lunes, mayo 31, 2004

¿Quién protege a Jáuregui Aguilar?

(2004-05-31)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040531031849

El gobierno del Distrito Federal hace oídos sordos a una serie de denuncias hechas por sus propios trabajadores y también particulares, en contra de algunos funcionarios que, sin embargo, continúan en el usufructo de su cargo desde donde operan para sí mismo o para otros y se hacen inmensamente ricos.
Uno de ellos es Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción en la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica y su sucesor el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Veamos: El ingeniero Arsenio Sánchez Martínez, en ese entonces trabajador de la DGCOH lo denunció en julio de 2003, ante la contralora general del DF porque pedía a los contratistas entre el 10 y el 15 por ciento del monto de los contratos de adjudicación directa.
El ingeniero Miguel Ángel Torres fue congelado y posteriormente renunciado (es decir, se le obligó a presentar renuncia) por negarse a firmar una estimación por aproximadamente 7 millones de pesos a favor de la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa), por trabajos inexistentes y, por lo tanto, improcedentes.
Cuando Jáuregui fue subdirector de túneles de la DGCOH tenía como aviadora a María Berenice Tena Ferrigno, a quien le otorgaba horas extra sin siquiera presentarse a trabajar a su horario normal.
SB Construcciones de México y su administrador único, Salvador Silva Contreras, presentaron denuncias administrativas y penales ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia, donde demandaron investigar a los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Cotrisa para despojarlo de la obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.
El biólogo Roger Morales detectó y denunció que por orden de Santiago Jáuregui Aguilar en el SACM se almacenan en bodegas clandestinas herramientas, refacciones y maquinaria inexistentes en inventarios e innecesarias, para luego darles trámite y cobrarlas.
Desafortunadamente todas estas denuncias en contra del Director de Construcción del SACM no han sido investigadas. ¿Quién protege a Jáuregui Aguilar? ¿Su jefe Antonio Dovalí Ramos, la contralora Bertha Luján, el oficial Mayor Octavio Romero Oropeza? ¿Quién evita que la honestidad valiente sea una realidad?

Addendum
Sin bien ha sido difícil el parto del Consejo de Información Pública del DF, también se debe reconocer que los representantes de los órganos autónomos se han constituido en factores fundamentales para encauzar los trabajos del naciente organismo. La mayoría de las propuestas objetivas que ahora forman parte de su reglamentación interna surgieron de ellos, tal vez por su experiencia dentro de órganos colegiados como son el Instituto y el Tribunal Electoral capitalinos. El representante de este último, en la pasada reunión, propuso puntos estratégicos para el adecuado funcionamiento de un órgano, también autónomo, como es el Consejo de Información. Ellos fueron la creación de una Contraloría Interna, una Comisión de Vigilancia y Administración, así como la regulación de las excusas y los requisitos que deben cumplir tanto el secretario técnico como los directores de área para la incorporación al organismo. Finalmente, aceptado el reglamento interno están sentadas las bases y podrán comenzar a fluir los recursos financieros para que se haga realidad el funcionamiento de la institución y pueda cumplir con su objetivo: transparentar y dar acceso a la información que poseen las instituciones públicas de la capital del país… Luego de que las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias y de Administración Pública de la ALDF se declararon en sesión permanente para analizar la remoción del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Octavio Flores Millán, éste fue visto por la noche en un discreto rincón de los Bisquets Obregón de Eje 5 y Coyoacán, nada menos que con uno de sus jefes políticos: Marcelo Ebrard, seguramente para conocer la estrategia que realizarán para evitar la picota en un coto de ese grupo, donde el fuerte es Joel Ortega Cuevas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, mayo 27, 2004

Sombrerazos en el Consejo de Información


La nota del Segundo Pleno del Consejo de Información Pública del Distrito Federal fue la completa desorganización, enfrentamiento de intereses, descalificaciones y casi total incapacidad de los consejeros ciudadanos para llevar adelante la reunión, lo que llama a presumir un rotundo fracaso del organismo que debería velar por el derecho de la ciudadanía a estar informada de la forma como son manejados sus recursos.
El presidente Gustavo Velásquez, además de su dependencia total de la contralora Bertha Luján, demostró carencia de carácter y excesiva torpeza para conducir ese tipo de sesiones; las consejeras Odette Rivas y María Elena Pérez-Jaén Zermeño, por su parte, se mostraron incapaces para argumentar, faltas de experiencia y también de habilidad para tratar los asuntos, al punto que, por ejemplo, presentaron reclamos desproporcionados; peleaban que el Secretario Técnico no tuviera voz en el pleno, lo cual es imposible porque tiene que dar cuenta de los asuntos que se resuelven.
Este tipo de posiciones las hizo ver más como golpeadoras o instrumentos de los partidos de oposición, que como consejeras ciudadanas. En este punto, es importante resaltar que como se vio el martes, de ciudadanos ninguno tiene nada. Velásquez del lado del gobierno y Rivas y Pérez-Jaen en su contra, lo cual llevó al pleno a la ruptura.
Del futuro del Consejo de Información, sin duda, serán responsables el Gobierno del Distrito Federal que nunca quiso crearlo y, cuando por presiones políticas finalmente aceptó, los integrantes de la Asamblea Legislativa, por la irresponsabilidad para hacer los nombramientos de aquellos funcionarios que representarán a la “sociedad”.
Así que cuál transparencia, cuando cada uno de los integrantes tiene intereses. Además, no hay precedente en el país de que quienes van a ser vigilados son los mismos que forman el consejo de vigilancia.
Por lo demás, se pudo recrear un escenario como aquel IFE cuando Gobernación lo presidía y la mayoría de los representantes eran del PRI. Una arrasadora al interior donde se imponía el punto de vista del gobierno.
Cerca de nueve horas duró la sesión donde discutieron artículo por artículo el proyecto de reglamento interior que va a definir la forma cómo se va a organizar el Consejo. Así, los puntos que mayor controversia generaron fueron las facultades de su propio Presidente, los procedimientos para nombrar al contralor, a los directores de área y de personal. Así pues, quedó definido que el presidente va a presentar al Contralor y su designación se aprobará por mayoría calificada, mientras las de los directores de área por mayoría simple. Los demás cargos serán seleccionados mediante convocatoria.
Habrá en total cuatro coordinaciones: jurídica, informática, capacitación y administración, y vinculación institucional.

Addendum

En aras de la equidad me solicitó el periodista Ramsés Ancira informar que acudió “al presidente del Consejo de Transparencia para solicitarle apoyo en las peticiones de acceso a la información números 019 y 020. Esto fue mediante llamada telefónica a las once de la mañana, el señor Velásquez me informó que apenas estaba instalando su oficina pero tomó nota, siete horas después me hablaron para decirme que ya tenían respuesta y como el teléfono estaba ocupado por usarlo en Internet me enviaron un correo electrónico”… Florentino Castro, líder estatal del PRI en el DF, envió una carta al presidente del PRD, Leonel Godoy, con copias para Andrés Manuel López Obrador; Alejandro Encinas, a los dirigentes del PRD y del PAN en la capital, y a los coordinadores de las bancadas de los partidos en la Asamblea Legislativa. El dirigente expone a Godoy su solidaridad con la queja de que al PRD, el Ejecutivo Federal no los ve ni los oye. Y somos solidarios, añade Castro López, porque en el Distrito Federal, el Ejecutivo local tampoco nos ve ni nos oye, ni al PRI, ni a nadie de la oposición”.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, mayo 26, 2004

Tubos contaminados en el SACM

La labor de los órganos de control se remite a vigilar que los actos de los funcionarios públicos se realicen conforme a derecho y en defensa del bien común, en cualquier caso, los intereses de la ciudadanía.
Por tal motivo, en cualquier materia donde existan dudas sobre la actuación de los servidores públicos, debe ser investigada y llevada hasta sus últimas consecuencias. Sobre todo si aquella pudiera afectar la salud de las personas.
Tal es el siguiente caso que debe ser investigado por la Contraloría General del Distrito Federal:Funcionarios del Sistema de Aguas de la Ciudad de México –de hecho el director de contratos, Arturo Soto Bermúdez--, firmaron el visto bueno para la compra de un tubo de acero contaminado por su anterior uso en una petroquímica, para transportar agua potable a la delegación Iztapalapa, además de que no cumplía con las especificaciones exigidas.
La contratista Merot, SA de CV se adjudicó el contrato 2-07-CO-04-2-0310 para colocar un tubo de acero de ¾ de espesor, comprado a la empresa Miracero, SA de CV, la cual lo tenía como desecho porque era material proveniente de una petroquímica de Tampico, además de estar visiblemente contaminado.Sin embargo, para venderlo simplemente le tomaron radiografías para analizar las soldaduras y lo rellenaron en el área desgastada, con plasta automotiva, nunca un análisis para determinar su grado de contaminación, si la hubiera, de acuerdo con información de trabajadores que estuvieron cerca de la obra comentada y que decidieron hacerse a un lado, luego de denunciar el hecho.
En la presunta irregularidad participó también la empresa supervisora Are y Asociados, SA de CV (contrato 2-07-CO-04-3-0367), a pesar de que el conducto tampoco cumplía con las especificaciones de espesor, ya que en sus distintos tramos ubicados en la zona de la subdirección región Sur, sector 2 ubicado en Xotepingo, tenía medidas de 3/4, 1/2 y 5/8 de pulgada. El tubo de 120 metros de longitud se encuentra ubicado desde el entronque de la válvula en las avenidas de División del Norte y Pacífico, hasta la descarga en la calle Árbol de Fuego.
De esta anomalía tuvo conocimiento el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Antonio Dovalí Ramos, y en un momento dado fue detenido el pago a la empresa vendedora, con domicilio en Tultitlán. Empero, después de algunas semanas de discusiones, fue pagado y se encuentra en funcionamiento.
Este es un asunto del que también debe tomar conocimiento la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

