(2005-04-11)
El jueves de la semana pasada la Cámara de Diputados, constituida como Jurado de Procedencia decretó que ha lugar para proceder judicialmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador por el presunto delito de abuso de autoridad.
Y contra todos los pronósticos la “frágil democracia mexicana” no se ha visto disminuida, aunque de modo sectario ha sido cuestionada por los agoreros del desastre que proponen mantener el status quo.
Tampoco salió a las calles la oleada sin control de millones de mexicanos, presuntamente simpatizantes del líder perredista. Había dicho el propio tabasqueño que 80 por ciento de la gente en el país estaba contra el desafuero.
Todo ello muestra una gran madurez de la mayoría de la población, la cual no se dejó engañar tan fácilmente por este show mediático-político en que unos y otros convirtieron el proceso, cuando lo más sano es considerarlo como algo normal en una democracia regida y fortalecida por el Estado de Derecho.
El londinense Financial Times, los estadounidenses The Washington Post y The New York Times, así como algunos otros diarios del exterior habían pronosticado un duro golpe a la frágil democracia electoral de cinco años en nuestro país, en caso de proceder al desafuero de López Obrador.
Algunos de ellos, al seguir las declaraciones de ciertos “intelectuales” que poco o nada pierden desde su cómoda posición en las esferas del poder, advirtieron que era una forma de poner un alto a las aspiraciones de la izquierda mexicana, como si esta en verdad existiera.
Es cierto lo dicho por otros muchos: la democracia en México es todavía frágil. Nadie discute el deber de fortalecerla.
Pero para fomentar su robustez una de las cosas que menos se debe tener es miedo a los cambios en la forma de hacer las cosas.
Demostrar que la impunidad en el poder público debe ser cosa del pasado puede ser desde hoy uno de los escasos beneficios heredados por este gobierno federal, incapaz de convertirse en un gobierno de transición.
Y en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el delito no es grave, la pena puede ser conmutada inclusive por una multa administrativa y todo mundo contento.
Sobre todo porque este show ha servido para los fines mediáticos de López Obrador, quien ha sabido usufructuarlo de inteligente forma.
Pero lo más importante de este episodio, al menos donde va, es que debe dejar beneficios para la aún débil democracia mexicana.
Y uno de ellos es que a partir de aquí, tanto el presidente Vicente Fox como su partido el PAN y el PRI, tienen la obligación política, moral y ética de llamar a cuentas a cualquiera funcionario público que quebrante las leyes, en aras de un verdadero Estado de Derecho y una auténtica rendición de cuentas que tanta falta hace al país.
''Creo que México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a ley y también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones'', dijo Fox desde Roma. Si esto es verdaderamente así, y hay un cambio en la forma de conducir la Nación, eso debe demostrarse en el resto de la vida pública del país.
Hay asuntos irresueltos como el Pemexgate, Los Amigos de Fox, el Fobrapoa-Ipab, la Matanza de Tlaltelolco, incluso asuntos como la piratería y el comercio informal o, también, los casos de Guido Belsasso y otros.
Esa es la única forma de que los mexicanos, seguidores de cualquier corriente ideológica, política o partidista crea realmente en el quehacer de la política.
Lo demás, seguirá siendo únicamente un show en el camino hacia la Presidencia, cuando lo más sano debería ser la construcción de candidaturas más creíbles y atractivas, para dejar atrás la ancestral demagogia.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
El jueves de la semana pasada la Cámara de Diputados, constituida como Jurado de Procedencia decretó que ha lugar para proceder judicialmente en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador por el presunto delito de abuso de autoridad.
Y contra todos los pronósticos la “frágil democracia mexicana” no se ha visto disminuida, aunque de modo sectario ha sido cuestionada por los agoreros del desastre que proponen mantener el status quo.
Tampoco salió a las calles la oleada sin control de millones de mexicanos, presuntamente simpatizantes del líder perredista. Había dicho el propio tabasqueño que 80 por ciento de la gente en el país estaba contra el desafuero.
Todo ello muestra una gran madurez de la mayoría de la población, la cual no se dejó engañar tan fácilmente por este show mediático-político en que unos y otros convirtieron el proceso, cuando lo más sano es considerarlo como algo normal en una democracia regida y fortalecida por el Estado de Derecho.
El londinense Financial Times, los estadounidenses The Washington Post y The New York Times, así como algunos otros diarios del exterior habían pronosticado un duro golpe a la frágil democracia electoral de cinco años en nuestro país, en caso de proceder al desafuero de López Obrador.
Algunos de ellos, al seguir las declaraciones de ciertos “intelectuales” que poco o nada pierden desde su cómoda posición en las esferas del poder, advirtieron que era una forma de poner un alto a las aspiraciones de la izquierda mexicana, como si esta en verdad existiera.
Es cierto lo dicho por otros muchos: la democracia en México es todavía frágil. Nadie discute el deber de fortalecerla.
Pero para fomentar su robustez una de las cosas que menos se debe tener es miedo a los cambios en la forma de hacer las cosas.
Demostrar que la impunidad en el poder público debe ser cosa del pasado puede ser desde hoy uno de los escasos beneficios heredados por este gobierno federal, incapaz de convertirse en un gobierno de transición.
Y en el caso del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el delito no es grave, la pena puede ser conmutada inclusive por una multa administrativa y todo mundo contento.
Sobre todo porque este show ha servido para los fines mediáticos de López Obrador, quien ha sabido usufructuarlo de inteligente forma.
Pero lo más importante de este episodio, al menos donde va, es que debe dejar beneficios para la aún débil democracia mexicana.
Y uno de ellos es que a partir de aquí, tanto el presidente Vicente Fox como su partido el PAN y el PRI, tienen la obligación política, moral y ética de llamar a cuentas a cualquiera funcionario público que quebrante las leyes, en aras de un verdadero Estado de Derecho y una auténtica rendición de cuentas que tanta falta hace al país.
''Creo que México da un ejemplo al mundo de legalidad, de apego a ley y también una clara señal de la fortaleza de nuestras instituciones'', dijo Fox desde Roma. Si esto es verdaderamente así, y hay un cambio en la forma de conducir la Nación, eso debe demostrarse en el resto de la vida pública del país.
Hay asuntos irresueltos como el Pemexgate, Los Amigos de Fox, el Fobrapoa-Ipab, la Matanza de Tlaltelolco, incluso asuntos como la piratería y el comercio informal o, también, los casos de Guido Belsasso y otros.
Esa es la única forma de que los mexicanos, seguidores de cualquier corriente ideológica, política o partidista crea realmente en el quehacer de la política.
Lo demás, seguirá siendo únicamente un show en el camino hacia la Presidencia, cuando lo más sano debería ser la construcción de candidaturas más creíbles y atractivas, para dejar atrás la ancestral demagogia.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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