Grilla o legalidad

(2004-06-15)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040615050047

Como lo comentamos aquí en días pasados, la decisión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal del pasado lunes 7, referente al rebase del tope de gastos de campaña del panista y ahora delegado en Miguel Hidalgo, Fernando Aboitiz Saro, sienta un mal precedente. Esta dependencia "concluyó" que no era Aboitiz quien rebasó los topes de campaña en el proceso electoral de 2003, sino el Partido Acción Nacional.
El mensaje enviado es que no importa violentar las normas y degradar a las instituciones si de por medio existe un factor de negociación. Literalmente, la procuración de justicia se ha convertido en "grillar a la justicia"; es obvio que la Procuraduría de Bernardo Bátiz sienta un precedente para futuros casos donde se vean involucrados funcionarios perredistas, situación no muy lejana si consideramos el financiamiento supuestamente ilícito del cual se benefició este partido en el pasado proceso comicial.
Sin embargo, el panorama no es tan desalentador, puesto que por el otro lado el mensaje de la procuraduría fue que el responsable era el PAN. Si consideramos que este asunto todavía no es resuelto en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, podremos abrigar esperanzas de que en verdad este lamentable asunto sea de verdad resuelto con independencia y apego a la legalidad.
Ubiquémonos en el tema. En los meses de agosto y septiembre de 2003 –justo cuando concluía el proceso electoral– el Instituto Electoral local había confirmado después de una investigación exhaustiva que el ahora funcionario sobrepasó el tope de gastos de campaña fijado para esa demarcación.
En consecuencia, el Tribunal Electoral local después de analizar la legalidad de lo actuado por el IEDF, decretó la nulidad de la elección e inclusive ordenó la realización de un proceso extraordinario, inhabilitando al Partido y al candidato, conforme lo dispone el Código Electoral local. No obstante, esta determinación fue impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sorpresivamente, y bajo el argumento de que el segundo lugar también había hecho trampa, rebasando el tope, determinó revocar la resolución del TEDF.
Así pues, una de las consecuencias legales de la determinación del Tribunal Federal fue que se realizó la investigación tan sólo para sancionar económicamente al partido –por rebasar los topes– y en febrero de este año el Consejo General del IEDF le impuso una multa de cuatro millones y medio.
Esta sanción hoy se encuentra nuevamente impugnada ante el Tribunal Electoral del DF, de ahí que no parezca tan desalentador el panorama, porque si para la procuraduría y, en cierta forma, para el Tribunal Federal Electoral hubo una violación grave a las normas electorales que no puede ser imputada al entonces candidato, lo obvio es que el PAN asuma esta infracción con todas sus consecuencias.
Es decir, si para el presente año el PAN recibirá por concepto de actividades ordinarias locales una cantidad cercana a los 55 millones, resulta que la sanción impuesta por el IEDF equivale apenas a un 8%. Resultaría, pues, de suma importancia que el Tribunal Electoral local considerara si esta multa es la que corresponde a un actuar ilegal que ha puesto en riesgo uno de los instrumentos fundamentales con que cuenta el ciudadano: el voto.
Tal vez un referente ilustrador es la determinación inédita del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que decidió incrementar la multa al PAN por el financiamiento paralelo que utilizó durante la campaña de 2000 para favorecer a su candidato a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, suprimiéndole el cien por ciento de las ministraciones que por financiamiento público le correspondieron para gastos de campaña en la época que cometió la infracción.
En fin, todo aquello fue grilla. Y por el otro lado, ¿cuál es la legalidad que defiende la PGJDF?
renatoconsuegra@yhoo.com.mx