Addendum

Para investigarse también. Denuncia el diputado perredista y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Julio César Moreno Rivera, que pese a los niveles de hacinamiento que atentan contra el derecho a la vida digna en reclusión y significan un riesgo real para la gobernabilidad en el sistema penitenciario, muchos internos duermen en el suelo, debido a que hay más de mil camas que no pueden ser utilizadas por los más de 4 mil 627 internos que se encuentran confinados en los reclusorios de la ciudad, debido a que hay una querella desde hace cinco años con los productores de los muebles. ¿Será que este asunto no le interesa a nadie porque los reos no tienen derecho a ejercer sus derechos ciudadanos, es decir, no pueden votar?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, mayo 25, 2004

Alerta en Consejo de Transparencia

(2004-05-25)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040525031119

En las últimas semanas en este espacio hemos documentado cómo funcionarios capitalinos se han dedicado a saquear las arcas del Gobierno del Distrito Federal con la complacencia, si no es que la bendición y por orden, también, del jefe de Gobierno.
En el Sistema de Aguas de la Ciudad de México duplican contratos, compran grúas que no corresponden a su labor, entran en componendas con empresas particulares, boicotean, presionan y persiguen a los trabajadores que no están de acuerdo con entrarle al carro de la corrupción, lo mismo que en el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vialidades (Fimevic)
El jefe de Gobierno fustigó el 28 de marzo a los que "siempre han saqueado al país, los que se han hecho inmensamente ricos al amparo del poder público" y que ahora quieren erigirse como jueces o paladines de la transparencia y la honradez.
Recuerdo esto porque las consejeras ciudadanas del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, María Elena Pérez-Jaen Zermeño y Odette Rivas, enviaron a este servidor una alerta urgente al acto de apropiación que la contralora Bertha Luján hará esta mañana del instrumento de transparencia de la ciudad.
Dicen que Luján "intentará imponer su propuesta de reglamento interno, con lo cual quedaría cancelada la autonomía y la imparcialidad del Consejo de la Transparencia del Distrito Federal", porque no sólo tendrá mayoría en el Consejo, sino que ahora "pretende controlar toda la vida interna de esta institución"; con la exclusión de las decisiones internas del consejo a la representación ciudadana, pues a las consejeras ciudadanas sólo "se les asigna una participación marginal en algunas comisiones, sin ningún poder de decisión y sin conocer los recursos de inconformidad que presenten los particulares, cuando la información les sea negada".
Con esta actitud, afirman, a) la jefatura de Gobierno se apropiará de la vida interna del consejo; b) empantanará la transparencia y secuestrará el derecho que tenemos de saber qué hace el gobierno con nuestros impuestos, cómo lo hace y por qué lo hace; c) demuestra el Gobierno del Distrito Federal que tiene miedo a la transparencia por los actos de corrupción que se han hecho públicos en los últimos meses; d) no se respeta la autonomía necesaria para garantizar imparcialidad y objetividad, y e) el presidente del Consejo, Gustavo Velásquez, "con sus actitudes y su subordinación a Bertha Luján pone en riesgo un derecho exigido, desde hace mucho tiempo, no sólo por los habitantes de la capital, sino por todas las personas que soliciten la información en posesión de los órganos de gobierno del Distrito Federal".
La oposición denunció, antes de su imposición a fines de febrero, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján, y preveían que su nombramiento era una artimaña más del jefe de Gobierno para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF, de la que ha sido renuente.
Andrés Manuel López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los consejeros. Renunció Leoncio Lara y en su lugar se impuso a Velásquez.
Sin embargo, el Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y, por tal motivo, cada vez que se presenta la oportunidad da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del consejo.
"No es necesario", dijo López Obrador, la primera ocasión. Desde su propia perspectiva, todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. "¿Para qué?".
Otra de sus excusas fue que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel... muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo en aquella ocasión.
Hoy se definirá, sin duda, el instrumento más importante de control en la ciudad. Esperemos que haya congruencia de Bertha Luján y el resto de consejeros no ciudadanos. O al tiempo caerá la ignominia sobre todos ellos.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, mayo 24, 2004

Más del sabotaje a favor de Cotrisa en el SACM

(2004-05-24)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040524033848

El pasado día 12 relatamos en este espacio cómo el administrador único de SB Construcciones de México, Salvador Silva Contreras, se inconformó ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del DF contra los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) para despojarlo de una obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que se le hubiera dado respuesta.
Este viernes recibimos una comunicación de Silva Contreras donde relata lo siguiente:
Santiago Jáuregui Aguilar “ha declarado una sarta de mentiras, infundios y calumnias ante una autoridad y bajo protesta de decir verdad, en contra de mi representada y de mi persona, tales como que asegura que: se llevó a cabo una “junta” en sus oficinas el día 10 de octubre de 2003, a las 18:00 horas, en la cual estuvimos presentes el mencionado Ing. Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; el Ing. H. Ricardo Gutiérrez de Alba, en ese entonces Subdirector de Construcción “A”; el Ing. Francisco Zárate Castillo, jefe de la Unidad Departamental de Construcción “B-2”, como representantes del SACM, además el Arq. Andrés A. Beltrán Vildosóla de la (empresa) supervisora contratada (externa) y un servidor, Arq. Salvador Silva Contreras como representante Legal de SB Construcciones de México, S. A. de C. V., para proponer a la empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. para que me “ayudara” a terminar la obra, porque mi empresa no podía, debido a su falta de liquidez (que él Ing. de marras provocó)”.
Afirma Silva Contreras que “el hecho mencionado nunca ocurrió”, además de que “es preciso recordar que él Arq. Andrés A. Beltrán Vildosóla fue quien mediante el oficio de fecha 17 de Octubre de 2003, le informó al Ing. Antonio Dovalí Ramos, director General del SACM, la serie de irregularidades no imputables a mí representada, en las que incurrieron los mencionados Ings. Santiago Jáuregui Aguilar, H. Ricardo Gutiérrez de Alba, Francisco René Zarate Castillo y la Empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. (“consentida” del SACM); afortunadamente dicho documento es parte integral de mi denuncia, junto con la fe de hechos notariada y las copias de la denuncia ante la Contraloría Interna del SACM y la Contraloría General de GDF”.
El empresario de la construcción añade que “las mentiras del Ing. Santiago Jáuregui Aguilar, caen por su propio peso. Habla de retrasos en la ejecución de la Obra, pero no aclara que no son imputables a mí representada como en su momento ha quedado demostrado, por su negligencia en el ejercicio de la Función Pública para la cual se empleó (…) Como muestra, baste mencionar que si el retraso o los retrasos que él argumenta, fueron por causas atribuibles a mí representada, solo tenía que aplicar la Ley de Obra Publica y las sanciones que marca mi contrato, en los cuales se establecen claramente los procedimientos relativos a sus falsos supuestos, pero como no existía tal justificante, procedió a sabotear mi contrato y obra, como hemos hecho constar ante la Contraloría Interna del SACM, la Contraloría General del G. D. F., la Secretaria del Medio Ambiente, la Jefatura de Gobierno del D. F. y la PGJDF”.

Addendum

Hoy a las 13:00 en el Centro de Comunicación Social (Cencos), la plataforma mexicana contra la guerra No en Nuestro Nombre demandará al Gobierno de Vicente Fox la "ruptura inmediata" de las relaciones diplomáticas con Israel por la "dolorosa y agresiva ofensiva" del Gobierno de Ariel Sharon contra la población civil palestina en Rafá y la franja de Gaza, en consonancia con las decisiones en torno al franquismo, el apartheid y el pinochetismo. La cita es en Medellin 33.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, mayo 21, 2004

Mil 300 desacatos más de AMLO

(2004-05-21)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040521033723

El desacato al mandato judicial sobre el predio El Encino no es un caso aislado. La total falta de respeto a los mandatos jurisdiccionales por parte de la actual administración del Gobierno del Distrito Federal es una práctica recurrente, y si otros casos de desacato no se conocen hasta el momento, es porque, quizá, los intereses no son de grandes empresas inmobiliarias que tienen posibilidades de mover a funcionarios encargados de la procuración de justicia e, incluso, a la prensa, sino que son simples —la palabra se utiliza porque así los ven— trabajadores de la administración local.
En la mesa de trámite número 11 a cargo del Agente del Ministerio Público, Fernando Argüelles Martínez, se encuentra desde el 9 de diciembre de 2003 una denuncia por desacato en contra de Andrés Manuel López Obrador y sus subalternos, quienes se niegan a dar cumplimiento al expediente 2312 resuelto en definitiva por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje desde mediados de 2002.
El laudo de la autoridad jurisdiccional dio la razón a la trabajadora Adela Hernández Silva, a quien deben pagar la retención de salarios por tiempo ordinario y extraordinario correspondientes al ejercicio de 2001 y salarios caídos, en un monto de 369 mil pesos.
En la denuncia a la que el MP le dio el número de averiguación previa 1668/RN/2003 el pasado 16 de febrero, el representante de la trabajadora, Oscar Gutiérrez Ramos, afirma que a López Obrador no sólo se le reconoce por sus nombres y apellidos, sino también por el alias de El Peje.
El de Adela Hernández Silva es sólo un caso de los alrededor de mil 300 laudos otorgados a favor de los trabajadores por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en contra del Gobierno del Distrito Federal, que no han sido cumplidos.
También por desacato presentaron denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, entre otros, Martha Silvia Fuentes Rangel, Citlalli Millán Morales, un grupo de trabajadores de la sección 17 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (SUTGDF) y los hermanos David y Guadalupe Gutiérrez Muñoz, quienes obtuvieron el amparo de la II Sala del aparato de justicia laboral.
Además fueron abiertos otros expedientes en la PGR en días pasados, como fueron los de Agustín Lobato sólo y con otros los días 28 de abril y 4 y 10 de mayo con los folios 03195, 03574 y en la PGJDG en la mesa de trámite 11 con folio 2395. Además el de Alejandro Enríquez Gutiérrez con número de folio 3389.
En los siguientes días prevén abogados de trabajadores que presentarán al menos una veintena más de denuncias por desacato en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Addendum

