(2004-06-02)
Lo que seguimos viendo en el espectáculo político de nuestros días en el Distrito Federal y el país no son formas y acciones de gobierno, sino una eterna lucha entre camarillas políticas por mantener el poder político y con él, el de los negocios. A fin de cuentas, lo que vale para ellos es ver quién se queda con el dinero de los ciudadanos, no el hacer funcionar a la ciudad y el país.
Al respecto, veamos:
Jaime Arturo Hidalgo López fue inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) el 28 de abril de 2002, para ocupar cualquier cargo en la administración pública durante tres años. Estuvo involucrado en las irregularidades por la compra de 12 aviones y la autorización de contratos sin licitación pública en la Policía Federal Preventiva durante el año 2000, cuando fungió como comisionado Wilfrido Robledo Madrid.
Protegido por la camarilla política y de intereses económicos a la que pertenece, le encontraron acomodo en el Grupo Quart, donde se vinculó con Carlos Ahumada Kurtz, y por sus relaciones, comenzó a realizar lo que sabe, pero ahora desde el otro lado, hasta que nuevamente fue absorbido por la administración pública, situado con uno de los socios del empresario argentino, el entonces jefe delegacional en Tláhuac, Francisco Martínez Rojo.
Funcionarios delegacionales en Tláhuac que platicaron of the record para Expediente DF, afirman que el ex jefe delegacional tuvo negocios de sociedad con el empresario argentino, a quien presumía le entregó alrededor de 6 millones de dólares, pero también llegó a quejarse de que al igual que a otros socios y negociantes a quienes les quedó a deber, a éste también, y aun ahora, aunque disgustado está a la espera de recuperar algo de lo perdido.
Una vez concluidas las actividades en la delegación, Ahumada invitó a Martínez Rojo a hacer grandes negocios con sus empresas; le invitó a invertir en el futbol, en aviones y en algunas otras inversiones en Cuba y Alemania.
Por este motivo fue que por órdenes de la actual jefa delegacional, Fátima Mena, la contralora interna en la delegación, Mónica León Perea, se negó durante varias semanas a enviar a la Fiscalía Desconcentrada para Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el expediente que involucraba al ex director general de Administración, Arturo Hidalgo López, y al ex director de Finanzas, Jesús Trujillo Ortega, como presuntos responsables por el desvío de recursos en la compra de maquinaria pesada para la demarcación.
Hidalgo López también fue destituido e inhabilitado por la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal el 31 de marzo pasado, junto con Trujillo Ortega, como una forma de presión del grupo político de Bertha Luján, y para presionar en la investigación en contra de Carlos Ahumada.
De nada sirvió a los colaboradores de Francisco Martínez Rojo y Fátima Mena los miles de pesos que pagaron a una firma de contadores para tratar de enderezar la documentación delegacional, en la que trabajaron por las madrugadas durante tres semanas.
El pasado 28 de mayo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal detuvo a Hidalgo López, quien junto con Luis Salazar Cano, ex director de Recursos Financieros de Tláhuac, y Martha Delgado Arroyo, ex subdirectora de Recursos Financieros de la misma demarcación, simularon comprar grandes cantidades de cemento, arena, piedra, grava y tepetate, a la Comercializadora Austral, de Ahumada Kurtz.
Los dos pagos hechos a esta compañía se realizaron vía electrónica sin el respaldo de los contratos e Hidalgo López fue quien directamente autorizó la compra de material (511 toneladas de cemento, 2 mil 300 metros cúbicos de arena, 2 mil de piedra brasa, dos mil 200 de grava y dos mil 100 de tepetate), que no fue licitado y que las investigaciones indican nunca fue entregado.
Dentro de lo que puede considerarse como una lucha de camarillas, el subprocurador Renato Sales Heredia dio a entender que Hidalgo López es socio de Carlos Ahumada. Debe investigarse, sin duda, quiénes son el resto de integrantes de este grupo, como también quiénes son aquellos a los que protegen la contralora Luján, el procurador Bernardo Bátiz y la jefatura de Gobierno.
1 comentario:
http://www.tcadf.gob.mx/sentencia.php?id=6491
Alegato infundado y juzgado
Pedro Sanchez
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