De paranoia y esquizofrenia

(2004-06-14)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040614021143

Dice el Diccionario didáctico Océano que paranoia es una figura psíquica que corresponde a la "perturbación mental fijada en una idea o en un orden de ideas", mientras que la esquizofrenia se refiere al "trastorno de la personalidad caracterizado por la escisión de las funciones afectivas e intelectivas".
Recuerdo esto porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal o lo hace de forma premeditada, porque ya se le acabaron los recursos para explicar las irregularidades, incapacidades y actos corruptos dentro de su gobierno o comienza a tener perturbaciones severas de carácter mental.
Resulta que ahora todo lo que huela a reclamo social, denuncia pública y privada sobre la corrupción en los actos de gobierno de él y sus colaboradores, es un complot.
No hay más. Es perseguido. El jefe de Gobierno no tiene qué le reclamen. Sus funciones públicas son impolutas y todo aquel que ve otra tonalidad, conspira contra él para cerrarle el paso a su candidatura para la presidencia de la República en 2006.
Sin embargo, lo que se ve en Andrés Manuel López Obrador es a un líder político manipulador frente a la gente poco informada y carente de cultura política, con una personalidad mesiánica que pretende alcanzar una especie de ubicación como semidiós, con una actuación antidemocrática frente a las instituciones que lo perfilan como autoritario y, además, ahora se coloca como víctima de un peligroso delirio de persecución.
A su lado, Alejandro Encinas, que parece uno de sus más mesurados colaboradores, también perdió la cordura y la serenidad. Y metió a su jefe en el último de sus deslices. Encinas acusó al PAN, al grupo de extrema derecha El Yunque y a Televisa, "de sumarse a una campaña" contra el gobierno de López Obrador.
Pero el jefe de Gobierno no quiere ver que el reclamo social es de la gente que no puede manipular por 700 pesos mensuales. De la gente que sufre la delincuencia en la ciudad.
Ha emprendido también una campaña en contra de los medios críticos a su gobierno de ser copartícipes del complot en su contra. A decir de sus colaboradores, no desea ver lo publicado en La Crisis en la síntesis matutina de prensa porque "quiere iniciar el día sin hacer corajes", además de que ha puesto en duda el profesionalismo de nuestro director Carlos Ramírez. En días pasados se ha manifestado de manera reiterada en contra de La Crónica y tampoco ha dejado de criticar la labor informativa de Televisa, a quien también implicó en el complot anterior por el asunto de Gustavo Ponce Meléndez.
Sin embargo, una muestra de sus errores la dio ayer cuando aceptó haberse equivocado al respaldar el reclamo de Encinas.
"Y también quiero decir, lo digo de manera respetuosa, en el caso de Televisa, que si Alejandro Encinas dio a conocer un punto de vista, pues es un derecho, yo creo que en Televisa nos va a entender porque todos tenemos derecho a expresarnos, ya pasó el tiempo que no se podía tocar al intocable, todos tenemos que expresarnos, puede ser que no se tenga la razón, pero eso no tiene por qué cuestionarse o verse como una afrenta, tenemos que aprender también a ser tolerantes, todos nos equivocamos, yo no sé si hay alguien que no se equivoque, que es una especie de Sumo Pontífice y que no comete errores".
Esta marcha atrás significa la aceptación de un error. Al aceptar que se equivocó pone en juego su credibilidad por un motivo muy práctico: conoce el poder de la empresa televisora en el ánimo de la gente.
Pero este error tendrá un precio, y ese precio será pagado por Alejandro Encinas, a quien seguramente relegará de los micrófonos en sus ausencias. Ya no veremos declarar a Encinas. Si no, al tiempo.
O ¿es que también su colaborador le estará preparando un complot, aliado a quienes lo quieren tumbar de la candidatura?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Irregularidades en proyecto ecoturístico

(2004-06-10)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040610030515

Armando Ramírez, reportero y ex trabajador delegacional en Tláhuac, comenzó a dar a conocer irregularidades en la administración desde 2002, y poco le hicieron caso. Hoy la gran mayoría de aquellas denuncias se ha convertido en realidad y tienen a un ex funcionario en la cárcel, Jaime Arturo Hidalgo López.
Hoy me permito transcribir algunos párrafos de una nueva denuncia pública que realizó, cuya copia envió a mi correo electrónico:
"Las irregularidades del grupo Quart afectan un proyecto ecoturístico ejecutado en Tláhuac por el gobierno delegacional encabezado por Francisco Martínez Rojo y financiado con recursos de un fideicomiso de la Comisión Ambiental Metropolitana, denunciaron funcionarios locales.
Los denunciantes, que pidieron el anonimato para evitar represalias, revelaron que el proyecto carece de la aprobación de un dictamen de impacto ambiental y un excesivo sobreprecio de las obras, además de que no se ejecutó la calidad y cantidad de obras previstas en el proyecto inicial.
Entre las obras sobrefacturadas está un temascal que quedó infuncional por cambios en el diseño; fue cotizado en 100 mil pesos, lo que sobregiró considerablemente el precio de la obra hasta los seis millones de pesos.
En febrero de 2003, el entonces director de Desarrollo Económico y Rural, Anacleto Chapa, dijo que con una inversión de casi 3 millones de pesos, la delegación Tláhuac inició un proyecto ecoturístico en cinco chinampas, donde se sembraba maíz y otros productos agrícolas.
Cada una de las chinampas fue adaptada con mobiliario atractivo para el turismo, como estanques de acuacultura, embarcaderos, módulos para días de campo y torres de observación para fauna silvestre. Las cinco chinampas ocupan más de 21 mil metros cuadrados.
En la primera, que mide 7 mil 464 metros cuadrados, se construiría un estanque de acuacultura, una pérgola, un embarcadero, un módulo para días de campo, un sistema de manejo de agua y un sanitario ecológico. En el estanque se criarían carpas y ajolotes para consumo humano.
Las demás chinampas tendrían características semejantes, a excepción de la quinta, donde las autoridades pensaban construir un baño de temascal, una de las antiguas tradiciones prehispánicas, mediante las cuales las personas se purifican a través de la sudoración.
El proyecto fue financiado con recursos del Fideicomiso Ambiental Metropolitano, que se integró desde la década de los 80, con un impuesto que se pagaba por algunas gasolinas.
El control de este fideicomiso lo ejerce la Comisión Ambiental Metropolitana que, mediante un comité de evaluaciones, destina los recursos invertidos en Banobras a proyectos para el rescate de zonas ecológicas.
Un año después, sólo una de las chinampas está operando y otra está abandonada.
El asunto es que pese a todas estas irregularidades, Francisco Martínez Rojo continúa tan campante, porque ahora lo apoya Leonel Godoy. Por esto mismo, el lunes se volvió a suspender la reunión donde se daría luz verde para la remoción de Fátima Mena y el inicio de la averiguación previa en contra de Martínez Rojo.

