(2005-04-05)
Los políticos mexicanos continúan haciéndose como el Tío Lolo, y envés de tomar las medidas pertinentes para realizar una verdadera rendición de cuentas, además del control de las precampañas y gastos en publicidad para proselitismo personal, utilizan los máximos foros de la Nación para seguir profundizando su política del ventilador, pero sin aportar prácticamente nada a la democracia de la República.
El pasado 30 de marzo la Comisión del Distrito Federal en el Senado, encabezada por David Jiménez, presentó un exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para investigar a través de la Contaduría Mayor de Hacienda el origen de los recursos utilizados en la campaña del Jefe de Gobierno para, en todo caso, actuar conforme a la ley.
La respuesta de Jesús Ortega, defensor de Andrés Manuel López Obrador no podía ser menor: también debe investigarse el origen de los recursos de las precampañas de los gobernadores priistas Arturo Montiel del Estado de México, Enrique Martínez de Coahuila, Manuel Ángel Núñez de Hidalgo, del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, además del coordinador del PRI en el Senado, Enrique Jackson.
La propuesta del coordinador perredista en la Cámara Alta alcanzó, incluso, la abierta campaña proselitista del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Jorge Zermeño, coordinador de la bancada panista propuso investigar también los recursos destinados para proselitismo personal y maquillaje de imágenes personales, con recursos del erario público, sean municipales, estatales o federales.
Incluso, se llegó a introducir en la lista al gobierno de Leonel Cota Montaño, para determinar si se utilizaron recursos del gobierno de Baja California Sur en su aspiración para convertirse en presidente del PRD nacional.
En este caso los senadores de la República dan pena ajena porque pierden el tiempo en infiernitos, pero no hacen su trabajo que es legislar, para dar piso a la transición a la democracia que necesita nuestro país, y convertirnos en un Estado moderno.
Veamos. Existen fundadas sospechas de que la campaña que realiza el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara Alta, Enrique Jackson, es a cambio de que del recinto legislativo salga una Ley de Radio y Televisión favorable a los intereses de los concesionarios de los medios electrónicos.
A ninguno de ellos le marcó políticamente la campaña mediante la cual el actual presidente Vicente Fox no sólo se montó en la candidatura de su partido, sino logro el triunfo en 2000, con recursos ilegales a pesar de la decisión final del Instituto Federal Electoral.
Utilizan el desvío de recursos del caso Pemex como referencia para la anécdota de las prácticas corruptas. Suscriben denuncias de probable infiltración del narcotráfico en campañas electorales como la del actual gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.
No son asuntos menores los anteriormente citados. Ante todo el financiamiento de las corporaciones internacionales, sean de la iniciativa privada o pública, así como del narcotráfico.
Entonces, antes de sacar el ventilador para enlodar a todo aquel que se pare enfrente, los senadores de la República y los diputados de la Federación deben reflexionar a qué intereses conviene que no se regule la vida política en el país.
Vivimos una sucesión adelantada hace tres años y los aspirantes de todos los partidos políticos, de manera especial aquellos que se encuentran en el poder, abusan del cargo público para promocionarse en los medios de comunicación, sin que haya quién los regule. Hay un abuso de publicidad en los medios de comunicación, especialmente electrónicos, por el actual gobierno federal.
Pero no hay quien controle esto simple y sencillamente porque en comisiones continúan la nueva Ley de Radio y Televisión, donde es necesario regular los medios electrónicos para publicidad política, y para la publicidad del gobierno; además de la ley que regule la actividad de los partidos políticos y de los procesos electorales.
¿Cuándo habrá verdadera responsabilidad y sentido político?
renatoconsuegra@yahoo.com.
Los políticos mexicanos continúan haciéndose como el Tío Lolo, y envés de tomar las medidas pertinentes para realizar una verdadera rendición de cuentas, además del control de las precampañas y gastos en publicidad para proselitismo personal, utilizan los máximos foros de la Nación para seguir profundizando su política del ventilador, pero sin aportar prácticamente nada a la democracia de la República.
El pasado 30 de marzo la Comisión del Distrito Federal en el Senado, encabezada por David Jiménez, presentó un exhorto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para investigar a través de la Contaduría Mayor de Hacienda el origen de los recursos utilizados en la campaña del Jefe de Gobierno para, en todo caso, actuar conforme a la ley.
La respuesta de Jesús Ortega, defensor de Andrés Manuel López Obrador no podía ser menor: también debe investigarse el origen de los recursos de las precampañas de los gobernadores priistas Arturo Montiel del Estado de México, Enrique Martínez de Coahuila, Manuel Ángel Núñez de Hidalgo, del exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, además del coordinador del PRI en el Senado, Enrique Jackson.
La propuesta del coordinador perredista en la Cámara Alta alcanzó, incluso, la abierta campaña proselitista del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda.
Jorge Zermeño, coordinador de la bancada panista propuso investigar también los recursos destinados para proselitismo personal y maquillaje de imágenes personales, con recursos del erario público, sean municipales, estatales o federales.
Incluso, se llegó a introducir en la lista al gobierno de Leonel Cota Montaño, para determinar si se utilizaron recursos del gobierno de Baja California Sur en su aspiración para convertirse en presidente del PRD nacional.
En este caso los senadores de la República dan pena ajena porque pierden el tiempo en infiernitos, pero no hacen su trabajo que es legislar, para dar piso a la transición a la democracia que necesita nuestro país, y convertirnos en un Estado moderno.
Veamos. Existen fundadas sospechas de que la campaña que realiza el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara Alta, Enrique Jackson, es a cambio de que del recinto legislativo salga una Ley de Radio y Televisión favorable a los intereses de los concesionarios de los medios electrónicos.
A ninguno de ellos le marcó políticamente la campaña mediante la cual el actual presidente Vicente Fox no sólo se montó en la candidatura de su partido, sino logro el triunfo en 2000, con recursos ilegales a pesar de la decisión final del Instituto Federal Electoral.
Utilizan el desvío de recursos del caso Pemex como referencia para la anécdota de las prácticas corruptas. Suscriben denuncias de probable infiltración del narcotráfico en campañas electorales como la del actual gobernador de Sinaloa, Jesús Aguilar Padilla.
No son asuntos menores los anteriormente citados. Ante todo el financiamiento de las corporaciones internacionales, sean de la iniciativa privada o pública, así como del narcotráfico.
Entonces, antes de sacar el ventilador para enlodar a todo aquel que se pare enfrente, los senadores de la República y los diputados de la Federación deben reflexionar a qué intereses conviene que no se regule la vida política en el país.
Vivimos una sucesión adelantada hace tres años y los aspirantes de todos los partidos políticos, de manera especial aquellos que se encuentran en el poder, abusan del cargo público para promocionarse en los medios de comunicación, sin que haya quién los regule. Hay un abuso de publicidad en los medios de comunicación, especialmente electrónicos, por el actual gobierno federal.
Pero no hay quien controle esto simple y sencillamente porque en comisiones continúan la nueva Ley de Radio y Televisión, donde es necesario regular los medios electrónicos para publicidad política, y para la publicidad del gobierno; además de la ley que regule la actividad de los partidos políticos y de los procesos electorales.
¿Cuándo habrá verdadera responsabilidad y sentido político?
renatoconsuegra@yahoo.com.
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