El diputado local Obdulio Ávila Mayo dio a conocer ayer en conferencia de prensa que presentaría denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en contra de Antonio Dovalí Ramos y el secretario de Obras César Buenrostro, por algunas de las irregularidades que ya fueron dadas a conocer en días pasados en este espacio, como fueron la doble contratación de trabajos en la planta Potabilizadora Agrícola Oriental con CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería y Contrucciones y Trituraciones (Cotrisa) y por la falta de colocación de las placas de ósmosis inversa en la misma obra; además, de la falta de operación de los filtros de ósmosis inversa, ya que como resultado no se puede filtrar el agua potable para permitir su consumo humano; la falta de operación también de la planta de Santa Cruz Meyehualco y el ingreso de tres transformadores sin contrato, con la finalidad de cobrarlos posteriormente con una serie de triquiñuelas…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, mayo 20, 2004

Un gran Atenco

(2004-05-20)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040520020546

Las leyes fueron creadas como una forma de regir la vida de una sociedad a partir del acuerdo general, precisamente para evitar que nadie hiciera su sagrada voluntad. Que si están mal hechas o las resoluciones mal fundadas, existen formas de combatirlas a partir del uso de la razón jurídica. Pero no se puede utilizar la fuerza para resolver controversias que atañen a la sociedad.
Sin embargo, el gobierno de la capital y el partido en el poder han llamado a que impere la razón de la fuerza, a riesgo de fomentar un proceso de ingobernabilidad que puede acarrear daños incalculables al proceso de aterrizaje a la democracia que vive el país, precisamente en momentos en que lo urgente debe tener más importancia que lo inmediato.
El PRD en la Asamblea Legislativa anuncia que tomará las calles sin concesiones: Carlos Reyes Gámiz, su coordinador, expresó que “quieren acabar con un proyecto de gobierno que ha sido viable… no nos vamos a dejar, iremos hasta las últimas consecuencias y tope con lo que tope, porque lo último que muere es la esperanza”; una reedición de los postulados guevaristas de “patria o muerte, venceremos”.
El dirigente del PRD en el Estado de México, Víctor Manuel Bautista, anunció que a partir del próximo lunes iniciará una "campaña estatal de respaldo" a Andrés Manuel López Obrador, que incluirá movilizaciones en varios municipios y la difusión de propaganda a su favor en medios de comunicación impresos y electrónicos porque es “uno de nuestros máximos líderes y debemos defenderlo de las agresiones del Gobierno Federal”.
El martes y miércoles iniciaron las movilizaciones de distintos grupos cercanos al PRD en el Distrito Federal. Y así irán haciendo crecer el movimiento, envalentonados con las declaraciones de su precandidato a la Presidencia de la República, quien dice que los jueces coligados con abogados corruptos le harán lo que el viento a Juárez, “y háganle como quieran”, hasta convertir no sólo a la ciudad de México, sino al país entero, en otro Atenco. A eso se llama “Tolerancia Cero”.
Total, si la fuerza de los machetes logró parar la realización de un aeropuerto, ¿por qué una movilización nacional a la par de contribuir a la victimización de López Obrador y aumentar su rating, no lograría que la Cámara de Diputados desechara el juicio de procedencia?
Acostumbrado a estirar la liga, López Obrador está en vías de despertar el México Bronco y meter al país en la total anarquía. La pregunta es ¿Es eso la democracia y un proyecto de gobierno de izquierda?

Addendum

Transcribo un nuevo comunicado electrónico de otro lector que solicitó guardarle el anonimato porque trabaja en el Gobierno del Distrito Federal, donde tiene acceso a información sobre las obras que se realizan actualmente: “Renato: en artículos pasados escritos tan atinadamente por usted, me llamó la atención el publicado acerca de Rioboó, empresa la cual proyectó los pasos a desnivel. Cabe mencionar que en Rioboó trabaja actualmente el seudo-arquitecto Antonio Dovalí Solis, claro el hijo del director de la extinta DGCOH. Este arquitecto, según sé, fue el director del proyecto tan importante (Distribuidor Vial San Antonio), cabe mencionar que no es arquitecto, tendrá escaso 1 o 2 semestres de estudio universitarios. No es posible que para proyectar o encabezar un proyecto de esa naturaleza se lo entregaran a él, debería ser alguien más capacitado. Y efectivamente, los planos entregados para la realización de los concursos eran verdaderamente una porquería, carentes de profesionalismo”…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, mayo 19, 2004

¿Dovalí en Rioboó?

(2004-05-19)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040519030454

Casos como el de Antonio Miguel Dovalí Ramos relatado ayer en este espacio no son nuevos. Han existido siempre, con la diferencia de que hoy esos funcionarios o son más burdos para hacer sus cosas, o no conocen la ingeniería para que no les caigan en sus transas o, también, existen colaboradores que no están dispuestos a seguirles el juego de la corrupción y los denuncian. Pero, sobre todo, hoy, a diferencia del pasado, existen mayores posibilidades en los medios para denunciar este tipo de irregularidades.
Y por el mismo motivo también hay ex trabajadores de estos funcionarios y lectores interesados en dar a conocer hechos que son de su conocimiento. Así, un ingeniero del que me reservo su nombre porque se encuentra en un litigio contra el Sistema de Transporte Colectivo, nos relata cómo al parecer Dovalí Ramos no sólo tendría intereses en su propia empresa AD Constru-Consulta, sino también en otras firmas ligadas a las obras que realizan las dependencias públicas. A continuación les dejo el relato de este profesionista, enviado al correo de este espacio el 4 de mayo pasado:
Renato Consuegra: Respecto de su interesante artículo titulado Descubierto, el constructor personal de López, el cual es bastante completo y verídico, al respecto me permito comentarle que la empresa Rioboó fue en un tiempo empresa supervisora de la obra del Metro, cuando estaba el PRI-gobierno en el extinto DDF; se ve que ya cambiaron de amo. Pero eso no es todo, ya que, por rumores que circulaban cuando un servidor colaboraba en la extinta obra del Metro (duré doce años activo, de 1991 al 2003, año en que López nos dio la clásica patada en el coxis), ésta empresa Constructora Rioboó, tenía y tiene entre sus accionistas principales, nada más ni nada menos que al antiguo Director General de la Dirección de Construcción de Obras del Sistema de Transporte Colectivo (DGCOSTC), y actual director de la Comisión de Aguas del DF (antes DGCOH), Ing. Antonio Dovalí Ramos, fascista famoso también por despedir trabajadores arbitrariamente”.
Y sigue la denuncia pública de este trabajador: “Como usted sabe, es difícil comprobarlo, en virtud de que utilizan prestanombres, además de efectuar actos legaloides para cubrir tal situación; se debe investigar también al hijo del mismo mencionado funcionario, de igual nombre y apellido (Antonio Miguel Dovalí Solís) dado que también figuró en la realización del proyecto de los pejedistribuidores; pero vaya, esto corresponde a la "Tapaduría" (Contraloría). Los acusa uno de ratas más no de pentontos. No cabe duda, de que los esbirros de la honestidad valiente también saben sacar raja de las mieles del poder y tapar sus transas, como cuando un gato termina de defecar. Gracias y saludos”.
¿Y la Contraloría General del Gobierno del DF? Claro, nada sabe. ¿Para qué? Y cuando desde el exterior del Gobierno se descubre a los corruptos, resultan ser ataques, no denuncias.

