(2004-03-31)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040331044014
El caso de la Delegación Tláhuac amerita una investigación profunda donde una de las primeras decisiones debe ser la destitución de la actual Jefa Delegacional Fátima Mena Ortega para permitir transparencia en las investigaciones. El motivo es muy simple: fue secretaria particular del ex jefe delegacional, Francisco Martínez Rojo, directora de Seguridad Pública de la demarcación y sucesora del político que hoy se encuentra prófugo, para cubrir los famosos contratos multianuales firmados con las empresas de Carlos Ahumada.
Mena Ortega no sólo estaría implicada en las irregularidades administrativas en la delegación porque sabía todo lo relacionado con las componendas de Martínez Rojo, por su cargo como secretaria particular, sino que ahora como Jefa Delegacional pretende borrar toda huella que involucre a ambos con el Grupo Quart, Carlos Ahumada y Rosario Robles, al grado de que el pasado sábado 19 al menos dos vigilantes dieron a conocer la substracción de documentos de la delegación, entre ellos 75 carpetas y 16 cajas, además de que están llamando a los proveedores para rehacer muchas de las facturas.
Todo esto se conoce porque los guardias y personal administrativo han alertado a sus compañeros porque no quieren salir embarrados.
Mena Ortega sabe también de las relaciones de Martínez Rojo con presuntos narcotraficantes de la zona, pues afirman que ambos se reunían, por ejemplo, con El Halcón. Esta relación provocó también que el ex jefe delegacional fuera sometido a un tratamiento psiquiátrico antidepresivo por el doctor Juan Rueda, luego de haber intentado suicidarse en febrero del 2002, debido a supuestas amenazas por haber incumplido ciertos pactos.
Por aquellos días solicitó una licencia de 45 días presuntamente para una operación en el aparato gastrointestinal, pero se supo que fue internado en el hospital privado San Rafael, en la avenida Insurgentes Sur. Después se sometió a un tratamiento de desintoxicación en el hotel balneario SPA, en San José Tepenene, Hidalgo.
Por aquellos días, también, la directora general de Administración, Edith de Alba Martínez, presentó un recurso de queja ante Contraloría General del Distrito Federal y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por las irregularidades en la nómina, en la cual estaban algunos amigos, familiares y cercanos al funcionario.
Aquel febrero de 2002 ya se habían hecho públicas irregularidades como la adquisición con dinero de la demarcación, de diversos inmuebles que fueron escriturados a nombre de familiares de Martínez Rojo y su ex concubina, Rocío Mendoza, entre los que se incluyen un hotel, una gasolinera, un rancho y un centro comercial en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; un hotel en Texcoco, estado de México; y un edificio de departamentos en la colonia Tierra y Libertad de Tláhuac.
Además, también se hicieron públicos los pago de obras de mantenimiento no ejecutadas por tres millones 479 mil 604 pesos, que beneficiaban a las constructoras Omyusa, Grupo Constructor Bonner y Grupo Constructor en Asociación Palif.
Eso y más sabía y sabe Fátima Mena. La pregunta es: ¿Cuánto más la van a proteger?
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040331044014
El caso de la Delegación Tláhuac amerita una investigación profunda donde una de las primeras decisiones debe ser la destitución de la actual Jefa Delegacional Fátima Mena Ortega para permitir transparencia en las investigaciones. El motivo es muy simple: fue secretaria particular del ex jefe delegacional, Francisco Martínez Rojo, directora de Seguridad Pública de la demarcación y sucesora del político que hoy se encuentra prófugo, para cubrir los famosos contratos multianuales firmados con las empresas de Carlos Ahumada.
Mena Ortega no sólo estaría implicada en las irregularidades administrativas en la delegación porque sabía todo lo relacionado con las componendas de Martínez Rojo, por su cargo como secretaria particular, sino que ahora como Jefa Delegacional pretende borrar toda huella que involucre a ambos con el Grupo Quart, Carlos Ahumada y Rosario Robles, al grado de que el pasado sábado 19 al menos dos vigilantes dieron a conocer la substracción de documentos de la delegación, entre ellos 75 carpetas y 16 cajas, además de que están llamando a los proveedores para rehacer muchas de las facturas.
Todo esto se conoce porque los guardias y personal administrativo han alertado a sus compañeros porque no quieren salir embarrados.
Mena Ortega sabe también de las relaciones de Martínez Rojo con presuntos narcotraficantes de la zona, pues afirman que ambos se reunían, por ejemplo, con El Halcón. Esta relación provocó también que el ex jefe delegacional fuera sometido a un tratamiento psiquiátrico antidepresivo por el doctor Juan Rueda, luego de haber intentado suicidarse en febrero del 2002, debido a supuestas amenazas por haber incumplido ciertos pactos.
Por aquellos días solicitó una licencia de 45 días presuntamente para una operación en el aparato gastrointestinal, pero se supo que fue internado en el hospital privado San Rafael, en la avenida Insurgentes Sur. Después se sometió a un tratamiento de desintoxicación en el hotel balneario SPA, en San José Tepenene, Hidalgo.
Por aquellos días, también, la directora general de Administración, Edith de Alba Martínez, presentó un recurso de queja ante Contraloría General del Distrito Federal y de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por las irregularidades en la nómina, en la cual estaban algunos amigos, familiares y cercanos al funcionario.
Aquel febrero de 2002 ya se habían hecho públicas irregularidades como la adquisición con dinero de la demarcación, de diversos inmuebles que fueron escriturados a nombre de familiares de Martínez Rojo y su ex concubina, Rocío Mendoza, entre los que se incluyen un hotel, una gasolinera, un rancho y un centro comercial en la ciudad de Pachuca, Hidalgo; un hotel en Texcoco, estado de México; y un edificio de departamentos en la colonia Tierra y Libertad de Tláhuac.
Además, también se hicieron públicos los pago de obras de mantenimiento no ejecutadas por tres millones 479 mil 604 pesos, que beneficiaban a las constructoras Omyusa, Grupo Constructor Bonner y Grupo Constructor en Asociación Palif.
Eso y más sabía y sabe Fátima Mena. La pregunta es: ¿Cuánto más la van a proteger?
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