Addendum

Octavio Flores Millán retornó, después de la campaña delegacional, de un viaje por Europa donde fue a descansar; además, con una camioneta Rand Lover y una motocicleta. ¿Un ahumadazo?... Alejandro Meléndez, hijo de nuestro compañero Jorge, envía la invitación para asistir este viernes 11 de junio a un concierto de percusión que se titula Luces Interiores, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes. El concierto será interpretado por el Grupo RAGA de la Escuela Superior de Música, integrado por Edwing Tovar, Miguel Haller, Kaoru Miyasaka y Oliver Ochoa.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Presión delegacional en Cuauhtémoc

(2004-06-09)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040609021403

José Luis Camba cerró desde hace tres semanas su hotel ubicado en Parque Vía, como una forma de protesta y exigencia para que las autoridades competentes retiren de la zona a alrededor de 190 prostitutas que a diario trabajan en aquella avenida, ubicada entre Circuito Interior y Jardín del Arte.
Su protesta pende de una lona frente a su negocio. La singular forma de hacerlo llamó mi atención y también surgieron algunos cuestionamientos:
¿Por qué motivo inicia hoy una protesta y exigencia de ese tipo, pasados 20 años desde que las llamadas trabajadoras sociales fueron reubicadas de la zona donde se ubicaban anteriormente, en río Tíber?
La respuesta del empresario es que hubo de esperar las condiciones políticas propicias que se dan hasta ahora, cuando el poder político no es de un solo partido y hay mayores posibilidades de que, incluso en el Poder Judicial, la actuación de los jueces ya no sea lineal como antaño.
Pero también porque ha visto que los medios de comunicación ya no están coludidos o casados con un poder único, sino que éstos también toman partido por diferentes intereses y esto permite una mayor diversidad de información y opiniones.
Camba afirma haber perdido alrededor de medio millón en las tres semanas que su hotel lleva sin actividad, además de dejar sin empleo a cerca de 60 trabajadores. Tampoco ha pagado el impuesto predial, afirma, pero también dice que no le importa porque el gobierno se beneficia con nuestros impuestos para meter a vagos que no hacen su trabajo en los puestos públicos.
Las pérdidas económicas netas desde que tiene noticia de que puede ganar un juicio a las autoridades y obligar a la reubicación de las sexoservidoras, dice que han sido de alrededor de 30 millones de pesos, mientras que las señoras que trabajan enfrente de su establecimiento ganan alrededor de 30 mil pesos al mes, con protección de la delegación Cuauhtémoc y sus distintos delegados y hoy jefes delegacionales.
Además, advierte, hay otros hoteles donde trabajan las señoras que no dan facturas a Hacienda y pagan una especie de cuota fija con cantidades sumamente bajas frente a sus entradas.
El empresario en protesta dice estar convencido de que le asiste la razón jurídica.
El caso es que, asegura, hay una colusión clara de funcionarios de la jefatura delegacional porque ayer mismo le notificaron que oficialmente no se dan por enterados del cierre del negocio. Esta actitud de las autoridades se debe a que con certeza en los siguientes días asistirán a realizar una revisión del hotel para buscar cualquier detalle que les permita hacer una clausura del establecimiento, a modo de contrarrestar la protesta y exigencia hecha por el empresario.
Así se las gastan Virginia Jaramillo y su gente.

Addendum

Octavio Flores Millán será sujeto a un proceso de remoción como jefe delegacional de Gustavo A. Madero, en sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mañana. El PRI y el PAN están al frente de la solicitud, pero son principalmente los perredistas quienes van por la cabeza del amigo y cómplice de Carlos Ahumada dentro del canibalismo partidista que se agudiza día con día. Y, bueno, entre los candidatos a sucederlo ya se contaba ayer a Andrés Lozano, integrante de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa y una de las comisiones unidas implicadas en la elaboración del dictamen de destitución, Jesús Zambrano Grijalva, uno de los líderes de la corriente de Los Chuchos, quien ya fue jefe delegacional en la GAM entre 1997 y 2000...

