viernes, abril 30, 2004

Envió Castro una bomba

(2004-04-30)

El escándalo y las acusaciones en que se encuentran inmiscuidas las autoridades de distintos niveles de gobierno de México, se enrarecen aún más tras la expulsión que hizo el gobierno de Cuba del argentino Carlos Ahumada. De esta disputa quedarán muy mal paradas tanto la administración de Vicente Fox como la de Andrés Manuel López Obrador.
Pero tampoco Cuba dice toda la verdad cuando afirma que "Cuba no desea en modo alguno inmiscuirse en los asuntos internos de México".
Claro que se ha mezclado al emitir una opinión sobre los hechos en torno a la detención del empresario constructor: "Carlos Ahumada Kurtz ha declarado que la operación realizada con empleo de los videos sobre corrupción, difundidos en México, fue calculada deliberadamente para alcanzar objetivos políticos y planificada con meses de antelación". Así que ahí les hablan PGR y Cisen.
Y pese a que más adelante destaca que "se trata de cuestiones absolutamente internas, sobre las que a Cuba no le corresponde emitir juicios", el gobierno de la isla es contundente cuando afirma que "la investigación realizada en Cuba demuestra que los hechos relacionados con el señor Ahumada Kurtz y el escándalo público desatado, en torno a ellos, tienen una incuestionable connotación política y afectan de un modo u otro tanto a funcionarios y autoridades del gobierno como a otras personalidades políticas de ese país".
El mensaje es para Andrés Manuel López Obrador, Diego Fernández de Cevallos e, incluso, una bofeteada al gobierno federal encabezado por Vicente Fox Quesada.
Pero lo que está en juego es algo más que simples actos de corrupción en nuestro país.
Los acontecimientos que llevaron al gobierno de Fidel Castro a participar en esta jugada de ajedrez, permiten suponer que el asunto es un caso de corrupción internacional, la cual no se mueve si detrás de ella no se encuentran inmiscuidos grupos mafiosos de altos vuelos, que aterrizaron en nuestro país de diferentes formas y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para arrebatarse la corona política, que nunca ha tenido bien puesta Vicente Fox.
Lo que Castro envió el miércoles en un avión de Cubana de Aviación no fue sólo a un empresario corruptor en la picota. El paquete es una verdadera bomba de tiempo que si llega a explotar, arrasará con el escaso prestigio que aún tienen algunas de las instituciones de la República y del Distrito Federal.
Ahumada, si es verdad la información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, deberá dar a conocer la forma en cómo se tramó toda la operación para lograr que los videos evidenciaran la corrupción alrededor del jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Pero también tendría que revelar los objetivos políticos planteados y por quién, además de la forma y el alcance que tiene la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal.
Debemos recordar que Ahumada alcanzó notoriedad en amplios niveles de la vida pública de México donde se presumen actos ilegales en todos sentidos: Fue contratista del Gobierno del Distrito Federal y sus delegaciones políticas; del gobierno de Michoacán y, seguramente, de algunos otros gobiernos locales. Fue presidente de dos equipos de futbol donde, si se realiza una verdadera investigación financiera, dicen los enterados, hay fuertes operaciones de lavado de dinero. Incluso, empresario del periodismo, sin duda, una fuente de poder político.
Pero también tuvo relaciones sentimentales con la primera jefa de Gobierno del Distrito Federal y presidente de uno de los tres principales partidos políticos del país, sin olvidar sus relaciones de amistad y negocios con el ex gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu y otros muchos.
¿Quién se salvará?
Hagan sus apuestas.
Addendum

Nombrar a Eliseo Moyao como jefe delegacional sustituto es mantener la continuidad, la administración seguiría bajo sospecha de que Carlos Ímaz mantuviera el poder tras el trono en Tlalpan, afirman integrantes de la Asamblea Ciudadana Tlalpense, luego de entregar al jefe de Gobierno una solicitud de audiencia y de consulta a la sociedad de la demarcación en la designación del reemplazo del funcionario videograbado. Afirman que el complot es ahora de Andrés Manuel López Obrador, sus diputados y sus tribus en contra de la sociedad de Tlalpan.

jueves, abril 29, 2004

Caras socialmente presentables

(2004-04-29)

A diferencia de otros estados del país donde su fuerza política es vista y sentida por sus propios dirigentes como un activo esencial para ganar las elecciones del 2006, el PRI en el Distrito Federal se encuentra de capa caída. No ha podido recuperarse desde las elecciones de 1997 y la rebatinga interna por la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal iniciada este martes ahondará todavía más las contradicciones del tricolor, si acaso sus militantes y los grupos no son lo suficientemente sensibles para encontrar a un personaje que aglutine, no sólo las simpatías y el liderazgo, sino también el esfuerzo partidista.
La pugna interna en el PRI por la presidencia de la República en 1994, propició también el rompimiento del partido con los grupos clientelares que estuvieron adheridos principalmente al Movimiento Territorial y al sector popular del que la CNOP era punta de lanza.
La lucha en la cúpula los hizo olvidarse de los reclamos de la gente de base que, al no conseguir atención a sus reclamos, sobre todo después del famoso error de diciembre y el casi inmediato aumento al IVA del 10 al 15 por ciento, decidieron mirar hacia otros escenarios políticos.
Motivados por esta desazón los priístas comenzaron a cambiar de color. De inmediato vieron en el PRD una puerta para comenzar a obtener los espacios que habían perdido y se llevaron a su gente, propiciando la primera gran derrota en 1997 cuando el PRD ganó casi todo.Las cosas no mejoraron en 2000 y mucho menos en 2003. Han dirigido al PRI en la capital personajes a quienes poco les interesa la gente, pero sobre todo sin suficiente nivel de carácter político. Los últimos encargados de la dirigencia han sido expertos en la lucha en las calles, en los tribunales, vociferantes en los medios con declaraciones estruendosas, callejeras, pero faltos de visión para rehacer al otrora partido en el poder.
El PRI ahora deberá recomenzar por lo que no hizo en sus mejores momentos: construir un padrón e ir a elecciones con voto universal, libre y secreto para elegir a sus dirigentes, también delegacionales.El problema y gran reto es saber si tendrán la capacidad de encontrar candidatos socialmente presentables. Dijeran algunos de sus militantes: “caras socialmente presentables, caras amigables”. Hay quienes piensan que en este momento del partido también deben entrar a la pelea los llamados pesos pesados que permitan rehacer al partido.
Por lo pronto los que se han puesto en la línea de partida son el diputado local Jorge García, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Vicente Gutiérrez Camposeco y Jorge Schiaffino. ¿Estas son caras socialmente presentables?
Addendum

A última hora y al aventón ayer comenzó la fracción parlamentaria del PRD en la Asamblea Legislativa el cierre del periodo ordinario de sesiones, con la aprobación de un paquetazo de reformas, entre ellas algunas del Código Civil, cuya técnica legislativa y fondo no fueron suficientemente discutidas en comisiones y dejan un sinnúmero de interpretaciones para cuando sean aplicadas. Diputados del PRI y PAN pedían un periodo extraordinario de sesiones para ver únicamente las reformas que tienen que ver con la procuración y administración de justicia en la ciudad, pero no fueron escuchados. De las reformas aprobadas y sus probables consecuencias ya les comentaremos en este espacio… Sorpresiva decisión del gobierno cubano que deportó a Carlos Ahumada porque con esta decisión, a diferencia de cuando los presuntos delincuentes son extraditados, se le podrán acumular los delitos que salgan en lo sucesivo. Cuando es extradición, sólo los podrán juzgar por los hechos enumerados en la solicitud…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, abril 28, 2004

Duro contra el Metro

(2004-04-28)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040428051903

Los acontecimientos de ayer dan razón a la columna publicada el pasado día 13: “Andrés Manuel López Obrador hizo de las grandes obras viales su proyecto de Gobierno y del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, su plan para ganar la simpatía de amplios sectores de la población a nivel nacional, apoyado por la publicidad de los medios de información mediante sus mañaneras conferencias”.
Que lo hiciera sin lastimar el bien general no sería criticable. Lo que sucede es que “Claudia Sheinbaum Pardo se ganó la confianza de López Obrador al defender el proyecto de los segundos pisos, y también un estudio del World Resources Institute (WRI), elaborado por quien fuera su director de tesis de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, Lee Schipper, quien expresaba que ‘la opción de extender el Metro resultaría muy cara (…) los costos se incrementarían unos $100 millones de dólares por kilómetro’. El estudio añadía que mientras la Línea Uno está más que saturada con alrededor de un millón de pasajeros al día, hay otras subutilizadas. Es más, afirmó Sheinbaum que actualmente el Metro, con más líneas, transporta menos pasajeros que hace 10 años”.
Así que la propuesta de Sheinbaum y su ex asesor académico al parecer ahora de políticas viales, Schipper, era la creación de rutas exprés de autobuses (Metrobus) a partir de la creación de un Centro para el Transporte y el Medio Ambiente, con $12 millones de dólares en apoyos que incluían un crédito de $5.8 millones de dólares del Banco Mundial, $1 mdd de la Fundación Shell y $2 mdd de las armadoras como Volvo, Mercedes Benz y Scania, entre otras, para pagar los costos de los proyectos ejecutivos de las obras”.
El asunto de López Obrador y Sheinbaum es hacer vías especiales para meter más autobuses, pese a que distinguidos urbanistas aseguran que la ciudad de México ya no da para más vehículos y consideran las entrañas de la ciudad como la única solución posible, además del menor riesgo porque la transportación sería subterránea.
Hace unos días renunció el director del CTMA, José Luis Samaniego, al parecer por diferencias con Sheinbaum, y hay firmes sospechas de que la Fundación Shell y el Banco Mundial dijeron adiós al proyecto porque no ven claro tras el asunto de los videoescándalos.
Florencia Serranía, directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) dio a conocer el lunes a los diputados locales en la Asamblea Legislativa que: a) En lo que resta de la administración actual no habrá más ampliación de las líneas del Metro; b) Que hay líneas subutilizadas como son la 4 (Santa Anita-Martín Carrera), 5 (Pantitlán-Politécnico), 6 (El Rosario-Martín Carrera) y 7 (El Rosario-Barranca del Muerto); c) Iniciarán un proyecto de modernización de las instalaciones por al menos 15 años y destinarán menos recursos al Metro; y, d) Buscarán ahorrar hasta 50 por ciento de los gastos con las empresas transnacionales a partir de convenios con la Canacintra, para que fabricantes nacionales surtan las refacciones requeridas.
Por lo pronto las obras de rehabilitación de la línea 4, que implica cambio de durmientes, de cableado, de zonas neutrales y aparatos de vía, será realizada por los propios trabajadores de Metro y no por compañías contratistas expertas en este tipo de trabajos, a muchas de las cuales el GDF ha retrasado los pagos. Este retraso motivado porque los recursos son usados en los distribuidores viales, obliga a los contratistas a detener su trabajo y a incumplir con los tiempos estipulados en los contratos, lo que les implica sanciones y pérdidas económicas.
Lo que Serranía tampoco dijo el lunes es si también va a ser suspendida la ampliación de cuatro ramales al oriente de la ciudad que daría servicio a un millón de pasajeros al día, cuyo presupuesto ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, y que correrían 1) De Pantitlán a la entrada de Chimalhuacán en el Bordo de Xochiaca; 2) De la estación La Paz de la Línea A hasta Texcoco (correría por la antigua vía del ferrocarril); 3) De La Paz a Ixtapaluca (se construirían 10 kilómetros elevados), y; 4) Del Bordo de Xochiaca a Valle de Chalco, también por la antigua vía férrea.
Así, de esta forma, las políticas del Gobierno del Distrito Federal le dan duro al Sistema de Transporte Colectivo Metro, que no sólo ha sido la tabla de salvación de la ciudad, sino una sin igual forma de mover a cerca de 4.5 millones de personas al día en la megalópolis.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, abril 27, 2004