Addendum

El reportero Andrés Becerril de Milenio descubrió que el 28 de abril de 2002, Arturo Hidalgo López sufrió inhabilitación de la Secodam por tres años, al formar parte de los “19 funcionarios federales involucrados y sancionados por las adquisiciones irregulares y pagos indebidos en la
Policía Federal Preventiva, que provocaron un daño patrimonial superior a los seis millones de pesos”, cuando el comisionado del organismo era Wilfredo Robledo. Las irregularidades fueron por la compra de 12 aviones y la autorización directa de diversos contratos sin licitación pública. Como director general de Administración de la delegación Tláhuac, Hidalgo López validó compromisos de obra pública por más de 300 millones de pesos y soslayó sobreprecios millonarios a favor del Grupo Quart de Carlos Ahumada, hasta antes de su destitución el 31 de marzo pasado.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, mayo 18, 2004

AD Constru-Consulta de Antonio Dovalí

(2004-05-18)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040518021240

El siguiente es un caso más de los muchos que existen dentro de la administración pública del Distrito Federal, pero del que las personas responsables de darles seguimiento, analizar las irregularidades y sancionar a los servidores públicos, simple y sencillamente los soslayan.
Desde su cargo como director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) y de su antecedente la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH), Antonio Miguel Dovalí Ramos no sólo permite que sus colaboradores se llenen los bolsillos de dinero a costa del erario de la ciudad, sino que con su empresa él mismo participa en esta serie de triquiñuelas para hacerse ricos a costa de los habitantes del Distrito Federal, puesto que es conocido entre la gente trabajadora de aquel organismo que en un acto de simulación “vendió” junto con su familia el 100 por ciento de las acciones de AD Constru-Consulta a sus prestanombres y trabajadores Jesús Manuel Delgado Ibarra e Ignacio Chávez Vega.
La maquinación fue realizada con el fin de no ser acusados de conflicto de interés porque el ingeniero Dovalí Ramos es finalmente el responsable de dar el visto bueno a las contrataciones en el Sistema de Aguas.
Desde que Antonio Miguel Dovalí Ramos se unió a la función pública como jefe de la DGCOH en 1998 y hasta el 31 de diciembre de 2001 (fechas hasta la cual existen documentales probatorias) entregó 14 contratos de supervisión de obra a su empresa por un valor de 1 millón 935 mil 472.59 pesos, de acuerdo con los documentos internos del Sistema de Aguas en poder de esta columna. Pero la compañía de Dovalí continuó inscrita dentro de la relación de personas físicas y morales aprobadas en el registro de Concursantes para proveer de servicios al GDF en los años 2002 y 2003, según la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 29 de enero de 2004.
La empresa AD (Antonio Dovalí) Constru-Consulta fue constituida el 7 de julio de 1993 ante el Notario Público No. 46 en Tlalnepantla, Horacio Carvajal Moreno, con el 90 por ciento de las acciones a nombre del director del SACM, cuatro por ciento para su esposa, la señora María Eugenia Solís Cortés, y con uno por ciento cada uno de sus seis hijos de nombres Antonio Miguel, Francisco, María Eugenia, Ruth, Georgina Isabel y Claudia.
El 12 de marzo de 1998 en la misma Notaría Pública, compareció Arturo López Valdés en su calidad de representante de la familia Dovalí Solís para certificar la venta total de las acciones a Jesús Manuel Delgado Ibarra e Ignacio Chávez Vega, quienes eran sus trabajadores y quedaron con 75 y 25 por ciento, respectivamente, siendo nombrado Delgado Ibarra como administrador único de la sociedad y cambiada la forma de operarla que era por conducto de un Consejo de Administración. El día que Dovalí salga del GDF, las cosas volverán al momento de su creación en julio de 1993.
AD Constru-Consulta obtuvo dos contratos en 1998; ocho en 1999, dos en 2000 y otro tanto en 2001.
En 2000 supervisó los trabajos de extracción de tule y lirio acuático en los brazos izquierdos y derechos del Río Churubusco, así como obras auxiliares y complementarias en Venustiano Carranza, además de la adaptación de 1590 metros de la línea de conducción de agua potable de 12 pulgadas de polietileno de alta densidad, del rebombeo del panteón San Lorenzo a prolongación San Isidro.
En 2001 estuvo en la supervisión de las cajas para la instalación de válvulas de control de presión y secionamiento de circuito de Agua Potable en las delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras; además de los trabajos de desazolve de la regulación mayor de Iztapalapa.
¿Sabe de esto Andrés Manuel López Obrador?

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, mayo 17, 2004

PRI-DF, nada nuevo

(2004-05-17)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040517034446

Gente cercana a María de los Ángeles Moreno afirma haberle advertido que la tarea a la cual se ha metido para recuperar el Distrito Federal para el PRI, no sólo será agotadora si pasa el primer gran obstáculo el último domingo de agosto, cuando elijan a su próximo presidente en esta ciudad, sino que será una empresa casi imposible en estos momentos y podría convertirse en su tumba política.
Fina frente al resto de sus contendientes, dice de ella Marco Antonio Flota, especialmente ante el “corriente” Jorge Schiaffino, es precisamente esa su principal barrera en un Distrito Federal que corre el riesgo de lumpenproletarizarse. Es tan fina que nunca estuvo cerca de la gente.
Más que líder política, ha sido operadora del poder desde la Secretaría de Pesca, la Cámara de Diputados, de Senadores, Asamblea Legislativa e, incluso, la presidencia Nacional del PRI. Siempre ha recibido órdenes qué cumplir.
Consentida por el grupo político al que pertenece, María de los Ángeles Moreno tendrá que luchar ahora si, verdaderamente, por los votos de los ciudadanos en el Distrito Federal si quiere aspirar a ser Jefa de Gobierno.
Pero reposicionar al PRI en el DF no será tan sencillo. A diferencia de distintos estados en la República donde los gobernadores continuaron como elemento aglutinador del Partido Revolucionario Institucional, el Distrito Federal fue dejado a la deriva, y sus bases se desarticularon o simplemente cambiaron de color por el abandono del propio partido en los momentos económico-sociales más inquietantes de la administración federal anterior encabezada por un príista.
Ella misma ha dicho que "hay necesidad de un partido muy sólido, muy fuerte y creíble que se vea como un partido honesto, que lleve a las mejores figuras y candidatos a la competencia y que gane convenciendo por el trabajo anterior".
Pero el trabajo anterior de Moreno ha sido, incluso, severamente cuestionado por muchos de sus correligionarios quienes le reclaman haberse acercado en demasía con el PRD, partido al que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le permitió casi todo, pese a tener un expediente bastante amplio de las irregularidades cometidas por Armando Quintero con el presupuesto de la Comisión de Gobierno durante la anterior legislatura.
Del otro lado está Schiaffino a quien Flota retrató en una palabra, pero también Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, balconeado el año anterior por Reforma debido a sus gustos de hacerse acompañar por edecanes-acompañantes-novias pagadas con el presupuesto de la ALDF donde era diputado local o del Movimiento Territorial del PRI. Nada que aliente un discurso serio, responsable, y no por austero inteligente, por el contrario, con Gutiérrez de la Torre sólo se podría esperar la profundización de una oposición confrontadora.
Estas son las dos opciones del PRI en el DF porque nadie ha promovido el crecimiento de nuevos liderazgos, con una expresión fresca, pero sobre todo inteligente y con visión de mediano y largo plazo.
En el caso de María de los Ángeles Moreno, su compromiso actual va de la mano con su aspiración a la candidatura por la Jefatura de Gobierno, no como un proyecto real para reposicionar a un partido que, por otro lado, es responsable junto con sus dirigentes de muchas de las circunstancias que hoy vive nuestro país, entre ellas el limitado acceso a la transición a la democracia.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, mayo 14, 2004

Corrupción en el Sistema de Aguas

(2004-05-14)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040514034858

En su calidad de Jefe de Unidad Departamental del Almacén Central del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Roger Morales Hernández comenzó a poner en orden todo lo que, por la anarquía imperante, era susceptible de ser aprovechado para beneficio propio y de los jefes, por lo que, por no entrar al juego de la corrupción del organismo, este paisano de Andrés Manuel López Obrador nacido también en Macuspana, comenzó a ser hostigado, según el oficio SACM-CEA-DRM-SA-UDAC-248/2003 de fecha 28 de noviembre de 2003, donde da a conocer varias irregularidades al director General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, Javier Núñez López:”… la posición que mi jefe inmediato (Juan Carlos Vázquez Hernández) ha manifestado es bastante clara, en el sentido de no pertenecer al grupo de la Oficialía Mayor (comandado por Octavio Romero Oropeza) y, por ende, le resulta difícil trabajar con subordinados que no son de su confianza absoluta (…) Resultado de esta posición infrainstitucional me sugirió que requería una cuota económica, ya que usted se lo estaba solicitando, asimismo, me comentó que lo pensara bien, pues era necesario saber mi posición al respecto. A todo esto le comenté que yo no creía que el Lic. Núñez fuera capaz de eso, pues yo lo conozco y se de su formación ideológica y profesional, así como su compromiso con este gobierno. Después de haberle externado mi sentir, me argumentó, finalmente que decidiera entre ser de su confianza o que le entregara mi renuncia”.
Además, “debido a la situación que se presenta, considero necesario hacer de su conocimiento, que (…) se han realizado dos denuncias por intento de robo, mismas que se han consignado al área jurídica de esta institución, a consecuencia de esto, he recibido una serie de amenazas anónimas como directas. Este último caso, me refiero al de algunos proveedores a quienes, por el hecho de no aceptarlos los materiales que no cumplen con el contrato, me han agredido de forma verbal. Tal situación la hice del conocimiento del arquitecto Juan Carlos Vázquez, en tiempo y forma, a través del oficio SACM-CEA-DRM-UDAC-223/2003 de fecha 13 de noviembre de 2003, quien al respecto ha hecho caso omiso”.
“Asimismo, se detectó una bodega extramuro que no estaba reportada en los inventarios del almacén central, y que a la fecha el área jurídica del Sistema da seguimiento, dicha bodega se encontraba dentro de las instalaciones de la Unidad Departamental de Maquinaria y Transporte de este Sistema”.
Para finalizar, Roger Morales ofrecía a su superior Javier Núñez López, “cuando usted lo requiera, evidencias documentales que sugieren el escaso compromiso y la falta de voluntad política del ingeniero Vázquez para con este proyecto de gobierno democrático, así como su intento por desestabilizar el almacén central del Sistema de Aguas de la Ciudad de México”.
Sin embargo, nunca fue escuchado.