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

El toque de queda de Ulises

(2004-06-08)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040608033848

La noche del lunes 20 de mayo de 2002 la policía de Tecate, Baja California, sorprendió a 12 jóvenes menores de edad en la calle después de las 22:30 horas, y fueron trasladados a sus domicilios para amonestar también a sus padres. Era el inicio del programa "Horario especial para menores", aprobado por el cabildo de aquella ciudad de la frontera norte, aplicado por iniciativa del presidente municipal priísta Juan Vargas.
El viernes pasado el alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, aplicó una medida similar y logró la detención de alrededor de 83 jóvenes. De todos ellos, sólo 24 eran menores de edad que pasaron la noche en las instalaciones de la policía antes de ser entregados a sus padres, en lo que llamaron un "aseguramiento preventivo".
Aquel año 2002 distintos organismos defensores de los derechos humanos se opusieron a la medida porque violaba la Constitución Mexicana y tres legislaciones internacionales de protección a las garantías individuales.
Quizá su movilización y activismo no fue lo suficientemente grande y fuerte como para combatir la medida que opera hasta nuestros días, pese a que Vargas había anunciado que el programa sería permanente "hasta que la sociedad tecatense lo decida".
Y se quedaron con el "Horario Especial para Menores".
El programa iniciado en Tecate dio base legal a la medida de Ulises Ramírez en Tlalnepantla, al considerar a los menores de edad como no sujetos de derecho, debido a que al no contar con la ciudadanía, tampoco se suprimen sus garantías individuales de libertad de tránsito que son para los ciudadanos del país, lo que es, de hecho, una forma de discriminación.
El pretexto, sin duda fundamentado, es que una gran parte de los delitos que suceden en la vía pública son cometidos por menores de edad. En efecto, las grandes mafias del crimen organizado utilizan a los menores por su estatus jurídico de inimputables, para cometer fechorías, como es la distribución y tráfico de estupefacientes en zonas de alta marginalidad, robo de vehículos y autopartes e, incluso, asalto a transeúntes o a los automóviles en zonas de conflicto vial o escasa vigilancia policiaca. Y ni qué decir de la prostitución.
Tolerancia cero
En la época de Óscar Espinosa Villarreal al frente del Departamento del Distrito Federal, y David Garay Maldonado como secretario de Seguridad Pública, se pretendió aplicar un programa llamado Tolerancia Cero, sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad de México, mediante el cual podrían ser detenidos y revisadas las pertenencias de todos aquellos ciudadanos que a consideración de los oficiales de la policía podían parecer sospechosos y circularan por la zona después de las 20 horas.
Al titular de este espacio le sucedió por el solo hecho de querer caminar por aquella zona, vestir ropa deportiva, una gorra de beisbol y portar una maleta con ropa luego de ir al gimnasio.
Hubo otro programa de seguridad, la operación denominada Reacción Inmediata de Máxima Alerta (RIMA), que recolectó los mayores cuestionamientos en la sociedad, que de acuerdo con Garay pretendía prevenir y evitar las conductas antisociales de alto riesgo ocasionadas por el crimen organizado. Para lograr su objetivo, iniciaron también la revisión de los automovilistas en distintos retenes en la ciudad.
El problema, hoy como ayer y siempre, está dentro de los propios cuerpos policiacos. Una vez que se logre sanearlos de delincuentes y personajes que llegan a dirigirlos con la idea de sacar los mayores beneficios que permiten el cargo y el poder, entonces se podrá combatir a la delincuencia común y organizada.
Lo otro son restricciones a la libertad de los individuos, o sea, abuso de poder y simples actos de propaganda política.

Addendum

Malhaya la cosa con el procurador Bernardo Bátiz y el fiscal de Asuntos Especiales de la PGJDF, Juan Guillermo Ramos, quienes determinaron que Fernando Aboitiz no incurrió en delito al rebasar el tope de gastos impuesto por la ley electoral durante su campaña para la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en 2003. Así como usted lo leyó. Resulta que –está documentado– Aboitiz llegó a la jefatura delegacional y rebasó en 423 mil pesos el límite fijado por la ley. Pero, dicho por el fiscal, no cometió delito, "dado que el dinero fue parte de los gastos contabilizados hechos directamente por el partido político (Acción Nacional), sin que se haya acreditado que el candidato tuviera conocimiento de los hechos". Ahhhh, pero Aboitiz sí incurrió en una omisión debido a que no puso la atención debida en el manejo de los recursos económicos, y esto sí podría derivar en una falta administrativa en materia electoral. ¿Perdón? Por ese motivo no agarran ni a quienes fueron sorprendidos con las manos en la masa.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Fátima en la picota