Exigen jefe ciudadano en Tlalpan

(2004-04-27)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040427035326

El pasado día 8 dimos a conocer en este espacio la creación de la Asamblea Ciudadana Tlalpense, compuesta de manera plural y abierta por políticos, líderes sociales y ciudadanos sin filiación política de la demarcación, quienes tratan de hacer un esfuerzo para exigir su participación en las decisiones de gobierno.
Su primera exigencia sería la de solicitar al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, y a la Asamblea Legislativa la destitución de Carlos Ímaz de la Jefatura Delegacional, por su participación en evidentes hechos de corrupción, y de esa forma evitar que estos salpiquen la vida política y social de la delegación sureña.
Ya no fue necesario. Ímaz se separó del cargo (manera elegante de decir que fue destituido por ser presunto delincuente) el pasado viernes cuando le fue dictada orden de aprehensión en el Reclusorio Norte.
Pero los ciudadanos de la Asamblea Tlalpense realmente quieren ser partícipes en la toma de decisiones de su demarcación y hoy presentarán al Jefe de Gobierno una carta donde exigen que ante la separación definitiva de Ímaz Gispert, “tome en cuenta la opinión de la sociedad tlalpense a fin de que la terna que usted enviará a la Asamblea Legislativa para el nombramiento del Jefe Delegacional Sustituto en Tlalpan, surja de una consulta pública o bien sea considerada una lista de ciudadanos tlalpenses que se presenta a continuación, toda vez que ella corresponde a tlalpenses distinguidos por su vocación de trabajo a favor de la comunidad, por su capacidad, honestidad y meritos”.
Los integrantes de esta asamblea tlalpense donde hay perredistas, panistas, priístas, verdeecologistas, petistas, militantes de Convergencia y ciudadanos sin partido proponen entre los presuntos ciudadanos para ocupar el cargo a Antonio González Márquez, Héctor Federico Estaines Orozco, Benjamín Romero Duarte, Javier Castro García, Enrique López Veraza, Juan Palomares Peña, Francisco Aguirre González, Raciel Trejo Hernández, Gilberto Gálvez López, Sergio Mendizábal Amado y Guadalupe Gamboa Ortiz.
Además, le presentarán el resultado de 2 mil 200 encuestas realizadas el fin de semana, donde se da a conocer que alrededor de 80 por ciento de la gente dice que López Obrador debe consultar a los ciudadanos para hacer el nombramiento del Jefe Delegacional Sustituto.
De igual forma, una abrumadora mayoría, sobre 89 por ciento, expresó en la encuesta que el nuevo Jefe debe salir de entre los ciudadanos tlalpenses, ya que muchos al ser cuestionados, mencionaron que los políticos ya no tienen credibilidad para manejar los recursos de la delegación.
Ahí está una prueba para ver si, como dice, López Obrador en verdad toma en cuenta a los ciudadanos. ¿Ustedes qué creen? Adelanto. Creo que no va a ser así, pero la lucha deben hacerla.

Addendum

La semana pasada Fátima Mena Ortega se reunió con gente de estructura del Gobierno Delegacional en Tláhuac, y les dijo que va a haber reestructuración de funcionarios, especialmente jefes de unidad departamental, quizá en los primeros días de mayo. Dirigentes del PRD en la demarcación revelaron que existen pláticas entre la Jefa Delegacional y sus pares de Iztapalapa, Víctor Hugo Círigo, y Xochimilco, Faustino Soto, para hacer un enroque de funcionarios y que gente como los Mendoza Mendoza (a quienes nos referimos el jueves pasado) vayan a esas demarcaciones para tratar de neutralizar las críticas y seguir protegiendo a la red. El intermediario es Edy Ortiz Piña por órdenes de Isaías Villa

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, abril 26, 2004

Ímaz, Sheinbaum y negocios en Tlalpan

(2004-04-26)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040426035245

Carlos Ímaz no quería dejar la Jefatura Delegacional en Tlalpan porque existe una propuesta de Desarrollo Urbano que arrojará cuantiosos beneficios a quienes lo realicen, y él era su principal promotor con el apoyo de su esposa Claudia Sheinbaum: la construcción de un proyecto vial para desahogar la entrada de la Avenida de los Insurgentes Sur de vehículos provenientes y en tránsito hacia Cuernavaca, la cual atravesaría la zona boscosa de El Ajusco entre el Colegio Militar y los Padiernas, con la consabida apertura y destrucción del lugar hasta ahora “protegido” para la especulación comercial en beneficio de unos cuantos.
La parte de Desarrollo Urbano de este programa está basado en la invasión debidamente programada de las zonas boscosas protegidas, en un perverso plan que incluye también a sus amigos Jesús Carrasco y Manuel Santiago Quijano, además de dos conocidos invasores protegidos por quien se especula podría ser el nueva Jefa Delegacional, Susana Manzanares, como son Jesús Ibarra y Alberto Hernández de Jesús (a) El Jarocho, entre otros.
Ímaz dijo desde la transmisión del video donde recibe 3 millones de pesos de Carlos Ahumada que no renunciaría a su cargo porque no había cometido ningún delito. Pero sabía lo que traía detrás suyo, por lo que, con absoluta soberbia, también promovió entre sus allegados la posibilidad de convertirse en Jefe Delegacional independiente, sin partido, decisión que finalmente le obligaron a olvidar y a solicitar licencia por 90 días.
Finalmente Ímaz tuvo que separarse del cargo, pero no fueron neutralizados los compromisos que hizo seguramente con algunos otros de sus financiadores de campaña como lo fue Carlos Ahumada. El encargado del despacho, Eliseo Moyao, dijo hace algunos días que el programa de Gobierno de Ímaz continuará a partir del Programa Operativo Anual.
Dentro de ese programa operativo, el pasado 9 de febrero el propio Carlos Ímaz junto con un grupo de ilustres arquitectos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con nivel de doctorado en Urbanismo, expusieron a los ciudadanos en el auditorio de la Casa Frisac el citado proyecto carretero, “previamente autorizado por la doctora Claudia Sheinbaum”.
Ahí varios vecinos manifestaron su inconformidad porque desde ahora se encuentra en pleno auge la invasión en los terrenos boscosos aledaños a la unidad habitacional Fuentes Brotantes, sin que ninguna autoridad logre parar la tala silenciosa de los árboles.
Afirman vecinos de Tlalpan que la invasión a las zonas protegidas no se ha parado y, por el contrario, se agudizó desde la llegada de Salvador Martínez della Rocca, El Pino, como Delegado en 1997, y continuó durante el mandato de Gilberto López y Rivas, cuando Mireya Ímaz, hermana del hoy Jefe Delegacional con licencia definitiva, fue directora general de Ecología y Desarrollo Sustentable.
Jesús Carrasco es el actual director General de Ecología y Desarrollo Sustentable y entre 2001 y 2003 laboró al lado de Claudia Sheinbaum en la Comisión de Recursos Naturales de Secretaría de Ecología; y Manuel Santiago Quijano es el encargado de entregar licencias de construcción de manera indiscriminada en la zona boscosa.
Jesús Ibarra, líder de la zona invadida que colinda con Fuentes Brotantes desde que llegó El Pino a Tlalpan, trabaja como desde la actual administración como Inspector de Mercados, dependiendo de la Dirección Jurídica y de Gobierno, mientras que Alberto Hernández de Jesús (a) El Jarocho, fue nombrado Coordinador en la Zona 3, que comprende los Padiernas y los Migueles Hidalgo.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, abril 23, 2004

Fraudes con licencias, ¿pecatta minuta?