Addendum

Que la contadora María de la Luz Mijangos se ha convertido en un instrumento del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y de René Bejarano, para golpear o ablandar a los diferentes funcionarios o corrientes dentro del PRD. Mijangos habría filtrado los documentos del “cochinito” de Rosario Robles a Federico Doring. De la misma forma fue ablandada Guadalupe Chavira para que votara por la permanencia de Mijangos en la Contaduría Mayor de Hacienda, además de dejar la coordinación de la fracción parlamentaria del PRD, cuando el 28 de abril fue filtrada a varios medios información sobre las auditorías que se le siguen por su gestión en Milpa Alta, que involucra 4 millones de pesos en irregularidades.

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jueves, mayo 13, 2004

Un caso. Complot contra funcionarios “incómodos”

(2004-05-13)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040513024759

La que a continuación les voy a relatar es una historia que pinta completa, y sin matices, la forma cómo funciona la honestidad valiente del Jefe de Gobierno del Distrito Federal y sus principales operadores políticos y administrativos.
Pero, sobre todo, cómo gente de su mismo entorno avisa de la evidente corrupción y en lugar de investigar y poner un alto a estas prácticas que dañan el erario de la ciudad, tanto Andrés Manuel López Obrador como la contralora Bertha Luján y demás funcionarios arman complots para quitar de su camino a quien tiene la valentía para denunciarlos.
Roger Morales es un joven biólogo nacido en Macuspana, Tabasco, titulado de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Xochimilco, quien un año después de su graduación universitaria comenzó a trabajar cerca de su paisano Andrés Manuel López Obrador en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD.
Al triunfar en la ciudad de México en 2000, fue invitado a integrarse al equipo del también tabasqueño Octavio Romero Oropeza, en la dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor del GDF.
Meses después lo enviaron a formar parte de la Subdirección de Recursos Materiales de la Consejería Jurídica del gobierno capitalino, donde durante su estancia quitaron a Maritza García Martínez para colocar como subdirectora de Recursos Materiales a Guadalupe Huelgas Cabrera, quien se caracterizó por realizar contratos de adquisiciones sin concurso, firmar ella misma las partes de autorización, elaboración y revisión, donde debe haber tres firmas distintas y otras irregularidades
Roger Morales se creyó aquello de la honestidad valiente y comunicó al director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor, Javier Núñez López, lo que sucedía y que tenía una carta documentada del mal manejo de los recursos de la funcionaria en comento, dirigida a López Obrador.
Casi de inmediato fue enviado a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) que meses después pasaría a llamarse Sistema de Aguas de la Ciudad de México, como Jefe de la Unidad Departamental del Almacén Central. Allí descubrió faltantes por alrededor de 13 millones de pesos, además de maquinaria y 5 mil litros de aceite para automóvil.
Además, se negó a firmar y dar como buenas entregas de los proveedores, quienes en vez de pagar sanciones a la Tesorería por entregas a destiempo, preferían arreglarse con la coordinadora Ejecutiva de Administración del SACM, Luz Herminia Camacho Rivera.
A tal grado llegó el control ejercido por Roger Morales para poner un alto a las irregularidades, que Camacho Rivera llegó a decirle que el director del SACM, Antonio Dovalí Ramos estaba sumamente enojado por la serie de tonterías que realizaba, porque ellos se arreglaban con los proveedores y era un asunto que no le interesaba, pero eso sí, tenía que firmar.
En poder de esta columna se encuentra un amplio expediente donde se dan a conocer todas estas denuncias realizadas ante distintas instancias del Gobierno del Distrito Federal que incluyen, una acusación contra el subdirector del Sistema de Almacenes, Juan Carlos Vázquez Hernández, quien le solicitó una cuota, presuntamente para ser entregada a Javier Núñez López, o de lo contrario que entregara su renuncia.
El paso de Roger Morales por la administración pública del Gobierno del Distrito Federal y el hostigamiento en su contra que llegó a las amenazas de muerte terminó el 31 de marzo pasado, cuando fue corrido de su cargo, sin ninguna posibilidad de defenderse. Los detalles de esta historia fueron entregados en las oficinas del Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 18 de abril pasado.

Addendum

El pasado viernes la Secretaria del Medio Ambiente recibió un citatorio para presentarse a declarar como testigo en la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la PGR… Que al parecer entre los DVD perdidos entre el equipaje de Carlos Ahumada viene la prueba del “complot”, que es la grabación realizada por el empresario al ex secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, mayo 12, 2004

Despojo del SACM a SB Construcciones


Ayer relatamos en este espacio cómo existen empresas que pese a ser violentadas en sus derechos ganados de manera legítima en una licitación pública, prefieren perder dinero, empleos de sus trabajadores y tiempo, con el fin de no ser consideradas “conflictivas” y seguir siendo aceptadas e invitadas a los concursos de obra y adquisiciones de los gobiernos, sean estos federales, estatales y municipales o las empresas paraestatales.
Pero es el caso que SB Construcciones de México y su administrador único, Salvador Silva Contreras, si se inconformaron ante la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, a la cual demandaron una investigación y el consecuente procedimiento administrativo contra los funcionarios Santiago Jáuregui Aguilar, director de Construcción; Ricardo Gutiérrez de Alba, subdirector de Construcción “A” y Francisco R. Zárate Castillo de Construcción “B”, por coludirse con la empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) para despojarlo de la obra mediante una serie de acciones que relató en su denuncia del 12 de diciembre de 2003, sin que a la fecha se le haya dado respuesta.
Silva Contreras y su empresa ganaron la licitación para realizar “la construcción del cárcamo de bombeo en Anillo Periférico Oriente entre las calles Adolfo G. García y Gersayn Ugarte, incluyendo una caja de derivación y una de control, así como la instalación de 23.50 metros de hincado de tubería de concreto reforzado de 1.52 m de diámetro en la calle Manuel Rojas, colonia Constitución de 1917”, en Iztapalapa, el 24 de octubre de 2002.
Es el caso de que pese a haber entregado la fianza el día 7 de noviembre y que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México debía entregar los anticipos diez días después, nunca se cumplió este punto del contrato. Incluso, se estipuló que en caso de haber retrasos en la entrega de los anticipos, esto era motivo para diferir en igual lapso el programa de ejecución de la obra.
Sin embargo, el 20 de mayo de 2003 le entregaron el oficio GDF-SCHRN-0019-03-9091 dándole a conocer la terminación anticipada del contrato.
De acuerdo con documentos en poder de esta columna, el motivo fue “por causas de fuerza mayor, consistentes en la falta de recursos financieros con cargos a la Partida Presupuestal Federal del presente ejercicio”. La motivación fue a todas luces irregular ya que el contrato era del ejercicio presupuestal anterior.
Sin embargo, con la promesa de que la obra se le otorgaría por adjudicación directa en el ejercicio presupuestal 2003, Silva Contreras renunció a cobrar los trabajos ejecutados. Se le adjudicó un nuevo contrato el 24 de abril del año pasado, pero volvieron a ocurrir los retrasos en la entrega de los anticipos hasta que el 16 de octubre Gutiérrez de Alba se presentó a decirles que a partir de esa fecha la obra la realizaría la empresa Cotrisa, por lo que él y los trabajadores de su empresa debían retirarse.
En su denuncia a la contralora Bertha Luján, Silva Contreras explica que “este hecho por sí solo demuestra la sospechosa e irregular actuación del personal del Sistema de Aguas del Distrito Federal, cuyas conductas deben ser del conocimiento de esta autoridad administrativa, a fin de que finque las responsabilidades correspondientes en contra de quienes se hace señalamiento”.
Tras haber levantado una acta notarial de los hechos, Cotrisa se retiró de la obra, pero los funcionarios del SACM retrasaron aún más los pagos, evitando de esta forma el cumplimiento de SB Construcciones por falta de recursos económicos para poder terminar, ya que le adeudan alrededor de 9 millones de pesos.
Pero a pesar de que el contratista recurrió también al contralor interno del SACM, Manuel Leija Román; a la PGJDF (Unidad investigadora D-4); al Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador; a la Secretaría del Medio Ambiente, Claudia Sheinbaum; al secretario particular de ella, Juan Gutiérrez Márquez; y al subdirector jurídico del SACM, Rafael Ortega, nadie se hace cargo por aclarar esto de la honestidad valiente en este caso.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx


martes, mayo 11, 2004

Irregularidades en el SACM

(2004-05-11)