(2004-06-07)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040607045056

Gilberto Ensástiga, Alejandro Ordorica, Edith de Alba y Rosario Tapia han sido consultados por la dirigencia local del PRD para ser postulados como posibles candidatos a suceder a Fátima Mena Ortega, jefa delegacional en Tláhuac, a quien sus propios compañeros no tardan en echar del cargo.
Debido a una reunión citada de última hora en el CEN del PRD, donde debían estar los dirigentes Agustín Guerrero e Isaías Villa, el viernes pasado se suspendió una sesión extraordinaria del Comité Directivo Estatal de ese partido, donde tenían previsto definir qué acciones o posición tomará el órgano partidista en el Distrito Federal con respecto a Tláhuac, en el caso de la jefa delegacional y su antecesor Francisco Martínez Rojo.
La reunión se realizará esta tarde.
Fátima Mena enfrenta solicitudes de remoción por parte de al menos tres grupos: un frente ciudadano integrado por vecinos y organizaciones de vendedores ambulantes, quienes amenazan con diversas acciones cómo volver a tomar el edificio de la delegación y cerrar algunas calles; por otro lado, está el colectivo de organizaciones civiles encabezado por el diputado perredista por el distrito 35, Juventino Rodríguez Ramos, llamado bloque democrático, y el tercer elenco son las distintas fuerzas del PRD, quienes el martes pasado tuvieron reuniones de dirigentes y comités de base, para presionar por la destitución.
Los tres grupos coinciden en que Mena Ortega es responsable de los sucesos en que se ha visto inmiscuida la administración delegacional porque mantuvo casi intacta la plantilla de funcionarios corruptos que tuvo Francisco Martínez Rojo; también, que los principales esfuerzos de Martínez Rojo fueron para que Fátima lo protegiera, luego de que Gilberto Ensástiga y Juventino Rodríguez (quienes eran los principales candidatos porque siempre se mantuvieron en primero o segundo lugar en las encuestas, salvo la que le dio a Fátima la nominación), se negaron a cuidarle las espaldas en caso de llegar a la jefatura delegacional, al enterarse de los contratos multianuales.
Además, la jefa delegacional se apresuró a cubrir los adeudos que la anterior administración tenía con varias constructoras, entre ellas las pertenecientes al grupo Quart; de igual manera, permitió que Jaime Arturo Hidalgo continuará como director general de administración. También señalan que Mena nunca investigó las diversas denuncias públicas y ante la Contraloría General por las irregularidades de su antecesor, como tampoco se deslindó de ellas, por lo que, presumen, no sólo sabía, sino que fue parte importante en ellas.
Incluso, hay indicios de que Martínez Rojo llegó a un acuerdo económico con René Bejarano para que Fátima asumiera la candidatura del partido. Incluso, pretendió y negoció con la dirigencia local de Fuerza Ciudadana la declinación de Julio Chirinos a cambio de 300 mil pesos y dos puestos de dirección en la estructura delegacional. Por igual, se conoce la existencia de un cheque personal por 10 mil pesos en nombre de José Luis Galicia Estrada, entonces candidato a jefe delegacional del PAN en la demarcación.
Todas ellas son irregularidades que se suman a los casi 30 millones de pesos que la administración de Ortega Mena no ha podido comprobar su destino, además del desvío de Martínez Rojo de 160 millones de pesos en su gestión, ambos investigados por la Contraloría a cargo de Bertha Luján.

Addendum

Las cosas no están nada bien en el PRI-DF, luego de que el Comité Directivo interpuso el viernes una denuncia de hechos por las agresiones físicas y verbales que recibieron ayer diversas personas por parte de un grupo de militantes y seguidores de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quienes de manera violenta expresaron su desacuerdo con el proceso de credencialización para la elección del 29 de agosto. Entre los denunciados están el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario en el Distrito Federal, Israel Betanzos; el secretario de Gestión Social del Comité Directivo, Hugo Espinoza; Erick Rodríguez y otros integrantes del Movimiento Territorial como Saúl Camarillo, presidente del Comité Distrital XXXVII del partido, en Tlalpan; Víctor Carrillo Colín, empleado en las oficinas del Consejo Político del Distrito Federal, así como Mario Becerril y Arturo Cabrera.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