Ha llegado el momento en que los acontecimientos diarios en torno a los actos de corrupción dan asco, comenta ya gran cantidad de gente por la calle. Pero también inocula y esto es peligroso. Existen quienes los miran como asuntos inherentes a la idiosincrasia del mexicano y, por tanto, mientras seamos mexicanos siempre van a estar presentes en nuestra vida diaria. ¡Vaya forma de taparse los ojos y ser irresponsables!
Y los más cínicos dicen que debe investigarse a los Amigos de Fox o a los involucrados en el Pemexgate, que eso si es corrupción; pretenden que la sociedad entera, los medios y quienes descubrieron los videoescándalos soliciten perdón a los mártires Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Ímaz. No, corrupción es lo de Amigos de Fox, el Pemexgate, pero también asuntos mucho más pequeños, pequeñísimos, podría decirse, pero que por su gran cantidad son la simiente, y todos deben investigarse porque de otra forma nunca vamos a parar este flagelo social.
Porque si lo vemos bajo esa lógica, los fraudes que a diario se cometen al público en las oficinas de licencias y control vehicular de las distintas delegaciones, son pecatta minuta pese a que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia en la ciudad, tienen quejas contra los funcionarios de ellas en Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco, Coyoacán pero, sobre todo, Gustavo A. Madero, considerada como la oficina que más trámites realiza anualmente.
Por más cartelones que existen en las oficinas de licencias y control vehicular de las delegaciones políticas del Distrito Federal, donde se advierte sobre la corrupción, esta práctica pervive y en la GAM se ha instalado lo que puede considerarse ya como un coto de poder, al frente del cual se encuentra Araceli Coria Calderón.
Esta dama llegó a la estructura delegacional como ahijada política del director Jurídico, Felipe Romero, para hacerse cargo de la Coordinación de Comunicación Social durante la gestión de Joel Ortega Cuevas, posición que dejó a los pocos meses para hacerse cargo de la Jefatura de la Oficina de Licencias y Control Vehicular donde, junto con Romero, crearon una red para allegarse de recursos que reparten hacia arriba.
La llegada de Octavio Flores no cambio las cosas como era de esperarse, porque son parte del mismo equipo.
Así, Coria Calderón —quien por cierto actualmente se encuentra de incapacidad— conciente que el hijo del Jefe de la Oficina de Control Vehicular, Luis Hernández González, del mismo nombre, trabaje sin plaza, y que con atribuciones que corresponden a los empleados de planta, realice trámites directos con el público donde cobra por cada uno entre 50 y 100 pesos a los gestores y coyotes.
En 2002 citada oficina ya había tenido una serie de denuncias porque estos personajes realizaban todo tipo de triquiñuelas e, incluso, hubo una queja turnada a la 13ava Agencia Investigadora del Ministerio Público del fuero común, donde fue sorprendido un coyote de nombre Mauricio García Bazán, que ya se encuentra de nuevo en los alrededores.
El problema ahora se acentúa porque es precisamente Luis Hernández González quien presiona a los revisores de las diferentes ventanillas para cubrir una cuota diaria de alrededor de 2 mil pesos por cada uno. Y como está el hijo ahí, la cosa se les pone dura, ya que si, por otro lado, denuncian la corrupción a que son obligados, se las tienen sentenciada.
De acuerdo con información de la propia entidad, “en 2002 la Delegación Gustavo A. Madero emitió 117 mil 833 licencias, el más alto número en todo el DF, superando en más de diez mil a Venustiano Carranza, y atendió 42 mil trámites de Control Vehicular; lo que la coloca en el primer lugar de las 21 oficinas que existen en la ciudad, destinadas a estos servicios”.
En Venustiano Carranza la situación es la misma con la subdirector de Licencias y Control Vehicular, Eva Gatica Herrera. Y si se le rasca…
Así que la corrupción es ésta, como también la exhibida en los videos, el Pemexgate y la de los Amigos de Fox.

jueves, abril 22, 2004

Cacicazgo delegacional

(2002-04-22)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040422031708

Bien es sabido que una parte de los integrantes del PRD se unieron al Frente Democrático Nacional primero y al Partido de la Revolución Democrática después, con el fin de encontrar un cobijo institucional a su muy particular forma de hacer política, a la manera que sus carencias les enseñaron de lucha callejera, amenazas y presiones a las instituciones, de la conquista de espacios fuera de la legalidad —con la excusa de que formaban parte de la izquierda únicamente por ser desposeídos—, que si México no fuera un país con leyes de gelatina muchos de ellos estarían en la cárcel desde hace mucho tiempo, pero hoy son flamantes funcionarios amparados por las clientelas políticas.
Uno de estos casos es el del ex Jefe Delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo, su heredera política, la actual delegada Fátima Mena Ortega, y la familia Mendoza Mendoza.
Los Mendoza comandados por Patricia como representante de la asociación civil "Vivienda, un derecho para los hijos de Tláhuac", fueron operadores políticos de Martínez Rojo y le ayudaron a la invasión el 7 de abril de 1992 del predio Quiahuatla, ahora conocido como Tierra y Libertad.
De todos los propietarios invadidos sólo los esposos Rodolfo Ramírez y Jacoba Galicia siguieron la demanda civil, y lograron que el Juzgado Sexto Civil les diera la razón bajo el expediente 2208/93-B, donde se les permite recuperar o recibir el precio actual de su predio denominado "San Luisco Chinanco", de acuerdo a la sentencia definitiva del 1° de marzo de 1996. El resto se quedaron con su afrenta.
La relación de Martínez Rojo con los Mendoza propició su relación con María del Rocío, actual directora de Servicios Educativos de la delegación Tláhuac, con quien tuvo dos hijos. Y como jefa de ésta se encuentra Patricia Mendoza Mendoza, directora General de Desarrollo Social.
Pero la cosa no para ahí. Los Mendoza Mendoza hicieron de la delegación Tláhuac su feudo, su cacicazgo, y podemos enlistar a más familiares.
El encargado de la oficina de Transparencia e Información Pública es Felipe Mendoza Mendoza; en la nómina de enero aparece también Josefina Mendoza Mendoza, con una plaza de jefe de división; Roberto Mendoza Mendoza está en la dirección general de Servicios Urbanos; y el padre de todos ellos, Florencio Mendoza, aseguran algunos trabajadores delegacionales inconformes, cobra por honorarios en la actual administración.
Algunas otras denuncias refieren que la esposa de Felipe Mendoza Mendoza, Micaela Fuenleal Martínez, se encuentra entre los funcionarios de la dirección de Participación Ciudadana, así como una mujer de nombre Ana, esposa de Isaac Mendoza Mendoza.
Esta es la forma cómo grosso modo Martínez Rojo y la familia Mendoza Mendoza construyeron un cacicazgo en la delegación Tláhuac, aprovechando un movimiento que se presentó como una lucha por la obtención de un lugar digno para vivir para la gente que menos tiene, pero que por medio de la violencia primero, y las clientelas políticas después, se han beneficiado con todas aquellas mañas e irregularidades que un día dijeron combatir cuando la moda política era ser de izquierda.
Habitantes de Tláhuac refieren que se hace necesario investigar de forma inmediata la adquisición de diversos inmuebles y predios que fueron escriturados a nombre de familiares de Martínez Rojo y su ex concubina, Rocío Mendoza.

miércoles, abril 21, 2004

Caerá Martínez Rojo; Fátima no

(2004-04-21)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040421035943

El PRD en el Distrito Federal ha iniciado una especie de operación cicatriz para sobreponerse al descrédito de los acontecimientos de los primeros días de marzo, con la consigna de que los corruptos ya se encuentran fuera del partido (Rosario Robles, Ramón Sosamontes, René Bejarano y Carlos Ímaz) y ahora deben mirar hacia el frente para recuperar los espacios perdidos y que no les vuelvan a caer en otro incidente como el de los videoescándalos.
Este plan contiene la necesidad de acarrear una serie de linchamientos políticos y alcanzar, incluso, el castigo legal para algunos de sus militantes con el fin de salvar a otros, como sucederá con la protección para una de las jefas delegacionales más señaladas por el asunto de los sobornos del Grupo Quart y su dueño, Carlos Ahumada. Nos referimos a Fátima Mena, y la crucifixión en descargo de ella de su hacedor político, Francisco Martínez Rojo.
Isaías Villa, secretario general del PRD en el Distrito Federal está llamando a los líderes de las fuerzas populares perredistas y a los dirigentes del comité delegacional en Tláhuac, exigiéndoles que le bajen a sus reclamos y denuncias en contra de Mena Ortega, porque cualquier acusación en contra de la Jefa Delegacional atenta contra los intereses del partido, y en consecuencia de ellos mismos, por lo que el PRD debe ser conservado a como dé lugar.
De acuerdo con militantes que estuvieron el pasado 3 de abril en la reunión de los perredistas en Tláhuac, el diputado Juventino Rodríguez Ramos habría hablado en el sentido anteriormente expresado, y porque según habría dicho: “Hay que matar al perro rabioso, pero salvar a la cachorra infectada”.
De esta forma, el diputado que ha sido señalado en Tláhuac porque habría negociado su silencio sobre las irregularidades de Martínez Rojo (fue su director Jurídico y de Gobierno) a cambio de la candidatura a diputado local, pone en entredicho la lucha contra la corrupción presuntamente emprendida por el PRD.
El propio asambleísta dijo a mediados de febrero que la Contraloría General del GDF había detectado irregularidades por 3.5 millones de pesos en enero pasado, anomalías que propiciaron la destitución de Arturo Hidalgo como director General de Administración y de Jesús Trujillo, quien fue Director de Adquisiciones con Francisco Martínez Rojo y Director de Finanzas en la administración de Fátima Mena hasta hace por lo menos un mes.
El caso es que de las administraciones anterior y actual de Tláhuac la Contraloría General del Distrito Federal inhabilitó a por lo menos 12 personas para ocupar cargos en el gobierno por distintos periodos. Además de Hidalgo y Trujillo están en la lista el propio líder del grupo, Francisco Martínez Rojo, ex jefe delegacional; Guillermo Peña, ex director general de Obras; y Carlos Andrade, ex contralor interno delegacional, entre otros.
Pero no Fátima Mena, advierten, no caerá.