Una práctica que aparentemente se profundiza en todas las áreas donde se realizan obras en el Gobierno del Distrito Federal, es la de quitar a los originales ganadores de las licitaciones la obra con alto grado de avance y entregarla a otra empresa que la termine, a un precio muy superior al inicial. El de la planta potabilizadora de la Agrícola Oriental es un caso.
El 28 de septiembre de 2001 la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) adjudicó a la empresa CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería, S. A. de C. V., el contrato N° 1-07-C0-04-2-0431 con un monto de 16 millones 193 mil 526.54 pesos, para realizar las obras sin detallar de “rehabilitación y ampliación de la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental, así como obras auxiliares y complementarias en la Delegación Iztapalapa, D. F.”, que debió ser terminada casi cinco meses después, el 15 de marzo de 2002.
Ocurridos diez meses después de la aparente fecha de entrega de los trabajos, y con problemas porque la obra no fue terminada debido a irregularidades en la DGCOH, el 2 de enero de 2003 el ahora Sistema de Aguas de la Ciudad de México en que se convirtió la sempiterna DGCOH, otorgó mediante adjudicación directa por excepción a la empresa Construcciones y Trituraciones, S. A. de C. V. (Cotrisa), el contrato N° 06-PD-SA-2O-0115-1-03 por un monto de 37 millones 885 mil 975.79 pesos
En esta ocasión las obras si fueron detalladas como “trabajos complementarios para la terminación de conexión de influente y efluente, filtros de arena, remodelación del edificio existente, obra eléctrica y mecánica para el arranque, pruebas y puesta en operación de la Planta Potabilizadora Agrícola Oriental, ubicada en Av. Rojo Gómez y Río Frío S/N, Colonia Alfonso Ortiz Tirado, Delegación Iztapalapa, así como obras auxiliares y complementarias en el sistema hidráulico del Distrito Federal”.
La terminación de la obra estaba prevista para dos meses y 13 días después de celebrado el contrato, es decir, el 15 de marzo, quizá para demostrar la eficiencia del contratista a quien le entregaron el contrato sin licitación. Aparte, se abre una interrogante más porque de acuerdo con copia simple del contrato en poder de esta columna, la fecha de oficio de autorización de la inversión es del 20 de febrero de 2003, poco menos de un mes al plazo para concluir los trabajos.
Además, con información contenida en la página Internet de la Secretaría de Ecología la planta potabilizadora a las que nos referimos fue inaugurada el 7 de abril de 2003 por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, con un costo de 71.4 millones de pesos, cuando la suma de ambos contratos era por 54 millones 79 mil 502 pesos.
El propietario de la empresa CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería, Guillermo Luquín se negó a comentar el grado de avance en que dejó las obras y si las integradas en el contrato de Cotrisa fueron las que él realizó, porque “no quiero tener problemas con esta gente, ya bastante perjudicado estoy”.
Sin embargo, de acuerdo con la información obtenida entre algunos funcionarios de segundo nivel dentro del SACM, la obra es la misma, pero lo que se cambió fue la empresa contratista, la descripción de la labor por hacer, el número del contrato y el monto del mismo.
Por este motivo es indispensable que la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal realice una auditoría a las obras asignadas a Cotrisa, en las cuales se tome como base el antecedente de las obras que le fueron asignadas, porque es presumible una coalición de funcionarios y empresas privadas para defraudar al GDF.
Addendum

Que el lugar donde Virginia Jaramillo va a construir la estación de Bomberos en la delegación Cuauhtémoc tiene un oscuro pasado que involucra a los jefes políticos de la Jefa Delegacional: Dolores Padierna y René Bejarano. Ya les tendremos noticias…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, mayo 10, 2004

Cotrisa, nueva consentida del GDF

(2004-05-10)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040510022748

La empresa Construcciones y Trituraciones (Cotrisa) se convirtió en nueva consentida del Gobierno del Distrito Federal, y en especial del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, al asignársele en 2003 siete obras, cinco de ellas mediante adjudicación directa por excepción, lo que implica hechos irregulares todos ellos porque los montos de los trabajos son superiores a los marcados por la ley para obligar a concursar los trabajos.
Todo esto lo han hecho porque entre las dependencias del GDF que licitan obras encontraron como una práctica cotidiana y con jugosos resultados para los intereses personales de los funcionarios, retrasar los anticipos, ajustes de precios o de plano sabotear los trabajos de las empresas inicialmente ganadoras de los concursos, para entonces quitarles las obras con un alto grado de avance en los trabajos, y entregarlas de manera directa a una empresa “amiga” como Cotrisa, pero ahora con un sobreprecio.
Mediante adjudicación directa por excepción el SACM entregó a la firma Cotrisa las siguientes obras en 2003: Contrato 06-PD-SA-2O-0167-1-03 a realizarse en la delegación Venustiano Carranza, con fecha del 29 de abril, con un monto de 42 millones 572 mil 376.89 pesos; el contrato 06-PD-SA-2O-0377-1-03 a realizarse en Tlahuac, con fecha del 30 de junio, con un monto en dólares de 246 mil; contrato 06-PD-SA-2O-0560-1-03 en Álvaro Obregón, con fecha del 29 de agosto sin monto conocido; contrato 06-PD-SA-2O-0115-1-03 en la avenida Rojo Gómez del 2 de enero, por 37 millones 885 mil 975.79 pesos, y; el contrato 06-PD-SA-2O-0507-1-03, sin fecha y lugar conocidos, por un monto de 4 millones 559 mil 90.74 pesos.
Además, por invitación restringida Cotrisa logró el contrato 06-PD-SA-2O-0253-1-03 en Venustiano Carranza el 29 de agosto (mismo día que el entregado en Álvaro Obregón) por 2 millones 868 mil 314 pesos. El único de los siete contratos que ganó en licitación pública fue el 06-PD-SA-2O-0394-1-03, en la delegación Gustavo A. Madero, del 17 de octubre por un monto de 11 millones 370 mil 970.98 pesos.
Cotrisa no es nueva. Existe desde el 15 de abril de 1975 y el presidente del Consejo de Administración es el ingeniero Arturo Mateos López; entre sus clientes tiene además del GDF a Ferrosur, Ferrocarriles Nacionales de México, el Gobierno de Tamaulipas, Pemex, Ferrocarril Mexicano, Caminos y Puentes Federales, Ayuntamiento de Tlalnepantla, Comisión Nacional del Agua, Interpuerto, Transportación Ferroviaria Mexicana, SCT.
Pero de acuerdo con su página en Internet, mientras que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sólo había obtenido dos obras por especialización en el sistema de drenaje profundo (en julio de 1999 un contrato por 1 millón 586 mil 798.91 dólares americanos y en julio de 2000 otro por 1 millón 140 mil 561.90 dólares) en mayo de 2001 obtuvo un contrato por 10 millones 400 mil dólares por la construcción de la planta de bombeo Gran Canal; en noviembre de 2002, otro por 380 mil dólares para trabajos de repavimentación del Centro Histórico; además de los citados arriba de 2003.
En las siguientes entregas daré a conocer dos casos concretos de la forma cómo operaron los funcionarios del SACM en contra de las empresas CMI Consorcio Mexicano de Ingeniería y de SB Construcciones de México.

Addendum

Finalmente el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea legislativa acordó que Lorena Villavicencio sea su coordinadora y Carlos Roberto Reyes Gámiz el presidente de la Comisión de Gobierno. Pero de inmediato saltó Guadalupe Chavira, que fue relevada como jefa de los diputados del perredistas… Se advierte un nuevo capítulo de escándalos y descalificaciones…

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

viernes, mayo 07, 2004

Salinas vs Zedillo en PRI-DF

(2004-05-07)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040507030529

El pasado jueves 29 de abril expresé en este espacio que el problema y gran reto del PRI en el Distrito Federal es saber si tendrán la capacidad de encontrar candidatos socialmente presentables o como decían algunos de sus militantes: “caras amigables”.
De entrada los que se pusieron en la línea de partida para la elección de presidente del PRI en el DF fueron el diputado local Jorge García, el líder del Movimiento Territorial priísta en la ciudad Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Vicente Gutiérrez Camposeco y el ex dirigente de la CNOP local Jorge Schiaffino.
Pero hay quienes piensan que no es el momento de que el partido sea dirigido por cuadros con apoyo en la base merced a cacicazgos y clientelas, pero poco sustento político. Por esto mismo consideran como un deber para entrar a la pelea, el de los llamados pesos pesados, que permitan rehacer al tricolor en la capital del país donde es prácticamente inexistente.
Ante este panorama ya se enlistó María de los Ángeles Moreno, conocida por su cercanía con Carlos Salinas de Gortari, con quien participó como secretaria de Pesca; además, ella le manejó la Cámara de Diputados y fue a quien el ex presidente le dio el reconocimiento como Mujer del Año en noviembre de 1994, en los momentos cuando Mario Ruiz Massieu la acusaba de enderezar un complot contra la investigación por la muerte de su hermano José Francisco, a quien Moreno suplió en la secretaría general del partido. “Los demonios andan sueltos”, dijo el entonces el subprocurador, también desaparecido.
Pero en el camino que apunta hacia la sucesión presidencial de 2006 también existen quienes estiman la posibilidad de ver la rehabilitación política de uno de los consentidos en el sexenio de Ernesto Zedillo, José Antonio González Fernández, quien fuera procurador general de Justicia del Distrito Federal, director del ISSSTE, presidente del PRI, secretario del Trabajo y Previsión Social y también de Salud.
Estos dos personajes también tienen en su currículum haber sido presidentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y líderes nacionales del PRI. Pero como se apuntó en el título de esta columna, por sus ascendencias políticas pueden convertirse también en la continuación de la agria disputa entre los dos últimos ex presidentes de la República de extracción priísta.
Esta contienda en la cúpula priísta necesariamente tendrá su problemática porque el alejamiento de la base, de aquellos a quienes el partido y el gobierno acostumbraron a darles y los olvidaron, se las van a cobrar. Y no porque dejaran de darles oportunidades, sino simplemente porque se sintieron traicionados, ya que la gente de la base, los de a de veras, se identifican con los colores de un partido, no como los políticos que se identifican con intereses propios.
Una prueba palpable del desencanto priista fue una reunión sostenida por María de los Ángeles Moreno con priístas de Tláhuac, a la cual asistieron pocos militantes cansados de “ver las mismas caras, con los mismos vicios, por muy bonito que nos hablen”, pese al acarreo pretendido de gente desde algunas otras delegaciones.
Pero tampoco otros candidatos. En el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tampoco le ha valido la sostenida campaña que tiene desde hace varios años. El 24 de abril el presidente del Distrito 37 en Tlalpan, Saúl Camarillo, realizó una reunión de apoyo al ex asambleísta.
Pero los militantes de los Padiernas, Migueles Hidalgo, Jardines de la Montaña, la zona de Bosques que comprende el área lujosa de Camino a Santa Teresa, la mayoría se opone a su candidatura porque tiene antecedentes penales, además de no coincidir con su forma de hacer política.
Esta coyuntura pretende aprovechar un grupo dentro del PRI para meter a José Antonio González Fernández, en la búsqueda zedillista por meter zancadillas al grupo de su enemigo Salinas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

jueves, mayo 06, 2004

Jefe delegacional sin compromiso con Tlalpan

(2004-05-06)