PRD, sanciones electorales y dinero

(2004-06-04)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040604021840

El PRD sigue siendo el partido que mayores sanciones electorales colecciona en el Distrito Federal, de acuerdo con los resultados de las actividades de 2002, dados a conocer el pasado lunes por la Comisión de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal: PAN, 43 mil 77 pesos; PRI, 336 mil pesos; PRD, un millón 404 mil pesos; PVEM, 182 mil 88 pesos; PT, 216 mil 608 pesos y Convergencia que por faltas menores sólo fue multado por cuatro mil 200 pesos.
Desde que el IEDF comenzó a aplicar sanciones en 1999, la cantidad de ellas ha sido por un total de 17 millones 582 mil 896 pesos, de los que 50.3%, es decir, 8 millones 854 mil pesos fueron aplicados en contra del PRD.
La comisión encabezada por Eduardo Huchim destacó que al igual que en 2001, la principal irregularidad del PRD y el resto de los partidos fue porque registraron rebases a los límites establecidos para los Recibos por Reconocimiento de Actividades Políticas (Rerap).
Estos son utilizados para el pago de estímulos a la actividad partidaria. Sin embargo, los consejeros electorales coinciden en que si se realiza una revisión exhaustiva a este tipo de gastos, que no son necesariamente pagos de honorarios, y tienen límites mensuales de hasta 200 días de salario mínimo y anuales de mil 500 días, los partidos rebasaron tales fronteras.
Además, en estas listas podrían encontrarse innumerables sorpresas cuando se sepa a quiénes se pagan estos recibos que sobrepasan los límites, y los montos.
Otro punto por el cual los partidos fueron sancionados, es que están obligados a destinar el 2% del financiamiento recibido a sus institutos de investigación o fundaciones, desde donde deberían generar investigaciones de carácter económico, social, ideológico, cultural. Pero prefieren pagar las sanciones que aplicar esa parte del presupuesto que desvían hacia otras actividades.
El dinero, siempre el dinero
Una de las principales coincidencias que han tenido los partidos políticos en el proceso de Reforma Electoral federal ha sido, precisamente, el de la fiscalización y la reducción de los recursos públicos que son utilizados en campañas, precampañas y sus actividades ordinarias.
Sin embargo, hay una realidad que mengua este análisis. Que cuando los partidos ven el monto de las sanciones que se les ha aplicado, repiensan la idea de reducir el financiamiento, y evitan que la autoridad mejore sus herramientas de fiscalización, como podría ser la posibilidad de abrir el secreto bancario, entre otras.
Por ejemplo, el PRI tiene una multa de mil millones, además de la que le impuso el IFE este año. Al PAN no sólo le aumentaron la sanción por el caso Amigos de Fox, sino que también le cayó otra durante este año. El PRD tiene que cargar con sus multas, además de sus adeudos bancarios y con otros acreedores.
Finalmente, el centro del asunto está en el dinero; sin embargo, es muy difícil que las dirigencias estén dispuestas a ceder en ese terreno.
Desgraciadamente, son los partidos los que legislan y hacen las reformas. Sin embargo, es tiempo de que si quieren legitimar su actividad en la política, deben poner límites a sus gastos y prevenir estas conductas con sanciones más serias en el ámbito local y federal.
El lunes, el consejero del IEDF, Rubén Lara León, se manifestó insatisfecho con el dictamen de sanciones aprobado, al considerar como no exitosa una fiscalización que termina en sanción: "El éxito se alcanzará el día que la autoridad electoral reporte a los ciudadanos que no hay sanciones porque los partidos ejercieron cabal y pulcramente los recursos que les destina la sociedad", argumentó sobre el punto.
De la misma forma, debemos ponderar también si realmente es justo, que algunos partidos además del financiamiento federal, reciban un financiamiento local cuando en las votaciones estatales algunos de ellos no alcanzaron el 1% de la votación. Es decir, no tienen la representatividad que justifique esa entrega de dinero.

Addendum

El alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez anunció ayer un toque de queda en las zonas más delictivas del municipio que encabeza a partir de mañana a partir de las 22:00 horas y hasta el amanecer, con especial atención en las actividades de los jóvenes a quienes en pandilla se les hace fácil desvalijar autos, además de homosexuales y prostitutas. Las principales colonias donde operará el programa son Centro, Iztacala, Los Rosarios, San Juanico e Ixhuatepec. ¿Con qué más seguirá Ulises?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Revire del SACM; lleva litigio a juzgados