Addendum

Muchas de las cosas en el país no caminan porque todo se deja para después, con el fin de presionar y negociar políticamente. Ayer los diputados de la comisión instructora que debe analizar y en su caso poner a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el fuero de los legisladores, en este caso de René Bejarano Martínez, Ricardo Aldana Prieto y Fernando Espino Arévalo, decidió dejar para el lunes la discusión para determinar si el ex presidente de la ALDF tiene fuero o no… ¿Cómo con Carlos Romero Deschamps, terminará la legislatura antes de proceder contra él?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, abril 20, 2004

Ponce, ¿testigo protegido?

Por Renato Consuegra
(2004-04-20)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040420023118

Andrés Manuel López Obrador teme que la Procuraduría General de la República tenga en su poder y bajo custodia al ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce Meléndez, a quien las autoridades federales le estarían sacando información antes de presentarlo como testigo protegido.
El jueves pasado y nuevamente el sábado, el jefe de gobierno dijo —y fue muy insistente en sus conferencias de prensa mañaneras— que teme por la vida de Ponce Meléndez.
Lo que el gobernante capitalino pretende con estas declaraciones es forzar a la PGR a decir que su ex colaborador se encuentra vivo y que ha sido integrado al programa de testigos protegidos o que ya está detenido como presunto responsable de delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otros.
Esta posibilidad daría a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la oportunidad de poderlo interrogar sobre la base de los convenios de cooperación dentro del marco de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Sin embargo, hasta el momento no se ha podido probar que Ponce Meléndez forme parte de un grupo de personajes dedicados a delinquir en conjunto, o por lo menos la estrategia de la PGR ha detenido esta posibilidad.
Es lo que se conoció tras la información entregada por el jefe de gobierno el jueves pasado. En la denuncia de hechos realizada por la Procuraduría Fiscal federal se da cuenta de una serie de irregularidades que señalan únicamente a Ponce Meléndez y a su esposa Esperanza González Ocampo, como operadores de una serie de movimientos en sus cuentas bancarias y en casas de cambio, sin involucrar a nadie más.
Fue esta la forma como la PGJDF consiguió obtener la información exhibida por López Obrador, una vez que oficialmente se integró una investigación.
Sin embargo, por el momento el área de delitos financieros y lavado de dinero de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones, a cargo de Ambrosio Michel, investiga el origen de los recursos para saber si provienen de las arcas del Gobierno del Distrito Federal o de otro tipo de irregularidades.
La idea de la investigación, de acuerdo con fuentes cercanas a la Procuraduría Fiscal de la Federación, es determinar en cualquiera que sea el caso, si los movimientos por alrededor de 553 mil dólares en la casa de Cambio Tíber y los cerca de cinco millones de pesos en las cuentas bancarias de Ponce Meléndez y su esposa, fueron realizados con el consentimiento o por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, porque de ser así la federación tendría la posibilidad de abrir una investigación en contra del jefe de gobierno por delincuencia organizada.
Este es el motivo por el cual López Obrador teme que Ponce Meléndez se encuentre en manos de la PGR.

Addendum

Por cierto, los documentos del Hotel Bellaggio que fueron exhibidos junto con los videos de Ponce Meléndez no son parte de la investigación realizada por la Procuraduría Fiscal de la Federación en contra del ex secretario de Finanzas... Una pregunta: ¿Qué resultados ha arrojado el Programa de Contraloría Ciudadana al que llamó el Gobierno del Distrito Federal a decenas de ciudadanos, de manera honoraria? Al parecer, como sucedió con los personajes honorables como Germán Dehesa y otros más en el Consejo Ciudadano de Transparencia, también fueron utilizados para beneficiar la imagen del Jefe de Gobierno, pero no les han dado la información que han requerido. O no la que pudiera poner en aprietos los movimientos irregulares que hay en la administración de la ciudad...

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, abril 19, 2004

¿Claudia no está bajo sospecha?

(2004-04-19)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040419021901

Carlos Ímaz fue finalmente sacrificado por el Gobierno del Distrito Federal. No pisará la cárcel, pero ya no podrá volver al frente de la Jefatura Delegacional en Tlalpan por ser presunto responsable por los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita y cohecho.
Sin embargo, queda pendiente conocer qué tipo de relación entabló la secretaria del Media Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, con el empresario Carlos Ahumada pues existen informes de que estuvo en por lo menos dos ocasiones en el edificio de la avenida Revolución.
De la presencia de la esposa de Carlos Ímaz en las oficinas de Ahumada tiene pruebas el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Renato Sales Heredia, así como de otro video donde aparece el oficial mayor del gobierno capitalino, Octavio Romero Oropeza, el operador más fuerte de López Obrador.
Debemos recordar que el gobierno del Distrito Federal desmanteló la planta de asfalto que tenía en la avenida del Imán, en el sur de la ciudad, y que la oficina de Sheinbaum otorgó la autorización para el inicio de operación de la planta de asfalto en la Mina del Coyote, delegación Álvaro Obregón, con fecha 23 de septiembre del 2003, una vez que supuestamente la planta cumplió con las condiciones impuestas por la SMA, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT).
La propia Claudia Sheinbaum explicó que fue el 6 de febrero de 2003 cuando la Dirección de Regulación y Gestión Ambiental del Agua, Suelo y Residuos, dio entrada al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Planeación e Ingeniería Ambiental, S.A. de C.V., y el encargado J. R. Limón.
Sin embargo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a cargo de José Luis Luege desde el 2 de septiembre pasado, informó que en la delegación Álvaro Obregón no se tiene registro de que exista una planta de asfalto y que la Mina del Coyote está registrada como tiradero de cascajo.
De este tipo de anomalías, si es que existen, deben dar cuenta el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y su secretaria del Medio Ambiente, de quien dijo la semana pasada al conocer que la PGJDF había solicitado una orden de aprehensión en contra de Carlos Ímaz, no le aceptaría la renuncia. ¿Por qué esa defensa a ultranza?
Transcribo una parte de la conferencia de prensa de este sábado, donde el Jefe de Gobierno hace un alegato para defenderla, sin argumentos claros:
Un reportero preguntó a López Obrador: ¿por qué razón, si Claudia Sheinbaum sabía de esta situación de Imaz (que había recibido dinero de Ahumada), autoriza que se eche a andar la Planta de Asfalto...?
— No, ya lo ha explicado ella en varias ocasiones, hubo una conferencia de prensa, con ese propósito, se los recuerdo.
— ¿Pero a sabiendas que pertenecía a Ahumada?
— No, ella está cumpliendo muy bien su función como Secretaria de Medio Ambiente, es una mujer que me merece respeto, es inteligente, es íntegra, entonces no mezclemos las cosas.
— Usted dijo que no puede haber funcionarios de su Gobierno bajo sospecha, hay por lo menos ahí, había un conflicto de ética en el comportamiento de la señora (...) Y, además pues ella conocía perfectamente quién era Carlos Ahumada para usted, y las acciones que usted llevaba para tratar de evitar que el señor siguiera...
— Se lo contesto rápido, Claudia no está bajo sospecha, es una funcionaria pública ejemplar, así tan sencillo…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, abril 16, 2004

Perredismo obnubilado


El perredismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sigue alucinado. Este martes diputados del PRD presentaron diferentes iniciativas carentes de un análisis serio y objetivo. Pareciera que, más que propuestas, la intención es hacer parecer que la Asamblea comenzó a trabajar y dejó atrás la bomba expansiva del caso Bejarano.
Para muestra un botón. Alfredo Hernández Raigosa presentó una iniciativa donde propone en sustancia que “el Tribunal Electoral del Distrito Federal sea adscrito al Poder Judicial Local”, bajo el argumento de que con ello “se aprovecharía al máximo la capacidad y conocimiento de los magistrados integrantes del órgano electoral local, aligerando las cargas de trabajo que se observan en el Tribunal Superior de Justicia”, y propone para tal efecto reformar el Código Electoral Capitalino y la Ley Orgánica del TSJDF.
Tal vez Hernández Raigosa desconozca que en el Distrito Federal, a diferencia de los estados de la República, técnicamente no existen poderes públicos, como lo refiere el texto de la iniciativa. Dada su condición de excepción, en el DF lo que hay son órganos de gobierno encargados de funciones perfectamente delimitadas por la Constitución General.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia del DF se le atribuye exclusivamente el ejercicio de la función judicial del orden común; no existe, pues, el Poder Judicial a que se refiere. De ahí que se haya pugnado tanto por la reforma política del Distrito Federal.
De igual forma sucede con el Tribunal Electoral del Distrito Federal pues su naturaleza y bases se encuentran determinadas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. En consecuencia, para materializar dicha propuesta sería necesaria una reforma constitucional, lo que rebasa el ámbito de atribuciones del órgano legislativo local.
Más grave es la incongruencia del PRD, partido que pugnó por la autonomía de los órganos electorales, cuando ahora plantea este tipo de propuestas sin considerar la problemática que esto traería consigo.
Por un lado, es necesario recordar que la impartición de justicia es ante todo una tarea delicada que requiere de una verdadera especialización, de ahí que en el Derecho existan una serie ramas que tienden a la especialización. Pero ignorando todo ello se propone que los magistrados electorales integren salas penales, civiles y familiares sin importar que en el Tribunal Superior de Justicia exista una carrera judicial, esto es, magistrados que fueron electos por una especialidad en el derecho electoral, de materializarse esta propuesta, ahora se harían cargo de dictaminar sobre homicidios, divorcios fraudes, entre otros, sin que precisamente tengan una especialidad o experiencia en este terreno.
Por otro lado, si analizamos con detenimiento el caso del Tribunal Electoral Federal, que con la reforma de 1996 fue incorporado al Poder Judicial de la Federación, en realidad se le trata como un órgano especializado y no autónomo, que aunque independiente en sus decisiones se ha visto sujeto en ciertas controversias a las determinaciones del Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Así pues, desde el punto de vista legal y material la propuesta perredista es inviable, por lo que no podemos dejar de lado el cuestionamiento natural del por qué el planteamiento de iniciativas carentes de sustento, cuando existen tantos aspectos en propia materia electoral, que sí son competencia de la Asamblea, y que requieren de una urgente atención.
Sería bueno que diputados como Hernández Raigosa revisaran temas como la nulidad de elecciones por rebasar los topes de campaña, los múltiples gastos que se realizan en las precampañas del DF, y de los cuales ahora tenemos referentes de donde provinieron los recursos para costearlos, perfeccionar y ahondar en los mecanismos de fiscalización, y establecer mecanismos claros para protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, entre otros.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, abril 15, 2004

