por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde mediados de 2002.
El laudo de la autoridad jurisdiccional dio la razón a la trabajadora Adela Hernández Silva, a quien deben pagar la retención de salarios por tiempo ordinario y extraordinario correspondientes al ejercicio de 2001 y salarios caídos, en un monto de 369 mil pesos.
En la denuncia a la que el MP le dio el número de averiguación previa 1668/RN/2003 el pasado 16 de febrero, el representante de la trabajadora, Oscar Gutiérrez Ramos, afirma que a López Obrador no sólo se le reconoce por sus nombres y apellidos, sino también por el alias de El Peje.
El de Adela Hernández Silva es sólo un caso de los alrededor de mil 300 laudos otorgados a favor de los trabajadores por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en contra del Gobierno del Distrito Federal, que no han sido cumplidos.
También por desacato presentaron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, entre otros, Martha Silvia Fuentes Rangel, Citlalli Millán Morales, un grupo de trabajadores de la sección 17 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) y los hermanos David y Guadalupe Gutiérrez Muñoz, quienes obtuvieron el amparo de la II Sala del aparato de justicia laboral.
Además fueron abiertos otros expedientes en la PGR en días pasados, como fueron los de Agustín Lobato sólo y con otros los días 28 de abril y 4 y 10 de mayo con los folios 03195, 03574 y en la PGJDG en la mesa de trámite 11 con folio 2395. Además el de Alejandro Enríquez Gutiérrez con número de folio 3389.
En los siguientes días prevén abogados de trabajadores que presentarán al menos una veintena más de denuncias por desacato en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Addendum

El diputado local Obdulio Ávila Mayo dio a conocer ayer en conferencia de prensa que presentaría denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de Antonio Dovalí Ramos y el secretario de Obras César Buenrostro, por algunas de las irregularidades que ya fueron dadas a conocer en días pasados en este espacio, como fueron la doble contratación de trabajos en la planta Potabilizadora Agrícola Oriental con CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería y Contrucciones y Trituraciones (Cotrisa) y por la falta de colocación de las placas de ósmosis inversa en la misma obra; además, de la falta de operación de los filtros de ósmosis inversa, ya que como resultado no se puede filtrar el agua potable para permitir su consumo humano; la falta de operación también de la planta de Santa Cruz Meyehualco y el ingreso de tres transformadores sin contrato, con la finalidad de cobrarlos posteriormente con una serie de triquiñuelas…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, mayo 20, 2004

Un gran Atenco

(2004-05-20)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040520020546

Las leyes fueron creadas como una forma de regir la vida de una sociedad a partir del acuerdo general, precisamente para evitar que nadie hiciera su sagrada voluntad. Que si están mal hechas o las resoluciones mal fundadas, existen formas de combatirlas a partir del uso de la razón jurídica. Pero no se puede utilizar la fuerza para resolver controversias que atañen a la sociedad.
Sin embargo, el gobierno de la capital y el partido en el poder han llamado a que impere la razón de la fuerza, a riesgo de fomentar un proceso de ingobernabilidad que puede acarrear daños incalculables al proceso de aterrizaje a la democracia que vive el país, precisamente en momentos en que lo urgente debe tener más importancia que lo inmediato.
El PRD en la Asamblea Legislativa anuncia que tomará las calles sin concesiones: Carlos Reyes Gámiz, su coordinador, expresó que “quieren acabar con un proyecto de gobierno que ha sido viable… no nos vamos a dejar, iremos hasta las últimas consecuencias y tope con lo que tope, porque lo último que muere es la esperanza”; una reedición de los postulados guevaristas de “patria o muerte, venceremos”.
El dirigente del PRD en el Estado de México, Víctor Manuel Bautista, anunció que a partir del próximo lunes iniciará una "campaña estatal de respaldo" a Andrés Manuel López Obrador, que incluirá movilizaciones en varios municipios y la difusión de propaganda a su favor en medios de comunicación impresos y electrónicos porque es “uno de nuestros máximos líderes y debemos defenderlo de las agresiones del Gobierno Federal”.
El martes y miércoles iniciaron las movilizaciones de distintos grupos cercanos al PRD en el Distrito Federal. Y así irán haciendo crecer el movimiento, envalentonados con las declaraciones de su precandidato a la Presidencia de la República, quien dice que los jueces coligados con abogados corruptos le harán lo que el viento a Juárez, “y háganle como quieran”, hasta convertir no sólo a la ciudad de México, sino al país entero, en otro Atenco. A eso se llama “Tolerancia Cero”.
Total, si la fuerza de los machetes logró parar la realización de un aeropuerto, ¿por qué una movilización nacional a la par de contribuir a la victimización de López Obrador y aumentar su rating, no lograría que la Cámara de Diputados desechara el juicio de procedencia?
Acostumbrado a estirar la liga, López Obrador está en vías de despertar el México Bronco y meter al país en la total anarquía. La pregunta es ¿Es eso la democracia y un proyecto de gobierno de izquierda?