(2004-06-03)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040603054907

El 10 de mayo comenzamos a publicar en este espacio una serie de irregularidades documentadas en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), entre ellas los contratos sin licitar, entregados a la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), y los días 12 y 24 dimos cuenta del despojo y sabotaje en contra de la firma SB Construcciones de México, propiciado por funcionarios del órgano encargado de la operación hidráulica en la capital.
Pues resulta que el representante único de SB Construcciones fue notificado el 27 de mayo de un emplazamiento a juicio ordinario por la vía civil, en el juzgado trigésimo sexto (expediente 368/2004), mediante el cual Antonio Dovalí Ramos, director general del SACM, solicita como medida precautoria "se haga entrega de la posesión de la obra (en el estado en que se encuentra) a mí representada, por tratarse de una obra de interés social, de orden público, lo anterior, debido a que la obra fue suspendida por la parte hoy demandada, sin causa justificada".
En la demanda signada por Dovalí Ramos, el SACM exige el pago de 3 millones 447 mil 178.07 pesos por concepto de anticipos no amortizados, intereses moratorios, pagos en exceso, intereses de estos, así como sanciones y sobrecostos de la obra no ejecutada.
Pues bien. De acuerdo con la información documental en poder de este espacio, de la que tuvieron conocimiento el jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, su secretaria del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; la contralora general, Bertha Luján; el contralor interno del SACM, Manuel Leija Román; el propio Dovalí y una serie de colaboradores suyos, hubo una serie de irregularidades, entre ellas el adeudo por 8 millones 773 mil 294.19 pesos a la empresa SB Construcciones de México, que le provocó problemas financieros para continuar con la edificación.
En nuestro poder se encuentra un documento que tiene sello de recibido en la Secretaría del Medio Ambiente, donde SB Construcciones da a conocer que no se pudo continuar y terminar la construcción del cárcamo de bombeo en Anillo Periférico Oriente, entre las calles Adolfo G. García y Gerzayn Ugarte por "los actos de negligencia, irresponsabilidad, dolo y mala fe en los que ha incurrido personal de ese organismo".
Al respecto el representante único de la empresa, Salvador Silva Contreras, expresa que la situación se complicó por la falta de actualización de precios del año 2002 al 2003, la aplicación de precios unitarios extraordinarios que acarrearon la pérdida de revolvencia financiera a la empresa, además de la falta del segundo convenio para el ingreso de estimaciones del trabajo realizado y falta del anticipo del primer convenio.
Además del "sabotaje a mi obra por los ingenieros Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción del SACM; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción "A" y de Francisco Zárate Castillo, jefe de Unidad Departamental "B", a través de la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa)" por invasión de obra.
A SB Construcciones de México se le adjudicó un contrato que no fue cumplido por la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica; al cabo de algunos meses se le entregó un nuevo contrato, el 24 de abril de 2003, pero volvieron a ocurrir los retrasos en la entrega de los anticipos hasta que el 16 de octubre Gutiérrez de Alba se presentó a decirle a Silva Contreras y a sus trabajadores que a partir de esa fecha la obra la realizaría la empresa Cotrisa, por lo que él y los trabajadores de su empresa debían retirarse.
Silva llamó a un notario que dio fe de la invasión de obra y las cosas volvieron a su estado original, situación porque la cual Dovalí y colaboradores ahora presionan a Silva, no tanto por los 3 millones y medio de pesos, sino por los intereses creados a favor de Cotrisa en aquella obra.

Addendum

Ayer circuló el rumor de que Francisco Martínez Rojo, ex jefe delegacional en Tláhuac ya fue aprehendido para hacer frente a las denuncias en su contra por los contratos irregulares que entregó a la empresa Quart. Puede ser. Recordemos que a Jaime Arturo Hidalgo López lo presentaron dos días después de su aprehensión por la Procuraduría capitalina.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Pelea de camarillas, no combate a corrupción

(2004-06-02)

http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040602043830

Lo que seguimos viendo en el espectáculo político de nuestros días en el Distrito Federal y el país no son formas y acciones de gobierno, sino una eterna lucha entre camarillas políticas por mantener el poder político y con él, el de los negocios. A fin de cuentas, lo que vale para ellos es ver quién se queda con el dinero de los ciudadanos, no el hacer funcionar a la ciudad y el país.
Al respecto, veamos:
Jaime Arturo Hidalgo López fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) el 28 de abril de 2002, para ocupar cualquier cargo en la administración pública durante tres años. Estuvo involucrado en las irregularidades por la compra de 12 aviones y la autorización de contratos sin licitación pública en la Policía Federal Preventiva durante el año 2000, cuando fungió como comisionado Wilfrido Robledo Madrid.
Protegido por la camarilla política y de intereses económicos a la que pertenece, le encontraron acomodo en el Grupo Quart, donde se vinculó con Carlos Ahumada Kurtz, y por sus relaciones, comenzó a realizar lo que sabe, pero ahora desde el otro lado, hasta que nuevamente fue absorbido por la administración pública, situado con uno de los socios del empresario argentino, el entonces jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo.
Funcionarios delegacionales en Tláhuac que platicaron of the record para Expediente DF, afirman que el ex jefe delegacional tuvo negocios de sociedad con el empresario argentino, a quien presumía le entregó alrededor de 6 millones de dólares, pero también llegó a quejarse de que al igual que a otros socios y negociantes a quienes les quedó a deber, a éste también, y aun ahora, aunque disgustado está a la espera de recuperar algo de lo perdido.
Una vez concluidas las actividades en la delegación, Ahumada invitó a Martínez Rojo a hacer grandes negocios con sus empresas; le invitó a invertir en el futbol, en aviones y en algunas otras inversiones en Cuba y Alemania.
Por este motivo fue que por órdenes de la actual jefa delegacional, Fátima Mena, la contralora interna en la delegación, Mónica León Perea, se negó durante varias semanas a enviar a la Fiscalía Desconcentrada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el expediente que involucraba al ex director general de Administración, Arturo Hidalgo López, y al ex director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, como presuntos responsables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación.
Hidalgo López también fue destituido e inhabilitado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal el 31 de marzo pasado, junto con Trujillo Ortega, como una forma de presión del grupo político de Bertha Luján, y para presionar en la investigación en contra de Carlos Ahumada.
De nada sirvió a los colaboradores de Francisco Martínez Rojo y Fátima Mena los miles de pesos que pagaron a una firma de contadores para tratar de enderezar la documentación delegacional, en la que trabajaron por las madrugadas durante tres semanas.
El pasado 28 de mayo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a Hidalgo López, quien junto con Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros de Tláhuac, y Martha Delgado Arroyo, ex subdirectora de Recursos Financieros de la misma demarcación, simularon comprar grandes cantidades de cemento, arena, piedra, grava y tepetate, a la Comercializadora Austral, de Ahumada Kurtz.
Los dos pagos hechos a esta compañía se realizaron vía electrónica sin el respaldo de los contratos e Hidalgo López fue quien directamente autorizó la compra de material (511 toneladas de cemento, 2 mil 300 metros cúbicos de arena, 2 mil de piedra brasa, dos mil 200 de grava y dos mil 100 de tepetate), que no fue licitado y que las investigaciones indican nunca fue entregado.
Dentro de lo que puede considerarse como una lucha de camarillas, el subprocurador Renato Sales Heredia dio a entender que Hidalgo López es socio de Carlos Ahumada. Debe investigarse, sin duda, quiénes son el resto de integrantes de este grupo, como también quiénes son aquellos a los que protegen la contralora Luján, el procurador Bernardo Bátiz y la jefatura de Gobierno.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Ya cargaron los dados en el PRI-DF