Consejero ciudadano de AMLO

(2004-04-15)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040415020205

María Elena Pérez Jaén Zermeño y Odette Rivas Romero acudieron ayer a la Asamblea Legislativa del DF para hacer público su malestar por la forma como el presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, del cual son integrantes como consejeras ciudadanas, Gustavo Velásquez de la Fuente, obstaculiza los trabajos tendientes a poner en funcionamiento al órgano que debe cuidar de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En tiempos cuando la honestidad de los funcionarios del gobierno capitalino se ha puesto en entredicho, obstaculizar la puesta en operación de éste instrumento de vital importancia debe ser motivo de remoción del funcionario en cuestión.
El artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital advierte que los consejeros ciudadanos no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo para el que fueron nombrados (seis años sin derecho a reelección), salvo que a) “ataquen a las instituciones democráticas”, y el consejo es una de ellas; b) “ataquen a la forma de gobierno republicano representativo y local”, y está pasando por sobre un ordenamiento de la ALDF; c) “provoquen violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales” y su proceder afecta el interés de los habitantes de la ciudad; d) “ataquen a la libertad de sufragio”; e) “hagan usurpación de atribuciones”; f) “cometan cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes locales, cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, y lo hace porque obstaculiza la rendición de cuentas; y g) por omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.
A 42 días de haber sido nombrado presidente del Consejo por la imposición mayoritaria del PRD, Velásquez de la Fuente no ha convocado a la primera sesión del pleno, y por lo tanto, el órgano no ha iniciado funciones. Tampoco ha designado al Secretario Técnico y tampoco ha emitido el reglamento para la conformación de la estructura interna, cuyo plazo para hacerlo vence el 1 de mayo próximo.
Los partidos de oposición denunciaron a fines de febrero, antes de su imposición, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján y preveían que su nombramiento era sólo una más de las artimañas del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF. El Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y por tal motivo da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del Consejo.
López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el Consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los Consejeros. Incluso, debió renunciar Leoncio Lara, quien fue impugnado por los perredistas por haber sido director jurídico del Instituto Politécnico Nacional.
“No es necesario”, dijo López Obrador aquella ocasión, porque desde su propia perspectiva todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. En cambio, no lo hacen así los miembros de otros sectores quienes impulsan la modernización de las instituciones locales para otorgar a los ciudadanos la posibilidad de participar en el control de las decisiones gubernamentales, y garantizar de esta forma el pleno ejercicio de sus derechos.
El Jefe de Gobierno destacó también que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel…muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo aquella ocasión.
Hoy Gustavo Velásquez es un obstáculo para la contraloría de los ciudadanos; la ALDF tiene en sus manos los instrumentos necesarios para determinar su remoción y dar viabilidad al gobierno del DF.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx


martes, abril 13, 2004

Sheimbaun y las obras viales

(2004-04-13)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040414001119

Andrés Manuel López Obrador hizo de las grandes obras viales su proyecto de Gobierno y del Segundo Piso en Viaducto y Periférico, su plan para ganar la simpatía de amplios sectores de la población a nivel nacional, apoyado por la publicidad de los medios de información mediante sus mañaneras conferencias.
Pero no todos sus colaboradores estaban de acuerdo con sus planes. Cuando el Jefe de Gobierno del Distrito Federal buscaba opiniones sobre la viabilidad del Proyecto propuesto por David Serur Edid, tuvo en el secretario de Obras, César Buenrostro, al principal opositor.
Buenrostro tenía la tesis de que el proyecto no era viable y que, por el contrario, se debían explorar la construcción de más redes del Sistema de Transporte Colectivo Metro y otras alternativas para mejorar el transporte en la ciudad.
En cambio, Claudia Sheimbaun Pardo se ganó la confianza de López Obrador al defender el proyecto de los segundos pisos, y también un estudio del World Resources Institute (WRI), elaborado por quien fuera su director de tesis de doctorado en la Universidad de California, Berkeley, Lee Schipper.
En él, Schipper expresaba que “la opción de extender el Metro resultaría muy cara (…) los costos se incrementarían unos $100 millones de dólares por kilómetro”. El estudio añadía que mientras la Línea Uno está más que saturada con alrededor de un millón de pasajeros al día, hay otras subutilizadas. Es más, afirmó Sheimbaun que actualmente el Metro, con más líneas, transporta menos pasajeros que hace 10 años.
El proyecto del catedrático estadounidense y de Claudia Sheimbaun está basado en el diseño de un sistema de transporte público “capaz de reducir drásticamente los tiempos de viaje, mejorar el medio ambiente, aumentar la productividad y abatir los costos de transportación” en la ciudad.
Para lograrlo, se propuso la creación de rutas exprés de autobuses bajo dos perspectivas: una sería la de clausurar calles completas a cualquier vehículo que no fuera autobús, y la otra, la instalación de carriles exclusivos (defendidos por camellones o topes) a ambos lados o en medio de avenidas grandes.
Además de la utilización de autobuses grandes o ultra-grandes para atravesar la ciudad hacia puntos que conecten con el Metro.
Como la titular de la Secretaría del Medio Ambiente ya tenía amarrado el estudio, se creó el Centro para el Transporte y el Medio Ambiente, con $12 millones de dólares en apoyos que incluían un crédito de $5.8 millones de dólares del Banco Mundial, $1 mdd de la Fundación Shell y $2 mdd de las armadoras como Volvo, Mercedes Benz y Scania, entre otras, para pagar los costos de los proyectos ejecutivos de las obras.
Al derrotar la propuesta de crear más redes del Metro y utilizar aquellos recursos en la construcción de viabilidades, fue que el Jefe de Gobierno entregó la responsabilidad de las obras a la secretaria del Medio Ambiente y esposa de Carlos Ímaz, ya que le dio el carácter de secretaria suplente del Comité Técnico del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación en el Distrito Federal (Fimevic) y la coordinación de los trabajos del Segundo Piso.

Addendum

Ahora René Bejarano tendrá que probar todo lo que dijo este lunes porque, de lo contrario, tendrá que responder por el delito de difamación y calumnias, salvo que Bernardo Bátiz no quiera dar trámite a las denuncias en su contra… Quien muestra no sólo incapacidad, sino una total subordinación a los intereses del Jefe de Gobierno es Bátiz, que no ha detenido a Bejarano, un hombre que después de ser sorprendido recibiendo miles de dólares para embolsárselos en una acción demasiado burda, ahora lanza acusaciones por todos lados, estas si sin sustento.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Proyecto político, no de vialidad

(2004-04-13)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040413014306

El Segundo Piso de Viaducto y Periférico, como plan para desahogar parte del flujo vehicular de la congestionada ciudad de México no fue un proyecto nuevo ni producto del interés de Andrés Manuel López Obrador por dotar a la capital de la República de infraestructura de primera línea.
Siempre fue un proyecto político para aquellos que intentaron darle viabilidad y un proyecto de vida para su creador.
Había sido una empresa personal en la vida del ingeniero David Serur Edid, quien a principios del sexenio de Carlos Salinas de Gortari "vendió" la idea al entonces regente de la ciudad, Manuel Camacho Solís.
Políticamente este proyecto sería una plataforma de lanzamiento para la candidatura a la Presidencia de la República. El Segundo Piso surgiría como la obra magna para solucionar los conflictos viales de la urbe y catapultar al entonces regente.
Incluso, afirman quienes saben del asunto, Camacho Solís llegó a establecer una negociación con el fallecido magnate de la televisión privada en México, Emilio Azcárraga Milmo, quien se haría cargo de los costos por la construcción del proyecto, pero un estudio de factibilidad de suelos realizado a propósito de la cimentación de la ciudad tras los sismos de septiembre de 1985, por la principal empresa constructora de México en aquellos años, ICA, determinó la inviabilidad del proyecto.
El área que abarca Polanco y hasta la Feria de Chapultepec, entre otras, corría el riesgo de no soportar el peso estructural concluyeron entonces.
De tal forma que tras varias reuniones el poco afortunado precandidato presidencial para 1994 debió buscar otra opción para su lanzamiento y la corrección de los problemas viales de la capital, optando por el todavía vigente programa Hoy no circula, cuyo acuerdo para restringir la circulación un día a la semana (sus restricciones iniciales se han venido modificando con el tiempo), fue publicado el 1 de marzo de 1990 en el Diario Oficial de la Federación.
Posteriormente, el empresario de la televisión convenció al regente Óscar Espinosa Villarreal para que retomara el proyecto y éste anunció entradas y salidas, con casetas de peaje.
Este diseño elitista iba a ser construido por las empresas ICA y Tribasa, luego de otro estudio que no contemplaba llegar a la zona de Chapultepec, pero sí a San Gerónimo, pero el rechazo de la población fue casi unánime, pese a los beneficios que anunció el último regente de la ciudad como la construcción de más de 40 estacionamientos que quedaron en sólo uno, en las confluencias de Reforma, Morelos y Abraham González.
La alianza política del grupo de Manuel Camacho Solís (Jenny Sealtiel, Joel Ortega, Marcelo Ebrard, entre otros) con Andrés Manuel López Obrador en el Gobierno del Distrito Federal revivió el proyecto de Serur Edid, quien como Andrés Manuel López Obrador no quitó el dedo del renglón y aunque el proceso será más lento, realizarán la obra como estaba inicialmente proyectada, pero ahora en tramos.
Por cierto, existe la versión de que David Serur Edid fue el calculista de la estructura de la Universidad Iberoamericana que se cayó durante un sismo en 1981, en la colonia Campestre Churubusco.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, abril 12, 2004