Quizá uno de los mayores problemas que tuvo la delegación de Tlalpan cuando fue “gobernada” por Gilberto López y Rivas fue la ausencia de gobierno. Es conocido por los tlalpenses interesados en el destino de su delegación que quien ellos mismos apodaron como El Comandante Perisur pasaba días en conferencias en Nicaragua, Cuba, Rusia y otros países, así como en el interior de la República, mientras el destino político y administrativo de la demarcación lo dejó en manos de por lo menos una decena de asesores extranjeros y funcionarios que heredó de Salvador Martínez della Rocca.
Dicen quienes viven en aquella zona que no asumió compromisos porque muchas ocasiones dijo que él no quería ser Jefe Delegacional. Meses antes de las elecciones, El Pino Martínez della Rocca dejó el cargo en manos de Luis Gómez para participar en las primeras elecciones delegacionales. Sólo que Carlota Botey reclamó su derecho a contender y cuando se advertía una crisis perredista entró López y Rivas. Una de tantas ocasiones en campaña diría a los perredistas de uno y otro lado que continuaban con sus pugnas: “pongámonos de acuerdo de una vez porque esto no es cosa mía; yo no quería venir. A mí me mandó el ingeniero (Cuauhtémoc) Cárdenas a mantener la unidad”.
El cargo, pues, no era su prioridad. Lo eran sus actividades en el extranjero, que no dejó de lado.
En su reclamo a lo escrito en este espacio dice que corrió a Carlos Ahumada de su oficina, llamándole cacique y neocorruptor, pero fue en su trienio cuando Ahumada enmalló el terreno de Topilejo, tras apoderarse de 12 mil 500 metros cuadrados de los comuneros a cambio de una escuela. Afirma que no otorgó permisos a las gasolinerías del Periférico. Y quizá no se lo dio a la que pretendían poner a un lado del IFE porque no contaba con autorización de Protección Civil del GDF debido a que la distancia entre los tanques de almacenamiento y los ductos que pasan por la zona era mínima, pero en cambio autorizó la que se encuentra entre Arenal y Esmeralda.
De igual forma permitió la construcción de un edificio de estructura de acero, de tres pisos, en Santo Tomás Ajusco, cuando ese tipo de edificaciones está prohibida; en cambio, previo a las fiestas de septiembre y de diciembre sus inspectores del departamento jurídico pasaban a las vinaterías a exigir una caja de botellas de licor, dizque para el Jefe Delegacional.
Hasta 1997 había alrededor de 40 asentamientos irregulares en Tlalpan; pero tras las gestiones de Martínez della Rocca y López y Rivas sumaban 82. Esto no aparece en su escrito de defensa porque fue en su gestión cuando se consolidó la invasión en Cantera, frente a la pastelería Lecaroz, frente a Fuentes Brotantes, auspiciada por la entonces asambleísta Susana Manzanares pese al constante reclamo de los vecinos.
O quizá por sus tantos viajes tampoco se dio cuenta del permanente crecimiento en Parres, Topilejo, Valle Verde, Magdalena Petlacalco y otros pueblos.Pero eso sí, el ex Jefe Delegacional que se dice indigenista no solo impuso a los subdelegados que quiso en los ocho pueblos, sino que también desalojó a los vendedores de quesadillas, sopes, mole de olla y otros antojitos en la entrada de Topilejo, que permitía a los lugareños tener un fuerte ingreso.

Addendum

Vecinos de la Calle de Ébano e insurgentes, en la colonia Santa María la Ribera, marcan copia a Expediente DF de la carta enviada a la Jefa Delegacional en Cuauhtémoc, Virginia Jaramillo, el pasado 15 de abril, donde le hacen saber de un posible acto de corrupción en una licencia para construir, porque en el domicilio de Ébano 18 edifican un inmueble de más de dos pisos, cuando el uso de suelo ahí es de casa habitación unifamiliar y el lugar se utiliza como cuartos de renta, con el consiguiente problema de seguridad para los habitantes de la zona que han sufrido asaltos en la misma calle en distintas ocasiones durante los últimos meses.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

miércoles, mayo 05, 2004

El taquero de Zacatépetl y las invasiones


El lunes 26 escribí en este espacio: “Afirman vecinos de Tlalpan que la invasión a las zonas protegidas no se ha parado y, por el contrario, se agudizó desde la llegada de Salvador Martínez della Rocca (a) El Pino como delegado en 1997, y continuó durante el mandato de Gilberto López y Rivas, cuando Mireya Ímaz, hermana del hoy Jefe Delegacional con licencia definitiva, fue directora general de Ecología y Desarrollo Sustentable”.
A las 14:40 horas del miércoles 28, López y Rivas envió la siguiente réplica: “Estimado Señor: yo no tengo ni he tenido que ver con los planes que ustedes denuncian en este correo. Me parece irresponsable que se haga tabla rasa de todos los actores políticos que hemos intervenido en Tlalpan. Yo corri (sic) a Carlos Ahumada de mi oficina, le dije en el 2001 que era un corruptor y un neocacique y no permití proyectos millonarios de inmobiliarias, ni permiti (sic) al Tec de Monterrey la expansiós (sic) de su preparatoria, a pesar de las presiones de todo mundo, ni otorgue permisos a las gasolineras del periferico (sic), ni otorgue licencia de bar al restaurante Las Campanas y mantuve al taquero de Zacatepetl sin entrar en Tlapan (sic). Les ruego manejen su información con responsabilidad, sin convertirse en Ministerios Públicos. Cualquier denuncia que tengan en contra mia haganla (sic) con pruebas en la mano. Un saludo cordial- Gilberto López y Rivas”.
Debo recordar al señor ex Jefe Delegacional que la función del periodismo no es la de Ministerio Público, pero si la de ejercer como contrapoder a los usos y abusos del poder político y económico, y como en el caso de él, señalar las irregularidades y omisiones en que incurrió, no sólo en varios de los casos que él mismo cita, sino también en el de las invasiones.
Primero debo decir que en el famoso caso (por él mismo llevado a ese extremo) del “taquero de Zacatepetl”, nunca pudo evitar que el señor siguiera vendiendo ahí y hoy día, aún se puede pasar, verlo, y acaso comerse un taco a su salud. Pero lo que es peor, López y Rivas en todas las reuniones que tenía con los ciudadanos, sacaba a colación a este hombre y su guerra personal, el que cuando iban por él, se pasaba al lado de Coyoacán y viceversa.
Pero también le recuerdo que alguna ocasión fue entrevistado en el estudio de Televisa por Brozo. Ese día la señora Alicia Legorreta y Rueda le preguntó al aire ¿por qué seguía alcahueteando la invasión de las zonas ecológicas, en contubernio con Susana Manzanares?
Cuando regresó del noticiario, pasadas las 8:30 horas, ya le estaba hablando a la habitante de Tlalpan: “Señora Legorreta, qué le pasa, permítame platicar con usted. Ahorita mismo Judith (su secretaría) le dice cuándo le damos cita”.
Alrededor de las 10 horas le dijeron que podía pasar al otro día, luego de que tenía un año de haberle solicitado una reunión para hablar de temas que afectaban a la comunidad. Ese día, cuando se trató de las invasiones en el campamento El Fresno y otra en la carretera Picacho-Ajusco, donde están los ecoguardas, como López y Rivas no sabía nada de eso —además de muchas otras cosas más—, mandó llamar a su Director General Jurídico y de Gobierno, Rigoberto Ávila Ordoñez.
“No sé que compromisos de campaña tenga, que se haya comprometido por votos”, apeló la dama. “Bueno, ¿pues si esas zonas son invadidas, qué quiere que hagamos?”´, respondió el ex guerrillero Ávila Ordoñez, a lo que Alicia Legorreta expresó: “Están construyendo y hacen casas de tres pisos, ¿por dónde entra el material, por qué los dejan pasar?”. Nuevamente la respuesta de Ávila Ordoñez: “¿Qué quiere, que metamos buldozers y los acabemos? No, eso no lo vamos a hacer, vamos a dialogar con ellos”.
Y ese diálogo fue tan eterno que terminó la gestión de López y Rivas y los asentamientos irregulares en suelo de conservación siguen… protegidos por el propio gobierno delegacional.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

