El perredismo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal sigue alucinado. Este martes diputados del PRD presentaron diferentes iniciativas carentes de un análisis serio y objetivo. Pareciera que, más que propuestas, la intención es hacer parecer que la Asamblea comenzó a trabajar y dejó atrás la bomba expansiva del caso Bejarano.
Para muestra un botón. Alfredo Hernández Raigosa presentó una iniciativa donde propone en sustancia que “el Tribunal Electoral del Distrito Federal sea adscrito al Poder Judicial Local”, bajo el argumento de que con ello “se aprovecharía al máximo la capacidad y conocimiento de los magistrados integrantes del órgano electoral local, aligerando las cargas de trabajo que se observan en el Tribunal Superior de Justicia”, y propone para tal efecto reformar el Código Electoral Capitalino y la Ley Orgánica del TSJDF.
Tal vez Hernández Raigosa desconozca que en el Distrito Federal, a diferencia de los estados de la República, técnicamente no existen poderes públicos, como lo refiere el texto de la iniciativa. Dada su condición de excepción, en el DF lo que hay son órganos de gobierno encargados de funciones perfectamente delimitadas por la Constitución General.
En el caso del Tribunal Superior de Justicia del DF se le atribuye exclusivamente el ejercicio de la función judicial del orden común; no existe, pues, el Poder Judicial a que se refiere. De ahí que se haya pugnado tanto por la reforma política del Distrito Federal.
De igual forma sucede con el Tribunal Electoral del Distrito Federal pues su naturaleza y bases se encuentran determinadas por la Constitución y el Estatuto de Gobierno. En consecuencia, para materializar dicha propuesta sería necesaria una reforma constitucional, lo que rebasa el ámbito de atribuciones del órgano legislativo local.
Más grave es la incongruencia del PRD, partido que pugnó por la autonomía de los órganos electorales, cuando ahora plantea este tipo de propuestas sin considerar la problemática que esto traería consigo.
Por un lado, es necesario recordar que la impartición de justicia es ante todo una tarea delicada que requiere de una verdadera especialización, de ahí que en el Derecho existan una serie ramas que tienden a la especialización. Pero ignorando todo ello se propone que los magistrados electorales integren salas penales, civiles y familiares sin importar que en el Tribunal Superior de Justicia exista una carrera judicial, esto es, magistrados que fueron electos por una especialidad en el derecho electoral, de materializarse esta propuesta, ahora se harían cargo de dictaminar sobre homicidios, divorcios fraudes, entre otros, sin que precisamente tengan una especialidad o experiencia en este terreno.
Por otro lado, si analizamos con detenimiento el caso del Tribunal Electoral Federal, que con la reforma de 1996 fue incorporado al Poder Judicial de la Federación, en realidad se le trata como un órgano especializado y no autónomo, que aunque independiente en sus decisiones se ha visto sujeto en ciertas controversias a las determinaciones del Pleno de la Suprema Corte de la Nación. Así pues, desde el punto de vista legal y material la propuesta perredista es inviable, por lo que no podemos dejar de lado el cuestionamiento natural del por qué el planteamiento de iniciativas carentes de sustento, cuando existen tantos aspectos en propia materia electoral, que sí son competencia de la Asamblea, y que requieren de una urgente atención.
Sería bueno que diputados como Hernández Raigosa revisaran temas como la nulidad de elecciones por rebasar los topes de campaña, los múltiples gastos que se realizan en las precampañas del DF, y de los cuales ahora tenemos referentes de donde provinieron los recursos para costearlos, perfeccionar y ahondar en los mecanismos de fiscalización, y establecer mecanismos claros para protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, entre otros.
renatoconsuegra@yahoo.com.mx
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