Razón técnica paró a Quart

(2004-04-12)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040412025509

Cada día que pasa el jefe de Gobierno del Distrito Federal insiste en engañar a sus gobernados y también a quienes no lo son, pero los pretende gobernar a partir de 2006. Por ese motivo compró tiempo en El noticiario de Joaquín López Dóriga del pasado 1 de abril, donde para quedar como un gobernante que estaría al corriente de todo lo que sucede en la ciudad, dijo que él mismo decidió evitar la participación de Carlos Ahumada Kurtz y su empresa Quart en la construcción del segundo piso de Viaducto y Periférico.
Esto es lo que dijo a López Dóriga: "Decidimos combatir al señor Ahumada. En tres años lo hemos atajado (...), se presenta como empresario contratista. Licitamos para la construcción del Distribuidor Vial San Antonio, del segundo piso. Se queda incluso su empresa como la mejor propuesta. Sin embargo, (por) la desconfianza, yo decido que no debe participar".
Con lo dicho por López Obrador pareciera que la obra iba a ser adjudicada de manera total a Carlos Ahumada. Sin embargo, ese es un primer intento de engaño. La megaconstrucción fue licitada en cinco tramos diferentes –por ejemplo, un segundo tramo iba a ser adjudicado a la empresa Pretencreto, que finalmente participó en la edificación del Distribuidor Vial San Antonio.
No. El motivo de su cancelación fue de carácter técnico. El 14 de mayo de 2002 publiqué en primera plana y a ocho columnas del diario La Crónica que ese mismo día se iba a declarar desierta la licitación.
En aquella información se daba cuenta que el proyectista José María Rioboó no había terminado el proyecto ejecutivo que le fue entregado, no por licitación, sino por especialidad. Entonces, al no tener todos los elementos técnicos a la mano, las empresas constructoras que compraron las bases de licitación presentaron sus ofertas económicas a partir de sus propios estudios, con costos por encima de los esperados por el GDF, ya que ante la carencia de un proyecto concluido, no existían montos reales o una valoración apegada a la realidad.
Es decir, ante la falta de un proyecto, los contratistas inflaron sus costos para prever pagos de garantías, daños a terceros y otros elementos que le dieran certeza a su participación, motivo por el cual los mil 500 millones de pesos que había en disponibilidad terminaron siendo rebasados.
Además, algunas firmas constructoras decidieron no participar al considerar que había muchas cargas impositivas en caso de incumplimiento en el plazo proyectado, sobre todo que la obra se retrasó por más de un mes y los tiempos de la jefatura de gobierno del Distrito Federal eran políticos, pues querían realizar la inauguración de la obra el 20 de noviembre de 2002, previo a las elecciones federales intermedias. Incluso, hubo algunos que comentaron que esta obra no se podría llevar a cabo y que "sería un milagro" que se construyera en siete meses, como se tenía previsto.
Cabe recordar que para el primer tramo sólo participó la empresa Quart; en el segundo concursaron las empresas Pretencreto y Viguetas y Bobedillas (Vibosa) y para el tercero presentaron ofertas económicas Grupo Quart y Viguetas y Bobedillas.
Ya semanas atrás se había declarado desierta la gerencia del proyecto, la cual había ganado la empresa Triada, pero otras empresas con intereses en la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal se le fueron encima.
Esta es la historia, pues, de la cancelación para que Quart participara en el segundo piso y no una decisión de Andrés Manuel López Obrador. La historia de los segundos pisos, convertidos en la engañifa de los distribuidores viales, continuará mañana.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, abril 09, 2004

Gente buena que viola la ley


Al ser cuestionado el 3 de marzo por la caída del operador político de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, el secretario Alejandro Encinas contestó a la reportera de televisión Paola Figueroa que no era el único, que existe un Grupo de Operadores Políticos en el cual señaló en primer término a Bernardo Bátiz. Tal declaración ya era motivo suficiente para separar de su cargo al Procurador capitalino.
Posteriormente, en declaraciones transmitidas por los noticieros de Televisa, Bernardo Bátiz ha quedado en evidencia porque se dedica a cubrir los intereses políticos de Andrés Manuel López Obrador; y en sus últimas declaraciones el procurador ha resultado ser asesor de René Bejarano y Carlos Ímaz, cuando los invita públicamente a que reintegren el dinero recibido de Carlos Ahumada, para que puedan ser favorecidos y reciban beneficios procedimentales.
Pero lo más grave y que deja al descubierto el proceder de Bátiz, es que ha roto una y otra vez a favor del Jefe de Gobierno, el sigilo y la confidencialidad a que está sujeta la averiguación previa, entregando en forma inmediata los hechos contenidos en la declaración del chofer de Ahumada.
En este espacio dimos cuenta el pasado 30 de marzo de la irresponsabilidad del procurador al violar la secrecía en las investigaciones que realiza, cuando su encargo no es el de defender al Gobierno, sino como parte del Gobierno hacer la defensa de los intereses de la sociedad a la que representa. Y en esa defensa social debe actuar con prudencia, responsabilidad y talento para que las pesquisas lleguen a buen término.
En los archivos de la Contraloría Interna de la Procuraduría obran cientos de expedientes donde servidores públicos de la Institución, han sido sancionados con suspensiones, destituciones e inhabilitaciones, por haberse acreditado que se violó por ellos la secrecía que impone la Ley a la
Representación Social, al revelar hechos o circunstancias contenidas en las investigaciones sujetas a su competencia.
El artículo 259 del Código Penal para el Distrito Federal dice en su párrafo III que “comete el delito de ejercicio indebido de servicio publico, el servidor publico que por si o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión”.
El artículo 213 del código se establece que “al que sin consentimiento de quien tenga derecho a otorgarlo y en perjuicio de alguien, revele un secreto o comunicación reservada, que por cualquier forma haya conocido o se le haya confiado, o lo emplee en provecho propio o ajeno, se le impondrán prisión de seis meses a dos años y de veinticinco a cien días multa”, sanción que por las atenuantes podría aumentar en una mitad y se le suspendería de seis meses a tres años en el ejercicio de la profesión, arte u oficio y por el hecho de ser servidor publico, se le impondría, además, destitución e inhabilitación de seis meses a tres años.
Ahhhh. Pero no. El procurador Bátiz justificó el domingo pasado el uso que ha hecho el Jefe de Gobierno de información contenida en las indagatorias judiciales que él mismo le dio, pues tiene que defenderse ante lo que, dijo, es ya una “confrontación” política.
Y claro, López Obrador salió en defensa de “su” procurador (que no de la ciudad), con una justificación alejada del argumento jurídico, como son las justificaciones sobre su propio proceder. Calificó a Bátiz como un hombre íntegro, un abogado con principios y una gente buena.
¿Será que así pretende construir el nuevo país que quiere si llega a la Presidencia? ¿Con gente buena porque lo dice él, pero que viola constantemente los principios básicos de la convivencia social que son las leyes?
Por lo pronto varios senadores dijeron que Bátiz ya no garantiza imparcialidad en las investigaciones de los casos de corrupción en el GDF y este martes aprobaron su comparecencia en la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República para el próximo día 22.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, abril 08, 2004

Asamblea Tlalpense

(2004-04-08)

Las cosas no están nada bien para los gobiernos del PRD en el Distrito Federal pues ante el estado de cosas, distintos grupos sociales exigen participar en las decisiones de gobierno. El sábado 3 se reunieron los perredistas de Tláhuac para pedir la dimisión de su Jefa Delegacional, Fátima Mena, que los ha ignorado. El martes 6 lo hicieron ciudadanos de distintas filiaciones en Tlalpan. Pronto podrían ser muchos, muchos más en la ciudad. De lo sucedido en Tlalpan, le comentamos:
Lo hicieron al tiempo que Carlos Ímaz declaraba ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como presunto responsable del delito de cohecho, e informaba sobre la posibilidad de extender por tres meses más la licencia de separación a su cargo como Jefe Delegacional de Tlalpan, con el fin de enfrentar las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero del empresario Carlos Ahumada Kurtz.
Se reunieron alrededor de 85 líderes sociales, algunos de ellos miembros de partidos políticos, quienes tomaron la decisión de constituir una Asamblea Tlalpense que se reunirá el próximo 24 de junio una reunión plenaria, donde esperan reunir al doble de participantes.
Pero, ¿qué quieren estos ciudadanos tlalpenses? Veamos sus cuatro demandas:
1.- Constituir un organismo ciudadano que sirva de contrapeso a la función pública en la demarcación, para lograr que el Jefe Delegacional y sus funcionarios rindan un informe público mes a mes y se haga seguimiento a los problemas de Tlalpan.
2.- Solicitar al Jefe de Gobierno y a la Asamblea Legislativa la separación definitiva del cargo como Jefe Delegacional de Carlos Ímaz y todo su equipo.
3.- Hacer un extrañamiento ante la Asamblea Legislativa a los diputados locales y federales de Tlalpan, que se han quedado callados ante los sucesos, a la espera de ser favorecidos con la propuesta como probable sustituto, facultad que es del Jefe de Gobierno, y
4.- Tomar la palabra a Andrés Manuel López Obrador, quien dice que siempre se debe consultar a la ciudadanía sobre los aspectos que interesan a los habitantes de la ciudad. Así, afirman, van a proponer que la terna para sustituir a Carlos Ímaz sea compuesta por ciudadanos tlalpenses, libres de compromisos políticos con grupos, con probada integridad, probidad, honestidad y capacidad política para lograr consensos.
En la reunión hubo variedad de líderes sociales miembros de partidos como el priísta Jaime González, los panistas Mariano Ahuatzi y María Sánchez Varela; los perredistas Héctor Staines y Fernando Saucedo; por Convergencia Gilberto Gálvez y por el PT Guadalupe Gamboa. Además de otros dirigente sociales y de los pueblos de Tlalpan como David Quiroz, Jorge Hurtado, Mario Rechy, Rosa María Bonilla, Javier Castro, David Contreras, Ana María Bravo, Juan Palomares.
También estuvo Pepe Alcaraz, quien contendió contra Ímaz en la elección del 6 de julio de 2003 en representación de una alianza de cuatro partidos (Convergencia, PT, Partido Alianza Social y Partido Liberal Mexicano), campaña que inició como candidato ciudadano.
Durante la Asamblea, Alcaraz se descartó de la posibilidad de ser llamado a formar la terna ciudadana que los habitantes de Tlalpan exigirán sea presentada por Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a Ímaz.
En la reunión del martes pasado realizada en el centro de Tlalpan, se nombró una Comisión de 25 personas para redactar los escritos que serán entregados al Jefe de Gobierno y a la Comisión de Gobierno de la ALDF.Es sólo el inicio del descontento social con las administraciones perredistas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, abril 07, 2004