martes, mayo 04, 2004

Sanción a proyectista de AMLO


Ahora que existe dentro del Gobierno del Distrito Federal un “fuerte y real compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y por la honestidad”, sería congruente que la Contraloría General encabezada por Bertha Luján ponga su lupa a trabajar e investigue a la empresa del proyectista estrella de Andrés Manuel López Obrador, José María Rioboó Martín, no sea que al paso de los años salga otro Ahumada, pero este no argentino, sino español.
Resulta que el pasado día 15 la Secretaría de la Función Pública dio a conocer por medio de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, de una sanción por seis meses en contra de la empresa Consultoría Rioboó, que ha proyectado la construcción de los segundos pisos y distribuidores viales en el Gobierno del Distrito Federal.
La SFP hizo del conocimiento de las oficialías mayores de las dependencias federales, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de las entidades federativas que “deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Consultoría Rioboó” en el lapso comprendido entre el 16 de abril y 16 de octubre de este año.La razón fue por incumplimiento de obligaciones fiscales y entrega de información falsa a la Secretaría de Salud. Esto es, Rioboó mintió al gobierno federal sobre la situación fiscal de su empresa.
La causa de la sanción decretada por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud es la siguiente: “Proporcionó información falsa en la formalización del contrato No. DGOCE-SS-AD-017-99, que le adjudicó la Secretaría de Salud relativo a la coordinación general de la supervisión integral de obra, para la construcción, terminación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Rehabilitación, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que resultó contrario a la realidad según lo determinado por el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.
Rioboó realizó la proyección del segundo piso y cobró 13 millones de pesos al Gobierno del Distrito Federal por un trabajo incompleto que finalmente no sirvió, pues no sólo se equivocó en la proyección, sino que no entregó completo el proyecto ejecutivo a la hora de realizar las licitaciones, y las empresas contratistas elevaron sus presupuestos para cubrirse debido a que no tenían forma de asegurar sus pagos, las garantías, daños a terceros y otros.
Finalmente los mil 500 millones de pesos inicialmente presupuestados para las cinco etapas quedaron muy por debajo de la proyección de los constructores y fue este el motivo por el que se suspendió la obra completa, para hacerla en partes.
A pesar de estas irregularidades, le fueron designadas también las proyecciones de los distribuidores viales San Antonio y San Jerónimo, donde volvió a cobrar.
Dato aparte, la entrega del contrato a Rioboó fue hecha por asignación directa al haber alegado que se daba por especialidad, una forma de darle vuelta a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y no poner la licitación a concurso, cuando seguramente había muchas otras empresas con experiencia probada en este tipo de trabajos.
Otro dato es el siguiente: La Secretaría de Salud también se tardó en encontrar irregularidades de Rioboó en 1999, ya que en 2002 le entregó por adjudicación directa el contrato DGDIF-CNR-S-AD-006-2002, por 591 mil 417.35 pesos para la actualización de los catálogos de conceptos de obra pendiente de ejecutar en los niveles 1, 2, 3 y obras complementarias, del Cuerpo II, Hospitalización de Ortopedia y otros en el Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en avenida México-Xochimilco, número 289, de la colonia Arenal de Guadalupe en la Delegación Tlalpan.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx

Sanción a contratista de AMLO

(2004-05-04)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040504010648

Ahora que hay dentro del Gobierno del Distrito Federal un "fuerte y real compromiso con la transparencia, el combate a la corrupción y por la honestidad", sería congruente que la Contraloría General encabezada por Bertha Luján ponga su lupa a trabajar e investigue a la empresa del proyectista estrella de Andrés Manuel López Obrador, José María Rioboo Martín, no sea que al paso de los años salga otro Ahumada, pero este no argentino, sino español.
Resulta que el pasado día 15 la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer por medio de una circular publicada en el Diario Oficial de la Federación, una sanción por seis meses en contra de la empresa Consultoría Rioboo, que ha proyectado la construcción de los segundos pisos y distribuidores viales en el Gobierno del Distrito Federal.
La SFP hizo del conocimiento de las oficialías mayores de las dependencias federales, de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de las entidades federativas que "deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la Consultoría Rioboo" en el lapso comprendido entre el 16 de abril y 16 de octubre de este año.
La razón fue por incumplimiento de obligaciones fiscales y entrega de información falsa a la Secretaría de Salud. Esto es, Rioboo mintió al gobierno federal sobre la situación fiscal de su empresa.
La causa de la sanción decretada por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud es la siguiente: "Proporcionó información falsa en la formalización del contrato No. DGOCE-SS-AD-017-99, que le adjudicó la Secretaría de Salud, relativo a la coordinación general de la supervisión integral de obra, para la construcción, terminación, equipamiento y puesta en marcha del Centro Nacional de Rehabilitación, al haber manifestado bajo protesta de decir verdad que se encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, lo que resultó contrario a la realidad, según lo determinado por el Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público".
Rioboo realizó la proyección del segundo piso y cobró 13 millones de pesos al Gobierno del Distrito Federal por un trabajo incompleto que finalmente no sirvió, pues no sólo se equivocó en la proyección, sino que no entregó completo el proyecto ejecutivo a la hora de realizar las licitaciones, y las empresas contratistas elevaron sus presupuestos para cubrirse debido a que no tenían forma de asegurar sus pagos, las garantías, daños a terceros y otros.
Finalmente, los mil 500 millones de pesos inicialmente presupuestados para las cinco etapas quedaron muy por debajo de la proyección de los constructores y fue éste el motivo por el que se suspendió la obra completa, para hacerla en partes.
A pesar de estas irregularidades, le fueron designadas también las proyecciones de los distribuidores viales San Antonio y San Jerónimo, donde volvió a cobrar.
Dato aparte, la entrega del contrato a Rioboo fue hecha por asignación directa al haber alegado que se daba por especialidad, una forma de darle vuelta a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas y no poner la licitación a concurso, cuando seguramente había muchas otras empresas con experiencia probada en este tipo de trabajos.
Otro dato es el siguiente: La Secretaría de Salud también se tardó en encontrar irregularidades de Rioboo en 1999, ya que en 2002 le entregó por adjudicación directa el contrato DGDIF-CNR-S-AD-006-2002, por 591 mil 417.35 pesos para la actualización de los catálogos de conceptos de obra pendiente de ejecutar en los niveles 1, 2, 3 y obras complementarias, del Cuerpo II, Hospitalización de Ortopedia y otros en el Centro Nacional de Rehabilitación, ubicado en avenida México-Xochimilco, número 289, de la colonia Arenal de Guadalupe en la Delegación Tlalpan.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx

lunes, mayo 03, 2004

Complot de AMLO contra Tlalpan

(2004-05-03)

Si bien la forma como Eliseo Moyao fue nombrado Jefe Delegacional sustituto en Tlalpan se hizo conforme lo marca la ley, lo que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo fue mantener la continuidad de un equipo que está bajo la sospecha de que Carlos Ímaz Gispert, actualmente en proceso judicial por “delitos electorales cometidos en agravio de la democracia electoral”, mantiene el poder tras el trono como también el cumplimiento de compromisos con quienes apoyaron la candidatura.
Salvo la incrustación del que será nuevo Director General Jurídico y de Gobierno, el equipo de Ímaz se mantiene, entre ellos Manuel Santiago Quijano, quien a decir de los vecinos desde la administración de Salvador Martínez della Rocca recibe dinero grande para dar licencias de construcción de manera indiscriminada en zonas de conservación ecológica, oficina que este funcionario con residencia en Cuernavaca ha hecho su propio coto de poder.
El gatopardismo manifiesto en la Delegación Tlalpan defrauda a sus habitantes, quienes unidos en la Asamblea Ciudadana Tlalpense realizarán una carta de inconformidad dirigida a Andrés Manuel López Obrador por la falta de respeto y coherencia del Jefe de Gobierno hacia la sociedad.
El organismo encabezado por José Álcaraz resumió en su reunión del viernes pasado que López Obrador solo consulta a la sociedad, “cuando le conviene y tiene manipulados los hilos que le permitan resultados creíbles en su favor”, porque “ahora lo que hizo fue entregar la delegación a las tribus perredistas y como Poncio Pilatos se lavó las manos, dejando la delegación nuevamente a los fariseos”.
Los activistas ciudadanos tlalpenses también entregarán un documento a la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, por su poca disposición a defender los intereses de la sociedad en este caso. Sienten que es vergüenza más para los tlalpenses el hecho de no ser tomados en cuenta; pero también quieren dejar en claro que no se cumplió con el discurso del actual Jefe de Gobierno, quien habla de consultas, de respeto y de tomar en cuenta a la sociedad.
Estos ciudadanos que el miércoles anterior solicitaron una audiencia con López Obrador para darle a conocer su postura, dicen sentirse defraudados por los que “dicen actuar por principios, pero en la práctica actúan igual o peor que los priístas, con imposiciones”.
Con la designación de Eliseo Moyao como Jefe Delegacional sustituto, concluyeron los tlalpenses, el complot es ahora de Andrés Manuel López Obrador, sus diputados y sus tribus, en contra de la sociedad de Tlalpan.
Esta conclusión los llevó a tomar la decisión de hacer una reorganización para convertirse en el contrapeso delegacional ciudadano que exija a la autoridad delegacional el rendimiento de cuentas claras, de los compromisos con la sociedad, de transparencia en la información, de honestidad en su desempeño y de dotar de servicios a la comunidad.
Además, la Asamblea Ciudadana Tlalpense seguirá cuestionando el hecho de que los servidores públicos de primer nivel no sean tlalpenses y en consecuencia carezcan de compromiso con la sociedad, porque entienden que su compromiso y lealtad es para con su jefe López Obrador y no para Tlalpan.
La ACT también promoverá foros de difusión de los problemas que afectan a Tlalpan y los proyectos que requiere para resolverlos, de manera particular en lo relativo a vialidad, seguridad, empleo y conservación del medio ambiente. Es decir, la Asamblea se convertirá en un organismo ciudadano de vigilancia, de supervisión y de propuestas.

renatoconsuegra@yahoo.com.mx