(2004-06-01)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040601042213

Ilusionados como aquellos millones de ciudadanos que compran el Melate cada semana, con la esperanza de que la fortuna les depare un cambio económico en sus vidas, miles de militantes priístas tenían el anhelo de ver un cambio en la forma de hacer política en su partido. Pero a lo largo del fin de semana comenzó a correr el rumor en distintas direcciones, donde se daba cuenta de que los dados ya fueron cargados a favor de uno de los muchos precandidatos, y la decisión de quién será el presidente del PRI en el Distrito Federal ya no será de los militantes, sino de las negociaciones y arreglos de las cúpulas.
Hubo especulaciones en torno a que finalmente María de los Ángeles Moreno Uriegas había logrado negociar con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre para no ir a una elección de cara a la población, sino dirimir la contienda de acuerdo con los intereses particulares de ambos.
Así, la ex presidenta del PRI nacional obtendría el liderazgo del PRI en el DF para catapultarse hacia la candidatura por la jefatura de Gobierno para 2006, mientras el líder local del Movimiento Territorial no tendría que acogerse a la convocatoria donde uno de los candados contenido en la base sexta es no encontrarse sujeto a proceso penal ni (haber sido) indiciado por delito alguno.
En 1999 no pudo contender a la presidencia del Comité Distrital 23 de Iztapalapa, precisamente por el proceso penal en su contra, que derivó en una orden de aprehensión por el delito de despojo agravado, debido a la invasión del predio Las Minas. Además hay otras cinco denuncias en su contra por los delitos de despojo, lesiones, amenazas y robo.
Pero la negociación no fue con Moreno Uriegas, sino directamente con Roberto Madrazo y sus operadores.
Así que el elegido es el empresario Vicente Gutiérrez Camposeco, actual secretario general del PRI-DF, quien anteriormente fue subsecretario federal de Turismo, presidente nacional de Canacintra, delegado político en Azcapotzalco en 1994-1997, socio de la Unión de Crédito de la Industria de la Transformación, Comercial y de Servicios junto con Jorge Kahwagi Gastine y Vicente Yáñez, también ex presidentes de la Canacintra, y, sobre todo, cercano a Óscar Espinosa Villarreal y Elba Esther Gordillo.
Operará la elección Enrique Izquierdo, presidente Nacional de la Fundación Carlos Alberto Madrazo, quien pasea a Gutiérrez Camposeco a todas las reuniones que tiene con militantes del PRI en el DF. Una de ellas, la celebrada el sábado 8 de mayo en la delegación Tlalpan, donde sin ningún motivo el secretario del partido y candidato tomó la palabra.
A la par de esta decisión, ya no habrá credencialización, como tampoco comités distritales, sino únicamente 16 comités delegacionales.
Entre los múltiples descontentos con el estado de las cosas se encuentra el militante del IV Distrito, Vicente Díaz Esparza, quien pegó un cartel en la sede del PRI-DF donde denuncia, entre otras cosas que "para postularse a los cargos de directivos delegacionales, los que manejan el partido a su antojo han puesto unos candados irrompibles y sólo podrán postularse los que tienen en sus manos las directivas distritales o los que tienen el apoyo de estos".

Addendum

Ahora resulta que el muerto redivivo pide reglas claras para la sucesión presidencial. Andrés Manuel López Obrador dijo que a nadie conviene que haya descalificaciones o que se beneficie con el aparato del Estado a un candidato en particular, por lo que es importante impulsar la reforma electoral. Sin duda, Felipe Calderón Hinojosa debe recibir no sólo un extrañamiento sino, quizá, otro tipo de sanción. Pero el jefe de Gobierno del Distrito Federal está en campaña por la presidencia desde el 5 de diciembre de 2000, cuando ocupó el cargo que hoy tiene.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx