(2004-04-15)
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040415020205
María Elena Pérez Jaén Zermeño y Odette Rivas Romero acudieron ayer a la Asamblea Legislativa del DF para hacer público su malestar por la forma como el presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, del cual son integrantes como consejeras ciudadanas, Gustavo Velásquez de la Fuente, obstaculiza los trabajos tendientes a poner en funcionamiento al órgano que debe cuidar de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En tiempos cuando la honestidad de los funcionarios del gobierno capitalino se ha puesto en entredicho, obstaculizar la puesta en operación de éste instrumento de vital importancia debe ser motivo de remoción del funcionario en cuestión.
El artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital advierte que los consejeros ciudadanos no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo para el que fueron nombrados (seis años sin derecho a reelección), salvo que a) “ataquen a las instituciones democráticas”, y el consejo es una de ellas; b) “ataquen a la forma de gobierno republicano representativo y local”, y está pasando por sobre un ordenamiento de la ALDF; c) “provoquen violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales” y su proceder afecta el interés de los habitantes de la ciudad; d) “ataquen a la libertad de sufragio”; e) “hagan usurpación de atribuciones”; f) “cometan cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes locales, cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, y lo hace porque obstaculiza la rendición de cuentas; y g) por omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.
A 42 días de haber sido nombrado presidente del Consejo por la imposición mayoritaria del PRD, Velásquez de la Fuente no ha convocado a la primera sesión del pleno, y por lo tanto, el órgano no ha iniciado funciones. Tampoco ha designado al Secretario Técnico y tampoco ha emitido el reglamento para la conformación de la estructura interna, cuyo plazo para hacerlo vence el 1 de mayo próximo.
Los partidos de oposición denunciaron a fines de febrero, antes de su imposición, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján y preveían que su nombramiento era sólo una más de las artimañas del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF. El Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y por tal motivo da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del Consejo.
López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el Consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los Consejeros. Incluso, debió renunciar Leoncio Lara, quien fue impugnado por los perredistas por haber sido director jurídico del Instituto Politécnico Nacional.
“No es necesario”, dijo López Obrador aquella ocasión, porque desde su propia perspectiva todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. En cambio, no lo hacen así los miembros de otros sectores quienes impulsan la modernización de las instituciones locales para otorgar a los ciudadanos la posibilidad de participar en el control de las decisiones gubernamentales, y garantizar de esta forma el pleno ejercicio de sus derechos.
El Jefe de Gobierno destacó también que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel…muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo aquella ocasión.
Hoy Gustavo Velásquez es un obstáculo para la contraloría de los ciudadanos; la ALDF tiene en sus manos los instrumentos necesarios para determinar su remoción y dar viabilidad al gobierno del DF.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
http://www.lacrisis.com.mx/cgi-bin/cris-cgi/DisComuni.cgi?colum2920040415020205
María Elena Pérez Jaén Zermeño y Odette Rivas Romero acudieron ayer a la Asamblea Legislativa del DF para hacer público su malestar por la forma como el presidente del Consejo de Información Pública del Distrito Federal, del cual son integrantes como consejeras ciudadanas, Gustavo Velásquez de la Fuente, obstaculiza los trabajos tendientes a poner en funcionamiento al órgano que debe cuidar de la transparencia en el ejercicio de la función pública.
En tiempos cuando la honestidad de los funcionarios del gobierno capitalino se ha puesto en entredicho, obstaculizar la puesta en operación de éste instrumento de vital importancia debe ser motivo de remoción del funcionario en cuestión.
El artículo 60 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital advierte que los consejeros ciudadanos no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo para el que fueron nombrados (seis años sin derecho a reelección), salvo que a) “ataquen a las instituciones democráticas”, y el consejo es una de ellas; b) “ataquen a la forma de gobierno republicano representativo y local”, y está pasando por sobre un ordenamiento de la ALDF; c) “provoquen violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales” y su proceder afecta el interés de los habitantes de la ciudad; d) “ataquen a la libertad de sufragio”; e) “hagan usurpación de atribuciones”; f) “cometan cualquier infracción a la Constitución o a las Leyes locales, cuando cause perjuicios graves a la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”, y lo hace porque obstaculiza la rendición de cuentas; y g) por omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior.
A 42 días de haber sido nombrado presidente del Consejo por la imposición mayoritaria del PRD, Velásquez de la Fuente no ha convocado a la primera sesión del pleno, y por lo tanto, el órgano no ha iniciado funciones. Tampoco ha designado al Secretario Técnico y tampoco ha emitido el reglamento para la conformación de la estructura interna, cuyo plazo para hacerlo vence el 1 de mayo próximo.
Los partidos de oposición denunciaron a fines de febrero, antes de su imposición, que Gustavo Velásquez es amigo de Bertha Luján y preveían que su nombramiento era sólo una más de las artimañas del Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para evitar la transparencia en el manejo de los recursos en el GDF. El Señor Honestidad Valiente sabe de qué tamaño es la corrupción dentro del Gobierno del Distrito Federal que encabeza y por tal motivo da pasos en contra de la transparencia, desde el momento mismo cuando fue aprobada por la ALDF la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de la capital, y se determinó la instalación del Consejo.
López Obrador vetó la Ley de Transparencia en diciembre de 2002; luego en marzo de 2003 redujo el debate sobre el Consejo a un asunto de pesos y centavos por los salarios que habrían de recibir los Consejeros. Incluso, debió renunciar Leoncio Lara, quien fue impugnado por los perredistas por haber sido director jurídico del Instituto Politécnico Nacional.
“No es necesario”, dijo López Obrador aquella ocasión, porque desde su propia perspectiva todos sus actos son democráticos; sólo él y nadie más que él en esta ciudad asume y practica la democracia y la honestidad. En cambio, no lo hacen así los miembros de otros sectores quienes impulsan la modernización de las instituciones locales para otorgar a los ciudadanos la posibilidad de participar en el control de las decisiones gubernamentales, y garantizar de esta forma el pleno ejercicio de sus derechos.
El Jefe de Gobierno destacó también que la corrupción no se va a resolver al crear aparatos como el Consejo para la Transparencia. "Hace cuánto que existen las contralorías y cuántos corruptos hay en la cárcel…muy pocos, pero eso sí, se gasta en serio", dijo aquella ocasión.
Hoy Gustavo Velásquez es un obstáculo para la contraloría de los ciudadanos; la ALDF tiene en sus manos los instrumentos necesarios para determinar su remoción y dar viabilidad al gobierno del DF.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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