Periodista, candidata y novia de AMLO

Renato Consuegra
(2004-04-07)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040407021552

Cuando los asuntos privados son llevados al ámbito de lo público por los propios protagonistas, no queda más que tratarlos si interés público tienen. Así las cosas, quiero comentarles que una columna aparecida este lunes en un medio de información de Puebla da como un hecho un tema privado interesante: la pareja sentimental de Andrés Manuel López Obrador es la periodista Beatriz Gutiérrez-Müeller, quien, además, estaría por regresar a su estado natal como candidata del PRD a la gubernatura durante los comicios del 14 de noviembre, cuando elijan al relevo del gobernador Melquíades Morales, a 217 presidentes municipales y a 26 diputados de mayoría relativa y plurinominales.
En Radio Pasillo se sabía de la discreta relación sentimental de Gutiérrez-Müeller con López Obrador, al grado de que cuando comenzaron las murmuraciones en sus círculos cercanos fue alejada del edificio del Gobierno del Distrito Federal en el Zócalo y ubicada como consejera en la oficina que los asesores tienen por el rumbo de San Ángel.
Políticos perredistas de la ciudad de Puebla aseguran que ella misma filtró la información al columnista Rodolfo Ruiz, quien da información del currículo de esta reportera, con el fin de posicionarla, aunque los militantes del PRD en aquel estado están que trinan en su contra.
De acuerdo con el autor de la columna Entrelíneas, Gutiérrez-Müeller “egresó de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Iberoamericana campus Puebla, en 1998, con la tesis Regulación del uso de los medios de comunicación en leyes electorales federales. Además se graduó el 8 de marzo de 2001 de la maestría en Letras Iberoamericanas.
Antes laboró como reportera en las desaparecidas ediciones de El Universal de Puebla y Página Regional, amén de su trabajo radiofónico en la Revista 105, conducida y dirigida por Sergio Mastretta Guzmán.
Su nexo con el PRD habría iniciado por una relación sentimental con el entonces y actual diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar, dirigente de El Barzón metropolitano, entre 1998 y 1999, quien iba a visitarla cada semana a la Angelópolis.
A la ciudad de México llegó en 2000 donde hizo colaboraciones para la agencia Argos de Epigmenio Ibarra. Y de ahí, aseguran, fue recomendada por Octavio Romero Oropeza para el cargo de directora de Difusión con un salario superior al de otros directores de área, quienes percibían alrededor de 33 mil pesos cuando ella recibía pagos mensuales por 61 mil.
De esta mujer de alrededor de 36 años, cabello rubio y ojos grises, dice el columnista Rodolfo Ruiz: “El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, podría volverse a casar. El dato no tendría mayor relevancia, ni sería tema de esta columna política, si no fuera porque su pareja es una periodista. Poblana para más señas”.
Y añade: “¿Sabe usted a quién nos referimos? Sí, a Beatriz Gutiérrez Müeller, quien incluso podría reaparecer en Puebla como candidata del PRD al gobierno del estado”.
Así como la ven, están las cosas.

Addendum

Transportistas de los Grupos G4, Taxi Club 1180, Cudotrei y Colegiado del Transporte, todos ellos pertenecientes al PRD se manifestaron ayer inconformes por la protección y crecimiento desmesurado que Francisco Garduño permite a la organización Panteras del Frente Popular Francisco Villa, ligada a René Bejarano, que ha pasado de 200 a 8 mil taxis piratas, razón por la cual entregaron en el gobierno del Distrito Federal un pliego petitorio que incluye la renuncia del titular de la Setravi…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, abril 06, 2004

AMLO conoce otros 5 videos

(2004-04-06)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040406035954

Mucho de cierto tienen las declaraciones pretendidamente exculpatorias realizadas ayer por René Bejarano al diario La Jornada, cuando involucra al vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, dentro del complot para dar a conocer los videos del escándalo.
Y en ello tiene mucho de verdad. Sí. Bernardo Gómez y Emilio Azcárraga tuvieron los videos mucho antes de su difusión. Incluso fue por orden del vicepresidente de Televisa y amigo de Azcárraga Jean, es decir, el hombre fuerte en la empresa televisora detrás del dueño, que los videos fueron subtitulados y editados (se tapó la cara de Carlos Ahumada Kurtz).
Bernardo Gómez los entregó al equipo de postproducción de la empresa televisora de uno en uno en un lapso de tres días y con extremas medidas de seguridad para que ninguno de los trabajadores pudiera realizar alguna copia no autorizada.
Fueron en total ocho los videos con diferentes personajes, los maniobrados.
Pero más allá de la forma cómo se operó el complot, de la sincronización de la entrevista de Bejarano con Leonardo Kourchenko y la exhibición del video por parte de Brozo, y si hubo personajes como Federico Döring que se prestaron o fueron usados para el entramado, o la presencia de Carlos Salinas como director de todo el espectáculo, lo más importante en este momento en relación con el escándalo es preguntarnos por qué Televisa no dio a conocer las otras cinco cintas. Y aquí López Obrador tiene mucho qué decir.
La respuesta está en que tras la exhibición de los videos que involucran a René Bejarano y Carlos Ímaz en actos de corrupción con Ahumada Kurtz, los cinco videos restantes fueron exhibidos en una reunión privada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en una oficina de Bernardo Gómez.
Y esto, como la evidente corrupción de sus colaboradores, es un asunto que Andrés Manuel López Obrador también debe aclarar.
¿A qué tipo de negociación llegó con la empresa televisora, la que de inmediato montó un festival de primavera y para los siguientes días una serie de eventos en el Zócalo capitalino como prácticamente todos los sábados del año pasado, además de que en los partidos de futbol hay publicidad del Gobierno del Distrito Federal, y ni qué decir de la entrevista pedida el pasado jueves por López Obrador en horario estelar con Joaquín López Dóriga?
El asunto parece ser de animadversiones entre el joven ejecutivo de Televisa y el Jefe de Gobierno, quien con la soberbia que lo ha caracterizado últimamente, ha pretendido tratar como a un segundón a Gómez. Pero más allá de los conflictos interpersonales, el asunto tiene todos los tintes de ser de dineros.
El propio López Obrador llegó a declarar que había más videos. Y entre los presuntos implicados se encuentran Alejandro Encinas y Armando Quintero, entre otros. Así que él sabe muy bien de otro complot para que no se conozcan los cinco videos que tiene Televisa en su poder.

Addendum

Además del Frente Popular Francisco Villa, hay un Frente Popular Doroteo Arango (¿qué no es lo mismo a final de cuentas?) que se anda apoderando de infinidad de predios en el Distrito Federal con la complacencia de los actuales administradores de la ciudad y en perjuicio de particulares… Es sólo un rumor: Que Carlos Ahumada podría convertirse en testigo protegido de las autoridades federales, dado que está en posibilidades de dar a conocer muchos nombres de personajes de la política involucrados en actos de corrupción.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, abril 05, 2004