Addendum

Transcribo un nuevo comunicado electrónico de otro lector que solicitó guardarle el anonimato porque trabaja en el Gobierno del Distrito Federal, donde tiene acceso a información sobre las obras que se realizan actualmente: “Renato: en artículos pasados escritos tan atinadamente por usted, me llamó la atención el publicado acerca de Rioboó, empresa la cual proyectó los pasos a desnivel. Cabe mencionar que en Rioboó trabaja actualmente el seudo-arquitecto Antonio Dovalí Solis, claro el hijo del director de la extinta DGCOH. Este arquitecto, según sé, fue el director del proyecto tan importante (Distribuidor Vial San Antonio), cabe mencionar que no es arquitecto, tendrá escaso 1 o 2 semestres de estudio universitarios. No es posible que para proyectar o encabezar un proyecto de esa naturaleza se lo entregaran a él, debería ser alguien más capacitado. Y efectivamente, los planos entregados para la realización de los concursos eran verdaderamente una porquería, carentes de profesionalismo”…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, mayo 19, 2004

¿Dovalí en Rioboó?

(2004-05-19)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040519030454

Casos como el de Antonio Miguel Dovalí Ramos relatado ayer en este espacio no son nuevos. Han existido siempre, con la diferencia de que hoy esos funcionarios o son más burdos para hacer sus cosas, o no conocen la ingeniería para que no les caigan en sus transas o, también, existen colaboradores que no están dispuestos a seguirles el juego de la corrupción y los denuncian. Pero, sobre todo, hoy, a diferencia del pasado, existen mayores posibilidades en los medios para denunciar este tipo de irregularidades.
Y por el mismo motivo también hay ex trabajadores de estos funcionarios y lectores interesados en dar a conocer hechos que son de su conocimiento. Así, un ingeniero del que me reservo su nombre porque se encuentra en un litigio contra el Sistema de Transporte Colectivo, nos relata cómo al parecer Dovalí Ramos no sólo tendría intereses en su propia empresa AD Constru-Consulta, sino también en otras firmas ligadas a las obras que realizan las dependencias públicas. A continuación les dejo el relato de este profesionista, enviado al correo de este espacio el 4 de mayo pasado:
Renato Consuegra: Respecto de su interesante artículo titulado Descubierto, el constructor personal de López, el cual es bastante completo y verídico, al respecto me permito comentarle que la empresa Rioboó fue en un tiempo empresa supervisora de la obra del Metro, cuando estaba el PRI-gobierno en el extinto DDF; se ve que ya cambiaron de amo. Pero eso no es todo, ya que, por rumores que circulaban cuando un servidor colaboraba en la extinta obra del Metro (duré doce años activo, de 1991 al 2003, año en que López nos dio la clásica patada en el coxis), ésta empresa Constructora Rioboó, tenía y tiene entre sus accionistas principales, nada más ni nada menos que al antiguo Director General de la Dirección de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC), y actual director de la Comisión de Aguas del DF (antes DGCOH), Ing. Antonio Dovalí Ramos, fascista famoso también por despedir trabajadores arbitrariamente”.
Y sigue la denuncia pública de este trabajador: “Como usted sabe, es difícil comprobarlo, en virtud de que utilizan prestanombres, además de efectuar actos legaloides para cubrir tal situación; se debe investigar también al hijo del mismo mencionado funcionario, de igual nombre y apellido (Antonio Miguel Dovalí Solís) dado que también figuró en la realización del proyecto de los pejedistribuidores; pero vaya, esto corresponde a la "Tapaduría" (Contraloría). Los acusa uno de ratas más no de pentontos. No cabe duda, de que los esbirros de la honestidad valiente también saben sacar raja de las mieles del poder y tapar sus transas, como cuando un gato termina de defecar. Gracias y saludos”.
¿Y la Contraloría General del Gobierno del DF? Claro, nada sabe. ¿Para qué? Y cuando desde el exterior del Gobierno se descubre a los corruptos, resultan ser ataques, no denuncias.

Addendum

El reportero Andrés Becerril de Milenio descubrió que el 28 de abril de 2002, Arturo Hidalgo López sufrió inhabilitación de la Secodam por tres años, al formar parte de los “19 funcionarios federales involucrados y sancionados por las adquisiciones irregulares y pagos indebidos en la
Policía Federal Preventiva, que provocaron un daño patrimonial superior a los seis millones de pesos”, cuando el comisionado del organismo era Wilfredo Robledo. Las irregularidades fueron por la compra de 12 aviones y la autorización directa de diversos contratos sin licitación pública. Como director general de Administración de la delegación Tláhuac, Hidalgo López validó compromisos de obra pública por más de 300 millones de pesos y soslayó sobreprecios millonarios a favor del Grupo Quart de Carlos Ahumada, hasta antes de su destitución el 31 de marzo pasado.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx