(2004-06-08)
La noche del lunes 20 de mayo de 2002 la policía de Tecate, Baja California, sorprendió a 12 jóvenes menores de edad en la calle después de las 22:30 horas, y fueron trasladados a sus domicilios para amonestar también a sus padres. Era el inicio del programa "Horario especial para menores", aprobado por el cabildo de aquella ciudad de la frontera norte, aplicado por iniciativa del presidente municipal priísta Juan Vargas.
El viernes pasado el alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez, aplicó una medida similar y logró la detención de alrededor de 83 jóvenes. De todos ellos, sólo 24 eran menores de edad que pasaron la noche en las instalaciones de la policía antes de ser entregados a sus padres, en lo que llamaron un "aseguramiento preventivo".
Aquel año 2002 distintos organismos defensores de los derechos humanos se opusieron a la medida porque violaba la Constitución Mexicana y tres legislaciones internacionales de protección a las garantías individuales.
Quizá su movilización y activismo no fue lo suficientemente grande y fuerte como para combatir la medida que opera hasta nuestros días, pese a que Vargas había anunciado que el programa sería permanente "hasta que la sociedad tecatense lo decida".
Y se quedaron con el "Horario Especial para Menores".
El programa iniciado en Tecate dio base legal a la medida de Ulises Ramírez en Tlalnepantla, al considerar a los menores de edad como no sujetos de derecho, debido a que al no contar con la ciudadanía, tampoco se suprimen sus garantías individuales de libertad de tránsito que son para los ciudadanos del país, lo que es, de hecho, una forma de discriminación.
El pretexto, sin duda fundamentado, es que una gran parte de los delitos que suceden en la vía pública son cometidos por menores de edad. En efecto, las grandes mafias del crimen organizado utilizan a los menores por su estatus jurídico de inimputables, para cometer fechorías, como es la distribución y tráfico de estupefacientes en zonas de alta marginalidad, robo de vehículos y autopartes e, incluso, asalto a transeúntes o a los automóviles en zonas de conflicto vial o escasa vigilancia policiaca. Y ni qué decir de la prostitución.
Tolerancia cero
En la época de Óscar Espinosa Villarreal al frente del Departamento del Distrito Federal, y David Garay Maldonado como secretario de Seguridad Pública, se pretendió aplicar un programa llamado Tolerancia Cero, sobre todo en el Centro Histórico de la ciudad de México, mediante el cual podrían ser detenidos y revisadas las pertenencias de todos aquellos ciudadanos que a consideración de los oficiales de la policía podían parecer sospechosos y circularan por la zona después de las 20 horas.
Al titular de este espacio le sucedió por el solo hecho de querer caminar por aquella zona, vestir ropa deportiva, una gorra de beisbol y portar una maleta con ropa luego de ir al gimnasio.
Hubo otro programa de seguridad, la operación denominada Reacción Inmediata de Máxima Alerta (RIMA), que recolectó los mayores cuestionamientos en la sociedad, que de acuerdo con Garay pretendía prevenir y evitar las conductas antisociales de alto riesgo ocasionadas por el crimen organizado. Para lograr su objetivo, iniciaron también la revisión de los automovilistas en distintos retenes en la ciudad.
El problema, hoy como ayer y siempre, está dentro de los propios cuerpos policiacos. Una vez que se logre sanearlos de delincuentes y personajes que llegan a dirigirlos con la idea de sacar los mayores beneficios que permiten el cargo y el poder, entonces se podrá combatir a la delincuencia común y organizada.
Lo otro son restricciones a la libertad de los individuos, o sea, abuso de poder y simples actos de propaganda política.
Addendum
Malhaya la cosa con el procurador Bernardo Bátiz y el fiscal de Asuntos Especiales de la PGJDF, Juan Guillermo Ramos, quienes determinaron que Fernando Aboitiz no incurrió en delito al rebasar el tope de gastos impuesto por la ley electoral durante su campaña para la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo en 2003. Así como usted lo leyó. Resulta que –está documentado– Aboitiz llegó a la jefatura delegacional y rebasó en 423 mil pesos el límite fijado por la ley. Pero, dicho por el fiscal, no cometió delito, "dado que el dinero fue parte de los gastos contabilizados hechos directamente por el partido político (Acción Nacional), sin que se haya acreditado que el candidato tuviera conocimiento de los hechos". Ahhhh, pero Aboitiz sí incurrió en una omisión debido a que no puso la atención debida en el manejo de los recursos económicos, y esto sí podría derivar en una falta administrativa en materia electoral. ¿Perdón? Por ese motivo no agarran ni a quienes fueron sorprendidos con las manos en la masa.
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