Todos son corruptos, menos él

(2004-04-05)
La rivalidad entre el líder del PVEM en Tabasco y diputado local plurinominal, Pascual Bellizia, y el regidor de ese partido por el municipio de El Centro (Villahermosa), Juan Carlos Martínez Contreras, puso al descubierto el tráfico de influencias que por órdenes de su jefe Andrés Manuel López Obrador practica en los municipios tabasqueños Alberto Pérez Mendoza.
Martínez Contreras había fintado el pasado 6 de marzo que daría a conocer una grabación donde se comprueba que el diputado Bellizia presiona a Pemex para que la paraestatal entregue contratos a algunos de sus amigos.
La respuesta no se hizo esperar y Martínez Contreras fue exhibido por haber sido beneficiario siete meses después de la recomendación hecha por Pérez Mendoza, con un contrato por 198 mil pesos para la instalación de unas luminarias.
Este incidente en Tabasco tuvo su repercusión en el Distrito Federal; reveló a este personaje como cercanísimo a López Obrador y puso de manifiesto que el ejercicio realizado por el hombre de todas las confianzas del Jefe de Gobierno no es cosa menor, como seguramente lo hacen otros funcionarios.
Por ese motivo quizá nunca se va a encontrar que López Obrador de una orden directa o vaya a recibir maletas (bolsas del súper en el caso que nos ocupa) con dinero de las extorsiones gubernamentales. Por tal motivo López Obrador siempre dirá que son otros, todos, menos él, los corruptos, así sean personajes de su círculo más cercano.
La carta filtrada por la gente de Diego Bellizia y enviada por Pérez Mendoza al entonces presidente municipal de Cárdenas, Abenamar Morales Gámez en 2001, es clara: “Estimado presidente municipal, el C. Juan Carlos Martínez Contreras portador de la presente, es una persona que nos ha estado apoyando acá en el Distrito Federal, quien por razones familiares va a radicar en Villahermosa de manera permanente. A nombre del C. Jefe de Gobierno Lic. Andrés Manuel López Obrador, mucho agradeceré el apoyo que le pueda brindar, con el otorgamiento de obra pública relacionada con la compañía constructora que representa de conformidad con la Ley”.
Además, Pérez Mendoza, conocido como El Negro tiene el poder para hacer este tipo de “recomendaciones” porque es socio junto con César Ojeda Zubieta del diario La Verdad del Sureste, desde donde dicen, presiona a los funcionarios municipales para lograr sus propósitos.
Pérez Mendoza fue jefe de prensa del gobierno del estado durante la gestión como gobernador de Leandro Rovirosa Wade (1976-82) y a partir de ahí trabajó junto a López Obrador cuando éste fue presidente del PRI estatal en los primeros meses de la gubernatura de Enrique González Pedrero, también en el enlace con los medios, y en 1988 fue su coordinador de campaña en el Frente Democrática Nacional.
Haber sido el coordinador del Éxodo por la democracia le valió ser el primer diputado plurinominal del PRD en Tabasco y dirigente del PRD en Villahermosa.
Hoy Pérez Mendoza es director general de Patrimonio Inmobiliario del GDF, y depende de la Oficialía Mayor que encabeza otro tabasqueño, Octavio Romero Oropeza. Pero antes se sabía de él porque se le consideraba como un amigo de la infancia de López Obrador que tenía manos libres en el Gobierno del DF, cuando fue designado como Director General de Gobierno el 14 de febrero de 2000.
Desde ahí fue el encargado de desarticular la inmobiliaria del GDF, Servimet. Además fue Subsecretario de Atención Ciudadana y Desarrollo Policiaco, que luego pasó a ser subsecretaría de Apoyo Institucional y Policías Complementarias, cargo en el que lo sustituyó Gabriel Regino.
¿Este personaje seguirá los pasos de Gustavo Ponce o René Bejarano?

Addendum

El particular Rogelio Martínez Hernández anuncia que interpondrá un juicio político en contra del Director de Pemex-Petroquímica y Presidente del Consejo de Administración de Petroquímica Cosoleacaque S. A. de C. V., Ing. Rafael Beverido Lomelí, por los siguientes incumplimientos: 1) En sus 3 años de administración no ha actuado para producir y operar las 5 plantas de amoniaco de PECOSA; 2) no ha conseguido nuevos clientes, sino que ha disminuido considerablemente la cartera de compradores de Amoniaco; 3) no ha gestionado la baja del precio del Gas para ser competitivo en el mercado; 4) no se le ha dado solución a la cartera vencida de sus principales clientes de compra de amoniaco en el país; 5) ha perjudicado considerablemente al agro mexicano, por la falta de producción de fertilizantes; 6) ha fomentado como nunca antes el trafico de influencias, al contratar a personal sin experiencia y sin conocimientos en puestos estratégicos todo esto en perjuicio de la Industria Petroquímica; 7) ha desviado las funciones y los objetivos del área comercial de la empresa Petroquímica Cosoleacaque; 8) ha violado constantemente el marco Jurídico y los Estatutos de la Empresa Petroquímica Cosoleacaque S. A. de C.V.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, abril 02, 2004

¿Presidente de la ALDF habemus?

(2004-04-02)
Hoy deberemos despertar con nuevo Presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Fue una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del PRD la noche del miércoles que para evitar un mayor daño a la imagen del partido, anoche mismo fueran saldadas las diferencias entre las tribus. Pero el asunto no era menor.
Los grupos que convergen en la Corriente Izquierda Democrática “de” René Bejarano se creían con derecho a mantener la posición, por tener la mayoría de legisladores. Sin embargo, había una lucha porque, se preguntaban otros, ¿cómo se va a legitimar a una corriente que está en entredicho? Por el contrario, afirmaban, lo que debía prevalecer era el acuerdo político para darle otra perspectiva de transparencia y trabajo institucional a la fracción misma.
Muy al estilo de la pobre visión democrática de René Bejarano, quien aseguraba que los votantes le dieron la mayoría abrumadora al PRD y que a eso se debían atener todos los demás, tratan de evitar cualquier actitud que de verdad vaya de acuerdo con las más simples actitudes democráticas, como son el derecho de los contrarios a disentir y a ser escuchados. Pero, sobre todo, al intercambio de ideas y de propuestas para el acercamiento de las posiciones, que ese es finalmente el interés de la política.El caso es que hoy debería haber presidente de la Comisión de Gobierno. ¿Lo habrá?
El problema es que desde Saúl Escobar y Javier Hidalgo, pasando por Agustín Guerrero e Isaías Villa, y siguiendo con Alejandra Barrales, Carlos Reyes Gámiz y Alfredo Hernández Raygosa, nadie quería aflojar. Mucho menos Dolores Padierna y Elio Bejarano, los sucesores naturales en el mando de la organización, por lo que se preveía que el acuerdo fuera desechado y se llegara a la última instancia que sería la del voto universal y secreto.
Mientras tanto, se prevé una fuerte lucha para sacar raja de la situación. Y uno de ellos es precisamente el presidente del PRD en el Distrito Federal, Agustín Guerrero, quien apenas supo lo de los videos, se acomidió a decir que el dinero recibido por René Bejarano no ingresó a las arcas del partido. Además, también declaró que la era de René Bejarano al frente de la poderosa CID prácticamente había terminado.
Otro que se habilitaba para ser el pastor del rebaño bejaranista era Martí Batres, quien no olvida el altercado por el que su hermana Lenia salió de la delegación Cuauhtémoc cuando Dolores Padierna era Jefa Delegacional.
Mientras tanto el trabajo en la Asamblea Legislativa continúa siendo gris. Los diputados básicamente van a pasar el día, cumplir con su presencia y, si acaso tienen ganas, grillar un poco.

Addendum

Hoy debe elegirse al nuevo contador Mayor de Hacienda de la ALDF que remplazará a la contadora María de la Luz Mijangos Borja. Pero por un flaco favor que el ex diputado Ricardo Martínez Atala, actuando ahora como secretario técnico de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la ALDF, le hace a su jefe Pablo Trejo, no saben de algunas presuntas irregularidades cometidas por uno de los aspirantes, Fernando Hernández Valenzuela, quien fue sorprendido por el ex trabajador de la CMHALDF, Ernesto Vargas García, en plena actividad de destrucción de documentos de las cuentas públicas de 1998, 1999 y 2000… Los costos de no atender sus asuntos y estar en la grilla interna del PRD…

jueves, abril 01, 2004

Las mafias del PRD en Tlahuac

Las tribus o grupos dentro del PRD actúan como lo que son: verdaderas mafias, y se empeñan en demostrarlo. No se puede explicar de otra forma que tras la publicación ayer en este espacio y en otros diarios, de información que involucra al ex jefe delegacional de Tlahuac, Francisco Martínez Rojo y a su sucesora, Fátima Mena Ortega, de inmediato el ex funcionario delegacional y periodista Armando Ramírez haya recibido sendas intimidaciones para que deje de abrir la boca. Por conducto de un vecino y un ex compañero en la delegación fue advertido de que se cuidara; incluso, uno de ellos le dijo que acababa de estar con una alta funcionaria del gobierno de Fátima Mena, quien le comentó que “son canalladas” lo que está haciendo al difundir información que pone en peligro la estancia en el poder de aquel grupito, y que “van con todo contra ti”.
Ramírez, quien ha realizado varias denuncias por irregularidades en la administración delegacional, está citado a comparecer esta mañana ante la Contraloría Interna delegacional; además, fue amenazado en varias ocasiones por Martínez Rojo, y en septiembre del año pasado en una carta a los medios, responsabilizó al entonces Jefe Delegacional, a Fátima Mena, a Andrés Manuel López Obrador y a Rosario Robles por lo que les suceda tanto a él como a su familia.
En este ambiente, la contraloría Interna delegacional ya envió a la Fiscalía Desconcentrada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el expediente que involucra a los recientemente destituidos director General de Administración, Arturo Hidalgo López, y director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, a quienes presumiblemente les fincarán responsabilidades como presuntos culpables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación.
La contralora interna en la delegación, Mónica León Perea se negó durante varias semanas a enviar los casos a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, pero tuvo que ser presionada por la contralora general de la ciudad, Bertha Luján, con el fin de acallar un poco la inconformidad que crece cada día más.
Por lo pronto, desde el jueves pasado la contraloría interna tomó las oficinas administrativas delegacionales para evitar fugas de información. A los trabajadores les dijeron que sacaran todas sus pertenencias personales, sellaron escritorios, archivos y oficinas, y ahora hay gente de la entera confianza de la contralora León Perea que revisa la información.
De acuerdo con un funcionario de Tlahuac, “la cosa está muy cabrona” porque al parecer las obras sin realizar que fueron pagadas por Martínez Rojo llegan a los 80 millones de pesos; de ellos, sólo 35 fueron en 2001.
Todo este escándalo ha incrementado el descontento entre los perredistas de la demarcación, quienes se reunirán este sábado 3 de abril a las 10 de la mañana en la explanada delegacional, donde se realizará un foro llamado “El Futuro del PRD”, donde se van a analizar los casos de corrupción y se debatirá la propuesta de un sector del PRD de exigir la renuncia o expulsión de Martínez Rojo.
Incluso, hay sectores que en un momento fueron cooptados para apoyar la candidatura de Fátima Mena, que ahora se dicen engañados, y aseguran que va a haber cambios, entre ellos el de la propia Jefa Delegacional, la misma que niega estar considerando presentar una solicitud de licencia al cargo. Sin embargo, el Comité Directivo Estatal del PRD analiza la posibilidad de hacer una limpia a fondo en la delegación.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx